Oscar Alejandro Marin Mendoza y Otros.
Expediente 1803/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1803/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Oscar Alejandro Marin Mendoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 1803/2019, promovido por Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas las demandas de amparo promovidas por Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez, en representación de la persona moral de carácter público denominada Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, así como por Armando Olea García, contra actos de los Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y otra, con residencia en esta ciudad. Regístrense en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1803/2019 y 1804/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que con fecha cinco de diciembre del año en curso, se recibieron las demandas de amparo promovidas por Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez, en representación de la persona moral de carácter público denominada Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero y por Armando Olea García, las cuales se registraron bajo los números 1803/2019 y 1804/2019, en la que se señalaron como autoridades responsables a los Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a quienes se les reclama, el auto de diecinueve de noviembre del año en curso, dictado en el expediente TCA/SRO/150/2012, relativo al expediente de ejecución de sentencia TCA/SRO/150/2012, así como su ejecución consistente en el oficio 3939/2019 de fecha veintiuno de los citados mes y año, en el por una parte se actualiza la planilla de liquidación y en otra se ordena la destitución del tesorero del Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero. En este tenor, dado que en ambos juicios los quejosos Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez, en representación de la persona moral de carácter público denominada Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, y Armando Olea García, designaron a las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados que derivan del expediente TCA/SRO/150/2012, relativo al expediente de ejecución de sentencia TCA/SRO/150/2012, se provee: En torno al tema que rige el sentido de esta determinación, es conveniente anticipar que a raíz de la reforma que sufrió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, fueron derogados los numerales 57 a 65, que regulaban la figura de la acumulación de autos consistente en la reunión material de un expediente reciente a los autos de otro más antiguo y que se encuentran en trámite en poder del mismo juez, a fin de continuar su sustanciación conjunta, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal, traducido éste en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo promovidos contra el mismo acto y autoridad responsable, aunque los quejosos sean diversos, a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias en tratándose de asuntos vinculados o relacionados. Aspectos que observó el Constituyente al emitir la reforma a la Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: "En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución". Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17, de la Carta Magna. En vinculación con lo anterior, el numeral 66, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". La interpretación literal del citado ordinal, permite establecer que la facultad ahí contenida debe ejercerse de manera unilateral, con potestad plena y sin tramitación alguna, razón por la cual no es factible que un juez de Distrito pueda decretar la acumulación respecto de demandas de amparo que se tramiten ante otro órgano jurisdiccional, porque en esa hipótesis la acumulación procedería mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y la otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte. Luego, no es posible que de oficio, un juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otras demandas de amparo, que se las envíe, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo en virtud de la facultad discrecional de que goza. Aspectos que válidamente llevan a sostener que la acumulación sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado. En esas condiciones, y dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo, como se destacó, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 1803/2019 al 1804/2019, por ser éste último el más antiguo, mismos que se resolverán en una misma sentencia, sin necesidad de abrir y tramitar el incidente respectivo, ya que en esta hipótesis este juzgador considera que no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de autoridad jurisdiccional que se emite de plano y por tanto, no requiere tramitación incidental. No obstante, antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En este contexto, se advierte que en ambos juicios de amparo se señala como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo de fecha diecinueve de noviembre del año en curso, dictado por los Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en autos del expediente TCA/SRO/150/2012, relativo al expediente de ejecución de sentencia TCA/SRO/150/2012. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer de los presentes juicios, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren en su demanda que el acto reclamado esencialmente es el auto de diecinueve de noviembre del año en curso, dictado en el expediente TCA/SRO/150/2012, relativo al expediente de ejecución de sentencia TCA/SRO/150/2012, y su ejecución, la cual se llevará a cabo indefectiblemente en Cuajinicuilapa, Guerrero, por ser el lugar en el que reside el Ayuntamiento demandado y la persona física que será destituida del cargo de Tesorero Municipal. Por ello, ante la evidente ejecución material del acto reclamado que se llevará a cabo en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, es dable concluir que esta ejecución, se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto; y por ende, al tener un efecto positivo, se ejecutará fuera de la jurisdicción de este juzgado Federal. De ahí que se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, como se anticipó, este juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer de los juicios acumulados, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se ejecutará materialmente el acto reclamado. No se estima procedente pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado por no encontrarse en el supuesto del artículo 15 del párrafo segundo y del artículo 48 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica los promoventes en su escrito de demanda, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a José Francisco Vázquez García, toda vez que cuenta con registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan de Dios Guzmán Baños, Juan Miguel Terrazas Cuevas, Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, Marco Antonio Chávez Manzanares y Juan Joel Gasga Laredo, por no cumplir con el requisito anterior. Finalmente, con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente principal. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Jacinto Figueroa Salmorán, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por la licenciada Ma. Agripina Josefina López Tapia, Secretaria que autoriza y da fe.
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