Oscar Blanco Perez

Expediente 851/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
851/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Oscar Blanco Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de dieciocho de octubre de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, interpusiera recurso de revisión contra éste, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: ? La omisión del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, de expedirle el certificado parcelario del Ejido Vega de Alatorre, perteneciente al municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, así como, la constancia de avecindado de dicho ejido. Por otra parte, obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que informó que el uno de junio de dos mil veinte, fue expedido a favor del aquí quejoso Oscar Blanco Pérez, el certificado de derechos parcelarios número 1095001, y que, el quejoso ya cuenta con el reconocimiento de avecindado del poblado de Vega de Alatorre perteneciente al municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, pues su solicitud fue registrada desde el diez de octubre de dos mil diecinueve, sustentando su informe con copia certificada del referido certificado parcelario y de la citada constancia de reconocimiento, mismos que dejó a disposición del quejoso en las oficinas que ocupa esa delegación, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del quejoso de mérito, que el certificado de derechos parcelarios número 1095001 y la constancia de reconocimiento de avecindado, de los que se habla, quedaban a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, de esta ciudad, para recogerlos, ordenándose notificar personalmente dicho auto al quejoso. El tres de octubre de dos mil veintidós, el quejoso quedó debidamente notificado del proveído de veintiséis de septiembre de este mismo año. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415,2 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, de expedirle el certificado parcelario del Ejido Vega de Alatorre, perteneciente al municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, así como, la constancia de avecindado de dicho ejido; pero, de autos se aprecia que la autoridad responsable ya expidió dicho certificado y la citada constancia de reconocimiento. Incluso, el tres de octubre de dos mil veintidós, el quejoso quedó debidamente notificado del auto de veintiséis de septiembre de este mismo año, en el que este juzgado hace de su conocimiento que los documentos de que se habla, quedaron a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para recogerlos. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior no obstante que, el certificado parcelario de mérito haya sido expedido el uno de junio de dos mil veinte y la solicitud de reconocimiento haya sido registrada desde el diez de octubre de dos mil diecinueve, esto es, antes de la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a los presentes autos -veinticuatro de agosto de dos mil veintidós-, puesto que, de lo narrado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, la suscrita presume que éste no sabía de la existencia de tales documentos, porque la autoridad responsable no le había notificado tal evento, además que esta no demostró que hubiese hecho del conocimiento del quejoso la expedición de los documentos referidos; sino que, fue este órgano jurisdiccional quien notificó al quejoso de la existencia de la constancia de referencia y de la expedición del certificado de derechos parcelarios, el pasado tres de octubre de la anualidad que cursa, como ya se indicó en párrafos que anteceden. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso *** esté en oportunidad de imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, agregado por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Por lo expuesto, se procede a diferir, de oficio, la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

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