Oscar Cruz Reyes
Expediente 1331/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 69 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 69
- Última actuación
- 12/01/2021
Partes del expediente
- Oscar Cruz Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 69.
- Principal
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en su carácter de delegado de las autoridades señaladas como responsables, como solicita, expídase la copia certificada de lo que solicita, se ordena remitirle mediante oficio... Sin que obste que la autoridad oficiante no es parte en el presente procedimiento, sin embargo, alega que le son necesarias para integrar debidamente una carpeta de investigación...
- Principal
Expídanse copias certificadas de lo que indica a la parte quejosa, autorizando para recibirlas a las personas que propone para tal efecto,... en el entendido que el costo del fotocopiado será a su cargo. Hágase del conocimiento que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando desde las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos; por tanto, las copias que se generen están sujetas a la disposición del personal del fotocopiado, es decir, se encuentran disponibles hasta las quince horas, por lo que la interesada deberá prever esa situación a fin de generar su cita en una hora oportuna...
- Incidental
Notifíquese personalmente. COMO LO ORDENA EL ACUERDO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE.- Zapopan, Jalisco, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. V I S T O S, para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión admitido en proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 197), promovido por el quejoso Óscar Cruz Reyes, dentro de los autos del incidente de suspensión que derivó del juicio de amparo número 1331/2018, y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Óscar Cruz Reyes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos que reclama a las autoridades que denominó: 1. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco. 2. Subdelegado Administrativo de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco. 3. Director General adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 5, 14, 16, 17, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 33 a 38), se admitió la demanda que dio origen al juicio de amparo 1331/2018, data en la que se dio trámite al incidente de suspensión en que se resuelve; se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables para que remitieran su informe previo; se citó a las partes a la audiencia incidental correspondiente, la cual se llevó a cabo el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y, se emitió la resolución que resolvió lo conducente respecto de la suspensión definitiva (fojas 57 a 60). En dicha resolución se negó parcialmente la medida cautelar solicitada, pues en parte, se concluyó que resultaron inexistentes los actos reclamados al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, mientras que en otra, se determinó conceder la suspensión definitiva respecto de los actos restantes, atribuidos al Delegado en el Estado de Jalisco, al Subdelegado Administrativo en el Estado de Jalisco y al Director General Adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos, todos de la Procuraduría General de la República. TERCERO. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, a las once horas con treinta y siete minutos, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el quejoso Óscar Cruz Reyes, promovió incidente de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión (fojas 195 y 196). CUARTO. El referido incidente fue admitido mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 197); en esa misma fecha, se ordenó la notificación a las partes respecto de su admisión y se fijó data para el desahogo de la audiencia de alegatos relativa, ello con el objeto de que pudieran acudir a la misma y tuvieran la participación que conforme la ley les permite, la que fue celebrada el veintidós de abril pasado, según se advierte del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 206 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del incidente de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida por este tribunal federal en la tramitación del incidente previsto por los numerales 125 y 128 de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 1331/2018, del índice de este juzgado. SEGUNDO. Sentado lo anterior se tiene que por escrito presentado en Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado a este juzgado federal, Óscar Cruz Reyes, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra las siguientes autoridades: 1. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco. 2. Subdelegado Administrativo de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco. 3. Director General adjunto de relaciones laborales y apoyo jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco. Por los actos que hizo consistir esencialmente en: La orden verbal o escrita, así como la ejecución de esta, que tenga por objeto privar al quejoso de su salario y demás prestaciones que le corresponden como Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Estatal en Jalisco, de la Procuraduría General de la República. En la resolución interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de suspensión que nos ocupa, se determinó conceder a la parte quejosa la suspensión definitiva, para los efectos que a continuación se indican: "(.) Se le siga pagando el sueldo y las prestaciones laborales relativas al cargo que desempeña hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo que nos ocupa. (.) Sin embargo, la suspensión concedida, dejará de surtir efectos si los motivos de descuento, suspensión o ajuste, provienen de incurrir en una sanción administrativa, legal o por cualquier motivo imputable al quejoso. Es decir la presente medida no lo exime de cumplir con sus obligaciones laborales que la ley establece para los agentes del ministerio público adscritos a la Procuraduría General de la República. (.)" TERCERO. Previo al análisis del incidente que nos ocupa, es necesario establecer que la consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo, y si no lo hacen, sus actos constituyen desobediencia a la suspensión, pues los alcances de esta son impedir toda actuación de las autoridades responsables, para ejecutar el acto que se reclama. Por otro lado, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y de ser jurídica y materialmente posible, el efecto de la suspensión podrá ser para que la autoridad responsable restablezca al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De ahí que, siendo tan fundamental al proceso de amparo la suspensión del acto reclamado, la Ley de Amparo se muestra exigente en el respeto que se debe al auto de suspensión. Con el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, se evita que quede impune la desobediencia a un mandato del juzgador federal, en tanto que tal medio de defensa constituye un medio procesal establecido por el legislador con el propósito de que las resoluciones dictadas en materia de suspensión no sean burladas por las autoridades encargadas de su ejecución, además de que persiste el interés en que esa clase de resoluciones no se desacaten y de que esa desobediencia sea sancionada. En ese sentido, la finalidad del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, es evidenciar si existió o no violación a la medida cautelar. Por tanto, la consecuencia de que se declare fundado un incidente de este tipo, es volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión, si la naturaleza del acto lo permite y, en el caso de persistencia de la autoridad responsable, determinar si existe alguna responsabilidad en que pudiera incurrir la autoridad que desacató la suspensión. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que cuando en un juicio de amparo el órgano de control constitucional concede la suspensión del acto reclamado, dicho juzgador tiene la obligación de notificar esa determinación a la autoridad responsable, a fin de que dicha autoridad, se abstenga de ejecutar los actos reclamados o, en su caso, realice aquellos necesarios para dar cumplimiento a la suspensión ordenada. Así, de estimar las partes que la autoridad responsable incumplió con la suspensión decretada, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 206 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de realizar el trámite legal, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha suspensión fue respetada, o en su caso si la responsable incurrió en excesos o defectos, pronunciándose al respecto. Pronunciamiento en el que necesariamente se encuentra constreñido a tener en cuenta los términos en que se concedió la suspensión, a fin de efectuar un examen suficientemente razonado acerca del por qué considera si se incurrió en exceso o defecto o no. Se estima que existe exceso en el cumplimiento de la suspensión otorgada, cuando la responsable no se ajusta al lineamiento exacto de la resolución, que le impedía hacer algo, y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance; por otra parte, se considera existe defecto en su cumplimiento, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad o en parte lo ordenado en la resolución interlocutoria. Los requisitos de procedencia que ha establecido la doctrina son: 1. La existencia de un acuerdo suspensional; y, 2. Una conducta de las autoridades responsables, que contraviene la suspensión decretada, lo que implica un nexo causal directo entre el acto reclamado y el que se estima violatorio de la suspensión. En lo conducente, es aplicable por identidad de razón, el criterio contenido en la tesis sustentada por lo Tercer Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 562, del tomo XIII, mayo de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, REQUISITOS QUE PREVIAMENTE DEBEN ESTAR SATISFECHOS, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA. Para determinar la existencia de la violación a la suspensión, es necesario tener como requisitos previos los siguientes: que se haya concedido la suspensión con o sin garantía; que en caso de que se haya otorgado dicha suspensión previa garantía, la parte quejosa deberá cubrirla en el término de cinco días tal como lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo, para que siga surtiendo sus efectos; y, por último, el juez de Distrito deberá comunicar a las responsables que la suspensión sigue surtiendo efectos con base en que la parte quejosa cubrió la garantía. Luego, el juez de Distrito, para emitir la resolución en la que estima que sí hubo violación a la suspensión concedida previa garantía, debe verificar si están o no satisfechos los anteriores requisitos y por ende, comprobar si la suspensión siguió surtiendo sus efectos una vez que transcurrieron los cinco días que tenía el quejoso para cubrir con el requisito de la garantía". Lo que se persigue con el incidente de referencia es mantener la operatividad y eficacia de la interlocutoria cautelar que ordena la suspensión; y en caso de que fuera violada por las autoridades, se deberán restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión. Esta figura jurídica esta prevista en los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. [.] Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.". "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.". Asimismo, sobre este tema cabe denotar que en la mayoría de los casos la obligación que surge para la autoridad responsable es de abstención, esto es, de no hacer, de no persistir en llevar a cabo las consecuencias del acto reclamado; sin embargo, en otros casos, la obligación apuntada, constituye un hacer. Ahora bien, respecto al incumplimiento a la suspensión decretada debe decirse que para que pueda determinarse ésta es indispensable que se evidencie lo siguiente: a) Que la medida cautelar sea concedida por órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgue y decide surta efectos, se notifique a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteren de su existencia. c) Que en fecha posterior a aquella en que haya surtido efectos la suspensión y, encontrándose vigente ésta, se hayan ejecutado los actos reclamados materia de la suspensión, o no se realice la conducta ordenada. En la especie, el quejoso sostiene que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la medida cautelar que le fue concedida, en virtud de que no ha realizado la totalidad de pagos que le corresponden como Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación en Jalisco, de la Procuraduría General de la República. Dicha suspensión, se reitera, le fue concedida para los siguientes efectos: "(.) Se le siga pagando el sueldo y las prestaciones laborales relativas al cargo que desempeña hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo que nos ocupa. (.) Sin embargo, la suspensión concedida, dejará de surtir efectos si los motivos de descuento, suspensión o ajuste, provienen de incurrir en una sanción administrativa, legal o por cualquier motivo imputable al quejoso. Es decir la presente medida no lo exime de cumplir con sus obligaciones laborales que la ley establece para los agentes del ministerio público adscritos a la Procuraduría General de la República. (.)" Es decir, a efecto de que se continuara erogando al quejoso su salario y demás prestaciones que le correspondían como Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación en Jalisco, de la Procuraduría General de la República, de manera íntegra, siempre y cuando no existiera una diversa causa legal que ameritara lo contrario, hasta en tanto se resolviera en definitiva, el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. No obstante, cabe señalar que el quejoso, en virtud de diversas licencias médicas que le fueron otorgadas, se ubicó en la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales Para los Trabajadores del Estado, al haber obtenido licencias por incapacidad médica de cuarenta y cinco días que le fueron pagados de manera íntegra y otros cuarenta y cinco días que se le erogaron al cincuenta por ciento, lo cual se hizo constar en el oficio 3202-2018, así como en la cédula de aplicación de ajuste en nómina, por concepto de licencias médicas (fojas 203 a 205). El artículo citado dispone en la parte que para este asunto interesa, lo siguiente: "Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el Trabajador como la Dependencia o Entidad en que labore, darán aviso por escrito al Instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste. Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la Dependencia o Entidad en que labore, conforme a lo siguiente: (.) III. A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y (.) Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del Trabajador para desempeñar su labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera licencia médica. Durante la licencia sin goce de sueldo el Instituto, con cargo a la Reserva correspondiente del seguro de salud, cubrirá al Trabajador un subsidio en dinero equivalente al cincuenta por ciento del Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir la incapacidad" Dicho numeral establece los lineamientos que rigen los supuestos de licencias por incapacidad de los trabajadores al servicio del Estado, pues precisa en primer término que cuando una enfermedad imposibilite al trabajador el desempeño de sus labores, tendrá derecho a que se le otorgue una licencia con goce de sueldo, o con medio sueldo, según el caso y conforme a las propias bases que establece, considerando el tiempo de servicios prestados que tenga el trabajador. En una de esas bases, se establece que cuando el trabajador tenga de cinco a diez años de servicios, como lo es el supuesto en el que se encuentra el quejoso, según información contenida en la cédula de aplicación de ajuste por nómina, por concepto de licencias médicas (foja 205), se concederán hasta cuarenta y cinco días de licencia con goce de sueldo íntegro y cuarenta y cinco días más con medio sueldo. Además, añade que para todos los supuestos, con independencia de la temporalidad de servicios prestados por el trabajador, una vez concluido el segundo periodo, correspondiente al de la licencia otorgada con sueldo medio, si continúa el motivo de la incapacidad, se otorgarán al trabajador las subsecuentes licencias sin goce de sueldo. Sentado lo anterior, en la especie, es evidente que a partir del seis de junio de dos mil dieciocho, no sería posible que se ordenara el pago del sueldo al quejoso, ni de manera íntegra, ni al cincuenta por ciento, pues desde esa fecha feneció el término que concede la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de Estado, a efecto de que los trabajadores gocen licencia por incapacidad médica con goce de sueldo, por lo que los periodos posteriores a dicha data, no deberán ser tomados en cuenta para calificar si existió o no defecto en el cumplimiento de la suspensión. Lo que es así, pues es posible advertir que los primeros cuarenta y cinco días de licencia con goce de sueldo íntegro, transcurrieron del ocho de marzo de dos mil dieciocho, al veintiuno de abril siguiente; que los subsecuentes cuarenta y cinco días de licencia fueron con goce de sueldo medio, a partir del veintidós de abril de este año, al cinco de junio siguiente; por lo que las licencias médicas posteriores a ese término, debieron concedérsele sin goce de sueldo. Cabe precisar que lo anterior fue materia de análisis al momento de emitir la diversa resolución que resolvió el incidente de revocación a la suspensión definitiva, misma que, bajo esos argumentos, determinó revocar la suspensión que se le había concedido a la parte quejosa, el doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 537 a 550). En dicha resolución se determinó que en el caso actualizó el supuesto previsto por el artículo 37, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales Para los Trabajadores de Estado, tal como lo adujeron las autoridades responsables y según lo precisaron en el oficio 3202/2018 (foja 203), signado por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, pues al haber transcurrido cuarenta y cinco días en los cuales el sueldo se le pagó el sueldo al cien por ciento, mas cuarenta y cinco en los que se le erogó al cincuenta por ciento, acorde a las limitantes establecidas en dicho numeral, no es posible que le sean remuneradas las subsecuentes licencias médicas. Por los motivos expuestos, en el caso únicamente procede verificar si durante el periodo comprendido a partir de la primera licencia médica concedida al quejoso y hasta en que se consumaron los cuarenta y cinco días de licencias médicas con goce de sueldo íntegro, más cuarenta y cinco días en base a medio sueldo, se cumplió o no con la medida cautelar que le fue concedida al impetrante de amparo; es decir, por lo que ve al periodo comprendido del ocho de marzo hasta el cinco de junio, ambos de dos mil dieciocho. Sentado lo anterior, se tiene que a fojas cincuenta y dos y cincuenta y tres de este incidente de suspensión obran copias certificadas de diversos comprobantes de pago de nómina a nombre del quejoso, los cuales corresponden a diversas quincenas y de entre las cuales se encuentra la relativa al periodo comprendido del uno al quince de marzo de dos mil dieciocho; con lo cual queda acreditado el pago íntegro al quejoso de esa quincena, pues las aludidas documentales gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, a través de los escritos presentados el trece de julio de dos mil dieciocho y el treinta de agosto siguiente, en la oficialía de partes de este juzgado, el quejoso manifestó que las autoridades responsables le entregaron dos cheques, números 0022925 y 0023847, ambos de la institución bancaria HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero HSBC, sin embargo, que las cantidades que le fueron erogadas a través de esos documentos no constituían la totalidad de las prestaciones que le debieron ser pagadas en virtud de que continuaba gozando de licencias médicas (fojas 75 a 77 y 221 a 224) Para acreditar sus argumentos, el quejoso exhibió copias simples de dichos documentos mercantiles, de los cuales se aprecia que le fueron pagadas las cantidades de $55,485.63 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 63/100 moneda nacional) y $1,155.79 (mil ciento cincuenta y cinco pesos 79/100 moneda nacional), correspondientes a los periodos de dieciséis de marzo a tres de junio de dos mil dieciocho y relativos al tres y cuatro de junio siguientes. Las documentales exhibidas por el quejoso, al ser analizadas de manera armónica con los argumentos que expuso, en el sentido de que la autoridad responsable le entregó los valores mercantiles citados en los párrafos que preceden, según lo establecen los artículos 197, 198, 199, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gozan de eficacia probatoria suficiente para acreditar que le fueron pagados sus emolumentos correspondientes al periodo que comprende del dieciséis de marzo al cinco de junio de dos mil dieciocho. Expuesto lo anterior, se puede concluir que las responsables sí dieron cabal cumplimiento a la medida cautelar concedida en el presente incidente de suspensión, pues de las actuaciones que integran este incidente se aprecia que dichas autoridades erogaron al quejoso el sueldo que le correspondía desde el momento en que fue decretada la suspensión definitiva y más aún, desde la data en que el quejoso comenzó a gozar de las licencias médicas que le fueron concedidas a su favor, hasta el momento en que se le debieron de haber pagado en términos del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ante ese panorama, es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, pues no era posible que se continuara pagando al quejoso su sueldo derivado de las subsecuentes licencias médicas que le fueron otorgadas, al haberse ubicado en la hipótesis prevista por el artículo 37, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello, pues a partir de ese momento, acorde a lo establecido en el último párrafo del referido precepto legal, no es posible que le sean concedidas licencias médicas con goce de sueldo, al haber transcurrido cuarenta y cinco días que se le otorgaron en base al sueldo íntegro y cuarenta y cinco días posteriores, que se le erogaron a medio sueldo. Máxime que por ese motivo, mediante resolución de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 537 a 550), se determinó revocar la suspensión definitiva concedida al quejoso y negar la suspensión del acto reclamado. No sobra añadir que estimar lo contrario, es decir, que es procedente que se concedan al quejoso las posteriores licencias médicas con goce de sueldo, después de habérsele concedido cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro y otro tanto igual a sueldo medio, se le concederían derechos que no se encuentran previstos por el orden legal, lo cual no es permisible, pues de ser así, podrían utilizarse las resoluciones emitidas en los juicios de amparo o en su incidente, como en el caso, como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público. Tiene aplicación al respecto y por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 184/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." Lo anterior es así, pues se itera, el artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, es categórico al establecer que una vez que se haya concedido al trabajador la licencia con goce de sueldo medio, después de haber gozado de diversa con sueldo íntegro, las subsecuentes licencias que le sean concedidas por incapacidad por enfermedad, le deberán ser otorgadas sin goce de sueldo. Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 128, 130, 138 y 154 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión hecho valer por Óscar Cruz Reyes, según las consideraciones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, once de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del incidente de suspensión que nos ocupa y copia certificada del testimonio de la resolución dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en autos del recurso de revisión incidental 460/2018 de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. La superioridad resolvió el toca de revisión incidental 105/2018, en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión incidental". Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el comunicado telegráfico que envía el delegado de la Fiscalía General de la República, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito en auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 213), rinde su informe relativo al incidente de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, de conformidad con el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo. No ha lugar a admitir las pruebas que ofrece, tomando en consideración que no fueron acompañadas a su ocurso Con lo anterior, dese vista a las partes en términos del precepto 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se impongan de su contenido, en la inteligencia de que dar vista significa que los autos quedan a su disposición en la Secretaría de este juzgado.
Quedan 65 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes
- Oscar Cadena Estrada1521/2022
- Oscar Canal López1073/2018
- Óscar Casillas Espinoza919/2018
- Óscar Cazares Morales242/2023
- Oscar Cazares Morales2203/2023
- Oscar Chávez Rodríguez2056/2019
- Oscar Daniel Carbajal Torres3608/2017
- Oscar Daniel López Martínez56/2022
- Oscar Daniel Rodríguez Mercado1502/2018
- Oscar Daniel Sanchez Diaz938/2022
- Óscar David Rojas Guerrero644/2023
- Oscar Davila López330/2022