Oscar Altamirano González

Expediente 1742/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1742/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Oscar Altamirano González

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1742/2019-XI, promovido por ****, contra actos del Juez de Control, Región Dos y Comandante Regional y/o Encargado de la Comandancia Frontera Sierra de la Policía Especializada, residentes en Comitán de Domínguez, Chiapas. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo vigente, requiérase mediante oficio su informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir de la misma forma solicitada, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de su recibo. Apercibidas que en caso de que no rindan oportunamente el informe previo requerido, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con cinco minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. "IV. NORMA, ACTO U OMISIÓN RECLAMADOS. A. De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo los siguientes actos: 1. La Orden de Aprehensión girada en mi contra. B. De las autoridades señalada como responsable ejecutora reclamo el siguiente acto: 1. La pretensión para ejecutar sobre mi persona la Orden de Aprehensión girada en mi contra por la responsable ordenadora; como la que pretende privarme de mi libertad personal". Este Juzgado Federal sólo se avocará a ello acorde a la Jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LAS ÓRDENES PRIVATIVAS DE LIBERTAD En primer término, es dable decir que en concordancia con lo dispuesto por el primer párrafo del ordinal 138 de la ley en la materia, el cual dispone que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, en este caso procede otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados, ya que se advierte que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, entendiéndose, por lo primero, en términos generales, por la ofensa que se hace a los derechos de la colectividad y por contravención al orden público se entiende la infracción de leyes que establezcan tales derechos de la sociedad. Lo anterior es así, porque si bien es facultad exclusiva de los Tribunales de la Federación y de las entidades que la conforman, emitir los mandamientos para conducir al imputado al proceso penal, lo cierto es que tales mandamientos se encuentran condicionados al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto pueden ser sujetos del escrutinio en sede constitucional. Asimismo, porque si bien las detenciones que realizan las autoridades encargadas de la procuración de justicia, las que pueden constituir una simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, es una restricción temporal del ejercicio un derecho determinado e incluso, la detención en sentido estricto, cuando actúan dentro de los límites que marcan los artículos 16, párrafos quinto y sexto, así como 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe efectuarse con absoluto respeto a los derechos humanos; por tanto, cualquier detención ordenada por el Ministerio Público puede ser sujeta del control judicial en los términos que las leyes lo autorizan. Además, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza el quejoso en la demanda, se advierte que desde su perspectiva no se encuentran satisfechos los requisitos a que alude el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, de confirmarse en el juicio principal que los actos reclamados se encuentran desprovistos de una causa legal o no satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, necesariamente tendrá que otorgarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, de ahí que en el este caso sea necesario preservar viva la materia del juicio, para que los actos reclamados no se consumen de modo irreparables. Precisado lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, y el cual aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que para la concesión de la medida, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, y como no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, en acatamiento a los preceptos 162, 163 y 166, en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como ya se dijo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión reclamada, para los efectos los siguientes: a. Con fundamento en el artículo 18, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, una vez ejecutada la orden, el quejoso quede a disposición de este juzgado, interno en un establecimiento penitenciario, en un área distinta a la destinada a la extinción de penas y con absoluto respeto a sus derechos humanos; únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior sin perjuicio de lo que determine la autoridad judicial que la reclama, sobre la revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva si legalmente procedieren, caso en el cual, podrá disponer de la libertad de la parte quejosa debiendo, en su caso, dar aviso de inmediato a este tribunal, acompañando las constancias que haya tomado en consideración para emitir la resolución correspondiente. b. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos; sin embargo, surtirá sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si el solicitante del amparo incumple con las siguientes medidas y garantías: b.1. Deberá otorgar en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad de $6,000.00 seis mil pesos moneda nacional), en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, de la serie N, en la que aparezca como depositante la parte quejosa, y con la precisión que el depósito, es para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado dentro de este expediente; o en cualquiera de las formas a que alude el artículo 173 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Monto que se fija discrecionalmente, con base en lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, al no contar con elementos que ayuden a fijar una cantidad exacta. b.2. De igual forma se imponen como medidas de aseguramiento, que el solicitante del amparo se presenten de inmediato ante el juez responsable, en caso de que acepte la existencia del acto reclamado, a efecto de que señale hora y fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a la que deberán comparecer bajo el apercibimiento que de no hacerlo quedará sin efectos la medida suspensional. c. Si la orden de captura deriva de la resolución emitida por un juez dentro de un proceso en que el Ministerio Público que interviene en él, haya solicitado la prisión preventiva como medida cautelar porque considere que otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el inciso "a" de este proveído. Cabe aclarar que la cantidad precisada en el inciso b.1., podrá ser aumentada, disminuida o suprimida, conforme a los datos que proporcionen las autoridades responsables al rendir el informe previo que para tal efecto se les requiere. Adicionalmente, la parte quejosa deberá comparecer cuantas y tantas veces sean citados por el Juez de la causa penal, para colaborar en la investigación con la cual se encuentre relacionada, tanto en su etapa inicial como en la complementaria; apercibidos que de incumplir con cualquiera de estas prevenciones la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto reclamado. Tratándose del inciso "b", prevéngase a las autoridades responsables que la medida cautelar no impide que la parte quejosa sea puesta en libertad si así procediere, ni la aplicación en su beneficio de criterios de oportunidad, ni soluciones alternas. Tratándose del inciso "c", la medida cautelar surtirá sus efectos sin necesidad de exigir al quejoso garantía alguna. Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad ejecutora que para el cumplimiento y ejecución del auto de suspensión, se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de la Ley y en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. Asimismo, infórmese a las autoridades responsables ejecutoras que el dispositivo 262, fracción III, de la ley en aplicación señala que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Este mandamiento no impide: A) La detención del quejoso ordenada por el agente del ministerio público en uso de la facultad que le confiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional, por tratarse de un caso urgente, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que puedan sustraerse a la acción de la justicia. B) La privación de su libertad personal si se trata del cumplimiento de una orden judicial diversa a la reclamada en este juicio. C) Su detención con motivo de la comisión de un delito flagrante, en los términos precisados en el párrafo quinto, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y D) La restricción de su libertad si se les sorprende infringiendo los reglamentos de policía y buen gobierno. Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado la naturaleza, modalidades y características de los hechos que motivaron la orden de captura reclamada, la situación económica de la parte quejosa y demás circunstancias personales, y demás información que posean, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva que se dicte en el incidente. En la inteligencia que si la privación de la libertad deriva de mandamiento de captura, ya analizado vía amparo, por un Juez de Distrito que la consideró en sentencia firme constitucional, tampoco opera esta medida cautelar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de 2º numeral, expídase copia certificada de esta determinación, autorizando para que en su nombre y representación la reciba las personas que indica, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este juzgado en día hábil, preferentemente dentro del horario de diez a trece horas. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en esta ciudad. Ahora, téngase por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a ****, ****y ****, y en términos restringidos a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente, así como a ****y**** toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ****, contra actos del Juez de Control, Región Dos y Comandante Regional y/o Encargado de la Comandancia Frontera Sierra de la Policía Especializada, residentes en Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1742/2019-XI. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización . Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en esta ciudad. Ahora, téngase por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a ****, ****y ****, y en términos restringidos a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente, así como a ****y**** toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y por oficio a las autoridades responsables.

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