Oscar Cruz Ruiz

Expediente 494/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Oscar Cruz Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, para que la parte quejosa recurriera el auto de siete de junio de dos mil veintidós, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente y, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...)

  2. Principal

    MESA IV. Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia [...] En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo presentada carece de firma autógrafa del promovente, pues incluso, se destaca que en la papeleta que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se anotó lo siguiente "Cuenta con firma: No". En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Por tanto, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo [...] Máxime, la firma del promovente es un signo gráfico con los que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma constituye un requisito esencial para dar validez a un documento, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve. En tales condiciones al no existir en la demanda firma autógrafa de la persona que la promueve, o bien de aquella quien se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. [...] embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que el promovente, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, no se ubican dentro de los supuestos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales), mucho menos que el afectado en sus intereses jurídicos, se encuentre imposibilitado para plasmar su firma autógrafa en el escrito de demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que se advierte que el acto reclamado en esta instancia consistente en: ? Auto de vinculación a proceso, emitido el catorce de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 002/0661/2022. Lo que se asevera en virtud, de que dicho acto no se trata de una acción emitida fuera de procedimiento; por lo que se itera, no encuadra en las hipótesis del mencionado precepto 15 de la Ley de Amparo o el diverso 22 Constitucional. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada, carezca de la firma autógrafa del promovente, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Por lo que se estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113 del ordenamiento legal citado, por ende, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida por ****, al actualizarse una causal manifiesta e indudable de improcedencia. [...] En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, ****, *** y ****, en virtud de que cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; en tanto que a las restantes personas que refiere, de conformidad con el numeral 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento, en virtud que no cuentan con el registro de sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. [...]

  3. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por OSCAR CRUZ RUIZ, contra acto de la "Dra. ******* Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número NUEVE" y otra autoridad. RADICACIÓN Por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 494/2022. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo presentada carece de firma autógrafa del promovente ********, pues incluso, se destaca que en la papeleta que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se anotó lo siguiente "Cuenta con firma: No". En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Por tanto, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Máxime, la firma del promovente es un signo gráfico con los que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma constituye un requisito esencial para dar validez a un documento, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve. En tales condiciones al no existir en la demanda firma autógrafa de la persona que la promueve, o bien de aquella quien se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, por los motivos que lo exponen, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, que dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Así, como por las razones que contiene el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 115-120, Sexta Parte, con número de registro 252200, que dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz". No se soslaya que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que *******, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, no se ubican dentro de los supuestos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales), mucho menos que el afectado en sus intereses jurídicos, se encuentre imposibilitado para plasmar su firma autógrafa en el escrito de demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que se advierte que el acto reclamado en esta instancia consistente en: ? Auto de vinculación a proceso, emitido el catorce de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ******. Lo que se asevera en virtud, de que dicho acto no se trata de una acción emitida fuera de procedimiento; por lo que se itera, no encuadra en las hipótesis del mencionado precepto 15 de la Ley de Amparo o el diverso 22 Constitucional. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada, carezca de la firma autógrafa del promovente, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Por lo que se estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113 del ordenamiento legal citado, por ende, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida por OSCAR CRUZ RUIZ, al actualizarse una causal manifiesta e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, ********, ********** y *********, en virtud de que cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; en tanto que a las restantes personas que refiere, de conformidad con el numeral 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento, en virtud que no cuentan con el registro de sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se autoriza a la parte quejosa, el acceso al expediente por el sistema electrónico estableciendo para tal efecto, con el nombre de usuario que indica. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020 se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, por lo que, si las partes los indican, ténganse por señalados los correspondientes sin mayor proveído, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción, practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales, así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo."

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