Oscar Antonio Tapia Ulloa
Expediente 506/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Oscar Antonio Tapia Ulloa
Actuaciones
- Principal
... CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo de amparo, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). SE ATIENDE ESCRITO Téngase por recibido el escrito remitido vía electrónica por *****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, téngasele revocando al usuario ***** para la consulta del expediente electrónico y notificaciones de la misma índole; asimismo, señala los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se ordena notificar los subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, mediante lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Notifíquese.
- Principal
09/07/2021...Notifíquese vía electrónica a la parte promovente...
- Principal
...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es ciertos el acto reclamado a la Jueza de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 146 a 149) Certeza que se corrobora con las constancias de la carpeta de ejecución *** que remitió con su informe justificado la autoridad responsable, mismas que obran en dos tomos por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, manifestó que el procedimiento de ejecución que reclama la parte quejosa fue iniciado por el Juzgado Primero de Ejecución con sede en León, Guanajuato, quien registró la carpeta de ejecución *** de lo cual se hicieron sabedores los quejosos, pues dicha autoridad fue quien estableció en primer término el computo relativo a la compurgación de la pena que le fue impuesta, por lo que si el inició del procedimiento de ejecución se lo atribuyó a otra autoridad se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5 y 63, fracción V de la Ley de Amparo. Argumentos que se consideran infundados, pues si bien como lo señala el tercero interesado el procedimiento de ejecución inicio en el Juzgado Primero de Ejecución, con residencia en León, Guanajuato, lo cierto es que, éste se declaró incompetente para seguir conociendo dicho trámite en virtud de que el sentenciado se encontraba recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, motivo por el cual la Juez de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Sistema de Justicia Penal Oral con sede en dicha ciudad, hoy Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, continuó con el procedimiento de ejecución correspondiente y fue quien aperturó el incidente de ejecución respecto de la prescripción de la reparación del daño que le fue impuesta al sentenciado y el incidente sobre otorgamiento de beneficio de libertad bajo la modalidad de preliberación, incidencias de las cuales el quejoso se adolece no fue debidamente notificado, motivo por el cual es a ésta a quien le asiste el carácter de autoridad responsable, tal como lo señaló el quejoso en su demanda, de ahí lo infundado de los argumentos del interesado. Por otra parte, el citado tercero interesado señala que los quejosos señalan como acto reclamado la violación a su derecho de audiencia, debido proceso y contradicción, al no haber sido llamados y notificados a los incidente de prescripción y de preliberación promovidos por su defensor; empero, respecto de dicho acto reclamado a su parecer se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, pues el dieciséis de julio de dos mil veinte, la Juez de Ejecución de Penas de Valle de Santiago, Guanajuato, le concedió el beneficio de remisión parcial de la pena, por lo que en la actualidad se encuentra en una situación jurídica distinta, por lo que el amparo es improcedente al haber cambiado su situación jurídica, por lo que no es posible decidir sobre los citados incidentes sin afectar su situación jurídica actual. Manifestaciones que también se consideran infundadas, pues tal como lo señala el propio tercero interesado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo es todo lo actuado en el Capeta de Ejecución número *** del índice del Juzgado de Ejecución de Valle de Santiago, Guanajuato, derivada de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra de *** dentro de la causa penal *** y que fue confirmada por la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el Toca Penal *** en el que les asiste el carácter de víctimas indirectas, procedimiento al que no fueron llamados, motivo por el cual este órgano jurisdiccional no realizará pronunciamiento respecto a la constitucionalidad o insconstitucionalidad de los incidentes que menciona, sino únicamente respecto a si a la parte quejosa debió haber sido llamada a la etapa de ejecución correspondiente. QUINTO. Estudio de fondo. Toda vez que, en el caso, las partes no hicieron valer diversas causas de improcedencia a las analizadas en el considerando que antecede y este órgano jurisdiccional no advierte la concurrencia de alguna diversa, se procede a analizar el fondo del presente asunto. Ahora, la parte quejosa en su primer concepto de violación refiere que los actos realizados por la autoridad responsable viola los derechos fundamentales de los quejosos contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracciones I y IV y C, fracción II, IV y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos que derivan de los numerales 24, 29 fracción IV, 48, 49, 421, 423 de la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, sus correlativos 18, 66 párrafo segundo, 86, 105, fracción I y último párrafo, 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 2, fracción I, 4 párrafo primero, segundo y cuarto, 5, 7, 10 y 12 fracción II, XI y XII, 124 de la Ley General de Víctimas y particularmente los artículos 12 y 13 de la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato y su correlativo artículo 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que otorgan a la víctima o al ofendido el derecho de apersonarse al procedimiento ante el Juez de Ejecución, a impugnar sus resoluciones, a que se le corra traslado con los recursos que promuevan las partes y a intervenir en la sustanciación de esos recursos ante el Tribunal de Alzadas, y por ende, ser citado o notificado para ello, para saber si es su deseo hacer uso de esos derechos; por su inobservancia y la consecuente violación de nuestros derechos humanos y audiencia y contradicción, a ser parte activa en el proceso de ejecución de la pena impuesta al sentenciado, a los principios jurídicos de audiencia, seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia y aun debido proceso, tutela judicial efectiva, congruencia y exhaustividad, consustanciales a todo procedimiento. Que los actos realizados por la autoridad responsable transgrede sus derechos reconocidos a su favor las disposiciones constitucionales y legales, en su calidad de padres del ofendido y fallecido, y por tanto víctimas por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de su hijo, calidad que tienen reconocida en los autos de la causa que se le siguió al sentenciado y por lo cual se inició la carpeta de ejecución de la que emanan los actos reclamados. Que la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, de aplicación al caso que nos ocupa, como se despende del contenido de sus artículos 24, 29 fracción IV, 48, 49, 99, 421, 423, 469 y 472, con base en el principio de igualdad de las personas ante la Ley, se reconoció la calidad de parte a la víctima u ofendido, imponiéndose a los jueces la obligación de preservar el principio de igualdad procesal de las partes que intervienen, no solo en el proceso penal, sino también en todos aquellos procedimientos que se deriven o tengan vinculación con el mismo, como es el caso del procedimiento de ejecución para el otorgamiento de beneficios ante el Juez de Ejecución, otorgándose a la víctima u ofendido el derecho de intervenir en el mismo, previa notificación de su inicio, otorgándosele a éste el derecho no solo de ser informado de sus derechos, sino también de intervenir en el procedimiento, ser notificado personalmente, ser escuchado, participar e intervenir en el acto o procedimiento para el cual fue citado, designar asesor jurídico, interponer los recursos previstos en la ley, a que se le corra traslado con los que interpongan las demás partes, ofrecer pruebas, y en general, todos aquellos derechos que en su favor establezcan las leyes, y esos derechos reconocidos en la ley y otorgados a favor de la víctima u ofendido, se ven reflejados también en los procedimientos instaurados ante el Juez de Ejecución, al disponer el artículo 12 de la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato, que en las audiencias ante el Juez de Ejecución estarán presentes el inculpado o sentenciado, su defensor, el Ministerio Público, el servidor público de la Dirección que corresponda, así como la víctima u ofendido, si lo desea, y se prevé en ese dispositivo que la asistencia de la víctima y ofendido a las audiencias, es obligatoria cuando exista interés en la reparación del daño o la sanción que se discuta haga referencia a la forma como se llevará a cabo, ARTÍCULOS QUE INDISCUTIBLEMENTE SON APLICABLES AL PRESENTE ASUNTO, PUES EN ELLOS SE ESTABLECE LA PARTICPACIÓN ACTIVA DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS, HACERLO NUGATORIO ES UN ACTO QUE PERJUDICA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. En el caso los quejosos tiene el carácter de padres del ofendido y fallecido **** por tanto, víctimas indirectas, por el delito de homicidio calificado, calidad que tienen reconocida desde los autos del proceso penal ya referido líneas arriba, y no obstante ello, ante el inicio de la carpeta *** que instauró el procedimiento para la ejecución de la sentencia emitida en contra del sentenciado *** en el Juzgado de Ejecución de Valle de Santiago, Guanajuato, y que la Jueza de Ejecución de dicha ciudad haya verificado diversas actuaciones como inicio de la carpeta de ejecución, computo de la pena de prisión impuesta al sentenciado, recepción del incidente para la declaración de la reparación del daño, resolución que declaró prescrita la reparación del daño, recepción del incidente para la declaración de otorgamiento del beneficio de libertad al sentenciado *** bajo la modalidad de preliberación y resolución que declaró procedente concederle al citado sentenciado la libertad bajo la modalidad de preliberación, sin que se les haya citado o notificado ninguna de esas actividades judiciales, ni resoluciones, ni citado a ninguno de esos procedimientos mencionados, es decir, al relativo a la Carpeta de Ejecución *** entonces, es patente que la autoridad señalada como responsable transgredió en mi perjuicio el contenido de los artículos 24, 29 fracción IV, 48, 49, 99, 421, 423, 469 y 472 de la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, y particularmente el artículo 12 de la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato y, así como el contenido de los artículos 2, fracción I, 4 párrafo primero, segundo y cuarto, 5, 7, 10 y 12 fracción II, XI y XII, 124 de la Ley General de Víctimas, y sus correlativos de aplicación vigente en toda la República; Artículos 18, 66 párrafo segundo, 86, 105, fracción I y último párrafo, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 108, 109, 456 y 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende las garantías de audiencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 20 apartado C, fracción II, IV y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en reparación de ello, deberá concederse el amparo solicitado para que se nulifiquen tales procedimientos, y hecho lo anterior, se reponga el procedimiento relativo a la Carpeta de Ejecución número *** a partir del auto de radicación y, en consecuencia, se ordene nuestra citación o notificación, como víctimas indirectas del delito, a efecto de estar en posibilidad de comparecer a ese procedimiento y hacer valer los derechos que les asisten como padres del ofendido y manifestar lo que a nuestro interés legal concierne con tal calidad y poder conocer la verdad, estar en posibilidad de manifestarnos respecto a los incidentes planteados por la defensa, oponernos a la prescripción de la reparación del daño, oponernos a la concesión del beneficio de libertad en favor del sentenciado, y en general, realizar todos los actos concernientes y que nos correspondan efectuar en la carpeta de ejecución, haciendo efectivo nuestro derecho a intervenir en el procedimiento de ejecución como parte activa, derecho que les corresponde al tener la calidad de padres del ofendido y por ello víctimas indirectas. Motivos de inconformidad que se estiman fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, aunque para llegar a esa decisión deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de amparo6, al tener los quejosos reconocido el carácter de víctimas en el proceso penal de origen. En el caso en estudio se tienen los antecedentes siguientes. 1. El seis de enero de dos mil nueve el Juez Primero Penal de Partido con residencia en León, Guanajuato, dictó sentencia definitiva en la causa penal *** en la que condenó al aquí tercero interesado por la comisión del delito de homicidio simple intencional, cometido en agravio de *** imponiendo una pena privativa de libertad de trece años de prisión y a pagar la reparación del daño en favor de los aquí quejosos; 2. Inconformes con esa determinación el sentenciado y el Agente del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Séptima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien registró el expediente con el número de toca *** mismo que fue resuelto el veintisiete de febrero de dos mil nueve, en el que se modificó la resolución recurrida, y tuvo por acreditado el delito de homicidio calificado, aumentó la pena de prisión a veintidós años, siete meses, a pagar una multa, así como al pago de la reparación del daño a las víctimas, aquí quejosos; 3. Una vez firme dicha sentencia, se inició el procedimiento de ejecución ante el Juez de Ejecución Oral en León, Guanajuato, quien en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se declaró incompetente para conocer del procedimiento de ejecución, pues el sentenciado se encontraba recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato; 4. El diez de mayo de dos mil dieciséis el Juez de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Sistema Penal Oral de Valle de Santiago, Guanajuato, hoy Juez de Ejecución Penal de esa misma ciudad, aceptó la competencia y registró la carpeta de ejecución con el número *** 5. Seguido el procedimiento y en lo que en el asunto interesa, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, el defensor público del sentenciado *** promovió incidente de prescripción de la reparación del daño, mismo que fue acordado por el juez de ejecución en acuerdo de diez del mismo mes y año, en el que ordenó la apertura de dicha incidencia y ordenó notificar del mismo al sentenciado, al Agente del Ministerio Público adscrito, así como a la defensa pública; 6. El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente planteado en la que el juez responsable declaró procedente la Prescripción de la Pena consistente en la reparación del daño; 7. Seguido el proceso de ejecución, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el defensor público del aquí tercero interesado, presentó escrito en el que solicitó el beneficio de libertad en la modalidad de preliberación; petición que fue tramitada en acuerdo de la misma fecha, en el que el juez de ejecución ya mencionado ordenó dar trámite a dicha incidencia, ordenando notificar al sentenciado, al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a la defensa pública y al Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato; 8. El veinticinco de octubre del mismo año, se dictó la resolución incidental correspondiente, en la que se otorgó al sentenciado la libertad bajo la modalidad de preliberación solicitada. Ahora, el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a la fecha en que se aperturó el incidente de prescripción de la reparación del daño), establecía como derechos de la víctima lo siguiente: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De lo anterior, se concluye que se elevó a rango constitucional el derecho de igualdad de las víctimas u ofendidos en los procesos penales; es decir, que dentro de las prerrogativas otorgadas a éstos está el derecho a ser informados y a participar o intervenir en los procedimientos de esa materia a efecto de defender sus derechos, por lo que dicho reconocimiento constitucional se coloca como una verdadera parte procesal en el juicio penal, en atención, además, a los principios pro persona y de progresividad, en aras de privilegiar los derechos humanos de acceso a la justicia, de recurso efectivo y de protección más amplia de las personas. Estimar lo contrario, implicaría afectar la calidad de parte activa de los ofendidos en el proceso penal, así como su derecho humano a conocer la verdad y a que se castigue al culpable, porque son el presupuesto que justifica la procedencia de la reparación del daño. Lo que finalmente pone de relieve que la víctima u ofendido tiene el derecho de abonar a las pretensiones intentadas por la Representación Social, tanto para la presentación de las pruebas que conduzcan a la acreditación del cuerpo del delito y a la demostración de la probable responsabilidad, como en los medios de impugnación que éste interponga; así como que se le notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnarla. En efecto, sin detrimento de la finalidad principal de dicho órgano titular de la acción penal de propiciar que el aparato judicial sancione al probable responsable del hecho delictivo, las acciones que dicha representación social intenta también van encaminadas a conocer la verdad de los hechos y a que se repare a la víctima el daño causado por el delito, aspectos éstos que constituyen derechos fundamentales de dicha parte vulnerable, por lo que dicha titularidad la legitima a participar en esa actividad. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 161718 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. LXXXIX/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 179 Tipo: Aislada VÍCTIMA U OFENDIDO. TIENE CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCESO PENAL. La reforma al artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, debe interpretarse atendiendo a la intención de los órganos que participaron en el proceso legislativo, en el sentido de reconocerle a la víctima u ofendido el carácter de parte en el proceso penal, aunque de la literalidad del apartado B de dicho artículo no se desprenda expresamente tal carácter. Amparo en revisión 502/2010. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta." Ahora bien, del estudio del acto reclamado y de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsables, a las cuales se les reitera el valor otorgado con antelación, se advierte que el juzgado responsable transgredió el artículo 14 de la Carta Magna, habida cuenta que una vez iniciado el procedimiento de ejecución correspondiente, el sentenciado por conducto de su defensa, solicitó mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, se iniciara incidente de prescripción de la reparación del daño, pues a su parecer la sentencia condenatoria de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, había causado ejecutoria al día siguiente en que se dictó dicha resolución, por lo que a la fecha de presentación ya había transcurrido el plazo de cinco años que prevé el artículo 131 del Código Penal7, vigente para esa fecha. Petición que fue atendida por el juez de ejecución responsable en el acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, en el que ordenó la apertura del incidente de referencia y hacer del conocimiento el contenido de dicho acuerdo al Agente del Ministerio Público de su adscripción, así como al sentenciado, para que en el plazo de tres días hicieran las manifestaciones que estimaran oportunas, para lo cual les remitió copia certificada del auto y escrito de referencia. Hecho lo anterior, el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictó la resolución incidental respectiva en la que en su resolutivo primero señaló: ".Primero.- Resultó procedente la Prescripción de la Pena consistente en REPARACIÓN DEL DAÑO impuesta al ejecutoriado *** " Sin que de constancias de autos se observe que haya notificado a las víctimas reconocidas en la causa que dio origen a la carpeta de ejecución, aquí quejosos, tanto el acuerdo en el que ordenó la tramitación de dicho recurso, como la determinación asumida en el mismo. De ahí que se estime que la actuación de la autoridad responsable, violentó el contenido del artículo 12 de la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato, mismo que establece que: "Artículo 12. En las audiencias ante el Juez de Ejecución estarán presentes el inculpado o sentenciado, su defensor, el Ministerio Público, el servidor público de la Dirección que corresponda y, si lo desea, la víctima u ofendido. La asistencia del Juez de Ejecución, del Ministerio Público y del defensor será requisito de validez de la audiencia. La asistencia de la víctima u ofendido a las audiencias sólo será obligatoria cuando exista interés en la reparación del daño o la sanción que se discuta haga referencia a la forma como se llevará a cabo." (lo resaltado es propio). Lo anterior es de esa manera, pues como se advierte del numeral transcrito, la asistencia de las víctimas en las audiencias relacionadas con la reparación del daño, es obligatoria, motivo por el cual el juez de ejecución señalado como autoridad responsable, debió ordenar la notificación a los aquí quejosos del acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, y ante su ausencia, no se encontraba en posibilidad de poder dictar la resolución respectiva. Luego, si como lo reclaman los quejosos, no fueron llamados al incidente de prescripción de la reparación del daño que promovió el sentenciado, aquí tercero interesado, el Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago, vulneró su derecho de audiencia de las víctimas, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se le vedo su derecho de alegar en el procedimiento relacionado con la reparación del daño. Ahora del procedimiento de ejecución que se analiza, se observa que el juez responsable al emitir su resolución de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la prescripción de la reparación del daño, fundó su determinación en el hecho de que había transcurrido el plazo de cinco años que prevé el artículo 131 del Código Penal; sin embargo, para computar dicho término fundó su decisión en el contenido del artículo 128 del mismo código adjetivo8, pues indicó que la sentencia condenatoria había causado ejecutoria al día siguiente de que se dictó, por lo que la pena impuesta había prescrito desde el veintisiete de febrero de dos mil catorce. Argumento que a juicio de este órgano jurisdiccional fue incorrecto, pues existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual se determinó que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido o víctima la sentencia, máxime que el artículo 91 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato9, establece que las resoluciones que requieren intervención de las partes se notificarán personalmente. Por lo que, si la autoridad responsable para emitir su determinación de prescripción tomó para computar el plazo de cinco años, la fecha en la que sentencia definitiva causó ejecutoria, es claro que dicha decisión fue incorrecta, pues debió computarse desde el momento en que dicha sentencia fue notificada a los aquí quejosos, por lo tanto la citada resolución es violatoria de los derechos consagrados en el artículo 16 constitucional. Por tanto, resulta incuestionable que el concepto de violación en estudio, resulta, como ya se dijo, fundado, en atención a que la actuación del juzgado señalado como autoridad responsable, es violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado. Sin que resulte necesario el estudio del resto de los conceptos de violación, pues con la concesión del amparo se logra la finalidad de los quejosos que se les restituya su derecho de audiencia que estimaron vulnerado, aunado a que del estudio que realice la autoridad responsable respecto a la prescripción de la reparación del daño dependerá la subsistencia de la diversa resolución reclamada, consistente en el beneficio de preliberación concedido al aquí tercero interesado, de ahí que resulte innecesario el estudio de las diversas manifestaciones. Resulta aplicable la tesis jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 195096 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XVIII.1o.2 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1030 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN QUE DEBEN ESTUDIARSE EN SU TOTALIDAD. La excepción de la obligación del Juez de amparo de estudiar todos y cada uno de los motivos de la queja constitucional que se expongan a su consideración, es la regla general acorde al contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, cuya insatisfacción solamente es permisible en casos de verdadera excepción cuando los conceptos de violación no guarden solución de continuidad, es decir, cuando unos dependan de otros; cuando con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, se obtenga la plena restitución del agraviado en el disfrute de la garantía individual por cuyo resguardo acudió al amparo; cuando se declare procedente un agravio constitucional relativo a una cuestión de violaciones formales, o en el caso en que la concesión del amparo tenga como consecuencia la nulificación de todos los actos reclamados, sólo entonces el Juez de Distrito está en la posibilidad legal de evitar el estudio de los restantes. Mas en el supuesto de que se controvierta en la vía de amparo, una resolución jurisdiccional y se expresen conceptos de violación tendientes a atacar la constitucionalidad de las diversas consideraciones que sustentan la totalidad del sentido del fallo, si éstas no guardan dependencia en forma tal que ante la declaración de procedencia de uno de ellos, se logre la finalidad de la restitución en el disfrute de la garantía violada, o cuestiones formales que imposibiliten el estudio de fondo del asunto, el Juez de amparo no queda eximido de su obligación legal de estudiar y resolver la totalidad de la litis así conformada en el juicio de garantías, con el consecuente estudio de todos los conceptos de violación satisfaciendo así lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. Amparo en revisión 308/98. Jorge Salgado Pérez. 30 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Roberto Cantú Barajas. Secretaria: Graciela Rocío Santes Magaña." SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo (vicios de fondo). Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe señalarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede precisar que la protección constitucional concedida a *** es para el efecto de que la autoridad responsable Jueza de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato: a)Otorgue derecho de audiencia a los aquí quejosos respecto a la determinación en la que declaró procedente la prescripción de la reparación del daño a la que fue condenado el tercero interesado; b)Se allegue de las constancias necesarias para poder determinar la fecha en que fue notificada a los quejosos la sentencia definitiva; c) Compute el plazo de la prescripción, correspondiente; y d)En caso de que ello no hubiera ocurrido, dejar sin efectos, todo lo actuado en el proceso de ejecución y con libertad de jurisdiccional resolver lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto que reclamaron de la Jueza de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, por las consideraciones señaladas y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución...
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