Oscar Alexis Malvido Aranda

Expediente 464/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
464/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Oscar Alexis Malvido Aranda
  • Cristian Nayeli Aranda Maqueda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción..., Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica..., siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: se notifica por medio de lista a la QUEJOSA ... el contenido del auto de fecha 28 de abril de 2023, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales ********************, por medio del cual desahoga el requerimiento ordenado en auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, se provee respecto de la demanda de amparo como sigue. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, la quejosa hace consistir el acto reclamado en la audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el incidente de régimen de vistas derivado del juicio de divorcio bilateral ********************, promovido por ********************en contra de la hoy quejosa, en la que se llevó a cabo el desahogo de pruebas y alegatos de las partes y señaló hora y fecha para escuchar al menor hijo de las partes, apercibiendo a la aquí quejosa que en caso de no presentar al menor a la plática referida, se le impondría como medida de apremio una multa. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, se advierte que el procedimiento de origen es un juicio de divorcio bilateral, que fue radicado ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, registrado con el expediente ********************, en el que como lo manifiesta la promovente, ********************, interpuso incidente de régimen de vistas, en el cual el catorce de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos de las partes y señaló hora y fecha para escuchar al menor hijo de las partes, apercibiendo a la aquí quejosa que en caso de no presentar al menor a la plática referida, se le impondría como medida de apremio una multa, determinación que constituye el acto reclamado. En ese sentido, en contra del acto que se reclama en este asunto, procedía el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 688, 689 y 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). De tal manera, se estima que la hoy quejosa no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que al manifestar que es parte en el juicio de origen, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios que se aluden, y con ellos obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado, y si no los agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en la fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, que aún y cuando la parte quejosa estime que el acto que reclama es uno de aquellos señalados como de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos del impetrante, tutelados por la Constitución Federal o tratados celebrados por el Estado Mexicano; es de establecerse que previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de apelación, al ser un medio ordinario de defensa cuya normativa establece la real posibilidad de que el desahogo del respectivo medio de convicción pueda suspenderse, al no operar una excepción al principio de definitividad, de cuyo cumplimiento no queda liberada la quejosa pues, aun cuando se trate de un recurso admisible en efecto devolutivo de tramitación inmediata, la propia legislación en su artículo 696 establece la posibilidad de que el acto que reclama, con la solicitud del impugnante y su apreciación del porqué el auto apelado puede generar daños irreparables o de difícil reparación, pueda suspenderse; porque el artículo 956 de dicho código hace expresa remisión a las reglas generales ahí previstas, en lo no contemplado en el capítulo especial destinado a las controversias del orden familiar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.833C, novena época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1159, que señala: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." También sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, octava época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, febrero de 1993, página 271, que señala: "JUICIO DE AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL, AUN TRATANDOSE DE ACCIONES DEL ESTADO CIVIL O QUE AFECTEN EL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA. Es inexacto que tratándose de un juicio de divorcio pueda promoverse amparo directo contra la sentencia de primera instancia sin necesidad de agotar el recurso de apelación contra ese fallo. Porque lo contrario se desprende de la simple lectura del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General. En efecto, dicho precepto previene que procede amparo directo tanto contra violaciones de fondo como contra violaciones de procedimiento, estando constituidas las primeras por aquellas que se cometen en las propias sentencias, y las segundas surgen en el curso del procedimiento. Y es precisamente al hablar de éstas últimas cuando el dispositivo exime de agotar los recursos ordinarios en juicios sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia. Lo que significa que no hay necesidad de preparar el amparo únicamente respecto de las violaciones de procedimiento, pero si existe obligación de apelar el fallo de primer grado." Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la octava parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." No obsta a lo anterior, el hecho de que la naturaleza de la contienda de origen sea familiar, pues ello no implica que se encuentre exento de interponer recursos ordinarios, toda vez que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aún en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, así como el entorno familiar, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a. /J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2013, tomo I, página 350, que señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por consiguiente, al no agotar la quejosa el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el diverso 113 de la invocada Ley, procede desechar de plano, la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa." NOTIFÍQUESE.

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