Oscar Antonio García Alvarado

Expediente 778/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
778/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Oscar Antonio García Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Cabe señalar que uno de los autorizados del quejoso, quien se encuentra privado de su libertad, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho (Karla...), por ello, se estima que cuenta con la asistencia de un abogado y, por ende, se respeta su derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva. Sirve de apoyo la jurisprudencia número J. 43/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1301, Tomo II, Agosto de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2020495, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda, en términos del artículo 21, inciso d), del mismo Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar que se encuentra recluido.

  2. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de uno de julio de este año, se previno al quejoso...para que aclarara su demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría únicamente como acto reclamado la inejecución de la orden de aprehensión 000295/2017, librada en su contra el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa de control 1062/2017 del índice del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, por el delito de homicidio, cometido en agravio de... No obstante a lo anterior, en proveído de diecinueve de julio del presente año, se emitió un acuerdo en el que, al no haber desahogado la prevención, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de dejar sin efectos el anterior pronunciamiento respecto de tener por no presentada la demanda de amparo y hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de uno de julio de este año; por lo que se tiene como acto reclamado: La inejecución de la orden de aprehensión 000295/2017, librada en contra del quejoso...el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa de control 1062/2017 del índice del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, por el delito de homicidio, cometido en agravio de... DESECHAMIENTO Este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los preceptos 5 y 6 ambos de la Ley de Amparo, aplicados a contrariu sensu. De la interpretación de dichos preceptos se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la persona física o moral que le afecte el acto reclamado y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. Con el objeto de justificar la actuación de aquella hipótesis, resulta pertinente mencionar que el quejoso...señala como acto reclamado la inejecución de la orden de aprehensión 000295/2017, librada en su contra el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa de control 1062/2017 del índice del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, por el delito de homicidio, cometido en agravio de... En esas condiciones, el suscrito advierte que la omisión de ejecutar la orden de aprehensión que refiere fue girada en su contra, no provoca una afectación actual, real y directa a algún derecho fundamental o sustantivo de la parte quejosa, por no transgredir los derechos fundamentales del solicitante de amparo; además que se estima que dicha inejecución no le irroga perjuicio alguno, por el contrario, un derecho sustantivo lo constituye la libertad del quejoso, misma que se vería restringida de ejecutarse dicha orden; sin que obste que ya se encuentra privado de su libertad, no obstante, ello deriva de la ejecución de diversa orden de aprehensión a la aquí reclamada. Sustenta el anterior criterio, por las consideraciones torales que la rigen la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11 que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sin que se inadviertan las manifestaciones del quejoso en cuanto a que teme que de no acreditarse su responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye en diversa causa administrativa (1855/2017 del índice del Juez de Control de Tlalnepantla de Baz, Estado de México), sea trasladado a diverso centro penitenciario pero ahora con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión de la que hoy reclama su inejecución; sin embargo, esa cuestión constituye un acto futuro y de realización incierta, precisamente porque no se sabe cuándo se ejecutará dicha orden; por lo que en el caso se actualiza también, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. De los anteriores numerales se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese sentido, se evidencia que la ejecución de la orden de aprehensión en el momento en el que el quejoso sea puesto en libertad por no haberse acreditado su responsabilidad en la comisión de diverso delito al atribuido en la causa de origen, es un acto futuro de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues el agravio que aduce le causa es precisamente que de no acreditarse su responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye en diversa causa administrativa 1855/2017 del índice del Juez de Control de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sea trasladado a diverso centro penitenciario, pero ahora con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión de la que hoy reclama su inejecución; por lo que se concluye que el acto reclamado es una suposición del quejoso y no constituye un acto concreto, real y de realización cierta, de ahí que no existe una afectación inminente o actual, real y directa en la esfera jurídica de la quejosa. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, lo que es de ese modo aún en tratándose actos de índole penal, pues se insiste, los actos reclamados de ninguna manera pueden combatirse a partir de una simple conjetura por dichos de otro. Sin que se inadvierta la tesis VI.2o.A.20 K, de rubro: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. NO ES UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que por las razones asentadas no se estima aplicable, más aún que la misma se trata de un criterio aislado emitido por un Tribunal perteneciente a distinto circuito al que pertenece el suscrito, por lo que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no es obligatoria para este órgano federal. De ahí que no se advierta afectación alguna respecto de algún derecho sustantivo del quejoso, por lo que no se satisface el principio de agravio personal y directo, como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Máxime que este órgano de control constitucional no puede decidir el momento en que debe ejecutarse una orden restrictiva de libertad, pues dicha cuestión es facultad únicamente de la autoridad que emita el mandamiento respectivo, pues es quien está al tanto de las particularidades del asunto y, por ende, quien puede decidir el momento más adecuado para su ejecución. Al respecto se invoca, por su contenido aplicado en sentido contrario, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 1255, de registro digital 169465, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE LA VÍCTIMA O EL OFENDIDO PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA A EJECUTAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en especial, su fracción II, entre las garantías individuales que la víctima o el ofendido tienen en un proceso penal, se encuentra el derecho a que se desahoguen todas las diligencias que en el mismo se decreten, incluso la ejecución de la orden de aprehensión, pues ésta no deja de ser una diligencia tendente a capturar a los indiciados para sujetarlos a término constitucional y hacer que rindan su declaración preparatoria, por lo que esa actuación encomendada a la policía ministerial forma parte del proceso penal, lo cual legitima a las víctimas o a los ofendidos a impugnar, en vía de amparo, la negativa a ejecutar la orden de aprehensión librada por autoridad judicial. Ello es así, habida cuenta que de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dicho precepto constitucional, se advierte que la procedencia del amparo contra actos derivados de un juicio penal, se amplía a todos aquellos supuestos en que la víctima o el ofendido sufran un agravio personal y directo en alguna de las garantías contenidas en ese precepto constitucional, pues el juicio de garantías tiene como propósito la protección de esos derechos fundamentales cuando son violados por alguna ley o acto de autoridad y causen perjuicio al gobernado; de donde se sigue que quien sufra un agravio personal y directo en relación con tales garantías estará legitimado para solicitar el amparo." Por lo expuesto, resulta indudable para el suscrito que se actualiza las causas de improcedencia aludidas; de ahí que lo procedente es desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar que se encuentra recluido..."

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de julio actual, para que desahogara la prevención formulada, sin que lo haya realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Cabe señalar que uno de los autorizados del quejoso, quien se encuentra privado de su libertad, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho (Karla Beatriz Girón Ramírez), por ello, se estima que cuenta con la asistencia de un abogado y, por ende, se respeta su derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva. Sirve de apoyo la jurisprudencia número J. 43/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1301, Tomo II, Agosto de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2020495, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO..." Notifíquese personalmente al promovente en el lugar que se encuentra recluido.

  4. Principal

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