Óscar César Herrera

Expediente 2160/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2160/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Óscar César Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al cual acompaña copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada el catorce de enero de dos mil veintiuno, dentro del toca de revisión 180/2020, relativo al juicio de amparo 2160/209-III-JL, mismo que también devuelve con 1 un Anexo, acúsese de recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el Tribunal de alzada, haciéndoles saber que el citado medio de impugnación fue resuelto bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oscar César Herrera, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y Comandante de la Policía Municipal de la ciudad con el mismo nombre, los cuales quedaron transcritos en el resultando primero de este fallo." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto; así como el cuaderno original del incidente de suspensión y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. DESTRUCCIÓN Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó en el juicio, sentido que confirmó el tribunal de alzada; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". DEPURACIÓN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones DUPLICADO DE INCIDENTE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, devuélvanse al Juez Segundo de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, las constancias que remitió como justificación de su informe (Anexo 1), para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual informa que por auto de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en el recurso de revisión R-180/2020, dicho órgano colegiado admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto el quejoso Óscar César Herrera, en contra de la sentencia emitida el veintiocho de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo en que se actúa, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante José Manuel Brodeli Vélez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    agréguese a sus autos el oficio de la Actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del toca R-180/2020, lo que se toma en consideración para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. 1 ORDEN DE TRAMITAR INCIDENTE Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2160/2019, promovido por Óscar César Herrera, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y otras autoridades. 2 PETICIÓN DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracciones II y III y 142, ambos de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción I, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la unidad de medida y actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 3 AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. 4 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional el siguiente: "IV- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable ORDENADORA, LA CIUDADANA JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, le reclamo LA ORDEN DE ARRESTO DE TREINTAY SEIS HORAS POR DESOBEDIENTE A UN MANDATO JUDICIAL, dicho acto reclamado fue ordenando mediante auto de fecha diez de diciembre del dos mil diecinueve, dictado dentro del JUICIO PRIVILEGIADO SOBRE GUARDAY CUSTODIA radicado bajo el expediente número 119/2014, de los del Juzgado Segundo de lo civil del distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, así como todas y cada una de sus consecuencias legales. De la autoridad responsable ejecutora, COMANDANTEDE LA POLICÍA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, le reclamo la posible ejecución de la orden de arresto del suscrito OSCARCESAR HERRERA, ordenada por la CIUDADANA JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, mediante auto de fecha diez de diciembre del dos mil diecinueve, dictado dentro del JUICIO PRIVILEGIADO SOBRE GUARDA Y CUSTODIA radicado bajo el expediente número 119/2014, de los del Juzgado Segundo de lo civil del distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, así como todas y cada una de sus consecuencias legales." Esto es, Óscar César Herrera se duelen de la orden de arresto emitida el diez de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en los autos del juicio de guarda y custodia 119/2014. Precisado lo anterior, debe decirse que atento a que se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 127 fracción II y 128 de la Ley de Amparo, esto es, que de consumarse el acto reclamado haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado y que la suspensión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de negarse la suspensión, podrían ocasionarse daños de difícil reparación, se concede la suspensión provisional, para que no se afecte en su libertad personal al quejoso Óscar César Herrera, con motivo de la orden de arresto emitida por el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en los autos del juicio de guarda y custodia 119/2014. Cabe indicar que si la orden de arresto reclamada fue emitida por autoridades distintas a la señalada como responsable ordenadora, esta suspensión no surte efecto alguno y los actos reclamados podrán ser ejecutados sin responsabilidad alguna por parte de las autoridades no señaladas como responsables, ya que la suspensión provisional otorgada no suspende actos diversos a los reclamados. Por otra parte, la suspensión concedida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa incumple con las medidas de aseguramiento impuestas, quedado expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución del acto reclamado. 5 REQUISITOS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA Esta suspensión provisional surte sus efectos, pero dejará de hacerlo si el quejoso no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este auto, en cualquiera de las formas legales, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con la concesión de esta medida pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132, de la Ley de Amparo y 107, fracción X, constitucional. En la inteligencia que la cantidad se fijó, tomando en consideración el parámetro objetivo, consistente en los indicadores estadísticos judiciales relativos al tiempo promedio de duración de los amparos indirectos y su revisión en el Sexto Circuito (8.67 meses). Siendo este plazo adecuado y suficiente, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso, la naturaleza de las violaciones reclamadas, las características intrínsecas del asunto (como lo es el grado de dificultad y/o complejidad de los temas involucrados y si son novedosos o no). En ese tenor, se estima que el monto de la garantía se considera asequible y no exorbitante o desmesurada, para el alcance del quejoso, atendiendo a que no existen pruebas que demuestren lo contrario. Lo anterior, en atención a la tesis 1a./J. 46/2012, de la Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 363, del rubro siguiente: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN". En ese sentido, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, los depósitos en dinero o en valores podrán efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley, tal y como lo establecen los artículos 877 y 878, último párrafo del citado Acuerdo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 190250, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 200,1 página 1722que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA GARANTÍA DEBE CONSIDERARSE EL TÉRMINO DE SEIS MESES COMO EL TIEMPO PROBABLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 299, visible en la página 858, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, consideró el término de un año como el tiempo probable para la resolución de un amparo directo; sin embargo, para razonar en tal sentido, tomó en cuenta las circunstancias que eran inherentes a tal cuerpo colegiado en el tiempo en que formó ese criterio, las cuales estaban constituidas, básicamente, por el número de juicios de amparo y recursos en trámite ante ella, así como por la posibilidad que había de resolverlos. Ahora bien, en la actualidad esas circunstancias variaron, porque en Jalisco hay un número determinado de Tribunales Colegiados en Materia Civil y Juzgados de Distrito en esa materia, que manejan, cada uno, un número menor de asuntos al que conocía el más Alto Tribunal del país. Por ende, resulta lógico inferir que el plazo que se debe estimar como probable para que se resuelva un juicio de amparo, es el de seis meses, con lo cual no se contraviene la jurisprudencia en cita, sino que se procede a su cabal observancia, pues su espíritu es el de imponer una garantía acorde a las circunstancias que, como ya se vio, pueden cambiar." En el entendido que, si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), de conformidad con el artículo 899, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; con la aclaración de que este Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera; igualmente, la parte que haga el depósito respectivo, en términos del artículo 883 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente que otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, el escrito mediante el cual se presente el billete de depósito correspondiente, deberá contener la autorización expresa. Ahora bien, si la garantía señalada se exhibe en póliza de fianza, la institución correspondiente deberá, en primer término, expedirla ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación; y en segundo, asentar que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el escrito por el que presente la citada garantía, deberá manifestar que se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 156 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por los diversos 2, fracción IX de la Ley de la Tesorería de la Federación, y 75 y 76 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. En la inteligencia que en cualquiera de las formas que la parte quejosa opte para exhibir su garantía, en esta deberá indicar el número del incidente de suspensión en el que se exhibe, si es para la suspensión provisional o en su caso la definitiva, cuando se trate de garantizar daños y perjuicios a tercero. Por otra parte, en caso de que los documentos descritos en los dos párrafos que anteceden adolezcan de las leyendas de mérito, queda a cargo de la parte quejosa la inserción de las mismas y no a cargo de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número LIII/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 48/98, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta." Así como, la jurisprudencia número III, 3° C. J/3, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, publicada en la página 746, del epígrafe y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." 6 NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADA Se ordena notificar la presente resolución incidental, de manera personal, a la tercero interesada Karina Cerón Damazo; esto, a través del despacho ordenado en los autos del expediente principal del que deriva este incidente, en aplicación de lo establecido por la tesis de jurisprudencia número 413/2000, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 11/96, publicada bajo el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." 7 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 8 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". 9 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 10 EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA En diverso aspecto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente y una copia simple de la misma. En cuanto a su solicitud para que se le expida copia certificada de la suspensión definitiva, dígasele que una vez que se dicte la misma, deberá realizar la petición respectiva. NOTIFÍQUESE.

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