Oscar Andres Gaviria Mazo

Expediente 1193/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1193/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Oscar Andres Gaviria Mazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo. Documentos originales. No existen. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Oficios. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los oficios y anexos remitidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa la situación migratoria de los quejosos Oscar Andrés Gaviria Mazo y Yenireet Andreina Preciado Chacon, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de los quejosos queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los quejosos Oscar Andrés Gaviria Mazo y Yenireet Andreina Preciado Chacon, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: I. Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, residente en Mexicali, Baja California, con domicilio bien conocido en Palacio Federal, Centro Cívico, C.P. 21100, Mexicali, Baja California. II. Encargado de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, con domicilio bien conocido en Av. Melgar N.1, Garita Internacional, Zona Centro, C.P. 21100, Mexicali, Baja California, B.C. I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE LOS MIGRANTES Y DE LOS QUEJOSOS EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE EL QUEJOSO HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUERON LLAMADOS A JUICIO, NI EMPLAZADOS, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HAN SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LES OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLES A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI B.C. 6. RECLAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD COLOMBIANA. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRIACIÓN ASISTIDA O "POR RAZONES HUMANITARIAS" AL PAIS DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LOS QUEJOSOS SEAN TRASLADADOS, A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRAN EN (MEXICALI, B.C.), DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. PRACTICA QUE ACTUALMENTE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA. FECHA EN LA QUE FUERON PRIVADOS DE SU LIBERTAD. Los extranjeros, aquí Amparistas, fueron privados de su libertad del día 3 de agosto del presente año, a las 12:30 pm, y hasta el día de hoy, siguen detenidos e incomunicado, en condiciones precarias en la Estación Migratoria de Mexicali, B.C., y aunque los quejosos ya han excedido las treinta y seis horas que marca la ley, es evidente que no hay interés de las responsables de ponerlos en libertad." De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojada en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su deportación o retorno. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el ocho y once de agosto del año en curso, respectivamente, se otorgó a los ahora gestores del amparo Oscar Andrés Gaviria Mazo y Yenireet Andreina Preciado Chacon, la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a los autorizados de la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el presente expediente no está debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional fijada en autos, dado que se encuentra transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan su informe justificado, toda vez que fueron notificadas del auto mediante el cual se le requirió, el treinta de agosto de dos mil veintidós, según se advierte de la constancia de notificación obrante en autos, surtiendo efectos dicha notificación es ese mismo día, por lo que el citado término concluye el veintitrés de septiembre de la anualidad; lo anterior, al descontar los días inhábiles. Diferimiento. Por tanto, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento. Por otra parte, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informen a este órgano jurisdiccional la situación jurídica de los quejosos (1) Oscar Andrés Gaviria Mazo y (2) Yenireet Andreina Preciado Chacón. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Acatamiento a suspensión de plano. Téngase a las autoridades en cuestión informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas en su oficio. Pruebas. No ofreció. Notifíquese.

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