Oscar Castillo Hernández
Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Oscar Castillo Hernández
Actuaciones
- Principal
...CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que la parte accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. M-IV
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Óscar Castillo Hernández, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 6/2021-IV, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE DESECHA LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, su escrito aclaratorio (en su caso) y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional, toda vez que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para acudir a la presente instancia constitucional. Al respecto, es pertinente traer a colación que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo; en específico, y por lo que ve al interés necesario para promover dicho medio de control constitucional, la fracción I, del artículo 107 de la Carta Magna, fue redactada como sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" Como puede apreciarse, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo, establece una distinción, para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) El titular de un derecho; o, b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con motivo de tal reforma, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo vigente, en la que se reglamentaron los artículos 103 y 107 constitucionales y dentro del gran número de modificaciones que en torno a la naturaleza y alcances del juicio de amparo contiene la citada ley, resulta fundamental señalar lo contenido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. [.]". En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el interés legítimo, como el jurídico, suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Con base en estas premisas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los alcances del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014, visible en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica - no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas1. De ahí, que tratándose de normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Una vez establecido lo anterior, se obtiene que el interés legítimo, se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción y que automáticamente se encuentre acreditado dicho interés. 1 Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007921. Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pág. 60. Jurisprudencia (Común) SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Sin embargo, como se vio con antelación, el numeral 107 Constitucional establece que, contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, en estos casos deberá acreditar su interés jurídico ante el órgano jurisdiccional para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior ha sido criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal, por lo que el interés legítimo únicamente se verificará cuando no se combatan actos o resoluciones de tribunales, siempre y cuando el justiciable se ubique en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.2" Lo anterior, pone de manifiesto que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa frente al acto de la autoridad o a la norma constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, consecuentemente, la no acreditación de tales supuestos será causa de improcedencia. Esto es, los dispositivos 107 de la Carta Magna y 5 de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el juzgador de amparo verifique si la situación del gobernado ante el acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si implica un interés jurídico, un interés legítimo o un interés simple, pero también la posibilidad de declarar 2 Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época 2003067. Segunda Sala Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Pag. 1736. Tesis Aislada (Común) SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 improcedente el juicio de amparo ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la ley en cita -por ser esta fracción la que nos ocupa-. Así, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, el examen del interés legítimo requiere que se analice la existencia de un derecho, verificar si es individual o colectivo, la violación de ese derecho, su afectación y la verificación de que esa afectación sea directa o indirecta; asimismo, en caso de que sea indirecta, ésta derive de su especial situación frente al orden jurídico. Máxime que esa afectación indirecta derivada de la especial situación del quejoso, implica el examen relativo a que el impetrante se encuentre en una situación diferenciada o particular que le permite alegar que recibiría un beneficio al recibir el amparo, aun cuando fuera directo o indirecto. De esta manera, existe criterio de jurisprudencia sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la ausencia del interés legítimo -y, por identidad de razón, del interés jurídico- puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Dicho criterio se advierte de la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.3" Entonces, el anterior criterio implica que, al proveer sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si implica un interés jurídico, legítimo o simple; sin embargo, cuando no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos. Así, solo si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. 3 Época: Décima Época. Registro: 2014433. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.). Página: 1078 SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 En el caso concreto, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables Presidente Municipal, Director de Reglamentos y Regidores, todos del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, los actos que siguen: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión de implementar las medidas temporales del acuerdo que modifica al diverso por el que se establece como medida temporal en materia de reducción de movilidad vehicular en municipios con distinto grado de propagación del virus sars-cov2 (covid-19) con el objeto de mitigar su dispersión y transmisión entre la población en el territorio del estado de hidalgo, como acciones preventivas correspondientes a la fase 3 de la emergencia sanitaría. A fin de acreditar el interés legítimo con el que comparece al presente juicio, especificó en su demanda que, el quejoso reside en el Municipio Tlanalapa, Estado de Hidalgo (lo que acreditó con las constancias que adjuntó a la misma); que el veintitrés de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia por el virus del SARS-Co V2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; que el cuatro de enero de dos mil veintiuno fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo, el "Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece como medida temporal en materia de reducción de movilidad vehicular en municipios con distinto grado de propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19)" con el objeto de mitigar su dispersión y transmisión entre la población en el territorio del Estado de Hidalgo, como acciones preventivas correspondientes a la fase 3 de la emergencia sanitaria; que una vez implementadas por parte del Gobierno de Hidalgo, las medidas temporales en materia de reducción de movilidad vehicular en municipios con distinto grado de propagación del virus se emitió por parte de la Secretaria de Salud de Hidalgo, la circular sobre medidas sanitarias en el cual se establece en el apartado de medidas sanitarias el cierre de establecimientos. Señala igualmente que las responsables son omisas en SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 ordenar el cierre de la cantina "El perro negro" ubicada en calle Hidalgo Sur No. 33, Colonia Centro en Tlanalapa, Hidalgo; la casa de juego "Los Coqueros" ubicada en calle Emiliano Zapata Norte s/n, Colonia Centro en Tlanalapa, Hidalgo; así como demás establecimientos, los cuales deberán cerrar a las dieciocho horas, como se advierte del contenido de la página con el enlace de la página oficial de Tlanalapa, Hidalgo: https://www.tlanalapa.gob.mx, en donde avisan a la ciudadanía que (tiendas de abarrotes, departamentales y afines) podrán operar en un horario de ocho a veinte horas, excediéndose del horario establecido por la Secretaria de Salud de Hidalgo, para el cierre de establecimientos; que los establecimientos no están cerrando a las dieciocho horas como fue ordenado por la Secretaria de Salud de Hidalgo; sino que lo hacen a las veinte horas. En ese contexto, los actos reclamados no implican una intromisión directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, derivada de su especial situación frente al orden jurídico, ya que no existe un agravio diferenciado respecto del resto de los integrantes de la sociedad. Así, la documental que aportó a su demanda de amparo, por sí sola, es insuficiente, para acreditar el interés legítimo con el que comparece al juicio de amparo, ya que no justifica de ninguna forma cómo es que los actos reclamados generan un perjuicio a su esfera jurídica, ni tampoco se advierte un beneficio real y cierto en caso de concedérsele el amparo. De ahí que no puede considerarse que tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no impiden ni lo agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de los habitantes de Tlanalapa. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 Máxime el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, emitido por la Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por el cual se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria, que los sectores público, social y privado deberán implementar como medida, ente otras, el resguardo domiciliario corresponsable a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática; siendo que en la especie, el quejoso tampoco planteó en su demanda de amparo argumento en el sentido de que se encuentre en alguna de esas categorías, por lo que no se colige en forma alguna que se encuentre en una situación diferenciada y que adquiriera un beneficio concreto por la promoción del amparo, al contar únicamente con un interés simple y no legítimo. Por ello, una eventual concesión del amparo no generaría un beneficio concreto en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente a los derechos que estima infringidos, por lo que no puede considerarse que en la especie cuente con un interés real y cualificado, sino uno de carácter genérico, al no ser quien podría resentir una posible afectación inminente en sus derechos a la vida, salud, por la omisión que atribuye a las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior es así, toda vez que para que se configure un interés de tal naturaleza se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada de los actos reclamados, por lo que si en la especie, no se acreditó el SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 perjuicio que sufre la parte quejosa en su esfera jurídica con los actos reclamados, tampoco acredita su interés legítimo para comparecer al juicio de amparo y, por ende, no existe violación alguna que reparar en una hipotética sentencia que le conceda el amparo. En efecto, si bien el quejoso presentó la demanda de amparo aduciendo que cuenta con interés legítimo al ser residente de Tlanalapa, Hidalgo, el solo hecho de residir en esa ciudad, no permite distinguir en que él se encuentre en una situación particular y que el amparo le pueda beneficiar en una forma distinta a lo que se beneficiaría al resto de los habitantes de la ciudad. De ahí que la parte quejosa no acreditó el interés legítimo con el que acude a esta instancia constitucional, pues en su caso, lo que demuestra es un interés simple, el cual consiste en aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido; ya que el interés con el que acude a esta instancia, es uno con el que cuenta todo gobernado a que las autoridades, prevean todo lo necesario para evitar la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19), como pudiera ser la restricción en la movilidad, en la apertura de comercios y restaurantes, centros de diversión, etcétera, necesarios para evitar la propagación del virus. La pretensión del quejoso, así, no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad que aduce de los actos reclamados se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, al tratarse de un interés generalizado y abstracto, ya que incluso no existe dato que demuestre la omisión que afecte su derecho a la salud. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 Bajo ese contexto, si bien alega un derecho humano a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, ello no se traduce en que deba darse trámite a su demanda de amparo sin acreditar un interés cualificado, pues si bien se observa la preocupación del quejoso de contagiarse, la pandemia que hoy en día se encuentra presente, no sólo puede afectar a los justiciables, sino también, a todas las personas a nivel mundial, por lo que la simple manifestación y temor ante el posible contagio del aludido virus, no hace procedente el juicio constitucional como lo pretende el ahora quejoso, al margen de que aduzca ese interés en una posibilidad de verse infectado por el virus, toda vez que no acredita la vinculación concreta entre la omisión que atribuye a las autoridades y la afectación indirecta a su derecho a la salud, por lo que si el quejoso como acto reclamado precisa tal omisión de manera genérica, no se advierte transgresión a los intereses ya precisados, aunado a que no destaca afectación de las autoridades en su contra, poniendo de manifiesto la improcedencia del amparo. Tal como está planteada la demanda, ni siendo admitida podría cambiarse el criterio al sólo reclamarse tal omisión ostentando su calidad de residente de Tlanalapa, Hidalgo y tener el temor de ser contagiado, pues, dicho sea de paso, es un hecho notorio que constantemente las autoridades determinan medidas para prevenir el contagio a fin de evitar mayor número de personas afectadas. Por tales motivos, está demostrada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el 103 y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser notoria y manifiesta la falta de interés legítimo y jurídico del quejoso para instar la acción constitucional. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado.4" PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL. Se autoriza al usuario pegaso; para que aquellas notificaciones que deban de ser personales se realicen de manera electrónica, a través de la consulta del citado expediente en línea. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen 4 Época: Séptima Época. Registro: 233517. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 37, Primera Parte. Materia(s): Común. Tesis. Página: 27 SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.da 30/07/21 19:06:18 realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....M-IV
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