OSCAR CARDENAS Y OTROS y Otros.
Expediente 47/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- OSCAR CARDENAS Y OTROS y Otros.
- Oscar Cardenas Y Otros
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 5426 signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 225/2022 (64/2022-E-A-P), derivado del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se le solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisionara a quien correspondiera, notificara al quejoso Jorge Lugo Serrano el proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, lo cual aconteció el diez de marzo de la presente anualidad, como se advierte de la notificación personal anexa. Toda vez que, el oficio de cuenta fue enviado a través del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no resulta necesario acusar el recibo correspondiente, ya que el sistema indicado lo arroja automáticamente, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la actuación de catorce de febrero del año en curso, suscrita por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ********************, el auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, por los motivos ahí expuestos (no se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán). Expuesto lo anterior y, tomando en consideración que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que el peticionario de amparo ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, en tales condiciones con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula, para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya en legal y debida forma, en el Centro Federal de Readaptación Social, y notifique al quejoso ******************** el proveído de veintiséis de enero de dos veintidós y le haga entrega de una copia del mismo -que al efecto se anexa-, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Hecho lo anterior, se solicita devolver las comunicaciones oficiales de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Notifíquese; y personalmente al quejoso ******************** el proveído de veintiséis de enero de dos veintidós, en la forma indicada.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3454/2022, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual se trascribe el proveído de tres de febrero de la presente anualidad, dictado en los autos del juicio de amparo 66/2022-VIII, de su índice, del cual se advierte que aceptó el conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo, planteada por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Oscar Cárdenas, Juan Manuel Lugo Serrano y Jorge Lugo Serrano, por su propio derecho, contra actos que atribuyen al Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República y otras autoridades; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 472022. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que los promoventes lo que en realidad reclaman es lo siguiente: Acto Reclamado:... Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues el acto omisivo reclamado por los quejosos tiene ejecución material y es atribuido a autoridades cuya residencia se ubica en Jalisco, con sede en Guadalajara, lugar en donde no ejerce jurisdicción, por territorio, este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: . De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, los quejosos reclaman la omisión de dar cumplimiento con la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo directo 71/2019 de su índice, que revocó la diversa de once de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el Toca Penal 1607/2015 del índice de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que había confirmado la sentencia condenatoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada por el entonces, Juez Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, dentro de la causa penal 592/2006-B, resolución reclamada que, refieren los quejosos, ordena exámenes psicológicos y médicos permitentes de conformidad con el protocolo de Estambul, esto es, llevar a cabo una investigación diligente y exhaustiva respecto de los actos de tortura de los quejosos. Ahora bien, como lo refieren los quejosos en la presente demanda, que el acto reclamado es la omisión de dar cumplimiento con la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo directo 71/2019, dicha omisión la hacen valer en este a través del juicio de amparo, y como los quejosos se encuentran en prisión preventiva en un centro penitenciario, que es un lugar distinto, al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del este juicio de amparo, es el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de las personas privadas de la libertad. Por tanto, se tiene que la ejecución del acto reclamado, tendrá efecto material en Guadalajara, Jalisco, donde se desarrolla el proceso penal de los quejosos, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que resulta la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. ... Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tiene residencia dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS. Tomando en consideración que los peticionarios del amparo, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y realice lo siguiente: Notifique personalmente a los quejosos Oscar Cárdenas, Juan Manuel Luego Serrano y Jorge Lugo Serrano, el presente proveído. Por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto del quejoso como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo a los quejosos, absteniéndose de recabar la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. ... Hágase saber a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
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