Oscar Antonio Carillo Carranza
Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Oscar Antonio Carillo Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Solicita constancias. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 23644/2022 que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad. En atención a su contenido, dígasele que el presente juicio de amparo fue promovido por Oscar Antonio Carrillo Valencia, dictándose la sentencia correspondiente el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra parte se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, misma que causó ejecutoria el quince de marzo de dos mil veintidós y se tuvo por cumplida el dieciocho de abril siguiente, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. Expedición de copias. Ahora bien, en relación a las copias que solicita, remítasele copia certificada de las mismas, en específico, de la papeleta de turno, demanda, sentencia de amparo, auto que la declaró ejecutoria y por el que se tuvo por cumplida la misma. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antecedentes. El uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Óscar Antonio Carrillo Valencia, para el efecto que la autoridad responsable Jefe Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos del fallo protector. En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada, que son para que la autoridad responsable proceda en la forma siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad QT/010/2019; b) Emita otra en la que reitere las cuestiones que no fueron materia de análisis constitucional; c) Analice de manera completa y exhaustiva los argumentos que conforman la incompetencia planteada por Óscar Antonio Carrillo Valencia y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente." En quince de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las responsables para que dieran cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante misiva marcada con folio 49982 , el Jefe Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, exhibió copia certificada del acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del procedimiento de responsabilidad QT/010/2019, en la que se dejó insubsistente el acuerdo reclamado de tres de febrero de dos mil veintiuno; y procedió a emitir una nueva resolución reiterando las cuestiones que no fueron materia de análisis constitucional y analizó la incompetencia planteada por Óscar Antonio Carrillo Valencia en el escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, pronunciándose en específico sobre lo manifestado por el quejoso tocante a que no se debió aplicar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, dado que dejó de tener vigencia el uno de noviembre de dos mil veinte porque el procedimiento de responsabilidad que se le instruye en su contra inició propiamente el doce de noviembre de dos mil veinte (tomando en cuenta la fecha de notificación del acuerdo de inicio); es decir, que el inicio, la sustanciación y resolución del asunto quedó regulado por las disposiciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California y Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Pues al efecto la autoridad responsable expuso lo siguiente: ? Que el veinte de enero de dos mil diecinueve, personal de la Agencia del Ministerio Público Unidad de Investigación con Detenido en Tijuana de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, tuvo conocimiento de los hechos en que el quejoso Óscar Antonio Carrillo Valencia fue intervenido y asegurado por agentes de la policía municipal en posesión de un vehículo de motor con reporte de robo; por tanto, un día después, esto es, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la entonces Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, tuvo conocimiento de tales hechos al recibir el oficio 213/2019 de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Visitaduría General, siendo en esa misma fecha que la entonces Visitadora General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, radicó e inició la investigación administrativa número QT/010/2019, por los hechos en los que se vio involucrado Óscar Antonio Carrillo Valencia; que posteriormente, el personal de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, realizó diversas diligencias de investigación hasta el veintiuno de enero de dos mil veinte, en el que la autoridad emitió acuerdo por el determinó agotada la investigación. Luego el veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Visitaduría General emitió acuerdo de inicio de procedimiento dentro del expediente QT/010/2019, y fue notificado el servidor público Óscar Antonio Carrillo Valencia el doce de noviembre de dos mil veinte. ? Que resultaba aplicable lo establecido en el punto 1.2 del Acuerdo de Inicio de procedimiento notificado al servidor público Óscar Antonio Carrillo Valencia, en el que se precisó porqué resultaban aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y su reglamento, del tenor siguiente: "1.2 Legislación aplicable. En este contexto, constriñéndonos al principio fundamental establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, cualquier acto de autoridad que pretenda privar o afectar los derechos de los particulares, debe seguirse conforme a las formalidades del procedimiento establecidas en las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate, luego entonces, en el caso concreto, los artículos 37, 40, 41 y 45 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California; 95 fracciones II y V; 96 fracciones II y V; 98 fracciones III, V y VI; 99, 152 y 156 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; encuentra aplicación vigente en el presente asunto, toda vez que tanto los hechos que se atribuyen al servidor público (acontecidos el día 20 del mes de enero de dos mil diecinueve) así como el inicio y radicación de la investigación administrativa respectiva (21 de enero del 2019), se realizaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (01 de noviembre de 2019), de tal forma, la entonces Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, practicó diligencias de investigación (antes de la entrada en vigor de la nueva regulación) encaminadas a acreditar las causas de responsabilidad administrativa previstas y vigentes por las citadas disposiciones legales aplicables en aquél momento, y que regulaban la actuación de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia en ese entonces." ? Agregó que por ello, debía considerarse que la radicación de la investigación administrativa bajo número de expediente QT/010/2019, el día 21 de enero del 2019, constituía el inicio y base del procedimiento de responsabilidad administrativa, y como consecuencia, tal como disponía y ordenaba el artículo DÉCIMO PRIMERO de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ese procedimiento debía ser resuelto en términos de las disposiciones legales con los que se dio inicio, es decir, con la referida Ley Orgánica de la procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y su Reglamento. ? Precisó además, que en nada afectaba el hecho de que los artículos CUARTO Y SÉPTIMO TRANSITORIO del Decreto que creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado establecieran un plazo de un año para que abrogara la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, en razón de que el artículo DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO del propio decreto que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado establecía la ultra actividad de dichas normas en tratándose de responsabilidad administrativa, señalando que se resolverán en términos de las disposiciones legales con las que se dio inicio. ? Agregando que la fecha de emisión y notificación del acuerdo del inicio de procedimiento dictado en el expediente QT/010/2019, no resultaban relevantes para determinar la legislación a aplicar para substanciar el procedimiento, sino el momento en que inicio la investigación administrativa, pues es dicho momento el que define la legislación con la que debe sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa. ? Señaló que en base a lo expuesto, se reiteraba que la legislación aplicable para fundar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad del servidor público Óscar Antonio Carrillo Valencia, lo era la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y su Reglamento, toda vez que era la legislación vigente tanto al momento de cometerse los hechos como al momento de radicada e iniciada la investigación administrativa (veintiuno de enero de dos mil diecinueve) misma que originó el procedimiento de responsabilidad; que si bien era cierto que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, dejó de tener vigencia el primero de noviembre de dos mil veinte, ello atiende a que será de aplicabilidad para diversos asuntos que dieron inicio su radicación e investigación a partir de fecha primero de noviembre de dos mil diecinueve, lo que no era aplicable al asunto del servidor público Óscar Antonio Carrillo Valencia, pues la investigación fue radicada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve. ? Por lo que resolvió que la radicación de la investigación administrativa bajo número QT/010/2019, se dio el día veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por lo que constituía el inicio y base del procedimiento de responsabilidad administrativa, como consecuencia, tal y como dispone y ordena el artículo DÉCIMO PRIMERO de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el procedimiento debería ser resuelto por esa autoridad en términos de las disposiciones legales con las que dio inicio, es decir, con el referido reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, o 112/2021-VII de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales conferidas y contar con la firma y sello correspondientes. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: Mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo QT/010/2019, dejó insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, y emitió una nueva resolución reiterando las cuestiones que no fueron materia de análisis constitucional y analizó con plenitud de jurisdicción la incompetencia planteada por Óscar Antonio Carrillo Valencia, al tenor de los motivos y fundamentos expuestos en la misma. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó al quejoso en el goce y disfrute de las garantías que en su perjuicio se estimó violadas, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto. Notificación. Comuníquese a las partes la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.3 Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se negó y por otra se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento a sentencia. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexos que remite el Jefe Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visturía de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo en este asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dése vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de marzo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "NOVENO. Efectos del fallo protector. En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada, que son para que la autoridad responsable proceda en la forma siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad QT/010/2019; b) Emita otra en la que reitere las cuestiones que no fueron materia de análisis constitucional; c) Analice de manera completa y exhaustiva los argumentos que conforman la incompetencia planteada por Óscar Antonio Carrillo Valencia y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tienda de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá en lo individual una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.
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