Oscar Alfredo Morales Gordillo

Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
135/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Oscar Alfredo Morales Gordillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    mesa 1-A.- Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante oficio 70113 de veintisiete de noviembre del año en curso, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por conducto de la encargada de la Unidad Jurídica de la Delegación en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual fue recibido el cinco de diciembre del año en curso, según se advierte del acuse de recibo que obra agregado a los autos (foja 116), sin que hasta esta fecha haya informado el cumplimiento que haya dado a dicha ejecutoria. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia. No obstante lo anterior, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurriría se traduciría en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, dado que las ejecutorias son de orden público y los alcances de exigir su cumplimiento tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2007914, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Hágase saber a la referida autoridad responsable, como precedente, que en sesión de doce de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 580/2014, derivado de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo 939/2012, en el que se decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la cuenta, con fundamente en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los oficios 2060 y 2114 suscritos por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante los cuales, con el primero informa que causó estado el proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que desechó por extemporáneo el recurso de revisión que hizo valer la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por conducto de la encargada de la Unidad Jurídica de la Delegación en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de la sentencia dictada en este asunto, y devuelve el original del juicio de amparo 135/2019. Asimismo, con el segundo de los comunicados, solicita el acuse de recibo del original del citado juicio constitucional, por ende, acúsese recibo de estilo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Asimismo, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias. En consecuencia, toda vez que por auto de veinticuatro de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto (foja 52), con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "Por tanto, procede conceder a Óscar Alfredo Morales Gordillo el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el ámbito de sus facultades, cumpla con el imperativo establecido en el artículo 8° constitucional. Es decir, deberá emitir por escrito una respuesta completa y congruente a las solicitudes presentadas por el quejoso y además, notificarlo debidamente en el domicilio señalado para tal efecto, de la respuesta que al efecto emita. En el entendido de que la decisión anterior no constriñe, en forma alguna, el sentido de su respuesta, ya que el mandato constitucional sólo le obliga a emitir un acuerdo congruente a toda petición y que se notifique, pero no impone que deba resolverse en tal o cual sentido." Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia. No obstante lo anterior, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurriría se traduciría en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, dado que las ejecutorias son de orden público y los alcances de exigir su cumplimiento tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2007914, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 1-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; quince de octubre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la Encargada del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por el que solicita copia certificada del escrito de petición del quejoso Óscar Alfredo Morales Gordillo, para efecto de estar en aptitud de dar cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito, al respecto se acuerda: Como lo solicita la autoridad oficiante remítasele copia del escrito de petición de veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, con sello de recibido de dos de abril de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar (foja10). Por otra parte, infórmese a la autoridad oficiante que el nombre correcto del quejoso es Óscar Alfredo Morales Gordillo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 55922 y sus anexos; asimismo, informa que desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por la encargada de la Unidad Jurídica de la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quedando registrado como amparo en revisión 358/2019 de su índice, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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