Oscar Alexis Godoy Camacho
Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Oscar Alexis Godoy Camacho
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, en esta ciudad, a través del cual remite el oficio 11989/2022 bis, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por corresponder a este órgano judicial. En ese sentido, intégrese el diverso oficio que remite la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a través del cual comunica el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado por el titular del órgano de su adscripción, en el juicio de amparo 348/2022; determinación de la que se destaca que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Oscar Alexis Godoy Camacho. Atento a lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, archívese este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción j), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Intégrese a los autos el oficio de cuenta con evidencia criptográfica que remite vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federal en el Estado de Baja California, con sede en la ciudad de Tijuana, mediante el cual acusa de recibo el oficio y papeleta enviado por este juzgado vía interconexión en relación a la incompetencia planteada en el juicio de amparo 344/2022 del índice de este juzgado, promovido por ..., reservándose proveer sobre si acepta o no la competencia planteada ello una vez que cuente con las constancias originales del juicio de que se trata; por tanto, agréguese dicho comunicado en el cuaderno de antecedentes que se formó del mismo, en virtud de que los originales del citado juicio fueron remitidos vía estafeta.
- Principal
Demanda Vista la demanda de amparo firmada vía electrónica con evidencia criptográfica por ..., en su carácter de autorizado de ..., contra actos del Juez de Garantías del Centro de Justicia Penal del Estado de Baja California, con sede en Tijuana; regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 344/2022-7 Incompetencia En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones que se trate, a prevención; 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda En la especie, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, advierte su legal incompetencia de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, acorde con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de lo siguiente: En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós dictada en la causa penal 1177/2022 del índice del Juez de Garantías del Centro de Justicia Penal del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Entonces, es importante destacar que el acto reclamado tuvo ejecución, debido a que la resolución reclamada deriva del procedimiento de origen que se encuentra en la ciudad de Tijuana, lugar donde debe seguir su curso legal el proceso penal. De lo anterior, se estima que quien debe conocer de la presente demanda de amparo es un Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal en el que se ordenó vincular a proceso al promovente del amparo, pues dadas las características de los actos reclamados requieren de ejecución material, lo que se traduce que el Juez de Garantías del Centro de Justicia Penal del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, continúe con el proceso penal 1177/2022. Lo anterior, ya que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítase a la Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, ya que dentro de su jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado por el quejoso, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Tiene aplicación por analogía al caso la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Novena Época, registro digital 176365, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal" Así como el diverso criterio de Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), emitido por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183 Décima Época, registro digital 160608, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad" En atención a la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, solicítese el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Cuaderno de antecedentes Con impresión de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes; asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Incidente de Suspensión. Sin que sea el caso formar por separado y duplicado el incidente de suspensión al no haber sido solicitado, aunado a que no se está en los supuestos a que alude el artículo 48, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, ni se actualiza alguna de las hipótesis que contempla el artículo 22 Constitucional. Domicilio y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio procesal en esta ciudad, autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Esteban Yáñez Placeres y Carlos Daniel Mendoza Juárez y, únicamente para oír y recibir notificaciones, al diverso que menciona en su escrito. Notificaciones y Consulta electrónica de expediente. Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que el promovente proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante usuario "EstebanYañez"; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, por conducto de los usuarios que para ello designa. Lo anterior, sin perjuicio de la designación del domicilio procesal, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario Habilitación de días y horas Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones en días y horas inhábiles que en su caso se requieran en el presente juicio. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.
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