Óscar Alcantara Donnadieu

Expediente 854/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
854/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Óscar Alcantara Donnadieu
  • Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VISTO EL ESCRITO DE CUENTA SIGNADO POR...SE TIENE APERSONANDOSE AL TERCERO INTERESADO...VI

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el Fiscal Auxiliar de Procesos en la Unidad Adscrita a los Juzgados de Primera Instancia Penal en Querétaro, (tercero interesado), se tiene por autorizado en términos del artículo 12 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona es su ocurso...VI

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 29/07/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 28/07/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE:V I S T O, el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de quince de julio de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar: que por sentencia de trece de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los siguientes términos: [.] OCTAVO. Efectos. En razón de lo expuesto, quedó acreditada la violación al principio de legalidad establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que impera conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitadas, para los siguientes efectos: 1. Sala responsable, deje insubsistente la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015. 2. Recabe la totalidad de las constancias que integran la causa penal 96/2008 y su acumulada; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución pudiendo ser en el mismo sentido o diverso, pero apegándose a los principios y derechos señalados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, deberá puntualizar con argumentos jurídicos idóneos, si la Juez de Primera Instancia estuvo o no en lo correcto, en cada caso concreto relacionado con cada uno de los aquí quejosos y allá ofendidos en la emisión de la resolución impugnada, es decir, si respecto de ellos se observaron los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, debiendo ocuparse, además, de los agravios que le fueron planteados en los recurso de apelación. [.] El uno de julio de dos mil dieciséis, causo ejecutoria la sentencia de mérito y se solicitó a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. (fojas 250-251) Mediante oficio número 1316, recibido por este Juzgado el catorce de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos de la Primera y Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, mediante resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015 de su índice, dejó insubsistente la diversa de once de febrero del presente año y emitió una nueva en la que determinó modificar el auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, por cuanto ve a que niega aprehensión, emitido por la Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de la causa penal 96/2008 y sus acumuladas, instruida en contra de Fernando Paolo Hazas Barragan y otros, por el delito de fraude genérico maquinado, cometido en agravio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. Es así, que esta Juzgadora, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y la nueva resolución emitida en cumplimiento. LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN "1. Sala responsable, deje insubsistente la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015. Mediante resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015, la Sala responsable dejó insubsistente la diversa de once de febrero del presente año y emitió una nueva. 2. Recabe la totalidad de las constancias que integran la causa penal 96/2008 y su acumulada; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución pudiendo ser en el mismo sentido o diverso, pero apegándose a los principios y derechos señalados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, deberá puntualizar con argumentos jurídicos idóneos, si la Juez de Primera Instancia estuvo o no en lo correcto, en cada caso concreto relacionado con cada uno de los aquí quejosos y allá ofendidos en la emisión de la resolución impugnada, es decir, si respecto de ellos se observaron los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, debiendo ocuparse, además, de los agravios que le fueron planteados en los recurso de apelación. La Sala responsable al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por los ofendidos aquí quejosos, tuvo a la vista la totalidad de las constancias que integran la causa penal 96/2008 y su acumulada. Asimismo, la Sala responsable al resolver dicho recurso de apelación se ocupó del estudio de cada caso en concreto relacionado con cada uno de los ofendidos (aquí quejosos) y determinó lo siguiente: [...] TERCERO. Se MODIFICA el auto de 17 de septiembre de 2015, por cuanto ve a que niega aprehensión, emitido por la Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente número 96/2008 ( y sus acumulados), que se instruye en contra de FERNANDO PAOLO HAZAS BARRAGÁN y otros, por el delito de FRAUDE GENÉRICO MAQUINADO, y exclusivamente en agravio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. CUARTO. Se acredita el cuerpo del ilícito de FRAUDE MAQUINADO -NUEVE-, previsto y sancionado por el ordinal 193, fracción II, en relación con el 195, del Código Penal vigente al acontecer los hechos, en perjuicio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. QUINTO. Se acredita la probable responsabilidad penal de FERNANDO PAOLO HAZAS BARRAGÁN, en la perpetración de la figura delictiva de FRAUDE MAQUINADO -9-, previsto y sancionado por el ordinal 193, fracción II, en relación con el 195, del Código Penal vigente al acontecer los hechos, en perjuicio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ SEXTO. En consecuencia, SE INSTRUYE A LA JUEZ DE ORIGEN A FIN DE QUE LIBRE MANDATO DE CAPTURA EN CONTRA DE FERNANDO PAOLO HAZAS BARRAGÁN, como probable responsable de la comisión del ilícito de FRAUDE MAQUINADO -NUEVE-, previsto y sancionado por el ordinal 193, fracción II, en relación con el 195, del Código Penal vigente al acontecer los hechos, en perjuicio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. SÉPTIMO. Se CONFIRMA el resto de la resolución impugnada, en cuanto no sea contrario a la presente ejecutoria. [...] Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI

  4. Principal

    V I S T O, el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de quince de julio de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar: que por sentencia de trece de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los siguientes términos: [.] OCTAVO. Efectos. En razón de lo expuesto, quedó acreditada la violación al principio de legalidad establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que impera conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitadas, para los siguientes efectos: 1. Sala responsable, deje insubsistente la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015. 2. Recabe la totalidad de las constancias que integran la causa penal 96/2008 y su acumulada; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución pudiendo ser en el mismo sentido o diverso, pero apegándose a los principios y derechos señalados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, deberá puntualizar con argumentos jurídicos idóneos, si la Juez de Primera Instancia estuvo o no en lo correcto, en cada caso concreto relacionado con cada uno de los aquí quejosos y allá ofendidos en la emisión de la resolución impugnada, es decir, si respecto de ellos se observaron los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, debiendo ocuparse, además, de los agravios que le fueron planteados en los recurso de apelación. [.] El uno de julio de dos mil dieciséis, causo ejecutoria la sentencia de mérito y se solicitó a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. (fojas 250-251) Mediante oficio número 1316, recibido por este Juzgado el catorce de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos de la Primera y Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, mediante resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015 de su índice, dejó insubsistente la diversa de once de febrero del presente año y emitió una nueva en la que determinó modificar el auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, por cuanto ve a que niega aprehensión, emitido por la Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de la causa penal 96/2008 y sus acumuladas, instruida en contra de Fernando Paolo Hazas Barragan y otros, por el delito de fraude genérico maquinado, cometido en agravio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. Es así, que esta Juzgadora, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y la nueva resolución emitida en cumplimiento. LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN "1. Sala responsable, deje insubsistente la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015. Mediante resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1523/2015, la Sala responsable dejó insubsistente la diversa de once de febrero del presente año y emitió una nueva. 2. Recabe la totalidad de las constancias que integran la causa penal 96/2008 y su acumulada; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución pudiendo ser en el mismo sentido o diverso, pero apegándose a los principios y derechos señalados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, deberá puntualizar con argumentos jurídicos idóneos, si la Juez de Primera Instancia estuvo o no en lo correcto, en cada caso concreto relacionado con cada uno de los aquí quejosos y allá ofendidos en la emisión de la resolución impugnada, es decir, si respecto de ellos se observaron los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, debiendo ocuparse, además, de los agravios que le fueron planteados en los recurso de apelación. La Sala responsable al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por los ofendidos aquí quejosos, tuvo a la vista la totalidad de las constancias que integran la causa penal 96/2008 y su acumulada. Asimismo, la Sala responsable al resolver dicho recurso de apelación se ocupó del estudio de cada caso en concreto relacionado con cada uno de los ofendidos (aquí quejosos) y determinó lo siguiente: [...] TERCERO. Se MODIFICA el auto de 17 de septiembre de 2015, por cuanto ve a que niega aprehensión, emitido por la Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente número 96/2008 ( y sus acumulados), que se instruye en contra de FERNANDO PAOLO HAZAS BARRAGÁN y otros, por el delito de FRAUDE GENÉRICO MAQUINADO, y exclusivamente en agravio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. CUARTO. Se acredita el cuerpo del ilícito de FRAUDE MAQUINADO -NUEVE-, previsto y sancionado por el ordinal 193, fracción II, en relación con el 195, del Código Penal vigente al acontecer los hechos, en perjuicio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. QUINTO. Se acredita la probable responsabilidad penal de FERNANDO PAOLO HAZAS BARRAGÁN, en la perpetración de la figura delictiva de FRAUDE MAQUINADO -9-, previsto y sancionado por el ordinal 193, fracción II, en relación con el 195, del Código Penal vigente al acontecer los hechos, en perjuicio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ SEXTO. En consecuencia, SE INSTRUYE A LA JUEZ DE ORIGEN A FIN DE QUE LIBRE MANDATO DE CAPTURA EN CONTRA DE FERNANDO PAOLO HAZAS BARRAGÁN, como probable responsable de la comisión del ilícito de FRAUDE MAQUINADO -NUEVE-, previsto y sancionado por el ordinal 193, fracción II, en relación con el 195, del Código Penal vigente al acontecer los hechos, en perjuicio de 1). OSCAR ALCÁNTARA DONNADIEU, 2). LUIS LEOPOLDO FERNÁNDEZ Y PÉREZ, 3). JUAN PÉREZ TAMAYO, 4). J. SALVADOR MELGOZA BELMONTE, 5). MA. GUADALUPE VELÁZQUEZ LÓPEZ, 6). NAHÚM RODRÍGUEZ MUÑOZ, 7). ATALYA ETHEL GARCÍA MUNGÍA, 8). PATRICIA MEJÍA SOTO (en representación de su esposo ELOY CHIMAL NÚÑEZ), 9). MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ. SÉPTIMO. Se CONFIRMA el resto de la resolución impugnada, en cuanto no sea contrario a la presente ejecutoria. [...] Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI

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