Oscar Daniel Alcala Garay
Expediente 31/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Germán Pérez Mendoza
- Oscar Daniel Alcala Garay
- Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Justicia, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; y, tomando en consideración el contenido del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, donde se advierte en el punto 7.4 el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, como acontece en el presente asunto; en esas condiciones, el presente asunto debe ser considerado susceptible de DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General relativo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a los quejosos el proveído de veinticinco de enero del año en curso, debido a que ya fueron puestos en libertad; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la diligencia de notificación personal realizada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que los quejosos******************** ******************** ******************** ********************, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veinte de enero del año en curso, ratificaron en ese mismo acto el escrito presentado ante la secretaria de guardia el mismo día, por el que desistieron del presente juicio por así convenir a sus intereses; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes, y atento a su petición, se provee: En ese tenor, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el citado precepto legal. Sin que obste lo anterior la existencia de la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 174481 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 119/2006 Página: 295 DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. De igual forma, se deja sin efectos la vista otorgada a la parte quejosa, mediante proveído de veinte de enero del año en curso, sobre la posible inexistencia de la autoridad responsable Comandancia de Fuerza de Acción dependientes de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con supuesta residencia en esta ciudad, en virtud que ya es innecesaria su aclaración.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Vistos los oficios del Fiscal Sexto y Fiscal de Distrito, ambos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial de esta ciudad; agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngaseles informando el cumplimiento dado a la suspensión de oficio decretada en el sumario. En ese sentido, se toma nota de lo manifestado por el Fiscal Sexto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad, en relación con la detención de los quejosos la cual deriva de la posible comisión de un hecho delictivo, contra la salud como lo es la posesión simple de marihuana al tenor de los artículos 473 fracción VI, 476 y sancionado por el articulo 479 todos de la Ley General de Salud relacionados con los artículos 7 fracción 1,8,9 párrafo primero, 13 fracción II todos del código penal federal, por lo que solicitó al juez de control dentro del término constitucional la fijación de fecha y hora para audiencia inicial de control de detención, teniendo como resultado que el Juez de Control y de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Agustín Torres Bello, radicara el proceso penal 13/2023 y señalara como fecha y hora de la audiencia inicial el diecinueve de enero del año en curso, en punto de las veinte horas, la cual tuvo verificativo, calificándose de legal su detención y formulándose imputación y vinculándoseles a proceso. De igual forma, hace del conocimiento que se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el término de seis meses, por lo que se ordenó su internamiento en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, siendo este la situación jurídica actual de los aquí quejosos. Por otra parte, visto el escrito de los quejosos *******, mediante el cual desisten del presente juicio y hacen de conocimiento a este órgano jurisdiccional que para tomar esta decisión no fueron obligados, forzados o torturados para hacerlo, por así convenir a sus intereses, de igual forma, manifiestan que en la Fiscalía siempre fueron tratados con respeto y se les brindó la mejor atención; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en estricto acatamiento a la jurisprudencia siguiente de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional: Registro digital: 2024789 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 74/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE TRATA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. SOLAMENTE GENERA LA IMPROCEDENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO POSTERIOR, POR CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SI AL DESISTIRSE DEL PRIMERO NO RESERVARON SU DERECHO DE PROMOVERLO CON POSTERIORIDAD. Hechos: Varias personas privadas de la libertad promovieron amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó su condena por diversos delitos. Al momento de ser notificadas de la admisión del juicio manifestaron que deseaban desistirse con la finalidad de presentar un nuevo amparo con posterioridad. En atención a lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito desechó la demanda de amparo. Tiempo después, las personas promovieron un segundo amparo en contra de la misma sentencia de segunda instancia, pero el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó el juicio al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión en el que se planteó la inconstitucionalidad del referido artículo. Criterio jurídico: Para que la causal de improcedencia por consentimiento del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sea constitucional en el caso de personas privadas de la libertad que desistan de un juicio de amparo, atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad, es necesario que el desistimiento sea indudable y completo, que exista constancia judicial de que son sabedoras de las consecuencias jurídicas de dicho desistimiento y que no expresen una reserva de promover el amparo con posterioridad. Justificación: Esta Primera Sala ya ha determinado que para garantizar que las personas privadas de la libertad estén informadas sobre los alcances del desistimiento del juicio de amparo o de sus recursos, la autoridad judicial debe cerciorarse de que en la diligencia en que se practique la ratificación del desistimiento, el funcionario judicial con fe pública les explique las consecuencias jurídicas de desistirse del amparo, lo cual debe quedar asentado en la constancia judicial que al efecto se emita, pues sólo así se brindarían certeza y validez total a esa decisión que entrañaría de manera indudable, completa e informada un consentimiento del acto reclamado. Sin embargo, a pesar de que se tenga por acreditado un consentimiento indudable, completo e informado, no se podrá tener por consentido el acto cuando la parte quejosa, al desistir del juicio, hace una reserva sobre su deseo de promover el amparo con posterioridad, ya que en ese supuesto es evidente que no existe un consentimiento del acto, por el contrario, implica una expresión de disconformidad con el mismo. Así, cuando la parte quejosa promueva un segundo juicio de amparo en contra de un acto respecto del cual promovió un primer juicio de amparo del que se desistió, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo sólo podrá aplicarse cuando se verifique que el desistimiento del primer juicio se hizo de manera completa, informada, indudable y sin reservas. Se instruye al actuario de la adscripción para que se constituya en el lugar de su reclusión y en el momento de la diligencia previo a que los quejosos manifiesten si ratifican o no el desistimiento del presente juicio, les explique las consecuencias jurídicas de desistirse del amparo, cual debe quedar asentado en la constancia judicial que al efecto emita. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuará con la secuela procesal del presente juicio. Sirven de fundamento al apercibimiento que antecede, las jurisprudencias siguientes: Época: Novena Época Registro: 174481 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 119/2006 Página: 295 DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Registro digital: 192108 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 33/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 147 Tipo: Jurisprudencia DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.
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