Oscar Alfredo Pacheco Cruz

Expediente 254/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
254/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Oscar Alfredo Pacheco Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Causa Estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a las autoridad que fueron señaladas como responsables, las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado, previo desglose que se haga de las carátulas de los tomos de prueba identificados como TOMO I, II, III; IV y V. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo a ninguna de las citadas autoridades, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. IV. Se acusa recibo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio ............, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito; en tal virtud, mediante oficio que derive del presente auto, acúsese el recibo correspondiente, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintidós. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito promovido por el quejoso ............, por el cual evacua la prevención formulada en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, la cual se tiene por cumplida, en consecuencia, se provee. II. Desechamiento. Según se advierte del análisis del escrito aclaratorio y la demanda de amparo, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, del análisis de la demanda se obtiene que, en el caso, el impetrante señala como autoridad responsable a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, de quien se reclama: La resolución emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del Toca Familiar ..........., en la que se resolvió modificar el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente ............, relativo al Juicio Sumario Civil sobre Custodia y otras prestaciones, promovido por ............., contra ............... Acto de autoridad respecto del que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Preceptos normativos de los cuales se obtiene que, tratándose de actos acaecidos dentro de juicio, la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que el reclamado constituya un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos éstos como los que afectan derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ello se sigue que, el legislador impuso como condiciones para la procedencia del amparo contra tal clase de actos de autoridad, que se reúnan los requisitos siguientes: i. Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. ii. Que los derechos afectados, se ubiquen en la categoría de los denominados como sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, delimita la clase de actos dentro de juicio que pueden reclamarse mediante juicio de amparo directo, constriñéndolos a los considerados como de imposible reparación, lo que excluye a aquéllas cuya afectación sea de carácter formal o adjetiva. Atento a ello, se tiene que la resolución reclamada no constituye un acto que tenga el alcance de generar a la parte quejosa una afectación en su esfera de derechos sustantivos, ya que, si bien la autoridad señalada como responsable modificó el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio sumario ............., en el que se determina el nombramiento de peritos para ambas partes, así como el pago de honorarios para cada uno de ellos, sin embargo, la afectación que tal determinación pudiera producir es de carácter estrictamente procesal, en tanto es susceptible de desaparecer en el supuesto de que el impetrante obtenga sentencia favorable; ahora, en el supuesto de que tal resolución le sea desfavorable, será hasta ese momento en que, de trascender al resultado del fallo, se materializara la afectación reclamada, la que, en su caso, deberá combatirse como una violación a las reglas del procedimiento mediante juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2006589, cuyo rubro y texto se transcriben: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así mismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia IV.2º.C.J/2 (10ª), publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, como la resolución reclamada se erige como una determinación meramente procedimental, es claro que no tiene el alcance de generar al promovente una afectación de imposible reparación, lo que actualiza de manera clara e indudable causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. III. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. IV. Formación de tomos. Vista la certificación se advierte que, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 39/2022-HD, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que se anexaron diversas constancias remitidas por las autoridades responsables, por tanto, atendiendo a su voluminosidad, fórmese cinco tomos de pruebas, identificados como TOMO I, II, III IV y V, los cuales estarán en la secretaria de este Juzgado, para su consulta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CITATORIO DE 23/03/2022, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 22/03/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintidós. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito promovido por el quejoso ............, por el cual evacua la prevención formulada en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, la cual se tiene por cumplida, en consecuencia, se provee. II. Desechamiento. Según se advierte del análisis del escrito aclaratorio y la demanda de amparo, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, del análisis de la demanda se obtiene que, en el caso, el impetrante señala como autoridad responsable a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, de quien se reclama: La resolución emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del Toca Familiar ..........., en la que se resolvió modificar el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente ............, relativo al Juicio Sumario Civil sobre Custodia y otras prestaciones, promovido por ............., contra ............... Acto de autoridad respecto del que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Preceptos normativos de los cuales se obtiene que, tratándose de actos acaecidos dentro de juicio, la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que el reclamado constituya un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos éstos como los que afectan derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ello se sigue que, el legislador impuso como condiciones para la procedencia del amparo contra tal clase de actos de autoridad, que se reúnan los requisitos siguientes: i. Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. ii. Que los derechos afectados, se ubiquen en la categoría de los denominados como sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, delimita la clase de actos dentro de juicio que pueden reclamarse mediante juicio de amparo directo, constriñéndolos a los considerados como de imposible reparación, lo que excluye a aquéllas cuya afectación sea de carácter formal o adjetiva. Atento a ello, se tiene que la resolución reclamada no constituye un acto que tenga el alcance de generar a la parte quejosa una afectación en su esfera de derechos sustantivos, ya que, si bien la autoridad señalada como responsable modificó el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio sumario ............., en el que se determina el nombramiento de peritos para ambas partes, así como el pago de honorarios para cada uno de ellos, sin embargo, la afectación que tal determinación pudiera producir es de carácter estrictamente procesal, en tanto es susceptible de desaparecer en el supuesto de que el impetrante obtenga sentencia favorable; ahora, en el supuesto de que tal resolución le sea desfavorable, será hasta ese momento en que, de trascender al resultado del fallo, se materializara la afectación reclamada, la que, en su caso, deberá combatirse como una violación a las reglas del procedimiento mediante juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2006589, cuyo rubro y texto se transcriben: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así mismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia IV.2º.C.J/2 (10ª), publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, como la resolución reclamada se erige como una determinación meramente procedimental, es claro que no tiene el alcance de generar al promovente una afectación de imposible reparación, lo que actualiza de manera clara e indudable causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. III. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. IV. Formación de tomos. Vista la certificación se advierte que, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 39/2022-HD, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que se anexaron diversas constancias remitidas por las autoridades responsables, por tanto, atendiendo a su voluminosidad, fórmese cinco tomos de pruebas, identificados como TOMO I, II, III IV y V, los cuales estarán en la secretaria de este Juzgado, para su consulta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Querétaro, Querétaro, tres de marzo de dos mil veintidós. I. Tribunal Colegiado envía testimonio de revisión. Agréguese a los autos el oficio ..........., con anexo, suscrito por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio en que se actúa y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativa ............, del que se desprende, que la superioridad resolvió: ".PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto de la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, por los motivos expuestos en la segunda consideración jurídica de este fallo Segundo. Queda firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida plasmada en el resolutivo primero; así como la concesión del amparo precisada en el resolutivo segundo del fallo impugnado en relación con el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en términos de la séptima consideración jurídica de esta ejecutoria. Tercero. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. Cuarto. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa .............., respecto del artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, para los efectos que se indican en la sentencia recurrida.". Acúsese recibo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar y, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. II. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable precisada, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciba la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. V. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. tifíquese; por oficio al Tribunal de Alzada y a las autoridades responsables.

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