Oscar Daniel Barrera Palafox

Expediente 1194/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1194/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Oscar Daniel Barrera Palafox

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL.1194/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Óscar Daniel Barrera Palafox, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de catorce de enero de dos mil veintidós, engrosada el treinta y uno siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; sin que lo hubiesen hecho, no obstante que fueron notificados el once de febrero pasado. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales pues, al haberse negado en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el ahora quejoso y la representante de la víctima se opusieron a la publicación de sus datos personales ante la autoridad responsable; por tanto, en aras de salvaguardar ese derecho, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II, constitucional, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, así como los datos personales del quejoso y tercera interesada, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5.2. Destino (depurable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.3. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Devolución de los DVD. Por otra parte, tomando en consideración la certificación que antecede, en la que se indicó que en la secretaría obra un disco óptico (DVD) que remitió la autoridad responsable; en su atención, se provee: Como en este juicio de amparo se ordenó el archivo definitivo, carece de objeto la permanencia de dicha documental resguarda en la Secretaría; por ello, se ordena extraer de la Secretaría el disco óptico (DVD) mencionado y, mediante oficio, remitirlo a la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Control. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 8. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 1194/2021 mesa 6 *** VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1194/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en este Juzgado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso Oscar Daniel Barrera Palafox, por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; de quien reclamó los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; y se le notificó de la presentación de la misma; así también, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal; además de que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados por los cuales se realizará el estudio, los cuales consisten en lo siguiente: - La resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó calificar de legal la detención. - El auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha en la carpeta judicial 600/2021, por el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la tesis del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al informe que rindió, consistente en un disco versatil digital DVD, que contiene: los registros de audio y video de a) las audiencias de diecisiete y veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial 600/2021, con sus índices cronológicos; así como b) la transcripción de la resolución escrita de control de detención, vinculación a proceso y medida cautelar, celebradas en la referida carpeta. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así como la diversa jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Sin embargo, como en la especie las partes no hicieron valer ninguna y de oficio no se advierte que se actualice causa legal, constitucional o jurisprudencial, es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, puesto que tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente, en caso de no ser favorable a sus intereses; como así lo ilustra la jurisprudencia del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Cabe destacar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó 1) la calificación de la detención, así como el 2) auto de vinculación a proceso dictado en su contra y su cumplimiento; de modo que, por técnica jurídica, en ese orden se procederá al análisis de las determinaciones, como lo informa la jurisprudencia 76/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS." ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROL DE LA DETENCIÓN. En la especie, se considera que la determinación de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, que calificó de legal la detención del quejoso se encuentra ajustada a las exigencias legales; para corroborar lo anterior, es necesario destacar los siguientes antecedentes: 1) El diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, a las diez horas con treinta minutos, dio inicio la celebración de la audiencia inicial en la carpeta judicial carpeta judicial 600/2021, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la que, una vez que la defensa realizó manifestaciones en cuanto a la detención y la representante social hizo réplica, se calificó de legal la detención del quejoso (Disco óptico minuto 00:54:58 a 01:44:23 horas). Al respecto, la parte quejosa en su único concepto de violación estableció dos argumentos torales para justificar la ilegalidad de la detención, a saber: a) que la detención del quejoso era violatoria de los derechos fundamentales de libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, ya que su detención se realizó en base a hechos que derivan de una infracción administrativa, sin que existieran motivos para que la policía rebasara los niveles de control provisional preventivo; b) no se actualizó una sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito para la revisión, alguna denuncia previa que recibiera la guardia nacional para tener un indicio que probablemente el autobús transportaba personas indocumentadas y, con ello, tener un dato objetivo para realizar la revisión al autobús y, en consecuencia, descubrir el hecho con apariencia de delito. En ese sentido, contrario a lo establecido por la parte quejosa, de la reproducción de la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que el juez de control, una vez escuchado a las partes, con acierto indicó que, en el caso a estudio, sí existió flagrancia; que al justiciable se le hicieron saber sus derechos, y que se efectuó el registro de la detención. Al respecto, la autoridad responsable en el audio y video explicó que la Suprema Corte ha establecido a las autoridades reglas que deben cumplir para llevar a cabo la revisión. Primeramente, el contacto, la plática, la revisión y, en su caso, la detención de personas; lo que ha quedado plasmado en las jurisprudencias con registros 2008638 y 2010961 (sic). En relación a ello, para mejor apreciación, se sintetiza lo expuesto en esa parte del audio y video (Disco óptico minuto 00:54:58 a 01:44:23 horas). La autoridad responsable explicó que la Corte ha dicho que para proceder a la detención de una persona se requiere que exista un delito en flagrancia. Un delito en flagrancia, dijo, es aquella conducta con apariencia delictiva que se capta a través de los sentidos por cualquier persona y dice el artículo 16 constitucional que cualquier persona lo puede detener. En diversos casos, puede detenerse a una persona a través de la prevención del delito; en el caso, refirió, intervino la Guardia Nacional y llevó a cabo el contacto con la persona, aunque dice la Corte, que no todo contacto es una detención y hay acciones que la policía tiene que cumplir, llamadas niveles de contacto, a saber: 1) La simple inmediación, que implica que el agente de seguridad pública se acerca al individuo para entrevistarse con efectos de investigación, identificación o prevención del delito. 2) En segundo plano, la autoridad debe hacer saber la información con la que contaba, que le permita establecer una sospecha de que se pueda estar cometiendo un hecho delictivo. 3) El tercer momento, es propiamente la detención. Así también, el juez hizo saber al ahora quejoso por qué motivo lo detuvieron, ya que el fiscal dijo que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, elementos de la Guardia Nacional hacían revisiones aleatorias sobre la carretera 182+100, de la vía 570, ruta 135, tramo Cuacnopalan-Oaxaca, de la súper carretera, tramo Cuanopalan-Huitzo, advierten que va un autobús, color gris, con placas de turismo a baja velocidad y sobre el acotamiento; y ello, es motivo de infracción; que por ese motivo prenden su torreta, ya que el vehículo se estaciona sobre el acotamiento, lo cual también es motivo de infracción; por ese motivo la policía desciende para ver qué pasaba, ya que dentro de sus funciones está la proporcionar auxilio; asimismo, se acerca a la puerta del autobús y le hace señas al conductor quien pretendía arrancar el vehículo; que éste toma los papeles, abre la puerta y desciende del automotor; aclarando el juez, que no se advertía que le hubieran ordenado descender. Una vez que se baja el conductor, tiene una plática con el elemento Edgar Arrevillaga, quien le informa que el motivo de que ellos se hubieran parado sobre el acotamiento, es una infracción al reglamento; que la persona le dijo que estaba estacionado porque el vehículo se estaba calentando, posiblemente por una falla mecánica y estaba esperando a que se enfriara. Este elemento de la Guardia Nacional, se dirige hacia la parte de enfrente para tomar los datos del vehículo; al estar de frente, a través del cristal se percata que el vehículo sobrepasaba el número de pasajeros que pudiera llevar al interior, observa muchas personas amontonadas en el asiento, en el pasillo gente parada, lo cual también es motivo de infracción, por estar violando algunas disposiciones del reglamento federal, para descartar que hubiera sobrecupo, pide autorización al conductor para verificar el interior del vehículo. El conductor accede de manera voluntaria y el segundo elemento levantaba la boleta y daba seguridad; corrobora este elemento que había un mayor número de personas excediendo su capacidad al doble; este elemento refiere que se identifica con los pasajeros, informando que era de la Guardia Nacional y les preguntó cuál era su origen y destino, sin responder; que volvió a preguntar, respondiendo uno que eran Guatemaltecos y que el conductor los llevaría a la ciudad de Puebla, para después continuar su camino hasta Estados Unidos, que "les echara la mano" por estar de manera ilegal en el país, con esta información el policía Edgar bajó de la unidad y le pregunta al conductor que cuántas personas traía, a lo que él le responde que setenta personas originarias de Guatemala y dado el número de personas a través de claves policiales solicita apoyo a su misma corporación; que cuando se está realizando esa actividad se estaciona una camioneta negra, marca Ford, doble cabina, modelo reciente con varias personas y de la parte de atrás, desciende una persona que les dice que los dejara ir o les "rompería la madre", incluso amenaza con matarlos; que al percatarse que están solicitando apoyo, se suben al vehículo y se van con dirección hacia Huitzo, debido a que fue muy rápido, no pudieron tomar datos de ese vehículo. Ante la posibilidad que pudieran llegar más personas y las rescataran, informan al señor Oscar que quedaba detenido a las diecisiete horas con cuarenta minutos por transportar personas migrantes con ilegal estancia en el país, previa lectura de derechos. Esperan a que llegue la grúa, aproximadamente cinco minutos y debido a lo que ya percibían las personas indocumentadas, se empiezan a alterar, rompen cristales, se bajan y tratan de irse del lugar, internándose hacia el cerro, alguna de ellas se lesionó y tratan de irse varias personas, quedando solamente diecinueve personas; que solicitaron apoyo pues es razonable que dos personas pudieran controlar a los migrantes, tratando de tranquilizarlos, pero muchos se escaparon por las ventanas que rompieron. Después llega una patrulla en apoyo e identifican el vehículo Escalia, color gris, placas de auto transporte federal de turismo, dan los datos a nombre de quién está la tarjeta de circulación; que la persona de nombre Oscar se habría identificado con su licencia de manejo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la revisión, que también es autorizada por la persona de nombre Oscar, le encuentran un celular, numerario, licencia y una tarjeta bancaria. El elemento Edgar asegura todos estos indicios, se comunica al Instituto Nacional de Migración para que se hicieran cargo de ellos y se dirigen hacia el encierro de grúas "ORTIZ", en Nochixtlán, Oaxaca, ante el temor que regresaran las personas. Que a las diecisiete horas con cincuenta minutos hacen el traslado de la persona detenida a Santa María Coyotepec en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para su certificación y demás trámites. El doctor Jaime Leyva lo revisa a las 19:13 y el elemento Oscar Amador llegó para hacerse cargo de las personas rescatadas y el elemento Ernesto hace entrega y da los nombres. En relación a lo que dice el defensor, el juez refirió: La defensa considera que se debía calificar de ilegal la detención al no cumplirse los parámetros que él explicó hacia un momento, y estimaba que la narrativa de hechos que narró la Guardia Nacional rebasaba esas reglas que la Primera Sala había establecido. Que sí había un motivo para entrevistarse con el conductor y levantar una infracción administrativa, si es que estaba cumpliendo con el reglamento de tránsito federal, pero no consideraba que había una justificación para que fuera más allá y percatarse si superaba la capacidad de pasajeros, cuando el propio policía de nombre Edgar, dice que él ya se había parado de frente y él ya había verificado que había un sobre cupo; que no refirió que había algún tipo de polarizado que le impidiera ver, sino que de manera clara dijo que había sobrecupo. Entonces, se preguntaba, cuál era la razón de que los elementos se subieran e interrogaran a esas personas, sobre su origen y destino; que la detención obedeció a una infracción administrativa pero ellos iban más allá de lo que implicaba ese cumplimiento. Que no se podía considerar que ese consentimiento sea válido, porque no había sospecha que se estuviera cometiendo un delito, no había denuncia previa o que se estuviera realizando alguna actividad irregular y cuando se le pidió esa posible autorización ya estaba detenido y no podía hacer otra cosa más que decirles que sí. Al respecto, al analizar la conducta, el juez refiere que los hechos ocurren el catorce de octubre de dos mil veintiuno, alrededor de las diecisiete treinta horas en la carretera Cuacnopalan-Huitzo, en el kilometro 182+100, no habiendo debate de todo esto. Precisó, que el vehículo que conducía era de transporte de turismo, color gris; circulaba a baja velocidad por lo que se estaciona en algún momento y como la policía venía atrás, también se estacionan y se acercan para brindarles ayuda; le toca al conductor, le piden sus documentos. La defensa está de acuerdo con el proceder normal y dijo no estar de acuerdo con el defensor en que le hayan ordenado que se bajara; de modo que, dijo el juez, no advertía ninguna orden en ese sentido. La persona que iba como conductor, voluntariamente desciende por todas las circunstancias que expuso el defensor, como la distancia, el ruido, la altura del vehículo y hasta ahí, no había nada que no fuera acorde. Aclaró el juez, que el Policía de la Guardia Nacional, le dice que está cometiendo una infracción y va a levantar la infracción correspondiente, por lo que no había ninguna intrusión, ninguna afectación a la esfera jurídica más allá de lo permitido; ya que la corte dice que el primer nivel de contacto, es la entrevista, la inmediación con la persona; en ese caso no era para investigar algún delito, sino una falta administrativa lo cual pude ser motivo de ese acercamiento, pues no todos los operativos van en busca de una conducta delictiva. Respecto a que esa persona se va enfrente del vehículo y observa un sobrecupo, era razonable lo que dijo el defensor, por qué tendría que confirmar algo que ya era evidente, pero esa sola circunstancia no impedía que le dijera si le permitía hacer una revisión al interior, pues el conductor dijo que sí y ahí viene el tema de debate. Esa autorización está coaccionada, ¿se puede considerar que no es libre?, pareciera que no, dijo el juez, y no compartía esa postura, pues se requerían más elementos que permitían corroborar que existió una coacción, una intimidación hacia la persona y no advirtió ningún dato objetivo en tal sentido, ni siquiera una afirmación, en la que dijera que había sido coaccionado. Consideró que era razonable la forma de proceder y reiteró que el solo hecho de entregar los documentos, no implicaba un acto de coacción y si la persona libremente, al menos hasta ese momento, por no tener datos objetivos en contrario, accede voluntariamente a que estos elementos se introduzcan; el elemento sube y se identifica y le pregunta a las personas de dónde vienen y hacia dónde se dirigen; esas preguntas no vulneran el derecho del conductor, ya que tienen facultades de identificar personas y una de esas personas dice "somos extranjeros", no tenemos legal estancia en el país y después se presenta esa situación en la que unos hagan del lugar por superarlos en número. Más allá de que si se presentó un vehículo, los amenazan, eso podía ser considerado para otro momento, pero la detención ocurre cuando se obtiene esa información de que esas personas dicen ser extranjeras y no tener legal estancia en el país y en ese momento se tiene conocimiento de una conducta posiblemente con apariencia delictiva y había razonabilidad para que los elementos de la Guardia Nacional procedieran a la detención del conductor, por ser el responsable de ese traslado de personas; por ello, no compartía la visión de su defensor, pues no advertía esos datos objetivos que permitan establecer que esa autorización hubiera sido contraria a la voluntad coaccionada con actos de violencia o que hubiera incurrido en error la persona y si esa autorización existía los elementos de la Guardia podían ingresar, sin que se estuviera cometiendo un delito, se obtiene de la comunicación que tienen con los pasajeros y ellos proporcionan información que es la que lleva a los elementos de la Guardia Nacional a detenerlos. Por ello, estimaba que la detención se encuentra apegada a la normativa; posterior a esa detención, con todo ese operativo los trasladan, van al encierro, solicitan apoyo; al respecto, la Constitución dice que debe haber una puesta a disposición, inmediatamente ante el Ministerio Público, pero eso dependía de las circunstancias, pues la detención ocurre delante de Nochixtlán, en el kilómetro 182+100, se van a un encierro, donde tengan mejores condiciones de seguridad, reciben apoyo y trasladan al detenido. Agregó, que de Nochixtlán a Oaxaca, dependía del tráfico y las condiciones pero se empleaba cierto tiempo; después acuden a la Secretaría de Seguridad Pública, donde realizan los trámites para la valoración médica, informe policial homologado. La detención es a las diecisiete horas con cuarenta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno y lo llevan con el Ministerio Público, a las veintiún horas con cuatro minutos, aproximadamente en tres horas y media; por lo que, considerando el traslado y actos previos que realizaron previo a la puesta a disposición, el plazo era razonable, para llevar a cabo ese tipo de trámites y a partir de las veintiún horas con cuatro minutos que lo ponen a disposición del fiscal, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, tenía la atribución de retenerlo hasta por cuarenta y ocho horas, para decidir si lo ponía en libertad o lo consignaba ante la autoridad judicial, aconteciendo lo segundo, para lo cual tenían hasta las veintiún horas con cuatro minutos del dieciséis de octubre y esa puesta a disposición fue antes de esa hora. Finalizó diciendo, que esas eran las razones que lo llevaron a calificar de legal la detención, cumplida la puesta a disposición en el plazo razonable justificado, sin que se requiriera algún requisito de procedibilidad para su análisis. En ese contexto, contrario a lo expuesto por la parte quejosa en sus conceptos de violación, lo antes descrito revela que el juez responsable verificó que el ahora quejoso sí tuvo conocimiento de los hechos por los cuales se le detuvo, por lo que la calificación de la detención se considera apegada a derecho, tomando en consideración que en ese momento procesal el juez de Control debe resolver únicamente con base en los datos expuestos y no valorar si cumplen sacramentalmente con las formalidades de ley, pues, como lo aseveró la responsable, ello será materia de otra etapa procesal. Además, como se advierte del audio y video de la diligencia en análisis, los datos de prueba que expuso el Ministerio Público ante el juez de Control, ponen de relieve que si bien es cierto la detención fue con motivo de una infracción administrativa, esto es, por encontrarse estacionado sobre el acotamiento, también lo es que, en ese momento, uno de los elementos de la Guardia Nacional se percató que el autobús conducido por el ahora quejoso llevaba sobrecupo; de modo que, a través de los sentidos, pudo percatarse de una conducta con apariencia delictiva y procedió a la detención; de donde se sigue que no existió violación a sus derechos humanos, pues se respetaron sus prerrogativas contenidas en los artículos 16 y 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Federal, ya que se le hicieron saber sus derechos, conoció los motivos de su detención y no estuvo retenido por más de cuarenta y ocho horas. En relación al diverso concepto de violación de la parte quejosa, en cuanto a que no se actualizó una sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito para la revisión, alguna denuncia previa que recibiera la guardia nacional para tener un indicio que probablemente el autobús transportaba personas indocumentadas y, con ello, tener un dato objetivo para realizar la revisión al autobús y, en consecuencia, descubrir el hecho con apariencia de delito. Debe decirse que dicho argumento resulta ineficaz, pues, como bien lo señaló la autoridad responsable, los agentes de la policía, para efectuar la detención, siguieron los parámetros para el control provisional preventivo ante la sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito; aunado a que la detención inicial del ahora quejoso se llevó a cabo de forma preventiva en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales realizaron sobre la persona y vehículo un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito; pues a ese respecto, como se hace notar en el audio y video, el agente Edgar Arrevillaga se percató que el autobús tenía sobrecupo y, ante ello, al violentar algunas disposiciones del reglamento federal, decidió subir a preguntar a los pasajeros sobre su origen y destino, respondiendo uno que eran Guatemaltecos y que el conductor los llevaría a la ciudad de Puebla, para después continuar su camino hasta Estados Unidos; por lo cual, contrario a lo que indica la parte quejosa, no era necesario que existiera alguna denuncia previa que recibiera la Guardia Nacional para la revisión del autobús, porque ello se dio con motivo del primer acercamiento que tuvieron los agentes de la policía con el conductor y posterior flagrancia ante la conducta con apariencia de delito por parte del ahora quejoso. De modo que la tesis que invoca la defensa, del rubro: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA.", lejos de beneficiarlo, sirve para robustecer que los agentes de la policía cumplieron los parámetros previos a realizar la detención, dado que, como se advierte de la audiencia, los referidos elementos se aproximaron al ahora quejoso por estar cometiendo una infracción administrativa y ahí uno de ellos se percató que en el autobús llevaba sobrecupo por lo que decidió indagar y se percató que llevaba personas de nacionalidad Guatemalteca; por tanto, estuvo justificado el control preventivo de grado menor que hicieron los elementos de la policía inicialmente. Por tanto, lo procedente es decretar la constitucionalidad del acto en estudio en este apartado; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a. XXVI/2016 (10a.), del contenido siguiente: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio." ANÁLISIS DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. En relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial 600/2021, por el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal, los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja; tampoco se aprecia que alguna de las normas aplicadas en el caso, resulte violatoria de sus derechos fundamentales. En efecto, respecto al auto de vinculación a proceso, se estima apegado a derecho el actuar del juez responsable en su emisión, pues de conformidad con el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular a proceso a una persona se debe expresar: a) El delito que se reprocha al imputado; b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, cabe aclarar que para dictar el auto vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, se debe resolver la vinculación o no a proceso, con base en los datos de prueba a que haga referencia el agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a ello, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Además, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En ese sentido, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el sistema de justicia penal oral y acusatorio. En el primer caso (requisitos de forma), son los siguientes: 1) De forma 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente; 1.2 Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación contra el imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; 1.3 Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; 1.4 Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional; 1.5 Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; además, 1.6 El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. En el segundo caso (requisitos de fondo), se tienen los siguientes: 2) De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan: 2.1) La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3) Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese contexto, de la reproducción y estudio de las constancias que remitió el juez responsable, así como el disco óptico (DVD) que contiene la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso, al tenor del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo antes precisados; es decir, la resolución de vinculación a proceso reclamada se dictó ajustada a derecho y, en sí, no irroga violación alguna a los derechos humanos del ahora quejoso, en los términos que a continuación se precisarán. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1) se cumplió, pues se evidencia que la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, como lo es el juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero Federal; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron en la ciudad de Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad señalada como responsable; asimismo, se encuentra legitimado para resolver la situación jurídica. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho (1.2), ya que la representación social formuló imputación contra el ahora quejoso, pues el fiscal, en la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, ante la presencia del juez responsable, comunicó al aquí quejoso el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal; además, solicitó a la autoridad judicial se vinculara a proceso al imputado, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito (Disco óptico, parte 1, 01:46:04 hasta 01:51:27). El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3), en razón de que en la audiencia de imputación se advierte que el juez de control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; derecho que ejerció inicialmente, cuando manifestó que se reservaba el derecho de declarar, según se advierte del archivo del disco versátil (Disco óptico, parte 1, 01:56 hasta 01:56:24). En relación al cuarto de los requisitos (1.4), debe indicarse que el juez responsable explicó al imputado los términos en los cuales podría resolverse su situación jurídica; asimismo, le planteó que podía renunciar a dichos plazos y resolver su situación jurídica en la misma audiencia con los datos que obraban en la carpeta administrativa del representante social; a lo cual, previo asesoramiento de su defensor, solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro de esa misma audiencia, sin ampliación del plazo constitucional (Disco óptico parte 1, 02:43:05 a 02:44:32). El quinto de los requisitos (1.5) también se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, se especificó el delito por el cual se le formuló imputación, esto es, el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal. Por lo que hace al sexto requisito (1.6), el mismo se encuentra colmado, en razón de que en el acto reclamado, en el cual la representación social formuló imputación, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, lo que, en resumen, una vez escuchado el audio y video (Disco óptico, parte 1, 01:57:50), se asienta que los hechos sucedieron de acuerdo como se sintetizaron en el informe policial en el que asentaron que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos, sobre la carretera Federal 570, ruta 135 D, carretera Cuancopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, a la altura del kilómetro 182+100, con dirección a Puebla, detuvieron a Oscar Daniel Barrera Palafox, por transportar a 19 personas extranjeras, entre ellos a once menores de edad que no acreditaron su legal estancia en el país y sin contar con la autorización correspondiente a bordo de un vehículo tipo autobús, marca Scania, color gris, modelo 1992, placas 018RM3, del Servicio de Autotransporte Federal Turismo, con el objeto de obtener un lucro y poner en peligro su integridad. Ahora, respecto al análisis consistente en verificar que obren datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley describe como delito (2.1) y la probabilidad de que el quejoso lo hubieran cometido o participado en su comisión, el mismo se encuentra satisfecho, porque en la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó el auto de vinculación reclamado al quejoso Oscar Daniel Barrera Palafox, por el hecho señalado en la ley señala como el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal; mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien: - -- - (.) III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. "Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen: I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior; II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, o Y para tenerlo por acreditado, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la representante social al solicitar la vinculación a proceso (Disco óptico, parte 2, a partir del minuto 00:05:27 hasta 01:07:40 horas). A ese respecto, el juez de Control refirió lo que enseguida se resume, a fin obviar repeticiones y transcripciones innecesarias. Al respecto, dijo que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos, a bordo de un vehículo tipo autobús, marca Scania, color gris, modelo 1992, placas 018RM3, del Servicio de Autotransporte Federal de Turismo, en la carretera Oaxaca-Puebla, sobre la carretera Federal 570, ruta 135 D, carretera Cuancopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, a la altura del kilómetro 182+100, Oscar Daniel Barrera Palafox transportaba aproximadamente a setenta personas de nacionalidad Guatemalteca, de las cuales sólo detuvieron a 19 personas extranjeras que no se evadieron, entre ellos a once menores de edad que no acreditaron su legal estancia en el país y sin contar con la autorización correspondiente, con el objeto de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria, así como poner en peligro su salud e integridad. De igual manera, refirió, que para actualizar la conducta ilícita, debía acreditarse que el sujeto activo transporte por el territorio nacional a una persona extranjera que tenga una ilegal estancia en el país, sin contar con la autorización correspondiente, con el objeto de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria, así como poner en peligro su integridad. En relación al lugar y fecha en que sucedieron los hechos, dijo que no hubo debate por parte del defensor para que fuera analizada por su parte. Sobre ese primer elemento, relativo a que exista un transporte de personas extranjeras con situación irregular en el país, la fiscalía confirma esa circunstancia que no es debatida, ya que la fiscalía aportó diversos actos de investigación y más allá de lo que se dijo en el informe oficial homologado en el que las personas mencionaron ser de Guatemala, hubo un informe del Instituto Nacional de Migración, en el que mediante oficio de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, refieren que no hubo un ingreso legal de las diecinueve personas detenidas y, por ende, se encuentran de forma irregular en el país; y aclaran que ocho están alojadas en la estación migratoria, en tanto que los menores se encuentran en otro lugar, ya que no pueden estar en la referida estación, mientras que una menor estaba siendo atendida en Nochixtlán, Oaxaca. Lo cual se corroboró con las propias entrevistas de quince de octubre de dos mil veintiuno, recabadas por la policía Federal Ministerial en la estación migratoria, con presencia del asesor jurídico, en la que los mayores de edad, refirieron ser de nacionalidad Guatemalteca; además, dijo se corroboraba con los certificados médicos recabados por el doctor José Antonio Viloria Velasco, en los que refiere que dentro de esas personas hay diez menores y se establece la edad de los mismos. Por su parte, la jefa del departamento jurídico acompañó cinco actas de nacimiento. Así, con base en esas probanzas el juez de la causa dijo que todo ello le permitía establecer bajo el estándar de probabilidad y razonabilidad, que era evidente que estaba acreditada la existencia de diecinueve extranjeros, ocho mayores de edad y once menores de edad. La jefa del departamento jurídico del Instituto Nacional de Migración mencionó que aportaba cinco actas y más allá de los que había dicho el defensor, en el sentido de que era cuestionable cómo se obtuvieron esas actas, comprobaba que se trataba de menores de edad. Así también, citó la tesis con registro 2018145, relativa a un delito contra la salud, para acreditar la definición de transporte, que consideró aplicable a ese caso, pues, dijo, las personas también pueden ser objeto de transporte a través de un vehículo y los razonamientos de esa tesis aplicaban para ese caso. La existencia del vehículo dijo se acreditaba con la inspección, el dictamen de tránsito terrestre; el informe policial homologado hace referencia a su aseguramiento y que se trasladó a un encierro de grúas y es un vehículo de transporte; el dictamen de criminalística para cuarenta y ocho personas más el acompañante y el conductor, es idóneo, porque es el medio a través del cual se realiza el transporte de pasajeros; que se encontraba sobre una carretera también hubo dato de ello y el lugar de los hechos en los que se llevó a cabo la detención. Refieren los elementos que con motivo de la forma de circular del vehículo fue que la Guardia Nacional se acercó al vehículo y el conductor le dijo que estaba realizando un viaje de personas de Oaxaca a Puebla y ya se encontraba en un punto geográfico distinto de Oaxaca, como a cuatro kilómetros de la entrada a Nochixtlán. De modo que, con todo ello, se establecía la existencia del vehículo en el que se llevó a cabo el transporte de personas en el territorio nacional, específicamente en una carretera del Estado de Oaxaca. Dijo que esa parte de la descripción del tipo penal, estaba suficientemente acreditada. Aclaró, que el debate consistía en determinar si ese transporte de personas con una situación irregular en el país, sin una legal estancia en el país, se realizaba con intenciones de lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, se refería a cuestiones internas, por lo que no existía una prueba directa; dijo que no tenía un señalamiento por parte de las personas que transportaba. Pero, para ello, estableció que conforme a la prueba circunstanciada se podía acreditar esa situación, pues existían varios indicios que, en su conjunto, llevaban a comprobarlo y ello permite llegar a la conclusión que ese transporte tenía como fin obtener un lucro, pues entre más personas se transporte, mayor será el beneficio económico. Aunado al logotipo de turismo que tenía el vehículo y el polarizado del vehículo, son cuestiones subjetivas, pero abonan a las demás circunstancias que destacó. En razón a la camioneta que llegó y respecto de que les dijo que los dejaran ir, si bien no tenía dato alguno sobre ello, también abonan a cada una de las probanzas. Dijo también que con el dictamen de criminalística aportado se acreditó que el vehículo era para cuarenta y ocho plazas y el exceso de personas generaba que las condiciones de viaje no fueran las mismas y existía un peligro a su integridad y su salud, al no existir la sana distancia; por lo que las agravantes se encontraban acreditadas. Aunado a que a la persona se le encontró numerario, tarjetas y si bien es irrelevante, pudo ser una ganancia previa; de ahí que estimaba que existía un caso que ameritaba seguir siendo investigado, como lo es el hecho que la ley considera como el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal. En ese contexto, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, fueron ponderados de manera correcta por el juez de control responsable, de forma libre y lógica para establecer, razonablemente, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las reseñadas condiciones, se estiman colmados todos los requisitos previstos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual fue acertado que el juez de control responsable dictara al imputado, aquí quejoso, el auto de vinculación a proceso que reclama en esta vía constitucional. Lo que se considera acertado, pues, contrario a lo que indica la parte quejosa en sus conceptos de violación, no se advierte que los datos recabados sean insuficientes para acreditar los hechos que le fueron imputados al ahora quejoso o que se hiciera una incorrecta valoración de los datos de prueba, ya que en el nuevo sistema penal no es necesario, para la etapa actual, que en la precisión del hecho delictuoso se mencione con qué pruebas se acredita cada uno de los elementos, sino que, en su conjunto, se advierta el hecho delictuoso; es decir, basta con que el juez encuadre el hecho imputado a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2017, Décima Época, Registro 2014800, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." 2.2. Acreditación de que probablemente el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito. Al respecto, se consideran acertadas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, en el sentido de que probablemente el imputado, aquí quejoso, cometió los hechos tipificados como delitos, pues, en esencia, refirió que con los datos de prueba reseñados con antelación, se cuenta con elementos suficientes para poder conocer cómo sucedió el hecho la ley señala como el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal; ya que la autoridad responsable concluyó que los hechos que hasta ahora se tienen, con base en la probanzas recabadas, son que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos, Oscar Daniel Barrera Palafox, a bordo de un vehículo tipo autobús, marca Scania, color gris, modelo 1992, placas 018RM3, del Servicio de Autotransporte Federal de Turismo, en la carretera Oaxaca-Puebla, sobre la carretera Federal 570, ruta 135 D, carretera Cuancopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, a la altura del kilómetro 182+100, de manera probable, transportó aproximadamente a setenta personas de nacionalidad Guatemalteca, de las cuales sólo detuvieron a 19 personas extranjeras que no se evadieron, entre ellos a once menores de edad, que no acreditaron su legal estancia en el país y sin contar con la autorización correspondiente, con el objeto de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria, así como poner en peligro su salud e integridad. Por tanto, para esta fase procesal, ciertamente pone de relieve que, probablemente, el imputado cometió la conducta ilícita que hoy se le reprocha. Aunado a que para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, tal como lo hizo la autoridad responsable en el dictado de su determinación. De modo que la jurisprudencia que invoca el quejoso, de rubro: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AL "PROPÓSITO DE AQUELLA CONDUCTA" A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEBE ENTENDERSE COMO LA INTENCIÓN DEL ACTIVO EN OBTENER UN LUCRO ACTUAL O FUTURO INMINENTE." Solo es ilustrativa para entender el elemento subjetivo relativo al "propósito de aquella conducta", pero ello no es suficiente para desvirtuar la conducta ilícita que se le reprocha. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVII.10 P (10a.), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2545, Libro 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2015, Décima Época, Registro 2008632, del contenido siguiente: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN. EL ELEMENTO SUBJETIVO "LUCRO" EN ESTE DELITO, OBTENIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUEDE INFERIRSE ACUDIENDO A LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL Y NO SÓLO DEMOSTRARSE MEDIANTE PRUEBAS DIRECTAS. El citado precepto prevé que comete dicho delito quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, por lo que será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual, o inminente. Sin embargo, para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, porque lo que pretendió el Órgano Reformador, solamente como nota novedosa al delito -dado su traslado normativo-, fue que la internación del sujeto pasivo sea con fines de lucro, ya sea de forma directa o indirecta; de ahí que si a la víctima se le proporciona alojamiento y comida, se le provee de traslado y se prueba que el sujeto activo fue detenido con aquélla en un punto geográfico muy cercano a la línea divisoria entre un país y otro, sin que se advierta un gesto meramente altruista, de labores de asistencia o de ayuda humanitaria, ello pone de manifiesto que existió el ánimo de lucro en la conducta desplegada por el inculpado; por lo que el juzgador no puede perder de vista elementos subjetivos que conducen a aquella inferencia, por ejemplo, que el sujeto activo era la persona que iba a internar a la víctima a otro país y que le fue entregada por diversas personas (quienes la movilizaron por territorio nacional y le proveyeron los elementos necesarios para tal fin, como transporte, hospedaje, alimentación y demás cuidados), todo lo cual excluye la posibilidad de acoger como hipótesis que se tratara de una ayuda de beneficencia. Por el contrario, la intención de haberla proveído de esos cuidados, revela el propósito de obtener algo a cambio, al inferirse la inminencia de recibir un beneficio económico o en especie, atenta a la previa inversión que implicaron aquellas atenciones (pago de transportación y hotel) y que la empresa criminal concluiría con el traslado de la víctima a otro país." En lo que respecta al último de los requisitos (2.3), consistente en que no se actualizara una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, también se tiene por satisfecho, pues, como bien lo estableció el juez natural, no se advierte dato alguno del que derive alguna de dichas hipótesis, teniéndose así por colmado dicho requisito. En las condiciones que han quedado puntualizadas, el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con las exigencias que establecen los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema de proceso penal acusatorio y a los principios que lo rigen. De igual manera, las consideraciones razonadas por el juez de control para esta fase procesal, se insiste, son suficientes, pues hasta ese momento ponderó que contaba con los datos de prueba suficientes; lo cual debe entenderse como la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez que se advierta idóneo, pertinente y, en su conjunto, suficiente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado; de ahí que el juez de control, al dictar el auto de vinculación a proceso, realizó un ejercicio respecto de los datos de prueba que no es valorativo, sino únicamente los pondera para determinar si existe una conducta que se adecue al hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado participó en ella. Por tanto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, los datos que hasta ahora se tienen, fueron suficientes para vincularlo a proceso, pues se indicó el tiempo, modo y lugar que acontecieron los hechos y, por ende, se cumplió con lo establecido en el numeral 19 constitucional. Es por ello que, en el sentido apuntado, se estima correcta la determinación que adoptó el juez responsable, para dictar auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso; máxime que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, la ley no exige tener pruebas plenas de la participación del imputado, sino que sólo se necesita que los datos establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, puesto que los principios de equidad procesal y plenitud de defensa, no pueden ser desvinculados de las exigencias lógicas y legales propias de cada etapa procesal en que se actúe. De lo que se colige que si bien, en el caso concreto, existían dos posturas, a saber, la de la defensa y la del Ministerio Público, para el momento procesal que ahora se examina, se tiene que los datos de prueba resultaron aptos para la acreditación del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado, ahora quejoso, lo cometió; sin que se evidencie una excluyente de delito; ello, en atención a las consideraciones que expuso el juez de control, las cuales, al menos para ese momento procesal, resultan justificadas y razonables. En conclusión, en relación con el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, se advierte que, de manera correcta, la autoridad responsable, en esencia, estableció que se actualizó el hecho que la ley sanciona como delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal y que probablemente lo cometió el imputado. Por lo anterior, al no existir motivo que amerite suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, contrariamente a lo que asevera el quejoso, la resolución reclamada en este juicio de amparo, por la que se vinculó al quejoso a proceso por el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal, no resulta violatoria de derechos humanos; motivo por el cual se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Las partes en este juicio de amparo, no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronunciara en este juicio se omitan sus datos personales; por ello, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso *** contra los actos reclamados al juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistentes en a) la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó calificar de legal la detención y b) el auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha en la carpeta judicial 600/2021, por el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria; por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio, transcríbase esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (CITATORIO) Número de expediente: 1194/2021 Acuerdo: pral 1194/2021 mesa 6 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1194/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en este Juzgado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso Oscar Daniel Barrera Palafox, por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; de quien reclamó los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; y se le notificó de la presentación de la misma; así también, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal; además de que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados por los cuales se realizará el estudio, los cuales consisten en lo siguiente: - La resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó calificar de legal la detención. - El auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha en la carpeta judicial 600/2021, por el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la tesis del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al informe que rindió, consistente en un disco versatil digital DVD, que contiene: los registros de audio y video de a) las audiencias de diecisiete y veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial 600/2021, con sus índices cronológicos; así como b) la transcripción de la resolución escrita de control de detención, vinculación a proceso y medida cautelar, celebradas en la referida carpeta. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así como la diversa jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Sin embargo, como en la especie las partes no hicieron valer ninguna y de oficio no se advierte que se actualice causa legal, constitucional o jurisprudencial, es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, puesto que tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente, en caso de no ser favorable a sus intereses; como así lo ilustra la jurisprudencia del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Cabe destacar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó 1) la calificación de la detención, así como el 2) auto de vinculación a proceso dictado en su contra y su cumplimiento; de modo que, por técnica jurídica, en ese orden se procederá al análisis de las determinaciones, como lo informa la jurisprudencia 76/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS." ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROL DE LA DETENCIÓN. En la especie, se considera que la determinación de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, que calificó de legal la detención del quejoso se encuentra ajustada a las exigencias legales; para corroborar lo anterior, es necesario destacar los siguientes antecedentes: 1) El diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, a las diez horas con treinta minutos, dio inicio la celebración de la audiencia inicial en la carpeta judicial carpeta judicial 600/2021, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la que, una vez que la defensa realizó manifestaciones en cuanto a la detención y la representante social hizo réplica, se calificó de legal la detención del quejoso (Disco óptico minuto 00:54:58 a 01:44:23 horas). Al respecto, la parte quejosa en su único concepto de violación estableció dos argumentos torales para justificar la ilegalidad de la detención, a saber: a) que la detención del quejoso era violatoria de los derechos fundamentales de libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, ya que su detención se realizó en base a hechos que derivan de una infracción administrativa, sin que existieran motivos para que la policía rebasara los niveles de control provisional preventivo; b) no se actualizó una sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito para la revisión, alguna denuncia previa que recibiera la guardia nacional para tener un indicio que probablemente el autobús transportaba personas indocumentadas y, con ello, tener un dato objetivo para realizar la revisión al autobús y, en consecuencia, descubrir el hecho con apariencia de delito. En ese sentido, contrario a lo establecido por la parte quejosa, de la reproducción de la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que el juez de control, una vez escuchado a las partes, con acierto indicó que, en el caso a estudio, sí existió flagrancia; que al justiciable se le hicieron saber sus derechos, y que se efectuó el registro de la detención. Al respecto, la autoridad responsable en el audio y video explicó que la Suprema Corte ha establecido a las autoridades reglas que deben cumplir para llevar a cabo la revisión. Primeramente, el contacto, la plática, la revisión y, en su caso, la detención de personas; lo que ha quedado plasmado en las jurisprudencias con registros 2008638 y 2010961 (sic). En relación a ello, para mejor apreciación, se sintetiza lo expuesto en esa parte del audio y video (Disco óptico minuto 00:54:58 a 01:44:23 horas). La autoridad responsable explicó que la Corte ha dicho que para proceder a la detención de una persona se requiere que exista un delito en flagrancia. Un delito en flagrancia, dijo, es aquella conducta con apariencia delictiva que se capta a través de los sentidos por cualquier persona y dice el artículo 16 constitucional que cualquier persona lo puede detener. En diversos casos, puede detenerse a una persona a través de la prevención del delito; en el caso, refirió, intervino la Guardia Nacional y llevó a cabo el contacto con la persona, aunque dice la Corte, que no todo contacto es una detención y hay acciones que la policía tiene que cumplir, llamadas niveles de contacto, a saber: 1) La simple inmediación, que implica que el agente de seguridad pública se acerca al individuo para entrevistarse con efectos de investigación, identificación o prevención del delito. 2) En segundo plano, la autoridad debe hacer saber la información con la que contaba, que le permita establecer una sospecha de que se pueda estar cometiendo un hecho delictivo. 3) El tercer momento, es propiamente la detención. Así también, el juez hizo saber al ahora quejoso por qué motivo lo detuvieron, ya que el fiscal dijo que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, elementos de la Guardia Nacional hacían revisiones aleatorias sobre la carretera 182+100, de la vía 570, ruta 135, tramo Cuacnopalan-Oaxaca, de la súper carretera, tramo Cuanopalan-Huitzo, advierten que va un autobús, color gris, con placas de turismo a baja velocidad y sobre el acotamiento; y ello, es motivo de infracción; que por ese motivo prenden su torreta, ya que el vehículo se estaciona sobre el acotamiento, lo cual también es motivo de infracción; por ese motivo la policía desciende para ver qué pasaba, ya que dentro de sus funciones está la proporcionar auxilio; asimismo, se acerca a la puerta del autobús y le hace señas al conductor quien pretendía arrancar el vehículo; que éste toma los papeles, abre la puerta y desciende del automotor; aclarando el juez, que no se advertía que le hubieran ordenado descender. Una vez que se baja el conductor, tiene una plática con el elemento Edgar Arrevillaga, quien le informa que el motivo de que ellos se hubieran parado sobre el acotamiento, es una infracción al reglamento; que la persona le dijo que estaba estacionado porque el vehículo se estaba calentando, posiblemente por una falla mecánica y estaba esperando a que se enfriara. Este elemento de la Guardia Nacional, se dirige hacia la parte de enfrente para tomar los datos del vehículo; al estar de frente, a través del cristal se percata que el vehículo sobrepasaba el número de pasajeros que pudiera llevar al interior, observa muchas personas amontonadas en el asiento, en el pasillo gente parada, lo cual también es motivo de infracción, por estar violando algunas disposiciones del reglamento federal, para descartar que hubiera sobrecupo, pide autorización al conductor para verificar el interior del vehículo. El conductor accede de manera voluntaria y el segundo elemento levantaba la boleta y daba seguridad; corrobora este elemento que había un mayor número de personas excediendo su capacidad al doble; este elemento refiere que se identifica con los pasajeros, informando que era de la Guardia Nacional y les preguntó cuál era su origen y destino, sin responder; que volvió a preguntar, respondiendo uno que eran Guatemaltecos y que el conductor los llevaría a la ciudad de Puebla, para después continuar su camino hasta Estados Unidos, que "les echara la mano" por estar de manera ilegal en el país, con esta información el policía Edgar bajó de la unidad y le pregunta al conductor que cuántas personas traía, a lo que él le responde que setenta personas originarias de Guatemala y dado el número de personas a través de claves policiales solicita apoyo a su misma corporación; que cuando se está realizando esa actividad se estaciona una camioneta negra, marca Ford, doble cabina, modelo reciente con varias personas y de la parte de atrás, desciende una persona que les dice que los dejara ir o les "rompería la madre", incluso amenaza con matarlos; que al percatarse que están solicitando apoyo, se suben al vehículo y se van con dirección hacia Huitzo, debido a que fue muy rápido, no pudieron tomar datos de ese vehículo. Ante la posibilidad que pudieran llegar más personas y las rescataran, informan al señor Oscar que quedaba detenido a las diecisiete horas con cuarenta minutos por transportar personas migrantes con ilegal estancia en el país, previa lectura de derechos. Esperan a que llegue la grúa, aproximadamente cinco minutos y debido a lo que ya percibían las personas indocumentadas, se empiezan a alterar, rompen cristales, se bajan y tratan de irse del lugar, internándose hacia el cerro, alguna de ellas se lesionó y tratan de irse varias personas, quedando solamente diecinueve personas; que solicitaron apoyo pues es razonable que dos personas pudieran controlar a los migrantes, tratando de tranquilizarlos, pero muchos se escaparon por las ventanas que rompieron. Después llega una patrulla en apoyo e identifican el vehículo Escalia, color gris, placas de auto transporte federal de turismo, dan los datos a nombre de quién está la tarjeta de circulación; que la persona de nombre Oscar se habría identificado con su licencia de manejo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la revisión, que también es autorizada por la persona de nombre Oscar, le encuentran un celular, numerario, licencia y una tarjeta bancaria. El elemento Edgar asegura todos estos indicios, se comunica al Instituto Nacional de Migración para que se hicieran cargo de ellos y se dirigen hacia el encierro de grúas "ORTIZ", en Nochixtlán, Oaxaca, ante el temor que regresaran las personas. Que a las diecisiete horas con cincuenta minutos hacen el traslado de la persona detenida a Santa María Coyotepec en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para su certificación y demás trámites. El doctor Jaime Leyva lo revisa a las 19:13 y el elemento Oscar Amador llegó para hacerse cargo de las personas rescatadas y el elemento Ernesto hace entrega y da los nombres. En relación a lo que dice el defensor, el juez refirió: La defensa considera que se debía calificar de ilegal la detención al no cumplirse los parámetros que él explicó hacia un momento, y estimaba que la narrativa de hechos que narró la Guardia Nacional rebasaba esas reglas que la Primera Sala había establecido. Que sí había un motivo para entrevistarse con el conductor y levantar una infracción administrativa, si es que estaba cumpliendo con el reglamento de tránsito federal, pero no consideraba que había una justificación para que fuera más allá y percatarse si superaba la capacidad de pasajeros, cuando el propio policía de nombre Edgar, dice que él ya se había parado de frente y él ya había verificado que había un sobre cupo; que no refirió que había algún tipo de polarizado que le impidiera ver, sino que de manera clara dijo que había sobrecupo. Entonces, se preguntaba, cuál era la razón de que los elementos se subieran e interrogaran a esas personas, sobre su origen y destino; que la detención obedeció a una infracción administrativa pero ellos iban más allá de lo que implicaba ese cumplimiento. Que no se podía considerar que ese consentimiento sea válido, porque no había sospecha que se estuviera cometiendo un delito, no había denuncia previa o que se estuviera realizando alguna actividad irregular y cuando se le pidió esa posible autorización ya estaba detenido y no podía hacer otra cosa más que decirles que sí. Al respecto, al analizar la conducta, el juez refiere que los hechos ocurren el catorce de octubre de dos mil veintiuno, alrededor de las diecisiete treinta horas en la carretera Cuacnopalan-Huitzo, en el kilometro 182+100, no habiendo debate de todo esto. Precisó, que el vehículo que conducía era de transporte de turismo, color gris; circulaba a baja velocidad por lo que se estaciona en algún momento y como la policía venía atrás, también se estacionan y se acercan para brindarles ayuda; le toca al conductor, le piden sus documentos. La defensa está de acuerdo con el proceder normal y dijo no estar de acuerdo con el defensor en que le hayan ordenado que se bajara; de modo que, dijo el juez, no advertía ninguna orden en ese sentido. La persona que iba como conductor, voluntariamente desciende por todas las circunstancias que expuso el defensor, como la distancia, el ruido, la altura del vehículo y hasta ahí, no había nada que no fuera acorde. Aclaró el juez, que el Policía de la Guardia Nacional, le dice que está cometiendo una infracción y va a levantar la infracción correspondiente, por lo que no había ninguna intrusión, ninguna afectación a la esfera jurídica más allá de lo permitido; ya que la corte dice que el primer nivel de contacto, es la entrevista, la inmediación con la persona; en ese caso no era para investigar algún delito, sino una falta administrativa lo cual pude ser motivo de ese acercamiento, pues no todos los operativos van en busca de una conducta delictiva. Respecto a que esa persona se va enfrente del vehículo y observa un sobrecupo, era razonable lo que dijo el defensor, por qué tendría que confirmar algo que ya era evidente, pero esa sola circunstancia no impedía que le dijera si le permitía hacer una revisión al interior, pues el conductor dijo que sí y ahí viene el tema de debate. Esa autorización está coaccionada, ¿se puede considerar que no es libre?, pareciera que no, dijo el juez, y no compartía esa postura, pues se requerían más elementos que permitían corroborar que existió una coacción, una intimidación hacia la persona y no advirtió ningún dato objetivo en tal sentido, ni siquiera una afirmación, en la que dijera que había sido coaccionado. Consideró que era razonable la forma de proceder y reiteró que el solo hecho de entregar los documentos, no implicaba un acto de coacción y si la persona libremente, al menos hasta ese momento, por no tener datos objetivos en contrario, accede voluntariamente a que estos elementos se introduzcan; el elemento sube y se identifica y le pregunta a las personas de dónde vienen y hacia dónde se dirigen; esas preguntas no vulneran el derecho del conductor, ya que tienen facultades de identificar personas y una de esas personas dice "somos extranjeros", no tenemos legal estancia en el país y después se presenta esa situación en la que unos hagan del lugar por superarlos en número. Más allá de que si se presentó un vehículo, los amenazan, eso podía ser considerado para otro momento, pero la detención ocurre cuando se obtiene esa información de que esas personas dicen ser extranjeras y no tener legal estancia en el país y en ese momento se tiene conocimiento de una conducta posiblemente con apariencia delictiva y había razonabilidad para que los elementos de la Guardia Nacional procedieran a la detención del conductor, por ser el responsable de ese traslado de personas; por ello, no compartía la visión de su defensor, pues no advertía esos datos objetivos que permitan establecer que esa autorización hubiera sido contraria a la voluntad coaccionada con actos de violencia o que hubiera incurrido en error la persona y si esa autorización existía los elementos de la Guardia podían ingresar, sin que se estuviera cometiendo un delito, se obtiene de la comunicación que tienen con los pasajeros y ellos proporcionan información que es la que lleva a los elementos de la Guardia Nacional a detenerlos. Por ello, estimaba que la detención se encuentra apegada a la normativa; posterior a esa detención, con todo ese operativo los trasladan, van al encierro, solicitan apoyo; al respecto, la Constitución dice que debe haber una puesta a disposición, inmediatamente ante el Ministerio Público, pero eso dependía de las circunstancias, pues la detención ocurre delante de Nochixtlán, en el kilómetro 182+100, se van a un encierro, donde tengan mejores condiciones de seguridad, reciben apoyo y trasladan al detenido. Agregó, que de Nochixtlán a Oaxaca, dependía del tráfico y las condiciones pero se empleaba cierto tiempo; después acuden a la Secretaría de Seguridad Pública, donde realizan los trámites para la valoración médica, informe policial homologado. La detención es a las diecisiete horas con cuarenta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno y lo llevan con el Ministerio Público, a las veintiún horas con cuatro minutos, aproximadamente en tres horas y media; por lo que, considerando el traslado y actos previos que realizaron previo a la puesta a disposición, el plazo era razonable, para llevar a cabo ese tipo de trámites y a partir de las veintiún horas con cuatro minutos que lo ponen a disposición del fiscal, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, tenía la atribución de retenerlo hasta por cuarenta y ocho horas, para decidir si lo ponía en libertad o lo consignaba ante la autoridad judicial, aconteciendo lo segundo, para lo cual tenían hasta las veintiún horas con cuatro minutos del dieciséis de octubre y esa puesta a disposición fue antes de esa hora. Finalizó diciendo, que esas eran las razones que lo llevaron a calificar de legal la detención, cumplida la puesta a disposición en el plazo razonable justificado, sin que se requiriera algún requisito de procedibilidad para su análisis. En ese contexto, contrario a lo expuesto por la parte quejosa en sus conceptos de violación, lo antes descrito revela que el juez responsable verificó que el ahora quejoso sí tuvo conocimiento de los hechos por los cuales se le detuvo, por lo que la calificación de la detención se considera apegada a derecho, tomando en consideración que en ese momento procesal el juez de Control debe resolver únicamente con base en los datos expuestos y no valorar si cumplen sacramentalmente con las formalidades de ley, pues, como lo aseveró la responsable, ello será materia de otra etapa procesal. Además, como se advierte del audio y video de la diligencia en análisis, los datos de prueba que expuso el Ministerio Público ante el juez de Control, ponen de relieve que si bien es cierto la detención fue con motivo de una infracción administrativa, esto es, por encontrarse estacionado sobre el acotamiento, también lo es que, en ese momento, uno de los elementos de la Guardia Nacional se percató que el autobús conducido por el ahora quejoso llevaba sobrecupo; de modo que, a través de los sentidos, pudo percatarse de una conducta con apariencia delictiva y procedió a la detención; de donde se sigue que no existió violación a sus derechos humanos, pues se respetaron sus prerrogativas contenidas en los artículos 16 y 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Federal, ya que se le hicieron saber sus derechos, conoció los motivos de su detención y no estuvo retenido por más de cuarenta y ocho horas. En relación al diverso concepto de violación de la parte quejosa, en cuanto a que no se actualizó una sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito para la revisión, alguna denuncia previa que recibiera la guardia nacional para tener un indicio que probablemente el autobús transportaba personas indocumentadas y, con ello, tener un dato objetivo para realizar la revisión al autobús y, en consecuencia, descubrir el hecho con apariencia de delito. Debe decirse que dicho argumento resulta ineficaz, pues, como bien lo señaló la autoridad responsable, los agentes de la policía, para efectuar la detención, siguieron los parámetros para el control provisional preventivo ante la sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito; aunado a que la detención inicial del ahora quejoso se llevó a cabo de forma preventiva en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales realizaron sobre la persona y vehículo un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito; pues a ese respecto, como se hace notar en el audio y video, el agente Edgar Arrevillaga se percató que el autobús tenía sobrecupo y, ante ello, al violentar algunas disposiciones del reglamento federal, decidió subir a preguntar a los pasajeros sobre su origen y destino, respondiendo uno que eran Guatemaltecos y que el conductor los llevaría a la ciudad de Puebla, para después continuar su camino hasta Estados Unidos; por lo cual, contrario a lo que indica la parte quejosa, no era necesario que existiera alguna denuncia previa que recibiera la Guardia Nacional para la revisión del autobús, porque ello se dio con motivo del primer acercamiento que tuvieron los agentes de la policía con el conductor y posterior flagrancia ante la conducta con apariencia de delito por parte del ahora quejoso. De modo que la tesis que invoca la defensa, del rubro: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA.", lejos de beneficiarlo, sirve para robustecer que los agentes de la policía cumplieron los parámetros previos a realizar la detención, dado que, como se advierte de la audiencia, los referidos elementos se aproximaron al ahora quejoso por estar cometiendo una infracción administrativa y ahí uno de ellos se percató que en el autobús llevaba sobrecupo por lo que decidió indagar y se percató que llevaba personas de nacionalidad Guatemalteca; por tanto, estuvo justificado el control preventivo de grado menor que hicieron los elementos de la policía inicialmente. Por tanto, lo procedente es decretar la constitucionalidad del acto en estudio en este apartado; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a. XXVI/2016 (10a.), del contenido siguiente: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio." ANÁLISIS DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. En relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial 600/2021, por el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal, los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja; tampoco se aprecia que alguna de las normas aplicadas en el caso, resulte violatoria de sus derechos fundamentales. En efecto, respecto al auto de vinculación a proceso, se estima apegado a derecho el actuar del juez responsable en su emisión, pues de conformidad con el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular a proceso a una persona se debe expresar: a) El delito que se reprocha al imputado; b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, cabe aclarar que para dictar el auto vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, se debe resolver la vinculación o no a proceso, con base en los datos de prueba a que haga referencia el agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a ello, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Además, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En ese sentido, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el sistema de justicia penal oral y acusatorio. En el primer caso (requisitos de forma), son los siguientes: 1) De forma 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente; 1.2 Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación contra el imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; 1.3 Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; 1.4 Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional; 1.5 Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; además, 1.6 El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. En el segundo caso (requisitos de fondo), se tienen los siguientes: 2) De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan: 2.1) La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3) Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese contexto, de la reproducción y estudio de las constancias que remitió el juez responsable, así como el disco óptico (DVD) que contiene la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso, al tenor del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo antes precisados; es decir, la resolución de vinculación a proceso reclamada se dictó ajustada a derecho y, en sí, no irroga violación alguna a los derechos humanos del ahora quejoso, en los términos que a continuación se precisarán. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1) se cumplió, pues se evidencia que la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, como lo es el juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero Federal; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron en la ciudad de Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad señalada como responsable; asimismo, se encuentra legitimado para resolver la situación jurídica. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho (1.2), ya que la representación social formuló imputación contra el ahora quejoso, pues el fiscal, en la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, ante la presencia del juez responsable, comunicó al aquí quejoso el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal; además, solicitó a la autoridad judicial se vinculara a proceso al imputado, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito (Disco óptico, parte 1, 01:46:04 hasta 01:51:27). El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3), en razón de que en la audiencia de imputación se advierte que el juez de control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; derecho que ejerció inicialmente, cuando manifestó que se reservaba el derecho de declarar, según se advierte del archivo del disco versátil (Disco óptico, parte 1, 01:56 hasta 01:56:24). En relación al cuarto de los requisitos (1.4), debe indicarse que el juez responsable explicó al imputado los términos en los cuales podría resolverse su situación jurídica; asimismo, le planteó que podía renunciar a dichos plazos y resolver su situación jurídica en la misma audiencia con los datos que obraban en la carpeta administrativa del representante social; a lo cual, previo asesoramiento de su defensor, solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro de esa misma audiencia, sin ampliación del plazo constitucional (Disco óptico parte 1, 02:43:05 a 02:44:32). El quinto de los requisitos (1.5) también se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, se especificó el delito por el cual se le formuló imputación, esto es, el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal. Por lo que hace al sexto requisito (1.6), el mismo se encuentra colmado, en razón de que en el acto reclamado, en el cual la representación social formuló imputación, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, lo que, en resumen, una vez escuchado el audio y video (Disco óptico, parte 1, 01:57:50), se asienta que los hechos sucedieron de acuerdo como se sintetizaron en el informe policial en el que asentaron que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos, sobre la carretera Federal 570, ruta 135 D, carretera Cuancopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, a la altura del kilómetro 182+100, con dirección a Puebla, detuvieron a Oscar Daniel Barrera Palafox, por transportar a 19 personas extranjeras, entre ellos a once menores de edad que no acreditaron su legal estancia en el país y sin contar con la autorización correspondiente a bordo de un vehículo tipo autobús, marca Scania, color gris, modelo 1992, placas 018RM3, del Servicio de Autotransporte Federal Turismo, con el objeto de obtener un lucro y poner en peligro su integridad. Ahora, respecto al análisis consistente en verificar que obren datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley describe como delito (2.1) y la probabilidad de que el quejoso lo hubieran cometido o participado en su comisión, el mismo se encuentra satisfecho, porque en la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó el auto de vinculación reclamado al quejoso Oscar Daniel Barrera Palafox, por el hecho señalado en la ley señala como el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal; mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien: - -- - (.) III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. "Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen: I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior; II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, o Y para tenerlo por acreditado, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la representante social al solicitar la vinculación a proceso (Disco óptico, parte 2, a partir del minuto 00:05:27 hasta 01:07:40 horas). A ese respecto, el juez de Control refirió lo que enseguida se resume, a fin obviar repeticiones y transcripciones innecesarias. Al respecto, dijo que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos, a bordo de un vehículo tipo autobús, marca Scania, color gris, modelo 1992, placas 018RM3, del Servicio de Autotransporte Federal de Turismo, en la carretera Oaxaca-Puebla, sobre la carretera Federal 570, ruta 135 D, carretera Cuancopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, a la altura del kilómetro 182+100, Oscar Daniel Barrera Palafox transportaba aproximadamente a setenta personas de nacionalidad Guatemalteca, de las cuales sólo detuvieron a 19 personas extranjeras que no se evadieron, entre ellos a once menores de edad que no acreditaron su legal estancia en el país y sin contar con la autorización correspondiente, con el objeto de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria, así como poner en peligro su salud e integridad. De igual manera, refirió, que para actualizar la conducta ilícita, debía acreditarse que el sujeto activo transporte por el territorio nacional a una persona extranjera que tenga una ilegal estancia en el país, sin contar con la autorización correspondiente, con el objeto de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria, así como poner en peligro su integridad. En relación al lugar y fecha en que sucedieron los hechos, dijo que no hubo debate por parte del defensor para que fuera analizada por su parte. Sobre ese primer elemento, relativo a que exista un transporte de personas extranjeras con situación irregular en el país, la fiscalía confirma esa circunstancia que no es debatida, ya que la fiscalía aportó diversos actos de investigación y más allá de lo que se dijo en el informe oficial homologado en el que las personas mencionaron ser de Guatemala, hubo un informe del Instituto Nacional de Migración, en el que mediante oficio de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, refieren que no hubo un ingreso legal de las diecinueve personas detenidas y, por ende, se encuentran de forma irregular en el país; y aclaran que ocho están alojadas en la estación migratoria, en tanto que los menores se encuentran en otro lugar, ya que no pueden estar en la referida estación, mientras que una menor estaba siendo atendida en Nochixtlán, Oaxaca. Lo cual se corroboró con las propias entrevistas de quince de octubre de dos mil veintiuno, recabadas por la policía Federal Ministerial en la estación migratoria, con presencia del asesor jurídico, en la que los mayores de edad, refirieron ser de nacionalidad Guatemalteca; además, dijo se corroboraba con los certificados médicos recabados por el doctor José Antonio Viloria Velasco, en los que refiere que dentro de esas personas hay diez menores y se establece la edad de los mismos. Por su parte, la jefa del departamento jurídico acompañó cinco actas de nacimiento. Así, con base en esas probanzas el juez de la causa dijo que todo ello le permitía establecer bajo el estándar de probabilidad y razonabilidad, que era evidente que estaba acreditada la existencia de diecinueve extranjeros, ocho mayores de edad y once menores de edad. La jefa del departamento jurídico del Instituto Nacional de Migración mencionó que aportaba cinco actas y más allá de los que había dicho el defensor, en el sentido de que era cuestionable cómo se obtuvieron esas actas, comprobaba que se trataba de menores de edad. Así también, citó la tesis con registro 2018145, relativa a un delito contra la salud, para acreditar la definición de transporte, que consideró aplicable a ese caso, pues, dijo, las personas también pueden ser objeto de transporte a través de un vehículo y los razonamientos de esa tesis aplicaban para ese caso. La existencia del vehículo dijo se acreditaba con la inspección, el dictamen de tránsito terrestre; el informe policial homologado hace referencia a su aseguramiento y que se trasladó a un encierro de grúas y es un vehículo de transporte; el dictamen de criminalística para cuarenta y ocho personas más el acompañante y el conductor, es idóneo, porque es el medio a través del cual se realiza el transporte de pasajeros; que se encontraba sobre una carretera también hubo dato de ello y el lugar de los hechos en los que se llevó a cabo la detención. Refieren los elementos que con motivo de la forma de circular del vehículo fue que la Guardia Nacional se acercó al vehículo y el conductor le dijo que estaba realizando un viaje de personas de Oaxaca a Puebla y ya se encontraba en un punto geográfico distinto de Oaxaca, como a cuatro kilómetros de la entrada a Nochixtlán. De modo que, con todo ello, se establecía la existencia del vehículo en el que se llevó a cabo el transporte de personas en el territorio nacional, específicamente en una carretera del Estado de Oaxaca. Dijo que esa parte de la descripción del tipo penal, estaba suficientemente acreditada. Aclaró, que el debate consistía en determinar si ese transporte de personas con una situación irregular en el país, sin una legal estancia en el país, se realizaba con intenciones de lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, se refería a cuestiones internas, por lo que no existía una prueba directa; dijo que no tenía un señalamiento por parte de las personas que transportaba. Pero, para ello, estableció que conforme a la prueba circunstanciada se podía acreditar esa situación, pues existían varios indicios que, en su conjunto, llevaban a comprobarlo y ello permite llegar a la conclusión que ese transporte tenía como fin obtener un lucro, pues entre más personas se transporte, mayor será el beneficio económico. Aunado al logotipo de turismo que tenía el vehículo y el polarizado del vehículo, son cuestiones subjetivas, pero abonan a las demás circunstancias que destacó. En razón a la camioneta que llegó y respecto de que les dijo que los dejaran ir, si bien no tenía dato alguno sobre ello, también abonan a cada una de las probanzas. Dijo también que con el dictamen de criminalística aportado se acreditó que el vehículo era para cuarenta y ocho plazas y el exceso de personas generaba que las condiciones de viaje no fueran las mismas y existía un peligro a su integridad y su salud, al no existir la sana distancia; por lo que las agravantes se encontraban acreditadas. Aunado a que a la persona se le encontró numerario, tarjetas y si bien es irrelevante, pudo ser una ganancia previa; de ahí que estimaba que existía un caso que ameritaba seguir siendo investigado, como lo es el hecho que la ley considera como el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal. En ese contexto, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, fueron ponderados de manera correcta por el juez de control responsable, de forma libre y lógica para establecer, razonablemente, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las reseñadas condiciones, se estiman colmados todos los requisitos previstos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual fue acertado que el juez de control responsable dictara al imputado, aquí quejoso, el auto de vinculación a proceso que reclama en esta vía constitucional. Lo que se considera acertado, pues, contrario a lo que indica la parte quejosa en sus conceptos de violación, no se advierte que los datos recabados sean insuficientes para acreditar los hechos que le fueron imputados al ahora quejoso o que se hiciera una incorrecta valoración de los datos de prueba, ya que en el nuevo sistema penal no es necesario, para la etapa actual, que en la precisión del hecho delictuoso se mencione con qué pruebas se acredita cada uno de los elementos, sino que, en su conjunto, se advierta el hecho delictuoso; es decir, basta con que el juez encuadre el hecho imputado a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2017, Décima Época, Registro 2014800, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." 2.2. Acreditación de que probablemente el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito. Al respecto, se consideran acertadas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, en el sentido de que probablemente el imputado, aquí quejoso, cometió los hechos tipificados como delitos, pues, en esencia, refirió que con los datos de prueba reseñados con antelación, se cuenta con elementos suficientes para poder conocer cómo sucedió el hecho la ley señala como el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal; ya que la autoridad responsable concluyó que los hechos que hasta ahora se tienen, con base en la probanzas recabadas, son que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos, Oscar Daniel Barrera Palafox, a bordo de un vehículo tipo autobús, marca Scania, color gris, modelo 1992, placas 018RM3, del Servicio de Autotransporte Federal de Turismo, en la carretera Oaxaca-Puebla, sobre la carretera Federal 570, ruta 135 D, carretera Cuancopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, a la altura del kilómetro 182+100, de manera probable, transportó aproximadamente a setenta personas de nacionalidad Guatemalteca, de las cuales sólo detuvieron a 19 personas extranjeras que no se evadieron, entre ellos a once menores de edad, que no acreditaron su legal estancia en el país y sin contar con la autorización correspondiente, con el objeto de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria, así como poner en peligro su salud e integridad. Por tanto, para esta fase procesal, ciertamente pone de relieve que, probablemente, el imputado cometió la conducta ilícita que hoy se le reprocha. Aunado a que para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, tal como lo hizo la autoridad responsable en el dictado de su determinación. De modo que la jurisprudencia que invoca el quejoso, de rubro: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AL "PROPÓSITO DE AQUELLA CONDUCTA" A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEBE ENTENDERSE COMO LA INTENCIÓN DEL ACTIVO EN OBTENER UN LUCRO ACTUAL O FUTURO INMINENTE." Solo es ilustrativa para entender el elemento subjetivo relativo al "propósito de aquella conducta", pero ello no es suficiente para desvirtuar la conducta ilícita que se le reprocha. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVII.10 P (10a.), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2545, Libro 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2015, Décima Época, Registro 2008632, del contenido siguiente: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN. EL ELEMENTO SUBJETIVO "LUCRO" EN ESTE DELITO, OBTENIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUEDE INFERIRSE ACUDIENDO A LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL Y NO SÓLO DEMOSTRARSE MEDIANTE PRUEBAS DIRECTAS. El citado precepto prevé que comete dicho delito quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, por lo que será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual, o inminente. Sin embargo, para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, porque lo que pretendió el Órgano Reformador, solamente como nota novedosa al delito -dado su traslado normativo-, fue que la internación del sujeto pasivo sea con fines de lucro, ya sea de forma directa o indirecta; de ahí que si a la víctima se le proporciona alojamiento y comida, se le provee de traslado y se prueba que el sujeto activo fue detenido con aquélla en un punto geográfico muy cercano a la línea divisoria entre un país y otro, sin que se advierta un gesto meramente altruista, de labores de asistencia o de ayuda humanitaria, ello pone de manifiesto que existió el ánimo de lucro en la conducta desplegada por el inculpado; por lo que el juzgador no puede perder de vista elementos subjetivos que conducen a aquella inferencia, por ejemplo, que el sujeto activo era la persona que iba a internar a la víctima a otro país y que le fue entregada por diversas personas (quienes la movilizaron por territorio nacional y le proveyeron los elementos necesarios para tal fin, como transporte, hospedaje, alimentación y demás cuidados), todo lo cual excluye la posibilidad de acoger como hipótesis que se tratara de una ayuda de beneficencia. Por el contrario, la intención de haberla proveído de esos cuidados, revela el propósito de obtener algo a cambio, al inferirse la inminencia de recibir un beneficio económico o en especie, atenta a la previa inversión que implicaron aquellas atenciones (pago de transportación y hotel) y que la empresa criminal concluiría con el traslado de la víctima a otro país." En lo que respecta al último de los requisitos (2.3), consistente en que no se actualizara una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, también se tiene por satisfecho, pues, como bien lo estableció el juez natural, no se advierte dato alguno del que derive alguna de dichas hipótesis, teniéndose así por colmado dicho requisito. En las condiciones que han quedado puntualizadas, el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con las exigencias que establecen los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema de proceso penal acusatorio y a los principios que lo rigen. De igual manera, las consideraciones razonadas por el juez de control para esta fase procesal, se insiste, son suficientes, pues hasta ese momento ponderó que contaba con los datos de prueba suficientes; lo cual debe entenderse como la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez que se advierta idóneo, pertinente y, en su conjunto, suficiente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado; de ahí que el juez de control, al dictar el auto de vinculación a proceso, realizó un ejercicio respecto de los datos de prueba que no es valorativo, sino únicamente los pondera para determinar si existe una conducta que se adecue al hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado participó en ella. Por tanto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, los datos que hasta ahora se tienen, fueron suficientes para vincularlo a proceso, pues se indicó el tiempo, modo y lugar que acontecieron los hechos y, por ende, se cumplió con lo establecido en el numeral 19 constitucional. Es por ello que, en el sentido apuntado, se estima correcta la determinación que adoptó el juez responsable, para dictar auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso; máxime que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, la ley no exige tener pruebas plenas de la participación del imputado, sino que sólo se necesita que los datos establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, puesto que los principios de equidad procesal y plenitud de defensa, no pueden ser desvinculados de las exigencias lógicas y legales propias de cada etapa procesal en que se actúe. De lo que se colige que si bien, en el caso concreto, existían dos posturas, a saber, la de la defensa y la del Ministerio Público, para el momento procesal que ahora se examina, se tiene que los datos de prueba resultaron aptos para la acreditación del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado, ahora quejoso, lo cometió; sin que se evidencie una excluyente de delito; ello, en atención a las consideraciones que expuso el juez de control, las cuales, al menos para ese momento procesal, resultan justificadas y razonables. En conclusión, en relación con el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, se advierte que, de manera correcta, la autoridad responsable, en esencia, estableció que se actualizó el hecho que la ley sanciona como delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal y que probablemente lo cometió el imputado. Por lo anterior, al no existir motivo que amerite suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, contrariamente a lo que asevera el quejoso, la resolución reclamada en este juicio de amparo, por la que se vinculó al quejoso a proceso por el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante prevista en el artículo 160, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal, no resulta violatoria de derechos humanos; motivo por el cual se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Las partes en este juicio de amparo, no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronunciara en este juicio se omitan sus datos personales; por ello, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso *** contra los actos reclamados al juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistentes en a) la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó calificar de legal la detención y b) el auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha en la carpeta judicial 600/2021, por el delito de Violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por territorio nacional personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria; por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio, transcríbase esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva

  4. Principal

    PRAL.1194/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. 1° Emplazamiento a los terceros interesados. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de tres del año en curso se agregó el informe justificado del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, al que anexó un DVD, mismo que contiene la audiencia de control de detención de diecisiete de octubre último, celebrada en la carpeta judicial 600/2021, de donde se advierte que intervinieron las siguientes partes: I. Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula 1-6 Oaxaca. II. Imputado: Oscar Daniel Barrera Palafox. III. Defensa: Leodegario Velásquez Matías, defensor Público Federal. IV. Asesor de víctima: Benito López Miguel, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 2°. Terceros interesados. Por tanto, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, incisos a), c) y e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula 1-6 Oaxaca y al licenciado Benito López Miguel, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 3°. Emplazamiento. Por lo anterior, mediante oficio y con copia de la demanda se ordena correrles traslado al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula 1-6 Oaxaca y al licenciado Benito López Miguel, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que, si a sus intereses conviene, se apersone(n) a este juicio de amparo, con el carácter que tiene(n). Se invoca en apoyo la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE CORRER TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA AL AGENTE QUE INTERVINO EN LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN". 4° Vista con informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rindió el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, para que, dentro del plazo de ocho días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se hace de su conocimiento que el juez de Distrito remitió un DVD, como justificación a su informe; por lo que de necesitar copia del mismo, deberán solicitarlas por escrito y adjuntar un disco óptico (DVD), para la reproducción respectiva. 5°. Formas de consultar el expediente. Hágase saber a las partes que, para el caso que estimen indispensable consultar las constancias enviadas por la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso acuerdo general 25/2020), podrán ingresar al Portal de Servicios en Línea en un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual encontrará los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto respecto a este órgano jurisdiccional, en el que podrán solicitar información al respecto. Además, encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que podrán agendar una cita para consultar físicamente el expediente. 6° Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan, para tal efecto, las nueve horas con dieciséis minutos del catorce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano