Oscar Alexander Vides Romero

Expediente 1377/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1377/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Alexander Vides Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, para que rinda su informe justificado solicitado mediante oficio 25816/2023, sin que haya dado cumplimiento a dicho requerimiento, aun cuando fue notificada de dicha solicitud en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos [foja 21]. En consecuencia, a efecto de estar en aptitud de dictar una resolución ajustada a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representativa en 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar el impedimento legal que tengan par ello, se le impondrá la multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con los artículos 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, a fin de dar margen a la notificación del presente acuerdo a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está señalada para hoy y se fijan las nueve horas con diecisiete minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo ese acto procesal. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis1 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Además que conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los juzgados de distrito, con fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó el aviso del calendario de vacaciones correspondiente a este juzgado de distrito, mismo que comprende la segunda quincena de diciembre del año en curso. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita copias certificadas de la sentencia dictada en tres de enero de dos mil diecinueve, y de haber adquirido firmeza, se remita copia certificada del acuerdo correspondiente. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo mediante oficio que se gire, remítase a la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las copias certificadas que solicita para los efectos legales a que haya lugar. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia incidental en el en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de garantías ******************** promovido Óscar Alexander Vides Romero, contra actos de la Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta que fue la audiencia, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Copia de la demanda de amparo. 1 a 8. 2 Suspensión provisional 11 a 18. 3 Emplazamiento a la autoridad responsable. 22. Asimismo, el Secretario hace una relación del informe previo rendido por la autoridad responsable, en los siguientes términos: JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN TAPACHULA, CHIAPAS, DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. NIEGA Fojas 27 Y 28 La Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Período probatorio. El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1. QUEJOSA DOCUMENTALES 9 y 10. Al respecto, la Jueza de Distrito, acuerda: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las documentales de mérito, mismas que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que únicamente los formuló: No. PARTE Manifestaciones FOJAS 1 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN TAPACHULA, CHIAPAS, DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Alegatos 31 a 37. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la autoridad responsable, y ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se orden dictar la siguiente resolución VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********************. R E S U L T A N D O ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente asunto, en su demanda de amparo la incidentista señala como actos reclamados los siguientes: La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. La expedición del citatorio de diez de octubre del año en curso, con número 257862. La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a favor del quejoso. Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a la parte impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, fue omisa en acreditar que se haya expedido en favor de la parte quejosa la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, o en su caso, que se haya admitido a trámite la solicitud de refugiado del impetrante. Por consiguiente, se estima que lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y tener por cierta la existencia de los actos reclamados, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable es de naturaleza omisiva, de tal manera que si la potestad aduce su inexistencia, se encuentra obligada a acreditar la actuación que en concreto hayan realizado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, los actos reclamados esencialmente se hacen consistir en la omisión de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la omisión de otorgarle la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tiene la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhibe copia del manifiesto inicial relativo a la solicitud de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, con número 257862, expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIONES Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable expida a la persona quejosa de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a las autoridades responsables para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a las autoridades responsables que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, RESUELVE ÚNICO. Se concede a Óscar Alexander Vides Romero la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridad señalada en el considerando único, en los términos ahí especificados del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, en el que se le dio vista con un nuevo acto y autoridad responsable; asimismo, que para el día de hoy a las diez horas con cincuenta minutos, se encuentra señalado el desahogo de la audiencia constitucional. DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por lo tanto, para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y se señalan nuevamente las diez horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables cuyo informe obra agregado en autos, ya que esa particularidad permite a esta juzgadora colegir que se encuentran debidamente emplazadas a juicio, y por ende, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con los datos de identificación siguientes: Décima Época, Registro: 2002576, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Página: 1253, de texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes.

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