Oscar Cendejas Leal

Expediente 952/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
952/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Oscar Cendejas Leal
  • Johana Guerrero Serna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-952/2020-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales aportadas por la autoridad responsable y por la parte quejoso. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales aportadas dentro del presente asunto, y dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por el asesor federal representante especial del menor C.S.C.G. y por la tercera interesada. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Oscar Cendejas Leal, por su propio derecho y en representación del menor C.S.C.G, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1º y 14 de la Constitución. Segundo. Trámite. En auto de quince de enero de dos mil veintiuno, este juzgado, admitió la demanda a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se reconoció el carácter de tercera interesada a Johana Guerrero Serna, de igual forma se designó al menor C.S.C.G un asesor jurídico; y, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue ejecutado dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Oscar Cendejas Leal, por su propio derecho y en representación del menor C.S.C.G reclamó de la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad: El proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar, sobre cambio de guarda, custodia, suspensión provisional de convivencia, pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, registrado bajo el número 906/2020, promovido por Johana Guerrero Serna, en contra de Oscar Cendejas Leal, por el que se ordenó la restitución del menor C.S.C.G. a su progenitora; así como su ejecución efectuada en diligencia de dieciséis del citado mes y año. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó, consistentes en copia certificada del juicio 906/2020, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En primer orden, debe decirse que tomando en consideración que en el asunto de que se trata, se encuentran involucrados los derechos del menor de iniciales C.S.C.G. -quien cuenta con tres años de edad-, al examinar la resolución reclamada, este Juzgado de Distrito atenderá en todo momento al interés superior del menor, tutelado en la Constitución Federal, en los diversos instrumentos internacionales de los cuales forma parte el Estado Mexicano y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, visible en la página: 167, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 175053, que dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. En ese orden, el quejoso argumenta esencialmente, que el Juez responsable al emitir la resolución reclamada, vulnera su esfera de derechos, en razón de que concedió una orden de restitución del menor C.S.C.G. en favor de su progenitora, sin respetar su derecho de audiencia; además, no obstante que en juicio diverso -oral familiar 1292/2020- previamente se había otorgado al peticionario la custodia del niño y que también se emitió una orden de restricción en contra de Johana Guerrero Serna. Argumentos que devienen infundados. Se dice de este modo, toda vez que el hecho de que no se conceda en favor del quejoso, el derecho de audiencia, previo a la restitución de la menor, no viola en su contra lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Es así, ya que a pesar de que el artículo 14 Constitucional establece como punto medular el derecho de audiencia previa a un acto privativo, no menos lo es que ello rige únicamente respecto de los actos privativos, los cuales, en sí mismos persiguen la privación, tienen existencia independiente y sus efectos son definitivos, no provisionales. Particularidades de que no goza el presente caso, que tiene origen en una medida cautelar, en la que se decretó la restitución del menor de iniciales C.S.C.G., cuyo objeto, es lograr la recuperación y el aseguramiento del infante, dado que conforme a lo dispuesto por los artículos 842 y 843, fracción IV, del Código Familiar de Michoacán, se desprende que: Se consideran como tales los trámites, diligencias y gestiones que se practiquen antes o durante la sustanciación de algún procedimiento familiar, encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia y surtirán efectos solo mientras dure el juicio. b) Se reconocen como medidas cautelares, entre otras, la restitución de menores. Por ende, como se anticipó, tratándose de la imposición de medidas cautelares, no rige la garantía de audiencia previa, por no constituir actos privativos; lo que fue interpretado así por el máximo tribunal del país, actuado en pleno, en la jurisprudencia número 21/98, publicada en el tomo VII, marzo de 1998, página 18, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Por otra parte, debe decirse que el impetrante del amparo parte de una premisa falsa, a saber, que previo a la emisión del acto reclamado, en el diverso juicio oral familiar 1292/2020- se le otorgó la custodia del menor C.S.C.G. Lo anterior es así, pues basta imponerse del contenido de los autos del citado juicio ordinario familiar oral, que promovió en contra de Johana Guerrero Serna, para poder advertir que en proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, se acordó entre otras cuestiones lo siguiente: "Guarda y custodia. En relación a la medida cautelar que solicita respecto a la guarda y custodia provisional del menor de iniciales C.S.C.G., se toma en consideración que el actor manifiesta que tiene bajo su guarda y custodia a su menor hijo, sin embargo, a fin de contar mayores elementos de prueba y tener más amplitud para resolver la medida cautelar de guarda y custodia del hijo, se resolverá hasta una vez que se haya contestado la demanda o en todo caso, haya transcurrido el término para dar contestación a la misma." Esto, es, la juez en dicho expediente, nunca otorgó al peticionario de amparo la guarda y custodia de su menor hijo, sino que, a efecto de contar con mayores elementos de prueba, señaló que resolvería lo conducente una vez que se contestara la demanda o transcurriera el término para tal efecto. En otro orden, en relación al argumento del quejoso en el sentido, de que la juez responsable al emitir el acto reclamado en el juicio oral familiar 906/2020, desconoció que previo a ello en el diverso juicio 1292/2020, se había emitido una orden de restricción en contra de la progenitora del menor Johana Guerrero Serna, debe decirse que también deviene infundado. Esto, porque la juez responsable para determinar la restitución del menor, tomó en consideración que se surtían los requisitos previstos por el artículo 874 del Código Familiar del Estado, se explica: El citado precepto legal es del tenor literal siguiente: "Artículo 874. Cuando se sustraiga de su residencia habitual, se traslade a otra o se retenga en un lugar diverso a aquella, de manera ilícita a un menor de edad, la persona, institución u organismo que ejerza individual o conjuntamente la custodia, guarda legal o convivencia, podrá solicitar a los órganos jurisdiccionales la restitución. Se entiende por sustracción, traslado o retención ilícita, cuando se afecten los derechos de custodia, guarda legal o de convivencia del menor de edad, y se prive de los mismos sin consentimiento de la persona, institución u organismo a cuyo cargo se encuentre, o bien, que se realicen a través de la violencia física, moral o de forma dolosa." De la anterior transcripción se obtiene, que se entiende por sustracción, el traslado o retención ilícita, cuando se afecten los derechos de custodia, guarda legal o de convivencia del menor y se prive de los mismos sin consentimiento de la persona, pudiéndose realizar a través de la violencia física, moral o en forma dolosa. Por tanto, si la juez responsable al resolver la solicitud de restitución tomó en consideración, las manifestaciones de Johana Guerrero Serna, en el sentido de que el menor fue trasladado a través de la violencia física y verbal al domicilio del demandado ubicado en la Calle Jericó, número 310 trescientos diez, Colonia Villas del real de esta ciudad de Morelia, Michoacán, siendo posteriormente llevado al domicilio de Jaquelin Karina Cendejas Leal, hermana del demandado, ubicado en calle De la Gardenia, Número 110, del Fraccionamiento El Trebol, de Tarímbaro, Michoacán, sin acuerdo previo de los padres, es indudable que la juez responsable estuvo en lo correcto en determinar la restitución del menor con su madre, dado que éste fue trasladado y retenido en el domicilio del impetrante y luego en el de su hermana, afectando los derechos de custodia y guarda legal y convivencia del menor con su progenitora, y sin el consentimiento de ésta. Lo que inclusive se corrobora con la propia acta de diligencia de quince de diciembre de dos mil veinte, de la que deriva, que efectivamente al constituirse la juez responsable y secretario al domicilio citado en último término, al ingresar al inmueble fue encontrado el menor en ese lugar, en el que por cierto se les informó que su padre no se encontraba sino que estaba fuera de la ciudad. Sin que impida estimar lo anterior, el hecho que en el diverso juicio 1292/2020, la propia juez responsable hubiese emitido una orden de restricción a efecto de que la demandada aquí tercera interesada Johana Guerrero no acudiera al domicilio en donde residía el actor, ni se le acercara tanto al quejoso como al menor a una distancia de doscientos metros y que la resolutora no la hubiese tenido a la vista al momento de emitir el acto reclamado en el juicio 906/2020. Ello, porque tal inobservancia no le causa perjuicio alguno al menor, por el contrario, de las constancias que obran en el juicio 906/2020 se observa que también se encuentra una orden de la misma naturaleza decretada en su contra -acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte- De igual forma, de un análisis de las constancias que integran ambos expedientes 1292/2020 y 906/2020, se advierte que en el primero, no obra ninguna probanza que acredite un maltrato hacia C.S.C.G, pues si bien existe una denuncia que presentó el quejoso con número de caso 1003202038198, en contra de Johana Guerrero Cerna, por el delito de lesiones, no se observa manifestación alguna en la que señale actos de violencia en contra del infante por la citada progenitora. En cambio, en el segundo, obran las testimoniales a cargo de Ma. Isabel Serna López, Sandra Elena Guerrero Serna y Christian Omar Castañeda Guerrero, quienes son coincidentes en señalar que el quejoso es una persona violenta, que ven al menor llorar y percibirlo asustado por las conductas desplegadas por aquél al conducir su camioneta en la noche en su regazo e ingiriendo bebidas alcohólicas y que han escuchado amenazas de llevarse al menor a St. Paul de Minesota de Estados Unidos de Norteamérica, ya que el quejoso trabaja en esa ciudad y esporádicamente se encuentra en territorio nacional. De ahí que como se apuntó en párrafos precedentes, aun y cuando la a quo al emitir el acto reclamado no tomó en consideración la medida decretada en el juicio 1292/22020; atendiendo el traslado y retención del que fue objeto el menor en un domicilio diverso de su residencia habitual sin el consentimiento y acuerdo previo de sus progenitores, es indudable que la responsable estuvo en lo correcto al ordenar la restitución en su domicilio habitual y bajo la guarda y cuidado de su madre. Lo anterior tiene mayor razón de ser, si se toma en consideración que como se apuntó en párrafos precedentes, la medida cautelar decretada, no tiene el carácter de definitiva, por lo que tiene expedito su derecho para promover lo que en derecho proceda. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Oscar Cendejas Leal, por su propio derecho y en representación del menor C.S.C.G, contra los actos reclamados a la autoridad y por el acto precisados en el considerando segundo de esta resolución, materia de estudio en dicho apartado. Notifíquese por lista y por oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL ASI COMO E EL SISTEMA SISE, LA SENTENCIA DE 19 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN II, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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