Oscar Alejandro Ceja Mendoza
Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Oscar Alejandro Ceja Mendoza
- Junta Especial Número Cuatro, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control de este Juzgado, así como en la carátula de este expediente. es susceptible de conservación a partir del ocho de septiembre de dos mil veintiséis. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo cuarto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación de cuenta.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, al que adjunta copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el cinco de agosto del año en curso, dentro del juicio de laboral 2675/2019-4B de su índice, de la que advierte que se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por las autoridades; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución en la que la Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa Oscar Alejandro Ceja Mendoza, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que la concesión del amparo, fue para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos. De conformidad con el ordinal 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos con para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: - Tomando en consideración la data en que se emite esta sentencia, así como aquella que la declare ejecutoriada, deberá dejar subsistente la fecha señalada en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepción; en la inteligencia que de no haberse celebrado, deberá señalar nueva fecha acorde a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. -Notifique y emplace a las partes de la nueva fecha programada en los términos legales; en caso de que se le levante acta de imposibilidad de emplazar a notificar, acuerde lo conducente dentro del término de ley." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan copia certificada de las constancias correspondientes. -Apercibimiento- Se apercibe a la autoridad requerida en este auto, que la omisión a este mandato judicial o no informar su impedimento dentro del término conferido para ello, genera la imposición de una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: De igual manera, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico; a fin de que por su conducto ordene a la autoridad responsable, para que dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; haciéndole del conocimiento que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada se encuentra obligada a conminar a ésta a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido que incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria dictada, en los mismos términos que su subalterno, lo anterior con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo. "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." Finalmente, se les informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Dígase a dichas autoridades que se autoriza el envío de los oficios y anexos respectivos al correo oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con el oficio correspondiente. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia, en los autos del juicio de amparo 1129/2021-5; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnada a este juzgado Oscar Alejandro Ceja Mendoza, presentó demanda de amparo indirecto, mediante la cual solicitó la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado que enseguida se precisa: ".IV. ACTO RECLAMADO: ABIERTA DILACIÓN PROCESAL, derivado de la omisión' de los responsables en 1.- Señalar fecha para la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA y EXCEPCIONES; Y 2.- Omisión de notificar debidamente a las partes fecha para la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA y EXCEPCIONES." SEGUNDO. Admisión. Por proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 1129/2021-5, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en esta fecha en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el Acuerdo 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de una autoridad de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados por la parte quejosa. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual manera, es aplicable al caso la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se revela que la parte quejosa reclama substancialmente lo siguiente: -La violación a sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, al retrasar el procedimiento laboral dentro del juicio laboral de origen, al no haberse celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término de ley. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Existencia de actos. Deben tenerse por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de lo informado por las autoridades responsables. Lo que se acredita, con la copia certificada de las diversas constancias del juicio laboral 2675/2019-4B; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma, por haber sido expedido por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo aducidas por la parte quejosa, se procede analizar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, ya que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público; por tanto, de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo además, en la jurisprudencia II. 1º. J/5, publicada en la página 95, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la Junta responsable aduce que se actualizan las causas de improcedencia prevista en las fracciones XXI y XXIII, del numeral 61 de la ley de amparo; sin embargo, procede desvirtuar las mismas, pues resulta contrario a la técnica del juicio de amparo, aludir a una causal de sobreseimiento alegando razones que involucran el indefectiblemente un estudio de la materia de fondo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, Visible en la página 5, tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". En la especie, las diversas partes no invocaron diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio que opere alguna de las establecidas en la Ley de Amparo, en consecuencia, lo procedente es entrar a analizar el fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expresado en la demanda de amparo no se transcribe, debido a que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los puntos resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "[...] Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]" Dispositivo constitucional del que se advierten las siguientes proposiciones, concretamente de su párrafo segundo, a saber: 1) Se garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos, se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un Órgano Jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, debe sujetarse a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues, los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Es así que, el derecho fundamental consistente en un efectivo acceso a la administración de justicia, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues, dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Derecho que tiene la correlativa obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, esto es, debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido. Es aplicable -en la especie- la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 299, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil dos, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." De la interpretación del numeral transcrito, se deduce que la Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de la recepción del escrito de demanda deberá proveer respecto a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con la obligación de señalar para su desahogo fecha dentro de los quince días posteriores. Establecido lo anterior, de un análisis de las constancias que la autoridad responsable allegó al presente juicio, a las que previamente les fue otorgado valor probatorio pleno, se desprende que el trece de agosto de dos mil veinte, proveyó lo propio en relación al domicilio de la parte demandada y el veintiuno de abril del presente año, se acordó el escrito que presentó la parte actora el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y señaló las trece horas del trece de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalándose con posteridad las catorce horas del tres de junio de este año, excediendo en demasía los quince días que establece el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, por ende, le asiste la razón a la parte quejosa, dado que la Junta responsable ha incurrido en una abierta dilación del procedimiento del juicio laboral, pues es evidente que la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir con los plazos y términos establecidos en el citado numeral. De esto se advierte que la autoridad responsable no dio cumplimiento al precepto constitucional que prevé que los tribunales deberán impartir justicia dentro de los términos establecidos por la ley, pues es evidente, que la autoridad responsable debió señalar la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo que en el caso no aconteció. Lo que evidencia que ha existido dilación por parte de la Junta responsable en la tramitación del juicio laboral de origen, pues lejos de continuar con el procedimiento según previsto por los artículos 873 de la Ley Federal de Trabajo, lo hizo excediendo el plazo que dicho artículo establece; con ello, se irroga perjuicio a la parte quejosa consistente en el retardo en la administración de justicia. Lo anterior demuestra la trasgresión a los principios de inmediatez y celeridad que rigen en el procedimiento laboral, retardando con ello la administración de justicia laboral, pues quebranta en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el citado numeral 873 legislación laboral, violándose con ello el artículo 17 constitucional en perjuicio del impetrante de amparo, precepto constitucional, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que al no cumplir con tal mandato la responsable conculca el derecho fundamental señalado en perjuicio de la parte quejosa. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.5o.T. J/22, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 625, Tomo VII, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, SI PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA O RECEPCIÓN DE PRUEBAS SE FIJA UNA FECHA EXCESIVAMENTE POSTERIOR, DE MODO QUE NO SE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PRONTITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El señalamiento de fecha excesivamente posterior para continuar con la prosecución del juicio, verbigracia la celebración de una audiencia o la recepción de alguna prueba (casos de naturaleza adjetiva), sí tiene el carácter de un acto dentro del procedimiento, cuya realización es de imposible reparación, pues de consentirse tal disposición, no sería factible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada (impartición de justicia pronta y expedita), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo. A mayor abundamiento, la probable infracción no puede ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, porque para entonces ya habría transcurrido inexorablemente el término fijado por la autoridad, y ningún fin práctico tendría conceder la medida solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. Cabe destacar, en apoyo al argumento de lo plasmado, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.').", en lo conducente, señala: "... para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales ...", y como en el caso la transgresión resulta esencialmente adjetiva, es de estimarse que la misma debe ser impugnada a través del amparo biinstancial." En mérito de tales consideraciones, al resultar substancialmente fundado el concepto de violación que se hace valer en relación al artículo 17 constitucional, con fundamento en la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Efectos. De conformidad con el ordinal 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos con para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: - Tomando en consideración la data en que se emite esta sentencia, así como aquella que la declare ejecutoriada, deberá dejar subsistente la fecha señalada en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepción; en la inteligencia que de no haberse celebrado, deberá señalar nueva fecha acorde a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Notifique y emplace a las partes de la nueva fecha programada en los términos legales; en caso de que se le levante acta de imposibilidad de emplazar a notificar, acuerde lo conducente dentro del término de ley. Los efectos establecidos, se acotan en función del acto reclamado y a la etapa procesal en la que se encuentra el juicio natural de donde deriva. Es de exacta aplicación, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro I, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Décima Época, de título y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo expuesto, y fundado, además en lo establecido por los numerales 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, y 124, de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oscar Alejandro Ceja Mendoza, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno de esta resolución. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite, conforme quedó plasmado en el considerando décimo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios: 22932 y 22933. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, y firma electrónicamente ante Manuel Alejandro Valero Ortiz, Secretario que autoriza, da fe y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico del juicio de amparo 1129/2021-5.
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