Oscar Amador Gonzalez
Expediente 353/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Oscar Amador Gonzalez
- César Muñiz Rodríguez (Representante)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que establece: "Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde los oficios que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, los cuales se proveen en el orden de su presentación de la manera siguiente: Con la primera misiva se tiene a la autoridad en comento acusando recibo de la diversa ************* con que fue notificada de la ejecutoria dictada en el presente asunto y de los tomos de prueba que le fueron devueltos; así mismo, remite copia del acuerdo dictado el veintisiete de los actuales en el controvertido de origen, del que se advierte que se dictará la resolución correspondiente, en los términos indicados por esta potestad. Ahora, con el segundo oficio, se tiene a la mencionada responsable remitiendo copia certificada del auto de veintiocho de septiembre actual, dictado en el expediente laboral **************** con el que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida." Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia simple del acuerdo con el que se le da vista.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde los oficios que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, los cuales se proveen en el orden de su presentación de la manera siguiente: Con la primera misiva se tiene a la autoridad en comento acusando recibo de la diversa ************* con que fue notificada de la ejecutoria dictada en el presente asunto y de los tomos de prueba que le fueron devueltos; así mismo, remite copia del acuerdo dictado el veintisiete de los actuales en el controvertido de origen, del que se advierte que se dictará la resolución correspondiente, en los términos indicados por esta potestad. Ahora, con el segundo oficio, se tiene a la mencionada responsable remitiendo copia certificada del auto de veintiocho de septiembre actual, dictado en el expediente laboral **************** con el que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. En consecuencia, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, para que dé cumplimiento, en los siguientes términos (en relación con el expediente número ********************): "1. Deje sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho corresponda en relación con el incidente de sustitución patronal que promovió la parte actora, pero deberá subsanar la insuficiente motivación detectada en el acto reclamado; lo anterior, con el objeto de cumplir con la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional." Por lo que se le otorga un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien veces, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato. Finalmente, remítase a la junta responsable los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que allegó con su informe justificado, toda vez que resulta innecesaria su retención.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 353/2020, promovido por *******, por conducto de su representante legal ******, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado el diecinueve siguiente a este Juzgado, ******, por conducto de su representante legal ******, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable reclamo el acuerdo de fecha 10 de marzo del año 2020 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, al emitir la resolución, que resuelve el incidente de sustitución patronal interpuesto dentro del expediente número ******, presentado con fecha 11 de noviembre del año 2019, de los que se reclaman VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL VULNERARSE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO QUE DETERMINA QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAZO LEGAL, SIN QUE EN EL MISMO CARECE DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PERIODOS QUE VALIDEN LA CIRCUNSTANCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PERIODO HÁBIL E INHÁBIL, INICIO Y TERMINACIÓN DEL MISMO." (Foja 46 del cuaderno de amparo). En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, formó el expediente y lo registró bajo el número 353/2020; además, requirió al promovente para que indicara quiénes son los terceros interesados que deben llamarse a juicio, o bien, en caso de no existir o desconozca su domicilio, exprese tal circunstancia bajo protesta de decir verdad Una vez desahogado lo anterior, por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, reconoció el carácter de tercero interesado a a. ******, quien fue emplazado al presente juicio el veintinueve de septiembre de dos mil veinte. b. ****** quien fue emplazado al presente juicio el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues se reclama una resolución en la cual no se dio trámite al incidente de sustitución patronal promovido por el ahora quejoso; determinación que por su naturaleza no requiere ejecución material por la autoridad para que surta sus efectos; es decir, no conlleva la realización de una obligación de hacer o de dar, sino que se trata de un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran; así dicho acto, por sí, no requiere de una actuación posterior que lo complemente y, por tanto, carece de ejecución material, lo cual finca competencia a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es de invocarse la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA 1 Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, materia común, página 500. JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye el proveído de diez de marzo de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente laboral número ****** por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el cual no se dio trámite al incidente de sustitución patronal promovido por el ahora quejosa, por no haberse presentado dentro del término legal. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje esta ciudad (foja 96) al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que 2 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 3 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la junta responsable, consistentes en copias certificadas del expediente laboral número ******; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. ******, por conducto de sus representantes legales ****** y ******, demandó en la vía ordinaria laboral a ******, ****** y ******, de quienes reclamó las prestaciones ahí señaladas (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas número 1). 2. De dicho ocurso, conoció la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, quien, previa prevención, por auto de siete de abril de dos mil diecisiete, registró el expediente con el número ******, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de los demandados (fojas 9 y 10 ídem). 3. En audiencia celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se dejó de tener como parte demandada a ****** y/o ******,(fojas 31 y 32 ídem). 4. Seguida la secuela procesal, el cinco de octubre de dos mil diecisiete, la junta responsable dictó laudo en el que determinó lo siguiente (fojas 53 a 56 ídem): ".PRIMERO.- La vía ejercitada por la parte actora es la correcta. SEGUNDO.- Se CONDENA a la codemandada moral ******, al pago y cumplimiento al trabajador ******de las siguientes prestaciones: INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL; SALARIOS CAÍDOS; PRIMA DE ANTIGÜEDAD; VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL; AGUINALDO; PRIMA DOMINICAL; HORAS EXTRAS. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución. TERCERO.- Se ABSUELVE al codemandado físico ****** al pago y cumplimiento de la totalidad de las prestaciones reclamadas. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución. 5. En contra de la anterior determinación, la demandada COET, sociedad anónima de capital variable promovió juicio de amparo directo (fojas 64 a 83 ídem). 6. Del citado juicio constitucional conoció, por turno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, quien lo registró con el número ****** y por resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho negó el amparo solicitado (fojas 98 a 139 ídem). 7. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la junta responsable, previa petición del actor, despachó la ejecución de laudo con requerimiento de pago y embargo (foja 144 ídem). 8. En contra del auto anterior, el demandado ****** promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien lo registró bajo el número ****** y por sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve decretó el sobreseimiento del asunto, al no haber agotado el principio de definitividad (fojas 211 a 214). 9. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, el actor promovió incidente de sustitución patronal (fojas 240 a 265 tomos 1 y 2) 10. Por auto de diez de marzo de dos mil veinte, la junta responsable determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- El escrito de cuenta se ordena agregar a los autos del presente sumario para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO.- Se tiene al LICENCIADO ****** por promoviendo incidente de sustitución patronal; sin embargo, el mismo se (SIC) no se encuentra en término legal. Por lo anterior y con fundamento en los numerales 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo no se le da entrada al mismo, por lo antes expuesto." Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. En la especie, el quejoso sostiene en su concepto de violación único lo siguiente: ? Que hay una indebida motivación, debido a que no se llevó a cabo alguna justificación de los elementos con los cuales se presume extemporáneo el incidente de mérito. ? Que se vulneran su derecho humano de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad. ? Que no se establecieron los parámetros a través de los cuáles se concluyó la fecha de inicio y de conclusión del término legal para la interposición del incidente que promovió. ? Que no llevó a cabo la descripción de la fecha de inicio, ni de los días hábiles o inhábiles que mediaron al respecto. ? Cita en apoyo los siguientes criterios: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/97 SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO TIENE LOS ALCANCES DE EXIMIR AL TRIBUNAL DE ALZADA DE CUMPLIR CON LA DEBIDA.". Argumentos que son fundados. En efecto, el acto reclamado infringe en perjuicio del quejoso el principio de legalidad y seguridad jurídica - fundamentación y motivación- reconocidos en el artículo 16 constitucional. El aludido precepto constitucional en su párrafo primero dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." El precepto transcrito reconoce la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto de los que se pretende cometer un acto de autoridad, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de suerte tal que la motivación implica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de nuestro país, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). Lo expuesto tiene apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes4: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 4 Novena Época, registro número 176546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162. suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger a la persona cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte en los siguientes términos: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; con apoyo en ello, se deduce que el espíritu de dicho artículo no solo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para hacerlos y que exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 266, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado 5 Séptima Época, registro número 1011558, del Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239. y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, como se advierte de la transcripción realizada en el apartado de antecedentes del acto reclamado, la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada. Es así, pues en la resolución reclamada únicamente se argumentó que el incidente de sustitución procesal no se presentó dentro del término legal, por lo que no se le dio entrada. Sin embargo, no se justificó suficientemente por qué dicha incidencia no se presentó dentro del plazo que opera en el supuesto jurídico respectivo y tampoco se razonó por qué los preceptos legales citados (761, 762 y 7636 de la Ley Federal del Trabajo) son aplicables al caso, pues estos hablan sobre los incidentes que se pueden promover en el juicio laboral y el trámite que debe dárseles; aunado a que estos numerales no prevén algún plazo legal para su presentación. 6 Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Por tanto, se estima que la argumentación utilizada en la resolución reclamada es insuficiente para fundar y motivar la determinación ahí tomada. Ello, pues resulta indispensable que se expongan las consideraciones que apoyan la determinación asumida, en el sentido de no dar trámite al incidente de sustitución patronal, con la finalidad de que el promovente las conozca y, en su caso, este en aptitud de impugnarlas en la vía correspondiente. En ese sentido, a efecto de que la resolución reclamada se encuentre suficientemente fundada y motivada, es necesario que en ella se justificara con mayor amplitud, cuál es el plazo que dispone para promover dicho incidente; de qué manera transcurrió este; la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de la sustitución patronal que pretende acreditar y, en su caso, cuándo concluyó el término correspondiente; lo cual no fue expresado en la determinación que ahora se combate, pues de forma genérica se sostuvo que no se presentó dentro del término legal. Por tales motivos, se estima que efectivamente el acto reclamado, transgrede en perjuicio de la parte quejosa, los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada; por lo que se impone en el caso es otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, a fin de que la junta responsable: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada; 2. En su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a Derecho corresponda en relación con el incidente de sustitución patronal que promovió la parte actora, pero deberá subsanar la insuficiente motivación detectada en el acto reclamado; lo anterior, con el objeto de cumplir con la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho de que el acto reclamado se haya dictado en los siguientes términos: "Así lo acordaron y firmaron los MIEMBROS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CELAYA, GUANAJUATO, bajo la presidencia del licenciado ******, quien actúa en forma legal con secretario general.". Como se aprecia, la determinación cuestionada contiene el nombre y firma del presidente, así como del secretario general, pero carece del nombre y firma de los demás integrantes de dicho órgano colegiado. Circunstancia que, por sí sola, sería suficiente para otorgar el amparo solicitado; sin embargo, la concesión del amparo en los términos aquí apuntados trae consigo un mayor beneficio jurídico para el quejoso. Además, debe destacarse que la forma en la que fue dictado el auto reclamado deja al quejoso en estado de indefensión, debido a que no se estableció con claridad quien emitió dicho proveído, esto es, si fue dictado por el presidente de la junta, o bien, por la propia junta actuando en plano, por lo que no es factible obligar al promovente a que agote el medio de defensa previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal ampara y protege a ******, en contra de los actos que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Oralia del Refugio Guerrero Reyes726/2019
- Oralia Espino Rueda224/2018
- Oralia Torres Zarate244/2017
- Orcar Isua López Piña960/2018
- Oscar Aguilar García552/2018
- Oscar Alfredo Carranco Muñiz327/2023
- Oscar Arredondo Real1014/2017
- Oscar Benjamín Dominguez Cortes827/2022
- Oscar Cano Mendoza149/2016
- Oscar Cano Mendoza166/2022
- Óscar Capulin Mendoza111/2018
- Oscar Carlos Gutiérrez del Bosque152/2020