Óscar Cuitzil López Miranda

Expediente 781/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
781/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Ramón Rogelio Gómez Del Val
  • Óscar Cuitzil López Miranda
  • Óscar Cuitzil López Miranda y Otros.
  • Juan Pablo Lozano Reyes
  • Mario Antonio Hernández Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    agréguese el oficio proveniente del tercer tribunal colegiado del decimoquinto circuito, con residencia en Mexicali, baja california, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada, de la que se advierte se determino lo siguiente: primero, se confirma la sentencia recurrida...segundo, se sobresee en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    notificación personal.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a las diez horas con once minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Alejandra Parra Galván, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, la Secretaria da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos y da lectura a las constancias que integran el expediente, entre las que se encuentran, el escrito inicial de demanda (foja 2), constancia de notificación practicada a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 27), por medio de la cual con copia de la demanda se le dio la intervención que legalmente le compete. Seguidamente, se da lectura a los informes relativos a la suspensión de plano decretada (fojas 31 a 34) y a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables:  Comandante del Centro de Reinserción Social El Hongo I (fojas 58, 84, 215 y 230 a 231).  Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social El Hongo I (fojas 59, 86, 210 y 217 a 218).  Subdirector del Centro de Reinserción Social El Hongo I (fojas 60, 85, 214 y 226 a 227), y  Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I (fojas 61, 86, 210 y 217 a 218). Todas con sede en Tecate, Baja California. Asimismo, se hace constar que por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a los quejosos Óscar Cuitzil López Miranda, Mario Antonio Hernández Romero y Juan Pablo Lozano Reyes; determinación que causó estado el doce de junio siguiente (foja 77). Por otro lado se hace constar que en quince de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Juzgado, el oficio SSP/SSEP/CRSH/JUR/10579/2018 de diez de octubre de ese año, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, el cual fue dirigido al juicio de amparo 1464/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que, en lo que interesa, informó que las autoridades denominadas por el ahí quejoso Luis Manuel Cossio López, esto es, Director, Titular de la Coordinación Médica y Médico General de turno matutino del consultorio de enfermería, todos del Centro de Reinserción Social El Hongo III, con domicilio en ese municipio, a las que fueron giradas las comunicaciones oficiales 69823, 69824 y 69825, son inexistentes, toda vez que mediante acuerdo de dos de octubre de la anualidad próxima pasada, firmado por el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, de la capital de la entidad, se estableció que se habilitan los edificios contiguos al Centro de Reinserción Social El Hongo, los cuales dependerán directamente de éste, al cual, anexó copia certificada de dicha determinación. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, de lo que se advierte que los informes justificados de las autoridades responsables, fueron rendidos con oportunidad, y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, puestos a la vista de las partes; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, atento al resto del contenido de la certificación de cuenta, obténgase copia certificada del oficio SSP/SSEP/CRSH/JUR/10579/2018 de diez de octubre de ese año, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, así como de su anexo, a fin de que sean agregados a los presentes autos, por constituir un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley reglamentaria y sean tomados en consideración al dictar sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J.103/2007 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Tiene apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis número VI.1o.P. J/25 , que al rubro expresa: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el Secretaria hace constar y da cuenta con las pruebas que obran en autos, consistentes en las documentales que las autoridades responsables pertenecientes al Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, Baja California, allegaron a los autos (fojas 62 a 67, 103 a 104, 117 a 123, 125 a 130, 144 a 146, 180 a 181, 211 a 213 y 219 a 223). A lo que la Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales anteriormente relacionadas, las cuales, dada su propia y especial naturaleza, por no ameritar formalidad alguna para su recepción, se tienen por desahogadas en este acto. A continuación, se cierra el periodo probatorio y se pasa al siguiente de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que éstos fueron formulados por el representante del quejoso en su escrito presentado el once de enero de este año (foja 253). Seguidamente, el Juez acuerda: de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones del representante del impetrante, las cuales serán relacionadas en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, se cierra el periodo de alegatos, quedando los autos a la vista a efecto de emitir la sentencia correspondiente: S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 781/2018, que promovió en lo que interesa, Ramón Rogelio Gómez Del Val, por su propio derecho, contra actos del Director, Subdirector, Comandante y Comité Disciplinario, todos del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Segundo de la misma materia y sede en esa data, la demanda de amparo promovida por Ramón Rogelio Gómez Del Val, Óscar Cuitzil López Miranda, Mario Antonio Hernández Romero y Juan Pablo Lozano Reyes, mediante la cual, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, reclamando de las autoridades responsables, lo siguiente: ".Acto positivo de Tracto Sucesivo consistente en la incomunicación, Desigualdad, Discriminación, obstrucción para Recibir Visita de Tacto Físico, Adquirir Productos preparados (Alimentos), yarda, esparcimientos, Deporte, Como el Resto de la Población en el área que nos corresponde y no por un vidrio. Así, Mismo el Cambio de un penal a otro por la toma de Represalias y Amenazas de Asfixia, y por los Tratos crueles e inhumanos y degradantes." SEGUNDO. Derechos fundamentales transgredidos. Los quejosos estimaron que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 22, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda y trámite. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó su registro con el número de expediente 781/2018 y se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por lo que hace a los actos consistentes en incomunicación, intimidación, tortura física y psicológica, tratos crueles y degradantes, desaparición forzada y posible traslado (cambio de módulo), en tanto que por los restantes de no recibir esparcimiento como el resto de la población, suspensión de derecho de visita familiar de contacto físico, yarda y área común recreativa, se desechó el ocurso inicial. Por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado por los actos respecto de los cuales se admitió la demanda; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a ese órgano jurisdiccional, la intervención que legalmente le compete. Seguidamente, por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a los quejosos Óscar Cuitzil López Miranda, Mario Antonio Hernández Romero y Juan Pablo Lozano Reyes; determinación que causó estado el doce de junio siguiente (foja 77), quedando únicamente el trámite por lo que hace a Ramón Rogelio Gómez Del Val. Asimismo, en el auto admisorio de demanda, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se desahogó en los términos del acto que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 52 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los numerales 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos que no provienen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y comenzó a ejecutarse en el territorio donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción, concretamente en esta ciudad de Tijuana, Baja California. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada y la intención del aquí quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val en el presente juicio de amparo. Además, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda y en el caso, de la ampliación que forma parte integrante de ésta, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad para obtener una congruencia con la verdadera intención de lo pretendido por la parte quejosa. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis P.VI/2004 , que dice literalmente lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En esa guisa, del análisis integral de la demanda constitucional de que se trata, como un todo, además de las constancias que obran dentro del sumario, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se desprende que el solicitante del amparo, Ramón Rogelio Gómez Del Val, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: 1. Incomunicación. 2. Intimidación. 3. Tortura física y psicológica. 4. Tratos crueles y degradantes, 5. Desaparición forzada. 6. Traslado del Centro de Reinserción Social El Hongo I al diverso Hongo III, ambos del municipio de Tecate, Baja California (cambio de módulo). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados enunciados en los números del 1 al 5. Las autoridades responsables Comandante, Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario, Subdirector y Director, todos del Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, Baja California, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, consistentes en forma substancial en la incomunicación, tortura física y psicológica, tratos cueles y degradantes, así como la desaparición forzada o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Los cuales se encuentra adminiculados con los informes relativos a la suspensión de plano decretada en autos, en los que en lo que interesa, manifestaron: ". en ningún momento los quejoso ha sufrido actos consistentes en: incomunicación, tortura física y psicológica, tratos crueles y degradantes, el traslado a cualquier otra parte de la república, así como actos de desaparición forzada." Manifestaciones de las autoridades responsables que constituyen una confesión de acuerdo con el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Negativa que a la vez se encuentra corroborada con diversas constancias allegadas a los autos por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, a las que de conformidad con lo establecido en los numerales 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les otorga valor probatorio pleno. Constancias de las que se puede apreciar, en lo que interesa, el concentrado de ventas de diversos artículos al aquí quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val, del periodo del uno de marzo al treinta de abril de dos mil dieciocho, las visitas familiares recibidas, bitácora de actividades del dieciocho de mayo al dieciocho de julio del año próximo pasado, entre las que se encuentran, salida a locutorios, enfermería, entrega de pertenencias, radiología, teléfono, servicio de lavandería, trabajo social, visita familiar, área de psicología, entre otros, En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, y no existir prueba alguna ofrecida por la parte quejosa tendente o fehaciente para desvirtuar dicha negativa, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo que nos ocupa por lo que a dichos actos se refiere, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Aunado a ello, cabe señalar que no se inadvierte que en la constancia actuarial de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se aprecia que la Fedataria de la adscripción, dio fe de que el quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val, puso a su vista unos hematomas que tenía en las rodillas, muñeca derecha y ojo izquierdo; sin embargo, no existe en el sumario, ningún elemento probatorio fehaciente que demuestre que los mismos fue ocasionados por las responsables debido a actos de tortura o malos tratos. Máxime que obra en autos el certificado de integridad física que le fue practicado al quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val, en dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por la médico adscrita al Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, mismo que cuenta con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en el que si bien, se observa que a su exploración física presentó "hiperemia en cara y ojos con conjuntivas hiperémicas", también lo es, que no presentó lesiones físicas visibles recientes o referidas o bien, huellas de venopunciones . De ahí que se reitera, no existe constancia fehaciente o medio de convicción suficiente que permita establecer que los hematomas que presentó el impetrante, fueran objeto de malos tratos o golpes o bien tortura ejecutada en su contra por parte de las autoridades, y menos aún que hubieran sido realizadas con un propósito determinado, castigando o intimidado al peticionario para obtener algún beneficio; de ahí que no es evidente su existencia. Ilustra a lo anterior, por las razones que la informan, el criterio P.XXII/2015 , que es del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." CUARTO. Existencia del acto reclamado enunciado con el número 6. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Respecto al diverso acto reclamado consistente el traslado (cambio de módulo) del quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val, del Centro de Reinserción Social El Hongo I al diverso Hongo III, ambos del municipio de Tecate, Baja California, al rendir sus respectivos informes con justificación las autoridades responsables Director, Subdirector, Comandante y Comité Disciplinario, todos del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, negaron dicha cuestión; sin embargo, manifestaron que el aquí impetrante fue reubicado dentro del mismo completo penitenciario. De igual manera, en el oficio SSP/SSEP/CRSH/JUR/6097/2018, de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, con sede en Tecate, por sí y en representación del resto de las autoridades responsables, refirió que el complejo penitenciario El Hongo, estaba compuesto a esa fecha por tres centros de Reinserción Social, Hongo (mediana seguridad), Hongo II (mínima seguridad) y Hongo III (medidas de seguridad especiales), todos ellos, ubicados en carretera libre Mexicali-Tecate, kilómetro 94, Ejido Baja California en Tecate. Asimismo, en el comunicado SSP/SSEP/CRSH/JUR/7382/2018, de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, con sede en Tecate, por sí y en representación del resto de las autoridades responsables, manifestó además, que Ramón Rogelio Gómez Del Val, se encontraba en el edificio H1 ala A primer nivel y fue reubicado de módulo con motivo del parte informativo de dieciocho de mayo del año próximo pasado, en el que se relata que el antes mencionado se vio involucrado en un riña y provocó agresiones físicas en contra del personal de seguridad. Indicó además que la referida reubicación se realizó con la finalidad de que prevalecer la seguridad del Centro, dado que Ramón Rogelio Gómez Del Val, ha presentado una evolución negativa con tendencias a romper continuamente las normas que rigen dicha institución, y a fin de que ello no influyera en el resto de la población penitenciaria. Manifestaciones que se reiteran, constituyen una confesión con pleno valor probatorio atento a lo previsto en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. Lo que además se encuentra corroborado con las siguientes documentales que se agregaron en copia certificada a los autos, que son, en lo que en este apartado interesa:  Parte informativo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que en forma substancial, se narran los acontecimientos de esa data en los que se suscitó una riña, en la que se vio involucrado el quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val, y que posteriormente dio lugar a agresiones físicas en yarda a personal de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social, lo que motivó que se reubicara al impetrante en cita al antes Centro de Reinserción Social El Hongo III, con sede en Tecate, Baja California (fojas 125 a 126).  Ficha de datos clínicos-criminológicos realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, al impetrante Ramón Rogelio Gómez Del Val, por el criminólogo adscrito al Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, de la que se advierte que el mencionado en primer término, durante su internamiento ha presentado evolución negativa de sus rasgos conductuales al ser acreedor a sanciones disciplinarias graves, lo que deriva en una conducta negativa dentro de la institución, pudiendo recaer en contaminación hacia otros privados de la libertad, presentando un riesgo institucional alto con lo cual se vulnera la seguridad del centro (fojas 128 a 129).  Oficio SSP/SSPE/CRSH/CMDCIA/208/2018, de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California y el Comandante General de dicho centro penitenciario, del que se desprende que solicitan a Coordinador de Criminología de ese centro carcelario, el movimiento por sistema de diversos privados de la libertad, que fueron movidos físicamente por haber participado en una riña, entre los que se encuentra, Ramón Rogelio Gómez Del Val (fojas 180 a 181). Documentales a las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por un fedatario judicial en ejercicio de sus funciones. Ahora, en el presente expediente, se encuentran invocadas como hecho notorio de acuerdo con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, diversas actuaciones del juicio de amparo 1464/2018, de este índice, en específico, el oficio SSP/SSEP/CRSH/JUR/10579/2018 de diez de octubre de ese año, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, en el que, en lo que interesa, informó que las autoridades denominadas Director, Titular de la Coordinación Médica y Médico General de turno matutino del consultorio de enfermería, todos del Centro de Reinserción Social El Hongo III, con domicilio en ese municipio, a las que fueron giradas las comunicaciones oficiales 69823, 69824 y 69825, de dicho juicio, son inexistentes, toda vez que mediante acuerdo de dos de octubre de la anualidad próxima pasada, firmado por el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, de la capital de la entidad, se estableció que se habilitan los edificios contiguos al Centro de Reinserción Social El Hongo, los cuales dependerán directamente de éste, al cual, anexó copia certificada de dicha determinación. Resolución de la que se advierte que se dejó sin efectos el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se designaba el Centro de Reinserción Social El Hongo III, como centro especial para la ejecución de medidas especiales de vigilancia y seguridad y habilitó los edificios contiguos al Centro de Reinserción Social El Hongo, para depender directamente de éste y utilizarlas como áreas especiales varoniles para la ejecución de esas medidas. De ahí que se infiere que el Centro de Reinserción Social El Hongo III, ha dejado de existir como tal, y por lo tanto, el acto materia de reclamo consistente en el traslado del quejoso Ramón Rogelio Gómez Del Val, del Centro de Reinserción Social el Hongo I al primero en mención, no se trata de una orden de traslado propiamente dicha, sino de una reubicación de la persona privada de su libertad dentro del mismo complejo penitenciario (Centro de Reinserción Social El Hongo), ubicado en el kilómetro 94 de la carretera federal Tecate-Mexicali, en Tecate, Baja California. Razón por la que se estima cierto el acto consistente en la reubicación de módulo del impetrante dentro de dicho centro carcelario. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al respecto, es menester transcribir dicho numeral, que a la letra dice: En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio legal de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Del precepto legal invocado se advierte, que se considera improcedente el juicio de amparo, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Asimismo, prevé que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, para justificar la causa de improcedencia que nos ocupa, resulta necesario destacar que el Sistema Procesal Penal Acusatorio fue instaurado a nivel constitucional desde el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que derivado de ello, se estableció que habrían de crearse los ordenamientos legales necesarios, obviamente enfocados en desarrollar dicho sistema procesal, a fin de lograr su instrumentación. De igual forma, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue la primera norma secundaria que forma parte del Sistema Procesal Penal Acusatorio y procedió a desarrollarlo y que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es también, una norma que se sumó al mismo sistema procesal penal, pues así lo reconoce expresamente en el transitorio primero del Decreto que la expide. En el mismo que remarcó el Decreto de reforma a la Constitución Federal del año dos mil ocho, los transitorios de los Decretos de expedición de ambas normas secundarias -Tercero tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Nacional de Ejecución Penal-, reiteraron que su aplicación está enfocada a los procedimientos penales iniciados a partir de la entrada en vigor de la propia norma; los cuales, derivado de la instrucción Constitucional, harían de ser los substanciados de acuerdo con el sistema procesal penal acusatorio. Además, del artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierten también dos instrucciones concretas: 1. Que los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de dicha norma, continuarán con su sustanciación de acuerdo con la legislación que les era aplicable al inicio; y, 2. El deber de que se apliquen los "mecanismos de control jurisdiccional" previstos en esa Ley, a los procedimientos que estaban en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1° Constitucional. Esto último, sustenta la aplicabilidad de la ley en cuanto a las condiciones generales de reclusión y los mecanismos de control jurisdiccional no solo a asuntos tramitados posterior a su vigencia, sino también dentro de los procedimientos tramitados antes de su expedición, incluso los tramitados conforme al sistema procesal penal tradicional, directamente por los órganos jurisdiccionales que conocen de tales asuntos, pues se está en presencia de una adecuación sistemática y secuencial de normas transitorias para lograr la eficacia del sistema procesal penal acusatorio, dentro de la que no se deben soslayar los derechos humanos de las personas que por la vigencia de los sistemas procesales penales en sucesión, quedan sujetos a la culminación de los procedimientos que se les instruyen bajo las reglas del sistema tradicional; de modo que esa facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional o inquisitivo, para aplicar determinadas figuras jurídica del sistema procesal penal acusatorio -como los "mecanismos de control jurisdiccional" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal-, no altera las reglas de tramitación reguladas conforme al procedimiento penal tradicional. Lo anterior debido a que las cuestiones administrativas contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal se aplicaran en los centros penitenciarios para todas las personas privadas de la libertad; de ahí que, resulte necesario que todas tengan acceso a los mecanismos de control jurisdiccional. Precisada la vigencia y aplicabilidad de la citada ley, como se adelantó en el caso que nos ocupa se actualiza a causa de improcedencia aludida, ya que no se cumplió con el principio de definitividad. Esto es así, ya que por tratarse el acto materia de reclamo de situaciones de índole administrativo relacionadas con la reclusión del quejoso, y no propiamente que tengan que ver con la ejecución de la pena impuesta por autoridad judicial, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual incluso rige el actuar de las autoridades responsables penitenciarias, en su ámbito administrativo. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento prevista en los artículos 30 al 37 de la Ley de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9° de la citada legislación; por ende, lo relativo al acto reclamado en la reubicación de módulo de que se duele el quejoso, se ubica dentro de las mismas. De igual forma, la ley de ejecución menciona diversas autoridades penitenciarias que son de naturaleza administrativa, además se refiere al juez de ejecución y establece las facultades de cada una de ellas, así como los derechos y obligaciones de los reclusos. Bajo ese tenor, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo, los numerales 116 al 119, relativos a las controversias ante el juez de ejecución; del 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos; el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la libertad, y finalmente los numerales 74 y 76, referente a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinentes a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a) Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); b) Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); c) Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); d) Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); e) Recibir suministro de artículos de aseo diarios necesarios (artículo 9, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); f) Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); g) Efectuar peticiones o quejas por escritos, y , en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); h) Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal); i) Participar en la integración de plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI, de la Ley Nacional de Ejecución de Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente dispone que las peticiones referentes a la afectación de derecho de reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad-ante el Director del Centro en que se encuentran recluidos, en el entendido que el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad de reclusión; incluso la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de su libertad -cuando se lo soliciten-, a formular el escrito correspondiente. Asimismo, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Cabe destacar también que la citada ley, establece la forma en que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1) Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguiente, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2) En caso de prevención el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3) Una vez admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en su caso de que así procediera. 4) El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y noticiar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. De lo anterior, se advierte de forma clara la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, régimen de visitas, plan de actividades, vestimenta, entre otros. Asimismo, es preciso enfatizar que la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la mencionada legislación dispone, que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a. Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante hacer mención que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas, lo que incluso es un lapso menor al que corresponde a la tramitación de un juicio de amparo, en el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, dejarían sin materia la petición, como pudieran ser, a consideración de este Juzgado Federal, aquellas que refiera a hechos que incluso pudieran poner en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento grave o delicado; puesto que la citada Ley establece que tratándose de los casos urgentes, la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, lo que implica inclusive tiempos de respuesta muy reducidos. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez de ejecución reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama, en lo que interesa, la reubicación de módulo de la que fue objeto dentro del mismo complejo penitenciario del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, esto es, el H1 A 105 al módulo 3 H3 D 106; actos que le atribuye al Director del centro penitenciario en que actualmente se encuentra recluido, así como al Subdirector, Comandante y Comité Técnico Interdisciplinario del mismo; por lo que, es inconcuso, que respecto a dichos acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal -que actualmente está siendo aplicada por la autoridad penitenciaria-, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el cual es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de dicho ordenamiento e independientemente de la naturaleza del sistema procesal penal que motivó la detención de la persona privada de la libertad -tradicional o acusatorio-. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Por tal motivo, se estima que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad tienen a su alcance un procedimiento administrativo e incluso uno diverso jurisdiccional en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, tanto para cuestiones urgentes como para las que no lo son, por lo que es inconcuso que los actos que por esta vía pretende combatir la parte quejosa, no les reviste el carácter de imposible reparación, pues lo que lo en su caso pudiera constituir como tal, sería la decisión final que se emita una vez agotado el procedimiento o controversia jurisdiccional. Por otro lado, cabe destacar que dicho acto materia del presente considerando, no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se actualiza alguna de las hipótesis en las cuales no sería exigible agotar previamente los recursos o medios ordinarios de defensa, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal sí prevé la suspensión mediante la interposición del medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Tampoco se está en el supuesto de que se reclamen violaciones directas a la Constitución o que en su caso el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal -petición administrativa contenida en el numeral 107 o en su caso la controversia ante el juez de ejecución prevista en el tercero párrafo del numeral 114, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal-, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita. En ese contexto, este juzgador no pasa inadvertido que las referencias que se hacen en la citada legislación al Juez de Control o Juez de Ejecución, no son limitativas para asuntos tramitados conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, sino que -se insiste- de acuerdo al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte el deber de que se apliquen los "mecanismos de control jurisdiccional" previstos en esa Ley, a los procedimientos que estaban en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1º Constitucional; esto último, sustenta la aplicabilidad de la ley no solo a asuntos tramitados posterior a su vigencia, en cuanto a condiciones de internamiento y la posibilidad de que un juez revise lo resuelto por la autoridad penitenciaria, sino también dentro de los procedimientos tramitados antes de su expedición, es decir, incluso los tramitados conforme al sistema procesal penal tradicional. Lo anterior es así, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a todas las personas privadas de la libertad en cuanto regula las condiciones de internamiento, de manera que no sería viable jurídica ni materialmente aplicarla solo a un sector de la población del centro de reclusión. De ahí que si bien los recursos o controversias judiciales ahí previstas, están redactadas en términos aplicables al nuevo sistema de justicia penal, lo cierto es que el artículo tercero transitorio obliga a los jueces que tramitan los procedimientos derivados del sistema penal tradicional a aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en el citado ordenamiento legal. Por tanto, el disidente se encontraba facultado para plantear la petición administrativa que nos ocupa ante la Dirección General de su centro de reclusión, y en el caso de las acciones y recursos judiciales plantear el medio ordinario de defensa ante el Juez del procedimiento respectivo, ya sea de corte acusatorio o del sistema tradicional, en términos de lo dispuesto en los Acuerdos Generales 22/2011, 23/2011, 2/2012, 28/2015 y 7/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que contemplan, respectivamente, las diversas hipótesis de competencias de los Jueces de ambos sistemas procesales. De ahí que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, pues conforme al mismo, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio XVI.1º.P.14 P (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito , que se titula: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN." Así como la diversa XVI.1º.P. 17 P (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Décimo Sexto Circuito, cuyo rubro es: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Dada la naturaleza del sobreseimiento decretado, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Apoyo lo anterior, el criterio jurisprudencial que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No pasan inadvertidos los alegatos formulados por el representante del quejoso; sin embargo, al no formar parte de la litis, no es obligatorio su estudio. Criterio que ha sido sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como deriva de la jurisprudencia publicada con el número 1315, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, página 1480, aplicable al caso por identidad jurídica substancial, que dice en su título: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Determinación a la que se arriba y que de manera alguna irroga perjuicio al derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder ante los órganos correspondientes. Luego, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de las pretensiones de las partes que promueven un determinado juicio de amparo no constituye, en sí mismo, una violación al principio pro persona o pro homine contemplado en el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, brindar una protección más amplia a las personas cuyo ámbito de protección deberá interpretarse conforme a las normas relativas a derechos humanos a la luz de nuestro texto Constitucional y los tratados internacionales en que el estado mexicano sea parte, favoreciéndolos en todo momento, ya que en todo procedimiento llevado ante las autoridades competentes existen ciertos requisitos de procedencia en el orden interno de los Estados en el que se deben ciertas garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2012 , que dice lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, cobra aplicación por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 22/2014 , que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 781/2018, promovido por Ramón Rogelio Gómez Del Val, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución.

  4. Principal

    Defensor formula alegatos.

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