Oscar Alberto Garza Trueba

Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
531/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Alberto Garza Trueba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    II- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, de los que se advierte que aún no obran en autos las constancias requeridas en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, todos con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las diez horas con treinta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese.

  2. Principal

    II- Agréguese a los autos, el oficio signado por la directora de Amparos adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, todos con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de agosto del año en curso, informa que en relación a la los correos electrónicos Dulce.rodríguez@sedatu.gob.mx; controlgestion.dgopr@sedatu.gob.mx; representaciones@sedatu.gob.mx y or.quintanaroo@sedatu.gob.mx, se advierte que la parte quejosa remitió una solicitud de avalúo y estructuración; priorización de los oficios 003105 de veintiuno de septiembre y 004114, de veintidós de noviembre, ambos de dos mil seis; así como, el acuerdo de procedencia de la solicitud de enajenación por vía de terrenos nacionales. Asimismo, señala que no existe expediente de enajenación oneraosa relacionada con el Rancho Pixán, Municipio de Solidaridad, Quintana roo, a nombre de la parte quejosa. Para lo cual, a efecto de corroborar sus manifestaciones, remite diversas documentales1; sin embargo, del oficio que se provee se advierte que fue omisa en remitir copia certificada, legible y completa de las capturas relativas a los correos electrónicos en mención, con las que acredite su respuesta. 1 Las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas y se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En tal virtud, en atención a lo solicitado por la parte quejosa y a fin de estar en condiciones de resolver adecuadamente esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo y 117, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial, todos con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computados, remitan copia certificada, legible y completa de las capturas con las que acrediten la respuesta contenida en el oficio que se provee; toda vez que en términos del ordinal 117 de la Ley de Amparo, es obligación de la responsable remitir copias certificadas de la totalidad de las constancias o actuaciones que se encuentren vinculadas a los actos reclamados y que sean necesarias para apoyar su informe. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año 2023, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:????? "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Finalmente, con relación a la vista que solicita la oficiante se dé a la Fiscalía General de la República, este juzgado federal se reserva de proveer al respecto, hasta en tanto obren en autos las constancias requeridas en párrafos que anteceden. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no obran en autos las constancias requeridas en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, todos con sede en la Ciudad de México. Al respecto, mediante proveídos de siete y veintiocho de septiembre del año en curso, previa solicitud de las citadas responsables se les concedió prórroga a fin de que cumplimentaran el requerimiento en mención; asimismo, en el proveído mencionado en último término, se libró la misiva 26137/2023, la cual, le fue entregada el cuatro de los actuales mediante correo electrónico, tal y como se advierte del acuse de recibo correspondiente; sin que obren en autos las constancias requeridas, pese a haber fenecido el término concedido. Por tanto, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de cuatro de agosto del año en curso, por lo cual, se impone en lo individual a los titulares de las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, todos con sede en la Ciudad de México, una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés; tal como en su oportunidad se les apercibió, ya que con su conducta contumaz solamente están retardando y entorpeciendo la administración de justicia y está propiciando retrasos en el presente asunto. Para dar cumplimiento a la imposición de la referida multa, una vez que cause estado la anterior determinación, gírese atento oficio al administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, a fin de que haga afectiva la aludida multa. En tales consideraciones, en aras de que impere la certeza jurídica en el presente asunto; así, como para estar en posibilidad de resolver lo que en derecho corresponda, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo y 117, de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la????????????? Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial, todos con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo improrrogable de tres días, legalmente computados, informen a este órgano jurisdiccional si en las cuentas de correo electrónico Dulce.rodríguez@sedatu.gob.mx; controlgestion.dgopr@sedatu.gob.mx; representaciones@sedatu.gob.mx y or.quintanaroo@sedatu.gob.mx, obra la solicitud remitida por esa vía el 5 de julio de 2022, adjuntando copia certificada, legible y completa de las capturas con las que acrediten su respuesta; toda vez que en términos del ordinal 117 de la Ley de Amparo, es obligación de la responsable remitir copias certificadas de la totalidad de las constancias o actuaciones que se encuentren vinculadas a los actos reclamados y que sean necesarias para apoyar su informe. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa, a cada uno, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año 2023, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables

  4. Principal

    II- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no se encuentra integrado el presente juicio de amparo, en virtud de que aún no transcurre la prórroga de cinco días hábiles que se concedió en acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Urbano y Dirección de Terrenos Nacionales, de la de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial, todos con sede en la Ciudad de México, para efecto de que rinda su informe justificado. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan para su desahogo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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