Óscar Alejandro Rivera Meza
Expediente 1559/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2022
Partes del expediente
- Óscar Alejandro Rivera Meza
- Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Del análisis del expediente se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión virtual celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la inconformidad 22/2021, se advierte que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Margarita Rodríguez Godínez, por su propio derecho, contra el acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el Secretario encargado de despacho del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 780/2017." En ese sentido, es oportuno precisar que el superior desatacó lo siguiente: "36. Ahora bien, este tribunal estima que efectivamente el fallo protector no ha sido cabalmente cumplido. 37. En efecto, el motivo determinante de la concesión del amparo fue la falta de audiencia y de oportunidad a la quejosa de intervenir en el juicio natural, previo a que el juez se pronunciara sobre la cesión de derechos litigiosos realizada por su cónyuge ---. 38. El fallo protector fue tendente a que se preservara el derecho humano al debido proceso en cuanto garantiza que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en su vertiente referida a otorgar el derecho de defensa a la parte quejosa previo a que la autoridad judicial emita un acto que le prive de sus propiedades o posesiones, en cuyo caso la autoridad debe garantizar que se le notifique de ese procedimiento. 39. De modo que, en el caso particular, para alcanzar ese objetivo y poder estimar que se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho violado -de un acto positivo-, el juez responsable quedó obligado a ordenar su notificación de forma tal que no quedara duda de que tuvo oportunidad de intervenir en el juicio manifestando lo que a su interés conviniera respecto a la apuntada cesión. Lo cual no se estima cumplido. 40. Por una parte, porque de las reseñadas constancias del juicio natural se aprecia que el juez responsable no dio seguimiento al requerimiento realizado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno al abogado Julio Cesar González Ortiz, autorizado de la quejosa en el juicio de amparo y del cedente (esposo de la quejosa) en el juicio natural, para que proporcionara el domicilio de la quejosa para notificarla; acuerdo del que fue notificado personalmente a dicho abogado en el local del juzgado, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el local del juzgado, según constancia que obra en la misma foja del auto. 41. Esto es, el juez debió dictar las medidas conducentes a lograr la notificación fehaciente a la quejosa; en su caso, conminar o proveer lo procedente respecto al requerimiento que hizo al citado abogado, para obtener un domicilio para ese efecto y que la quejosa contara con un plazo para intervenir o comparecer a presentar sus manifestaciones con relación a la cesión de derechos, pues el juez, dentro del ámbito de su competencia, puede implementar las medidas que estime necesarias y tomar las decisiones que considere adecuadas, para lograr la finalidad del amparo otorgado y la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz, ya que si la concesión fue para el efecto de que, previo a proveer lo relativo a la cesión de derechos litigiosos, el juez responsable diera intervención a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho convenga respecto a ese acto jurídico, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable efectivamente haya dado la oportunidad de intervenir en el juicio natural. 42. En ese aspecto, no puede pasar inadvertido que la quejosa compareció al juicio natural mediante el escrito que presentó el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, para poner en conocimiento del juez la negativa de la Secretaria de Acuerdos en facilitarle el expediente el día que dijo asistió personalmente al local del juzgado, sin que hubiera señalado domicilio para recibir notificaciones (no obstante que bien pudo hacerlo); a lo que recayó el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno que le previno para que en tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la cesión apercibiéndole de tenerle por conforme con la misma, con la instrucción de ser notificada mediante lista de acuerdos, lo cual así se hizo y tuvo por consecuencia que el juez, en auto de veinticinco de junio del mismo año, hiciera efectivo el apercibimiento y tuviera por conforme a la quejosa con la cesión. Sin embargo, se estima que la notificación así realizada, mediante lista, no colma el propósito de la concesión del amparo, que fue darle intervención, mediante una notificación fehaciente. 43. En efecto, es verdad que como fue señalado en el párrafo precedente, en el escrito mediante el cual compareció la quejosa, no señaló domicilio para recibir notificaciones; empero, ello no justifica que se ordenara la vista por medio de lista, porque ya en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, había realizado prevención al abogado Julio César González Ortiz para que proporcionará el domicilio de la quejosa para notificarla, de manera que debió ordenar el trámite necesario para tener ese domicilio y así dar legal y debido cumplimiento a la sentencia de amparo; y si no lo hizo, de esa manera queda evidenciado el defecto en su ejecución. 44. Por otra parte, el propio juez responsable determinó, en cumplimiento al fallo protector, dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural y restituir el inmueble objeto de la cesión al cedente, una vez que obrara la respuesta del Director del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, sobre la cancelación de la escritura pública; sin embargo, de las constancias enviadas al juez de Distrito para demostrar el cumplimiento, no se aprecia ninguna relativa a la anunciada restitución, cuya ejecución también se estima necesaria en atención al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación motivo de la concesión del amparo. 45. En ese contexto, se estima que en el caso existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuya observancia y atención es de orden público, por lo que deben tomarse las medidas necesarias para el acatamiento íntegro y fiel del fallo protector, a efecto de que se reparen todas las violaciones de derechos humanos que se hayan estimado procedentes. 46. Ante tales condiciones, si la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, debe obligarse a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata -acto positivo-, en este caso, que dicte las medidas para el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación motivo de la concesión del amparo y no quede duda de que la quejosa tuvo oportunidad de intervenir en el juicio previo a decidir lo relativo a la cesión de derechos acatando lo establecido en la ejecutoria emitida por este tribunal colegiado al resolver el recurso de revisión 201/2020, para evitar incurrir en las mismas violaciones por infracción al derecho de audiencia y defensa que motivaron la concesión del amparo. 47. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, fracción I, 201 y 202 de la Ley de Amparo, procede declarar fundado el presente recurso de inconformidad, por lo que el Juez de Distrito deberá: 48. A) Requerir nuevamente al juez responsable, para que de inmediato acate cabalmente la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. 49. B) Realizar todas las gestiones necesarias a fin de que se satisfaga lo anterior, apercibiéndole que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá la multa a que se refieren los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, que se determinará en Unidades de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada en términos de los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26-, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Segundo de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el plazo de diez días, contado a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector; o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado 5326/2022, que signa el Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcribe el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 323/2012, de la que se advierte la responsable dejó insubsistente todo lo actuado, a partir del emplazamiento a la parte demandada Rosa María --, de veintinueve de mayo de dos mil doce. De igual forma, ordenó girar oficio al Oficial del Registro Civil número 02 de Tlaquepaque, Jalisco, a fin de que proceda a cancelar el acta número 1045, del libro 6, con fecha de registro nueve de diciembre de dos mil trece, de conformidad en los numeral 77, 83 y 283 del Enjuiciamiento Civil del Estado; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son para que la autoridad responsable: ".SÉPTIMO. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia: > Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio civil ordinario 323/2012, a partir del emplazamiento a juicio de la quejosa Rosa María Torres Sierra, practicado el veintinueve de mayo de dos mil doce, así como sus consecuencias legales. (.)" Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de cinco días, siguiente al en que reciba el comunicado que del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto es, que se ha llevado a cabo la cancelación de acta número 1045, del libro 6, con fecha de registro nueve de diciembre de dos mil trece. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
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Notifíquese personalmente.
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