Óscar Ayapantecatl Cahuantzi
Expediente 163/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 51 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Óscar Ayapantecatl Cahuantzi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintiuno, este juzgado por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Oscar Ayapantecatl Cahuantzi. Inconforme con lo anterior, Linda Ixchel Mejia Sarabia, en su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, interpuso recurso de revisión. Mediante oficio 6656/2021 el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, comunicó que causó estado el proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó el medio de impugnación referido, radicado con el número 176/2021, y devolvió los autos del juicio de amparo número 163/2020-II-A. Por lo que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, se declaró por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, quien por turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y lo radicó con el número 6/2022; declarando fundado dicho medio de impugnación. En virtud de lo anterior, en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables. Ahora bien, en la sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial Honor y Justicia del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 14/2020, con posterioridad al acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó formar el citado expediente y ordenó traer los autos a la vista para emitir la resolución correspondiente, concretamente la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, (mediante la cual se declaró formalmente la remoción del ahora quejoso; consecuentemente, la terminación de la relación administrativa); 2. En lugar de esa determinación, emita una diversa en la cual, conforme a los lineamientos de este fallo, determine que como la remoción del ahora peticionario del amparo se realizó sin respetar su garantía de audiencia, se ordene a los entes públicos correspondientes: a) El pago de indemnización constitucional (que, como mínimo, comprende el pago de tres meses de sueldo y de veinte días por cada año laborado), así como el de las diversas prestaciones secundarias a que tenga derecho. Entendiéndose esto último como el deber de pagar la remuneración quincenal ordinaria que fue reconocida por las responsables al rendir sus informes justificados, así como los beneficios, recompensas, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la parte quejosa por la prestación de sus servicios; esto, desde el día siguiente al en que se decretó su destitución y separación definitiva de las funciones (treinta de enero de dos mil veinte) y hasta que se realice el pago correspondiente, no así como lo pretende el quejoso a partir de dos mil dieciocho, pues como ya se precisó en considerandos anteriores, la resolución mediante la cual se decretó la remoción ocurrió en dos mil veinte. b) Otorgar los servicios de salud, tanto el hoy quejoso, como en su caso, sus coasegurados. Beneficio que se debe otorgar hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el servidor público. Lo anterior con base en las razones que la informan la jurisprudencia PC.VI.A. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el título siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. CUANDO SE DETERMINE QUE SE VULNERÓ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA POR NO HABERSE SEGUIDO PROCEDIMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS". c) La anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que este fue separado del cargo de policía preventivo o elemento de seguridad pública, de manera injustificada." En proveídos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, veintiocho de enero de dos mil veintidós, veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los escritos (folios 18347, 1609, 16718, y 18285), remitidos por las autoridades responsables con las dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesto de las constancias que remitió la autoridad responsable, en efecto: - Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno (folio 18347), signado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia, manifestó que se le otorgaron los servicios médicos al quejoso hasta el momento en el que se tenga por cumplida la sentencia amparados, por lo que podrá seguir contando con dichos servicios; de lo que se advierte que se cumplió con el inciso b) del segundo punto de los efectos del amparo. - Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós (folio 1609), firmado por el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, remitió la Constancia de Baja del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública a nombre del aquí quejoso, de la que se advierte que el motivo de la separación fue por baja injustificada; por lo que se desprende que quedó satisfecho el inciso c) del segundo punto de los efectos del amparo. - Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós (folio 16718), se tuvo por recibido el escrito firmado conjuntamente por el Presidente Municipal y Presidente del Conejo de Honor y Justicia de Chiautempan, Tlaxcala, con el cual remitió la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente 14/2020, de la que se advierte: - Que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 14/2020, con posterioridad al acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil veinte y en consecuencia se deja dejó sin efectos la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, por lo que emitió la referida resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. - En el segundo punto del primer resultando se determinó que el inicio del procedimiento administrativo de remoción del cargo del policía, aquí quejoso, adscrito a la Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, fue sin que se respetara el derecho de audiencia del quejoso establecido en el artículo 14 Constitucional. - De igual forma, se hizo un análisis y desglose de las prestaciones que se le pagaron en una primera instancia, esto es, por la cantidad de $280,126.06 (doscientos ochenta mil cientos veintiséis 06/100 M.N.), mediante cheque con número de identificación 1L3055405 de uno de diciembre de dos mil veintiuno; cantidad que comprendió del periodo del treinta de enero de dos mil veinte al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. - Asimismo, se hizo un análisis y desglose de las prestaciones que comprenden del periodo del uno de diciembre de dos mil veintiuno al veinte de agosto de dos mil veintidós, fecha en la que la autoridad responsable dio cumplimiento, de la que se advierte que dio como resultado la cantidad de $103,251.01 (ciento tres mil disceitnos cincuenta y uno 01/100 M.N.), el cual se le hizo entrega al quejoso mediante cheque número 0000340 de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el cual le entregado al promovente el nueve de septiembre de dos mil veintidós. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. No pasan desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de que el periodo que debió pagársele las prestaciones debió ser hasta el nueve de septiembre del año en curso, fecha en la que le fue entregado el título de crédito; sin embargo, es dable destacar que el referido cheque fue expedido en términos de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, data en la que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos presentados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo soliciten, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintiuno, este juzgado por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Oscar Ayapantecatl Cahuantzi. Inconforme con lo anterior, Linda Ixchel Mejia Sarabia, en su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, interpuso recurso de revisión. Mediante oficio 6656/2021 el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, comunicó que causó estado el proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó el medio de impugnación referido, radicado con el número 176/2021, y devolvió los autos del juicio de amparo número 163/2020-II-A. Por lo que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, se declaró por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, quien por turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y lo radicó con el número 6/2022; declarando fundado dicho medio de impugnación. En virtud de lo anterior, en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables. Ahora bien, en la sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial Honor y Justicia del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 14/2020, con posterioridad al acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó formar el citado expediente y ordenó traer los autos a la vista para emitir la resolución correspondiente, concretamente la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, (mediante la cual se declaró formalmente la remoción del ahora quejoso; consecuentemente, la terminación de la relación administrativa); 2. En lugar de esa determinación, emita una diversa en la cual, conforme a los lineamientos de este fallo, determine que como la remoción del ahora peticionario del amparo se realizó sin respetar su garantía de audiencia, se ordene a los entes públicos correspondientes: a) El pago de indemnización constitucional (que, como mínimo, comprende el pago de tres meses de sueldo y de veinte días por cada año laborado), así como el de las diversas prestaciones secundarias a que tenga derecho. Entendiéndose esto último como el deber de pagar la remuneración quincenal ordinaria que fue reconocida por las responsables al rendir sus informes justificados, así como los beneficios, recompensas, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la parte quejosa por la prestación de sus servicios; esto, desde el día siguiente al en que se decretó su destitución y separación definitiva de las funciones (treinta de enero de dos mil veinte) y hasta que se realice el pago correspondiente, no así como lo pretende el quejoso a partir de dos mil dieciocho, pues como ya se precisó en considerandos anteriores, la resolución mediante la cual se decretó la remoción ocurrió en dos mil veinte. b) Otorgar los servicios de salud, tanto el hoy quejoso, como en su caso, sus coasegurados. Beneficio que se debe otorgar hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el servidor público. Lo anterior con base en las razones que la informan la jurisprudencia PC.VI.A. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el título siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. CUANDO SE DETERMINE QUE SE VULNERÓ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA POR NO HABERSE SEGUIDO PROCEDIMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS". c) La anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que este fue separado del cargo de policía preventivo o elemento de seguridad pública, de manera injustificada." En proveídos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, veintiocho de enero de dos mil veintidós, veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los escritos (folios 18347, 1609, 16718, y 18285), remitidos por las autoridades responsables con las dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesto de las constancias que remitió la autoridad responsable, en efecto: - Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno (folio 18347), signado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia, manifestó que se le otorgaron los servicios médicos al quejoso hasta el momento en el que se tenga por cumplida la sentencia amparados, por lo que podrá seguir contando con dichos servicios; de lo que se advierte que se cumplió con el inciso b) del segundo punto de los efectos del amparo. - Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós (folio 1609), firmado por el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, remitió la Constancia de Baja del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública a nombre del aquí quejoso, de la que se advierte que el motivo de la separación fue por baja injustificada; por lo que se desprende que quedó satisfecho el inciso c) del segundo punto de los efectos del amparo. - Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós (folio 16718), se tuvo por recibido el escrito firmado conjuntamente por el Presidente Municipal y Presidente del Conejo de Honor y Justicia de Chiautempan, Tlaxcala, con el cual remitió la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente 14/2020, de la que se advierte: - Que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 14/2020, con posterioridad al acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil veinte y en consecuencia se deja dejó sin efectos la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, por lo que emitió la referida resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. - En el segundo punto del primer resultando se determinó que el inicio del procedimiento administrativo de remoción del cargo del policía, aquí quejoso, adscrito a la Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, fue sin que se respetara el derecho de audiencia del quejoso establecido en el artículo 14 Constitucional. - De igual forma, se hizo un análisis y desglose de las prestaciones que se le pagaron en una primera instancia, esto es, por la cantidad de $280,126.06 (doscientos ochenta mil cientos veintiséis 06/100 M.N.), mediante cheque con número de identificación 1L3055405 de uno de diciembre de dos mil veintiuno; cantidad que comprendió del periodo del treinta de enero de dos mil veinte al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. - Asimismo, se hizo un análisis y desglose de las prestaciones que comprenden del periodo del uno de diciembre de dos mil veintiuno al veinte de agosto de dos mil veintidós, fecha en la que la autoridad responsable dio cumplimiento, de la que se advierte que dio como resultado la cantidad de $103,251.01 (ciento tres mil disceitnos cincuenta y uno 01/100 M.N.), el cual se le hizo entrega al quejoso mediante cheque número 0000340 de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el cual le entregado al promovente el nueve de septiembre de dos mil veintidós. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. No pasan desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de que el periodo que debió pagársele las prestaciones debió ser hasta el nueve de septiembre del año en curso, fecha en la que le fue entregado el título de crédito; sin embargo, es dable destacar que el referido cheque fue expedido en términos de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, data en la que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos presentados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo soliciten, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Oscar Ayapantecatl Cahuantzi, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de diecinueve de septiembre pasado, con motivo de las constancias remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en atención a ello, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto fenezca el término de tres días concedido a las partes en el referido auto de diecinueve de septiembre pasado. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala; en atención a su contenido, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de diecinueve de septiembre pasado se tuvieron por recibidas las constancias a que hace referencia en su ocurso y anexo, y se acordó lo conducente. Notifíquese.
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