Oscar Antonio Tut Noh
Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oscar Antonio Tut Noh
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: Habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de diecinueve de junio del presente año; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II. R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por OSCAR ANTONIO TUT NOH, contra el acto que reclama del Director del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídico Patrimonial de Yucatán, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso OSCAR ANTONIO TUT NOH, con cuatro copias y sin anexos; mediante el cual cumple la prevención realizado en proveído de siete de junio del año en curso, en el sentido de ampliar su demanda. De la lectura integral de la ampliación de demanda se advierte que la promovente reclama la respuesta dada por la responsable mediante oficio INSEJUPY/DCAT/DJ/AR/666/2019 de cinco de junio de dos mil diecinueve y con el cual rindió su informe justificado. Así, a juicio de quien resuelve en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, constitucional y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que remitió la autoridad, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclaman, esto es, el juicio contencioso administrativo, por las razones que a continuación se expondrán. La Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus artículos 198 y 199 establecen Artículo 198. Se crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Consejería Jurídica, el cual se regirá por lo previsto en esta Ley, su Estatuto Orgánico, el Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. Artículo 199. El Instituto tiene por objeto llevar a cabo las funciones públicas correspondientes al Registro Público, Catastro y al Archivo Notarial, en el Estado, mediante la coordinación de estos servicios, en los términos de los planes y programas de la Administración Pública de Yucatán, de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. De la transcripción de los citados artículos se advierte que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es un órgano público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, el cual tiene entre sus funciones públicas las correspondientes al Registro Público, que es donde se realizan diversos trámites relacionados con la inscripción de propiedades, gravámenes y embargos, así como su cancelación, entre otros. De igual forma, es necesario citar el artículo 64 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán que dice: Artículo 64 Corresponde al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial a través del Pleno, conocer y resolver lo siguiente III De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios y organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos estatales o municipales. Del citado precepto desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios y organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos estatales o municipales corresponde conocer al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, a través del Pleno. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establecen ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado ARTICULO 7 Serán partes en el procedimiento I El actor II El demandado. Tendrá ese carácter a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. De ahí que deba tenerse a la autoridad señalada como responsable, Director del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, como representante de un organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y los artículos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado, procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuenta habida que de acuerdo con los artículos 198 y 199 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la autoridad responsable pertenece al Poder Ejecutivo de esta Entidad, por lo que, en ese aspecto, forma parte de la Administración Pública; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que la peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, pueden obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en la especie alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. Aunado a lo anterior, tal y como ya quedó visto en contra del acto reclamado en esta vía de amparo, procede el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Aunado a este juicio, la propia Ley que Crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, específicamente en su artículo 231, dispone que contra los actos y resoluciones que realizan las autoridades de dicho Instituto procede el recurso administrativo de revisión. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente los citados medios de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el precepto citado líneas arriba, al ser el acto reclamado susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis que a la letra dice AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente "contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados Ahora bien, una interpretación lógica jurídica de dicho precepto lleva a concluir que, al utilizar la conjunción disyuntiva "o", la intención del legislador fue dejar claro que sólo tratándose de la revisión de oficio se exige que ésta se encuentre contemplada en la misma ley que rija al acto; de manera que cuando no concurre esta hipótesis, para que el gobernado esté obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, y que con su interposición se suspendan sus efectos en los términos y condiciones a que se refiere la invocada norma, pues en estas condiciones, si el quejoso antes de acudir a la acción constitucional no hace valer cualquiera de los referidos medios ordinarios de defensa, que en el caso concreto resulte procedente, origina como consecuencia que resulte operante la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XV, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal Y por analogía la diversa tesis, visible con el rubro y texto siguiente PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO) De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda de mérito, promovida por OSCAR ANTONIO TUT NOH, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso OSCAR ANTONIO TUT NOH, con cuatro copias y sin anexos; mediante el cual cumple la prevención realizado en proveído de siete de junio del año en curso, en el sentido de ampliar su demanda. De la lectura integral de la ampliación de demanda se advierte que la promovente reclama la respuesta dada por la responsable mediante oficio INSEJUPY/DCAT/DJ/AR/666/2019 de cinco de junio de dos mil diecinueve y con el cual rindió su informe justificado. Así, a juicio de quien resuelve en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, constitucional y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que remitió la autoridad, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclaman, esto es, el juicio contencioso administrativo, por las razones que a continuación se expondrán. La Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus artículos 198 y 199 establecen Artículo 198. Se crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Consejería Jurídica, el cual se regirá por lo previsto en esta Ley, su Estatuto Orgánico, el Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. Artículo 199. El Instituto tiene por objeto llevar a cabo las funciones públicas correspondientes al Registro Público, Catastro y al Archivo Notarial, en el Estado, mediante la coordinación de estos servicios, en los términos de los planes y programas de la Administración Pública de Yucatán, de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. De la transcripción de los citados artículos se advierte que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es un órgano público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, el cual tiene entre sus funciones públicas las correspondientes al Registro Público, que es donde se realizan diversos trámites relacionados con la inscripción de propiedades, gravámenes y embargos, así como su cancelación, entre otros. De igual forma, es necesario citar el artículo 64 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán que dice: Artículo 64 Corresponde al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial a través del Pleno, conocer y resolver lo siguiente III De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios y organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos estatales o municipales. Del citado precepto desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios y organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos estatales o municipales corresponde conocer al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, a través del Pleno. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establecen ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado ARTICULO 7 Serán partes en el procedimiento I El actor II El demandado. Tendrá ese carácter a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. De ahí que deba tenerse a la autoridad señalada como responsable, Director del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, como representante de un organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y los artículos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado, procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuenta habida que de acuerdo con los artículos 198 y 199 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la autoridad responsable pertenece al Poder Ejecutivo de esta Entidad, por lo que, en ese aspecto, forma parte de la Administración Pública; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que la peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, pueden obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en la especie alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. Aunado a lo anterior, tal y como ya quedó visto en contra del acto reclamado en esta vía de amparo, procede el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Aunado a este juicio, la propia Ley que Crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, específicamente en su artículo 231, dispone que contra los actos y resoluciones que realizan las autoridades de dicho Instituto procede el recurso administrativo de revisión. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente los citados medios de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el precepto citado líneas arriba, al ser el acto reclamado susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis que a la letra dice AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente "contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados Ahora bien, una interpretación lógica jurídica de dicho precepto lleva a concluir que, al utilizar la conjunción disyuntiva "o", la intención del legislador fue dejar claro que sólo tratándose de la revisión de oficio se exige que ésta se encuentre contemplada en la misma ley que rija al acto; de manera que cuando no concurre esta hipótesis, para que el gobernado esté obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, y que con su interposición se suspendan sus efectos en los términos y condiciones a que se refiere la invocada norma, pues en estas condiciones, si el quejoso antes de acudir a la acción constitucional no hace valer cualquiera de los referidos medios ordinarios de defensa, que en el caso concreto resulte procedente, origina como consecuencia que resulte operante la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XV, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal Y por analogía la diversa tesis, visible con el rubro y texto siguiente PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO) De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda de mérito, promovida por OSCAR ANTONIO TUT NOH, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
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