Óscar Aguilar Ortiz

Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
698/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Óscar Aguilar Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibidos los oficios de cuenta signados por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa, que dicho órgano de control constitucional aceptó la competencia planteada por este Juzgado el siete de julio del año en curso, en el juicio de amparo indirecto 698/2022, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; juicio promovido por Óscar Aguilar Ortiz, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Aunado a lo anterior, y dado que de las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta que obre documento original exhibido por las partes procesales, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de ser DESTRUIDO, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General antes referido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este cuaderno de antecedentes.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Óscar Aguilar Ortiz, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 698/2022-I, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020 Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Del análisis integral al escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa promueve demanda de amparo, en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 2. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 3. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 4. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 5. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 6. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 7. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 8. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 10. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero. 11. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero. 12. Juez de Distrito de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 13. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. 14. Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 15. Primera Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 16. Segunda Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 17. Tercera Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 18. Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con domicilio conocido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 19. Juez de Distrito de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México (Reclusorio Oriente), con domicilio conocido en la Ciudad de México. 20. Juez de Distrito de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México (Reclusorio Norte), con domicilio conocido en la Ciudad de México. 21. Juez de Distrito de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México (Reclusorio Sur), con domicilio conocido en la Ciudad de México. 22. Juez de Distrito de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con domicilio conocido en Almoloya de Juárez, Estado de México. 23. Juez de Distrito de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con domicilio conocido en Nezahualcoyotl, Estado de México." "IV. ACTO RECLAMADO. A las autoridades responsables se les reclama lo siguiente: la ilegal: 1) orden de aprehensión, 2) orden de presentación, 3) orden de comparecencia, y 4) orden de reaprehensión; todo ello, siendo afectado de los actos el suscrito directo quejoso." Como se aprecia de lo transcrito, la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a quien reclama la 1) orden de aprehensión, 2) orden de presentación, 3) orden de comparecencia, y 4) orden de reaprehensión. De lo anterior se sigue que todos los Jueces de Distrito que ejercen jurisdicción en este ámbito territorial, tendrán el carácter de autoridades responsables, durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5° fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que hayan emitido o no el acto reclamado consistente en la 1) orden de aprehensión, 2) orden de presentación, 3) orden de comparecencia, y 4) orden de reaprehensión, tendrán durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En efecto, el sistema para establecer la competencia en este supuesto, se encuentra previsto en los artículos 33, fracción IV, 37 y 38, de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I, (.), II. (.), III. (.) IV. Los juzgados de distrito; y V. (...). "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. ..." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe de atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que éste ejerce su jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. Así, cuando se señalen como autoridades responsables a uno o todos los Jueces de Distrito de un ámbito territorial, debe atenderse a los anteriores criterios para efecto de fijar la competencia. Por ende, no puede operar la regla general que para fijar la competencia que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que este juzgado ha sido señalado como autoridad responsable, por lo que sería jurídicamente incorrecto que el órgano jurisdiccional conociera y resolviera un juicio de amparo a quien la parte le atribuye el carácter de autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado trate de ejecutarse o podría ejecutarse; en tales condiciones, ya ha pasado a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, atendiendo al principio de derecho que no se puede ser Juez y parte a la vez en un proceso judicial. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables, y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. Asimismo, en la hipótesis en estudio, debe atenderse a la regla de excepción que contempla el artículo 38, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Por los motivos expuestos, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, que promovió Óscar Aguilar Ortiz, por propio derecho, contra actos del suscrito y de otras autoridades. Tiene aplicación la tesis 1ª.J. 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XXV, febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO.- Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato". En consecuencia, remítase la demanda y copias de traslado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que por su conducto LA TURNE AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por ser la autoridad competente para conocer de este asunto, ya que también fue señalada como autoridad responsable a la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y a fin de evitar mayores dilaciones. Por lo tanto, con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, toda vez que el acto reclamado consiste en la 1) orden de aprehensión, 2) orden de presentación, 3) orden de comparecencia, y 4) orden de reaprehensión, no ha lugar a proveer sobre la suspensión provisional solicitada, en razón de que el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por lo que al no reclamarse actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no es procedente de momento, proveer respecto a la suspensión solicitada por la parte quejosa. Es aplicable por su idea substancial, la jurisprudencia número I. 3o A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos cincuenta y uno, tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Arteaga Ruiz, Omar Roque Urbina, Gerardo Aparicio Jiménez, y Beatriz de la O Valenzuela; toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. En ese mismo tenor, se le tiene señalando el correo electrónico equipoabogados30@gmail.com, para oír y recibir notificaciones, lo que se hace del conocimiento del fedatario adscrito a este juzgado al que le corresponda conocer del presente asunto. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; asimismo, que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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