OSCAR ARIEL RAMOS MEZA y Otros.

Expediente 1221/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1221/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • OSCAR ARIEL RAMOS MEZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio signado por la actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.17/01/2023 14:051032 Remite el escrito de ********************, por el cual solicita se tenga por no interpuesta la demanda promovida en su nombre; al respecto, dígasele que la misma fue desechada mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido mediante proveído de veintiocho de noviembre siguiente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  3. Principal

    Demanda promovida por ***, en su carácter de defensor particular de ***. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1221/2022. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 121/2010, que determinó: Desecha de plano la petición de girar oficio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, designe peritos a efecto de que se realice valoración al aquí quejoso por los posibles hechos de tortura, siguiendo los lineamientos en el protocolo de Estambul. Determinó acordar no favorable la petición de fijar data para audiencia de cambio de medida cautelar impuesta al quejoso. De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, en los que se conceptualizan los derechos fundamentales y humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio. Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre en el caso, pues la parte quejosa combate el proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ***, que desechó de plano la petición del defensor particular del quejoso consistente en girar oficio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, designe peritos a efecto de que se realice valoración al aquí quejoso por los posibles hechos de tortura, siguiendo los lineamientos en el protocolo de Estambul. Esto es así, en razón a que de acuerdo con la legislación constitucional y secundaria que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Suprema, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales o humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la cuestión planteada, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro de un procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ***, que desechó de plano la petición del defensor particular del quejoso consistente en girar oficio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, designe peritos a efecto de que se realice valoración al aquí quejoso por los posibles hechos de tortura, siguiendo los lineamientos en el protocolo de Estambul, no debe ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello es así, ya que dicho acto no le irroga un daño irreparable actual a la parte quejosa, porque las pruebas que pretende incorporar, no repercuten en la esfera jurídica del quejoso, aunado a que tales violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva. Razón por la cual se concluye que los actos que se atienden no deparan perjuicio a los derechos fundamentales del quejoso y por consiguiente no es admisible para instar el juicio constitucional. En consecuencia, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa constituyen aquellos que no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61 de Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución General de la República. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. De manera tal que para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Al respecto, de la lectura de la demanda se aprecia con meridiana claridad que el promovente de amparo reclama la determinación emitida por el Juez responsable por la cual no acordó favorablemente la petición de fijar data para audiencia de cambio de medida cautelar impuesta al quejoso. Al respecto, este Juzgado estima que en contra de la negativa reclamada debió haber agotado el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley de Ejecución Penal, que establece lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." De lo trascrito se aprecia que dicho recurso tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda (confirmarla, modificarla o revocarla). Por lo que es válido establecer que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, que se interpone contra las resoluciones de mero trámite que emiten las autoridades jurisdiccionales (Juez y Tribunal de Alzada) en el procedimiento de ejecución, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. De lo trascrito se aprecia que Juez de Ejecución hace alusión a aquellas autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución -propiamente dicho- y el Tribunal de Alzada-), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en primera y segunda instancias, según corresponda). Por tanto, si el Juez Mixto de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 121/2010, negó acordar de conformidad fijar data para la audiencia de cambio de medida cautelar impuesta al quejoso, se prevé que previo a comparecer al Juicio de amparo indirecto, debió haber agotado en contra de dicho proveído recurso de revocación. En consecuencia, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, lo constituye aquél que puede ser confirmado, revocado o modificado, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, está obligado a que deba agotarse el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige la materia, máxime que la pormovente de amparo estaba en aptitud de promover el recurso de revocación ante el Juez de la causa, aunado a que en el caso concreto no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere la invocada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado en el inciso b), por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario "JORGE26". Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, impriman la constancia respectiva del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. Por otra parte, se tienen autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, así como la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe prohibición legal, facultando para tal efecto a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, quienes deberán identificarse a satisfacción de este Juzgado. Ahora bien, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades foráneas en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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