Oscar Buenrostro Huerta

Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Oscar Buenrostro Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Oscar Buenrostro Huerta, por el cual desahoga la prevención de que fue objeto mediante proveído de trece de los cursantes, precisando el acto que desea reclamar. Ahora bien, del escrito de desahogo de la demanda y de los anexos exhibidos, es dable considerar que lo que reclama en el presente juicio es: -La investigación que debe realizar en su persona la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, a efecto de integrar y perfeccionar el procedimiento de información previa, y respecto de la cual fue citado a desahogar su garantía de audiencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En ese sentido, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que indican: Así las cosas, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 109, fracción III, primer párrafo, y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (.) III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. (.). Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. (.)." De los referidos numerales se advierte que el Estado, a través de sus órganos competentes, está facultado para iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, para lo cual deberá realizarse una investigación previa, con la finalidad de allegar elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, el cual sí puede generar perjuicio en su esfera jurídica. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que respecto del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, si resulta procedente el juicio de amparo indirecto, como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1329, Décima Época, Registro digital: 2011659, que a la letra refiere: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa estima le causa el hecho de que las responsables realicen actos de investigación tendentes a la preparación del procedimiento respectivo, pues en ningún momento controvierte el inicio de algún procedimiento administrativo de separación de su cargo, sino solo la investigación misma, al haberlo así indicado en el escrito de desahogo de su demanda, lo cual podrá ser susceptible de ser contrarrestado mediante la determinación que en su momento se emita en el procedimiento administrativo que se llegare a iniciar en su contra. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional los órganos de asuntos internos de las corporaciones policiacas, gozan de las facultades de investigar el actuar de sus miembros, y por otra, tienen la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que en todo caso, este perjuicio se podría generar hasta que la autoridad a quien corresponda conocer de la misma, determine en un momento dado si resulta procedente o iniciar el procedimiento administrativo de separación de su cargo, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones de investigación previas. No se desatiende que en el escrito de desahogo de prevención de su demanda, el quejoso refiera que al momento en que le fue notificado el requerimiento de investigación a la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, de manera verbal se le indicó que el día que era citado a desahogar su garantía de audiencia, se le notificaría la suspensión de su empleo, cargo o comisión; sin embargo, a juicio de este Juzgador, dicha aseveración no se considera como acto destacado, sino únicamente como una manifestación de naturaleza futura e incierta, que de ninguna manera tiene injerencia directa en el acto controvertido en la presente instancia constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 109, fracción III, primer párrafo, y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mesa II EMPLAZAMIENTO DE BANCO SANTANDER DE MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUTCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO TERCERO INTERESADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa no desahogo la prevención formulada en auto de veintitrés de agosto del presente año, a efecto de proporcionar el domicilio donde se pudiera emplazar al tercero interesado BANCO SANTANDER DE MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. No obstante lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte un domicilio donde pudiese emplazar al tercero interesado, por lo que de conformidad con lo establecido en los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la normatividad de la materia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Roberto Bosch, sin número, Zona Industrial, Municipio de Toluca, Estado de México, Código Postal 50200 y emplace al BANCO SANTANDER DE MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUTCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO por conducto de quien legalmente lo represente al presente juicio de amparo, le corra traslado con copias de la demanda de amparo, auto admisorio y este auto, haciéndole saber el derecho que tiene para apersonarse en él, ofrecer pruebas y formular alegatos; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en esta ciudad de Toluca, México; apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, incluso las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que con posterioridad indique un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio. En caso de ser necesario, practíquese la diligencia encomendada, en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ADSCRIPCIÓN DE TITULAR. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/685/2021, de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que el Pleno de ese Órgano Colegiado, determinó el cambio de adscripción del Juez Enrique Vázquez Pérez, a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable la jurisprudencia 104/2010 que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado.

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