Oscar Chavez Pombo
Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Chavez Pombo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
MESA ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de treinta de octubre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 642/2020. (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De una lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente, la inconstitucionalidad del artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en su carácter de ley autoaplicativa. TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la adición del artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, la cual fue adicionada mediante decreto mil seiscientos nueve de cinco de agosto de dos mil veinte y publicado el cuatro de septiembre de este año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. En consecuencia, se tiene por cierto el acto atribuido a la citada autoridad; aunado a que la existencia del precepto impugnado no es materia de prueba, pues constituye un hecho notorio la aprobación y promulgación del citado numeral 20 Bis. Es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince del volumen sesenta y cinco, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, registro 233090, que a continuación se transcribe. "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, respecto a que la sola entrada en vigor de la norma impugnada genera un perjuicio a la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico, relacionada con los artículos 5º y 6º de dicho ordenamiento legal. En efecto, los artículos 5, 6 y 61, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Por su parte, los artículos 107, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..." El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que se refiere a la titularidad de los derechos afectados con la ley o el acto reclamado, de manera que solo el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona, por lo que, el solicitante de la protección constitucional debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que es titular del derecho que la ley o el acto de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio, es decir, del derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, mismo que le causa un daño, perjuicio o menoscabo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sobre el tema, el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente señala que todas las controversias a que se refiere el artículo 103 de la misma ley suprema, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, entre otras, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Asimismo, el artículo 6° de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por cualquier otra persona en los casos previstos en la citada ley, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un causa criminal; y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. De lo anterior se colige que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona titular de un derecho respecto del cual resiente un perjuicio, daño o menoscabo, es decir, sobre sí o sobre su patrimonio, por lo que, el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En esas condiciones, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado se requiere que éste acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que, corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables, como así lo ilustra la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo VI, registro 394277, del texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Ahora, la parte quejosa reclama concretamente, en su carácter autoaplicativo, el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, numeral que dispone: "Artículo 20 Bis. Para eliminar las formas de mal nutrición de niñas, niños y adolescentes, se prohíben las siguientes actividades: I. La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado; II. La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior; y III. La venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendidoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior. Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico señalados en las fracciones anteriores serán aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme la Norma Oficial Mexicana correspondiente. La aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta disposición estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, quien podrá coordinarse con las autoridades e instancias correspondientes. Quedan exentas de esta prohibiciones madres, padres o tutores legales, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos por los menores de edad. La infracción a lo establecido en el presente artículo será sancionado en términos de la presente Ley, y en lo no previsto, conforme a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Los propietarios o encargados de los establecimientos en donde se vendas o suministran bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, en ningún caso y de ninguna forma los venderán o suministrarán a menores de edad, ya que de hacerlo, se harán acreedores a las sancione administrativas previstas en la presente Ley, y en lo no previsto, conforme a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca". Como se observa, efectivamente, como lo asevera la parte quejosa, la norma tiene carácter de autoaplicativa, pues basta que se distribuya, venda, regale o suministre bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, en el Estado de Oaxaca, para ser sujeto de regulación por el artículo que se tilda de inconstitucional. Se puntualiza que las bebidas y alimentos de alto contenido calórico serán aquellas que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente. En el caso, de la copia certificada del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, se advierte que esos máximos serán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. COMPOSICIÓN. ESPECIFICACIONES NUTRIMENTALES, y la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051), sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Sobre este aspecto, la parte quejosa, para demostrar que se ubica en la hipótesis normativa que prevé el artículo que señala como inconstitucional, aportó, anexa a su demanda de amparo: 1. Copia certificada de la cédula de actualización al padrón fiscal municipal de control norma dos mil veinte, expedida por la Subidrectora de Ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a favor de Óscar Chavez Pombo, para el funcionamiento de un establecimiento ubicado en la calle Francisco Javier Mina doscientos doce, colonia Centro, denominado "Molinos y Chocolates La Soledad", cuyo giro es el molino de producto alimenticios y venta de chocolate, café y mole, moliendas en general. Documento que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a que es una copia emitida por un notario público, por lo que constituye un documento público que adquiere el valor probatorio concedido. Lo que tiene apoyo además en la jurisprudencia doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, que a continuación se transcribe. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." 2. Copia simple de la credencial para votar expedida a favor de Óscar Chavez Pombo. Constancias a las que se otorga valor probatorio indiciario, de conformidad con lo establecido por los artículos 133, 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una copia fotostática de la cual no se puso en duda su exactitud, sin que con ello sea suficiente para justificar el hecho que se pretende acreditar, pues la reproducción fotostática del documento, da la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal del documento que se pretende hacer parecer. Esto es, los documentos privados que consisten en copias simples o fotostáticas, son reproducciones o imitaciones fotográficas obtenidas de otro documento, las cuales no son originales y carecen de certificación por funcionario que dé fe que efectivamente coinciden con los documentos de las que fueron obtenidas, por esa razón es que en ese proceso son susceptibles de ser alterados o modificados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página ciento veintisiete del tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro 192109, de rubro y texto. "COPIA FOTOSTÁTICA SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. "La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el sólo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Sin embargo, ello no demuestra, de manera fehaciente, que efectivamente, los productos que oferta en su establecimiento, exceden los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, bienes y servicios. Composición. Especificaciones nutrimentales; y la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051), sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados; pues no basta que la norma sea autoaplicativa, sino que es necesario aportar la prueba pericial correspondiente, lo que en el particular, no se hizo, e impide a este tribunal determinar si la norma afecta a la parte quejosa, al no poder dilucidar si los productos que oferta exceden o no los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, ya relatados. Así, al no quedar demostrado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y en consecuencia, procede SOBRESEER en el juicio por actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en cuanto a que la parte quejosa no demostró de manera fehaciente que la sola vigencia de la norma afecte sus derechos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación a página doscientos sesenta y siete del tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, materia común, registro 206527, que enseguida se cita. "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". También es aplicable por la razones que la conforman la jurisprudencia 1a./J. 10/99, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página treinta y cuatro del tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, materia administrativa, registro 194416, que a continuación se transcribe. "SEGUROS. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMÓ LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, ES AUTOAPLICATIVO Y EXIGE DEMOSTRARSE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO. El artículo sexto transitorio del decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de enero de mil novecientos noventa y siete, que se refiere a las disposiciones aplicables a los procedimientos derivados de reclamaciones en trámite contra una institución o sociedad mutualista de seguros, que se hubieren iniciado, con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones reformadas de la ley en cuestión, es una norma autoaplicativa, en virtud de que no establece requisito o condición alguna para su aplicación, imponiendo una obligación de hacer a los sujetos de esta norma, consistente en que todos los procedimientos en trámite de reclamaciones se regirán por las disposiciones vigentes en el momento en que se presentaron; sin embargo, para que proceda el amparo debe acreditarse la afectación al interés jurídico, demostrándose que se está bajo la hipótesis del precepto". Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme a la jurisprudencia quinientos nueve, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cinco, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SEXTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por (.) , contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación. Notifíquese y cúmplase. INSERCION MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que al Actuario de este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa la sentencia de ocho de diciembre del año en curso, dado que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. En consecuencia, se instruye al Actuario llevador del expediente para que se constituya en la ... a efecto de notificar la resolución de ocho del mes actual, lo anterior, dado que es el domicilio señalado por la parte quejosa para recibir notificaciones. Notifíquese personalmente y cúmplase. LOS PRESENTES ACUERDOS DE 8 Y 21 DE DICIEMBRE SE NOTIFICARON A LA PARTE QUEJOSAÑ, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que al Actuario de este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa la sentencia de ocho de diciembre del año en curso, dado que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. En consecuencia, se instruye al Actuario llevador del expediente para que se constituya en la ... a efecto de notificar la resolución de ocho del mes actual, lo anterior, dado que es el domicilio señalado por la parte quejosa para recibir notificaciones. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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