Oscar Armando Marchen Ibarra

Expediente 813/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
813/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2019

Partes del expediente

  • Oscar Armando Marchen Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Acepta competencia. Téngase por recibido el oficio 10262/2018, enviado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dicho Tribunal Colegiado, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado bajo el juicio de amparo directo 271/2018, de su índice administrativo. Oficio que fue recibido a través del Sistema de Juicio en Línea del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que contiene firma electrónica del fedatario signante conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal; por ende, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, esta produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Orden de archivo. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. III. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, en virtud de haberse declinado la competencia en el juicio de amparo 813/2018. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Oscar Armando Marchen Ibarra. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 813/2018. Precisión del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, y de su anexo, se advierte que el acto reclamado consiste, en síntesis, en la sentencia definitiva dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 810/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Incompetencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima, salvo determinación distinta de la superioridad, que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por los siguientes razonamientos. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece en lo conducente, que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Por su parte, el numeral 34, primer párrafo, de la ley de la materia, establece que los tribunales colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Puntualizado lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del ramo Penal, con residencia en esta ciudad, en el proceso penal 810/2017. Bajo ese entendido, al ser el acto reclamado una sentencia definitiva, se puede afirmar que en el presente caso se surte la hipótesis que se establece en los artículos consultados. Por ello, con apego al artículo 47 de la ley de la materia, este juzgado de Distrito declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en trato; por tanto, remítase el expediente original del presente sumario constitucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, para que a su vez la remita al especializado en materia penal. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." (Décima Época, Registro: 2008791, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 6/2015 (10a.), Página: 95). Fórmese el cuaderno correspondiente. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Eduardo Salaiza Breceda. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 tercer párrafo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese en términos de ley.

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