Óscar Alejandro Tagle Cárdenas

Expediente 1053/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1053/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Óscar Alejandro Tagle Cárdenas
  • Óscar Alejandro Tagle Cárdenas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico ********. Cúmplase.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, ejercitando la patria potestad de su menor hijo Ó.A.T.V., personalidad que se le reconoce en términos del acta de nacimiento con folio identificador electrónico 2926223,expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, contra actos de la Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1053/2023-III. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La no admisión en el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Derecho. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro 192097, página 32, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Desechamiento. Bajo tal aspecto, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora, como se precisó en párrafos que preceden, la quejosa señala como acto reclamado: La no admisión en el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Derecho. Cabe mencionar que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el directo quejoso hizo los trámites necesarios para la aceptación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, para cursar dicha carrera, quien además cursó la preparatoria en diversos Bachilleratos de dicha Universidad de Colima, por lo que cumplió con los requisitos para su ingreso, siendo la única limitación el promedio para ingresar a la facultad el cual es de 8.5, ya que el quejoso alcanzó el 7.84 siendo la causa por la que no fue aceptado a la Facultad de Derecho, según el decir de las autoridades responsables. Al respecto, este Juzgador advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos legales transcritos, interpretados a contrario sensu, establecen que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo debe entenderse aquella que dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar u omita ejecutar el acto que se reclama, con lo que se crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por tanto, interpretados a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les revistan tales características. Sobre el tópico, al resolver la contradicción de tesis 37/2005-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente: "(.) SÉPTIMO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presente contradicción de tesis, tiene por objeto establecer si constituye acto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, la resolución de la Universidad de Guadalajara de no admitir a determinada persona a cursar cierta licenciatura que ella imparte, por no haber obtenido la puntuación requerida en el examen sometido para tales efectos. (.) Ahora bien, los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, establecen lo siguiente: "Artículo 1o. La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la entidad. "Artículo 2o. La Universidad de Guadalajara se rige por lo dispuesto en el artículo 3o. y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado de Jalisco; la legislación federal y estatal aplicables; la presente ley, y las normas que de la misma deriven. "Para los efectos de esta ley, cuando sus disposiciones se refieran a la universidad, se entenderá que se trata de la Universidad de Guadalajara. "Artículo 3o. El Estado debe garantizar: "I. La autonomía de la universidad y su facultad de gobernarse a sí misma; "II. El respeto a la libertad de cátedra e investigación; "III. El libre examen y discusión de las ideas; y, "IV. La administración de su patrimonio. "Asimismo, procurará en todo tiempo, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público, destinar recursos presupuestarios para el logro de sus fines y el eficaz desempeño de sus funciones. "Artículo 4o. La universidad tendrá su domicilio legal en la capital del Estado. Sin embargo, podrá establecer dependencias, ofrecer servicios educativos y realizar sus funciones institucionales en las diversas regiones de Jalisco." En este contexto, en atención a la autonomía de la Universidad de Guadalajara, en tanto que constituye un organismo descentralizado de la administración pública local, resulta inconcuso que es un órgano que integra al Estado y que forma parte de la respectiva entidad política; sin que ello obste para reconocer que en cuanto a las relaciones jurídicas que entabla al seno del orden jurídico nacional, posee una personalidad y un patrimonio propios, que lo distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o autónomos de la entidad a que pertenece, así como una esfera competencial propia. En relación con lo anterior, de especial relevancia resulta para la materia de la presente contradicción, precisar qué consecuencias acarrea para el efecto de la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Universidad de Guadalajara, la circunstancia de que a este órgano del Estado, conforme a la ley aplicable, tenga autonomía. Así, el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución General de la República, dispone lo siguiente: "Artículo 3o. ... "La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. "I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; "II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. "Además: "a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; "b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y "c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; (...) "VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere". Ante lo dispuesto en este numeral, es necesario precisar cuál es el origen, el límite y las finalidades que constitucionalmente corresponden a las atribuciones de autogobierno que derivan de la autonomía universitaria regulada en el precepto constitucional antes transcrito. Por principio, cabe señalar que la autonomía universitaria tiene rasgos propios y específicos, diferentes de los que corresponden a la autonomía que conforme a la Constitución General de la República se otorga a diversos órganos del Estado, como son los Tribunales Agrarios, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, regulados, respectivamente, en los artículos 27, fracción XIX, párrafo segundo, 28, párrafo sexto, 41, fracción III, 73, fracción XXIX-H, 79, párrafo primero, 102, apartado B, párrafo cuarto, 116, fracción V y 122, apartado C, base quinta, todos de la propia Norma Fundamental. En cuanto al origen de la autonomía universitaria, el mencionado artículo 3o., fracción VIII, constitucional, señala con precisión que ésta será conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales. Por otra parte, la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio Texto Constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que al tenor del artículo 3o. constitucional rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. En abono a lo anterior, en la propia Constitución se precisa que la referida autonomía conlleva a que las respectivas universidades públicas estén facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En tal virtud, debe estimarse que la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que la Universidad de Guadalajara goce de independencia para determinar por sí sola, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Es decir, la capacidad de decisión que se confiere a la Universidad de Guadalajara está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia Norma Fundamental informan a la educación pública, de donde se sigue que la autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad en excepción del orden jurídico. (.) Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que la Universidad de Guadalajara logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autoridad universitaria, la Legislatura Local ha habilitado a determinado órgano de tal institución para que emita disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en complemento con lo dispuesto en la Constitución General de la República, la Constitución Local y las leyes respectivas, los términos y condiciones en que presta los servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio. Al respecto, cabe precisar que el artículo 31, fracciones I, II, III, IV, VII y XI, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, a la letra dice: "Artículo 31. Son atribuciones del Consejo General Universitario: "I. Aprobar el estatuto general, así como las normas y políticas generales en materia académica, administrativa y disciplinaria de la universidad; "II. Aprobar el plan de desarrollo institucional, el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como las normas generales de evaluación de la universidad; "III. Dictar las normas generales para el otorgamiento de becas, la prestación del servicio social y la titulación; "IV. Expedir las normas generales sobre acreditación, revalidación y reconocimiento de equivalencias de estudios, diplomas, títulos y grados académicos. (...) "VII. Aprobar las bases para la formación o modificación de los planes de estudio y programas de docencia, investigación, difusión y servicio social; (...) "XI. Dictar las normas generales para la incorporación de estudios de otras instituciones educativas a la universidad." Como se advierte, se ha establecido una cláusula habilitante a favor de la Universidad de Guadalajara, mediante la cual se le autoriza para emitir disposiciones de observancia general, debiendo considerarse que este conjunto normativo integra el orden jurídico nacional, en tanto que es expedido con base en una autorización de la Legislatura Local y, por ende, debe apegarse a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas. (.) En ese tenor, las disposiciones con base en las cuales actúa el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara constituyen normas legales, pues emanan de un órgano del Estado que válidamente está dotado por el legislador de la atribución suficiente para expedir disposiciones de observancia general que regulan tanto su integración como los diversos vínculos que entabla con otras personas oficiales y privadas (.) En relación con lo dispuesto en los ordenamientos referidos a manera de ejemplo, así como en los diversos que son emitidos por el órgano competente de la universidad en cita, debe tomarse en cuenta que en ellos no se regula exclusivamente el funcionamiento interno de los diversos órganos que la componen, sino que incluso se establecen derechos y obligaciones tanto para los servidores públicos que encarnan dichos órganos, como para los gobernados con los que entablan relaciones jurídicas de diversa índole. (.) En este orden de ideas, cabe precisar que los artículos 10, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, establecen lo siguiente: (.) De lo que se advierte, que se considerará alumno -miembro de la comunidad de la Universidad de Guadalajara- todo aquel que haya cumplido con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la propia institución de enseñanza superior. En relación a lo anterior, resulta necesario precisar que en el Reglamento General de Ingreso de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, se establecen los criterios, requisitos y procedimientos para la admisión de alumnos de la casa de estudios en mención, en los términos siguientes: (.) Así entonces, es inconcuso que cuando el gobernado es considerado como alumno de la Universidad de Guadalajara, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, por haber cumplido los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos que imparte la casa de estudios en cita, es cuando se incorpora en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica y, por ende, la resolución de la Universidad de Guadalajara de no admitir a determinada persona a cursar cierta licenciatura que ella imparte, por no haber obtenido la puntuación requerida en el examen sometido para tales efectos, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues sólo tiene la calidad de "aspirante", que en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, sólo da derecho al interesado a ser tomado en cuenta en la selección de ingreso precisamente como alumno de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio reglamento aplicable, y de ahí que no exista entre la Universidad de Guadalajara y la persona interesada una relación de supra a subordinación, ya que este último no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones con relación a la Universidad de Guadalajara, atento de no cumplir con los requisitos correspondientes para ser considerado como alumno, esto es, por no haber aprobado el examen de aptitud o ingreso correspondiente". (Énfasis añadido). De la anterior ejecutorio, dio origen a la tesis con número de Registro digital: 176075, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 180/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 1261, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios. Criterio jurisprudencial que se estima vigente y aplicable en el caso concreto, por identidad jurídica sustancial, ya que la Segunda Sala del Máximo Tribunal, precisó el alcance del artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Federal, en cuanto a la independencia y autonomía de las universidades públicas, estableciendo que con base en ellas están facultadas para determinar por sí solas, los términos en condiciones en que desarrollará los servicios que prestan, así como lo requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que las habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que les permita cumplir con mejores resultados sus fines educativos. En adición de lo anterior es importante destacar, que sigue vigente y aplica para el caso que se analiza, el motivo por el cual se consideró en la referida contradicción de tesis 37/2005-SS, que no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, el establecimiento de los términos y condiciones determinados por la Universidad para prestar los servicios educativos, conforme al artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Federal, que le otorga independencia y autonomía. Esto es, porque si bien el artículo 3 de la Constitución Federal ha sufrido algunas modificaciones, lo cierto es que el contenido de la fracción VII, relativo a la autonomía universitaria, es substancialmente el mismo que el que se tomó en consideración al resolverse la contradicción de tesis 37/2005-SS13, donde fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ve de la ejecutoria transcrita, pues en su texto actual, se señala lo siguiente: (.) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere (.)." No pasa inadvertido que en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil nueve, se realizaron diversas modificaciones al citado numeral, pero ello fue únicamente respecto de su primer párrafo, y la adición de la fracción X, en las que se establece lo siguiente: "(.) Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (.) X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.". De lo anterior se advierte, que también corresponderá al Estado impartir y garantizar la educación superior, cuya obligatoriedad corresponde al mismo Estado, en el entendido de que las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, así como proporcionando medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas, lo que es acorde con la autonomía universitaria prevista en la diversa fracción VII, del mismo numeral, de donde se aprecia en ese mismo sentido que la universidad establecerá los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, como lo interpretó el Máximo Tribunal del País. Además es importante puntualizar que la prenombrada Segunda Sala en el referido criterio jurisprudencial 2a./J. 180/2005, derivado de la interpretación que hizo de diversas disposiciones de ordenamientos internos de la Universidad de Guadalajara -artículos 20 de su ley orgánica y 10 de su Reglamento General de Ingreso de Alumnos-, estableció que se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso previstos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica; y que los aspirantes únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos fijados en el propio reglamento. Concluyendo el Máximo Tribunal que no existe entre la citada institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios. Cabe destacar que los preceptos de los ordenamientos internos de la Universidad de Guadalajara, que interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son de contenido similar a los numerales 1° de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, y 2, fracciones I y IX, de su Reglamento Escolar. Los citados dispositivos son de contenido literal siguiente: "Ley Orgánica de la Universidad de Colima. Artículo 1o.- La Universidad de Colima es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, capacidad para adquirir y administrar bienes, que tiene por fines los señalados en esta misma Ley". Reglamento Escolar de la Universidad de Colima. Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entiende por: I. Aspirante: Interesado que decide participar formalmente en el proceso de admisión y cumple con los requisitos señalados en la convocatoria correspondiente o en los lineamientos de reconocimiento de estudios establecidos por la U. de C. (.) IX. Estudiante o alumno: Aspirante o interesado que ha sido aceptado por la institución y se encuentra formalmente inscrito en la Universidad de Colima". Bajo ese contexto, resulta incuestionable que el acto reclamado, que se hace consistir en la no admisión en el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, como consecuencia, la aprobación del requisito 3 en la "Convocatoria Admisión 2023" de la Universidad de Colima para el registro al proceso de admisión e ingreso agosto 2023 a la Licenciatura en Derecho, consistente en: "Contar con un promedio mínimo de 8.7 (ocho punto siete) en el bachillerato o estudios equivalentes, atribuidas al Rector, Director del Sistema de Control Escolar, Director General de Educación Superior todos de la Universidad de Colima y de la Directora de la Facultad de Derecho de la misma universidad -señaladas como responsables-, cuyos requisitos, esto es, términos y condiciones fijados en dicha convocatoria, el quejoso recurrente los califica de ilegales, bajo el argumento toral de que, según señala, éstos contravienen el artículo 3° de la Carta Magna; no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo Aunado a lo anterior, no le otorga procedencia al juicio de amparo, el hecho de que aun y cuando la quejosa argumente que es ilegal dicha convocatoria, lo cierto es que únicamente tiene la calidad de aspirante a alumno de la mencionada licenciatura; por lo que a la luz de lo que estableció el Alto Tribunal de Justicia en la referida jurisprudencia 2ª./J. 180/2005, y al contenido del artículo 2, fracciones I y IX del reglamento Escolar de la Universidad de Colima, la parte quejosa sólo tiene una expectativa de derecho a ser tomada en cuenta en la selección de ingreso de la mencionada licenciatura, de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos en la convocatoria reclamada; preceptos legales que son del tenor literal siguiente: "Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entiende por: I. Aspirante: Interesado que decide participar formalmente en el proceso de admisión y cumple con los requisitos señalados en la convocatoria correspondiente o en los lineamientos de reconocimiento de estudios establecidos por la U. de C. (.) IX. Estudiante o alumno: Aspirante o interesado que ha sido aceptado por la institución y se encuentra formalmente inscrito en la Universidad de Colima". Por lo tanto, no puede considerarse que entre el quejoso y la Universidad de Colima, se actualice una relación de autoridad- gobernado, dada su manifestación en el escrito inicial de demanda que es aspirante a alumno y, por consecuencia, los derechos y obligaciones que implican la calidad de alumno de las instituciones correspondientes, no han ingresado a su esfera de derechos, de ahí que sólo tiene una expectativa de derechos; por lo que con ese carácter, no puede ubicársele como alumno, por no cumplir con los requisitos que establece la convocatoria al concurso de selección para la citada licenciatura. En tales condiciones, es inconcuso que en torno a la no admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por no contar con el requisito 3 en la "Convocatoria Admisión 2023" de la Universidad de Colima para el registro al proceso de admisión e ingreso agosto 2023 a la Licenciatura en Derecho, consistente en: "Contar con un promedio mínimo de 8.7 (ocho punto siete) en el bachillerato o estudios equivalentes" reclamada, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues a través de ella no se modifica o extingue algún derecho del quejoso en su calidad de aspirante a alumno de dicha licenciatura. Aunado que ese requisito es parte de las facultades de autogobierno de la Universidad Pública, como lo es establecer la normatividad para el ingreso a dicha institución educativa como alumno, mismo que no cumple el quejoso al contar con un promedio de 7.84, siendo este uno de los requisitos establecidos para el ingreso a la licenciatura en derecho, a la que pretende acceder el quejoso, pues insístase, el hecho de que el quejoso no cumple con el referido requisito, la no admisión a la facultad de derecho atribuido a la Universidad de Colima como alumno, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo; lo anterior, porque al no cumplir con el anunciado requisito establecido en el propio Reglamento, no existe entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios. Cobra aplicación, en apoyo de las consideraciones precedentes, la jurisprudencia 2a./J. 78/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Junio de 2009, con registro digital 167119, que invocó el Juez Federal en el acuerdo recurrido, cuyo contenido es el siguiente: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares.Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales". En consecuencia, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la cual se configura de manera manifiesta e indudable, en términos de lo que establece el artículo 113 de la propia legislación; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 164877, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 20/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 877, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Las competencias que derivan de la facultad de autogobierno de las universidades públicas son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario". Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizada en términos restringidos que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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