Oscar Aguilar Bautista
Expediente 1431/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Oscar Aguilar Bautista
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido por la Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo número 1431/2022, e informa que dicho Tribunal aceptó la competencia declinada por este Órgano Jurisdiccional. Al respecto, se toma conocimiento de lo comunicado, para los efectos legales conducentes. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno del Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1431/2022 y fórmese expediente. Incompetencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del presente asunto, es así, toda vez que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: El proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral *****, por el que se remitieron los autos al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, por no haber exhibido la constancia con que acreditara haber agotado la etapa prejudicial de conciliación, y ordenó el archivo del expediente. En primer término, se estima necesario precisar que el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [...] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [...] b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;." Ahora, los artículos 34, 47 y 170 fracciones I y II, de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." De los preceptos legales transcritos se desprende que, cuando se trata de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales, administrativos, agrarios o judiciales, procede el juicio de amparo ante el tribunal colegiado de circuito competente. Asimismo, es importante destacar que en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 170 de la Ley de la Materia, se define a las "sentencias definitivas", de la siguiente manera: "...Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal"...; y en relación a las "resoluciones que pongan fin al juicio", son: "las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido". Bajo esa óptica, como se dijo con anterioridad, el acto reclamado es el proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral ****, por el que se remitieron los autos al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, por no haber exhibido la constancia con que acreditara haber agotado la etapa prejudicial de conciliación, y ordenó el archivo del expediente. Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. Entonces, las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un juicio por la falta de algún presupuesto procesal, como pueden ser los requisitos de la demanda, constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal. En ese sentido, la reforma constitucional al sistema de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, originó el principio de conciliación prejudicial obligatoria, el cual posee dos dimensiones: a) como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema; y, b) como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crear una instancia previa, administrativa y obligatoria que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos. Bajo esta dimensión, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el tribunal remite el asunto al Centro de Conciliación ante el incumplimiento de ese requisito, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que: I) No está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; II) El juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; III) No podrían seguirse las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia); y, IV) En todo caso, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada X.1o.T.5 L (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con registro digital 2023712, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3854, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE. Hechos: Diversos trabajadores promovieron juicio laboral sin exhibir las constancias de no conciliación, por lo cual el Tribunal Laboral, previa prevención, ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación respectivo, para agotar el procedimiento prejudicial. Una vez que el Centro acusó recibo, el tribunal dictó un acuerdo de archivó del asunto como concluido. Contra esa determinación los trabajadores promovieron juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez Federal consideró que su conocimiento correspondía a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, es aquella por la que el Tribunal Laboral remite la demanda al Centro de Conciliación, Federal o Estatal, ante la falta de exhibición de la constancia de no conciliación, para que se agote la etapa conciliatoria prejudicial y no el acuerdo de archivo definitivo una vez que el Centro respectivo acusa recibo del expediente, al ser un acto emitido después de concluido el juicio. Justificación: Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, por lo que las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un juicio por la falta de algún presupuesto procesal, como pueden ser los requisitos de la demanda, constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal. En ese sentido, la reforma constitucional al sistema de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, originó el principio de conciliación prejudicial obligatoria, el cual posee dos dimensiones: a) como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema; y, b) como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crear una instancia previa, administrativa y obligatoria que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos. Bajo esta dimensión, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el tribunal remite el asunto al Centro de Conciliación ante el incumplimiento de ese requisito, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que: i) no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; ii) el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; iii) no podrían seguirse las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia); y, iv) en todo caso, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. En ese sentido, el acuerdo de archivo definitivo dictado con posterioridad, es una resolución emitida después de concluido el juicio, competencia de un Juzgado de Distrito." En ese sentido, es dable concluir que la determinación que se pretende combatir en esta instancia se trata de una resolución que, si bien no analizó el fondo del asunto, le puso fin al juicio laboral intentado por el aquí quejoso, por lo que en su contra procede el juicio de amparo directo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, con apoyo en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y demás constancias que integran el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar, a quien se solicita atentamente, comunique a este órgano jurisdiccional el acuerdo que dicte al respecto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizadas con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas propuestas, ya que se trata de la parte trabajadora en un conflicto laboral. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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