Oscar Adrián García Romo
Expediente 1693/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Oscar Adrián García Romo
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y DEFENSOR LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1036/2023-VII, promovido por el adolescente , por conducto de su defensor Francisco Javier Aregullín Castillo, contra actos de la Jueza de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Especializada en Justicia y Ejecución de Medidas para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés en la modalidad de Juicio en Línea, turnado el mismo día a este juzgado, el quejoso, por conducto de su defensor, en la vía indirecta, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y acto reclamado que a continuación se precisan: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: la C. Jueza Especializada en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, en funciones de Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de San Luis Potosí... IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LAS RESPONSABLES: La resolución fecha once de julio del año 2023, dictada dentro de la causa penal No. , del índice del Centro de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de San Luis Potosí, en la cual negó el sobreseimiento de la causa penal citada...". SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no presentó pedimento; se ordenó emplazar al tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Célula III del equipo de investigación y litigación 1, de la Unidad de Investigación y Litigación en la subsede Ciudad Valles, San Luis Potosí; asimismo, se requirió la designación de un representante especial del adolescente quejoso, en términos del artículo 8 de la legislación de la materia, para que le asesorara y realizara las gestiones legales procedentes a efecto de garantizar su adecuada defensa en este juicio constitucional, cargo que recayó en el propio defensor del justiciable promovente del amparo y de quien, mediante acuerdo de diez de agosto del año en curso, se recibieron manifestaciones en vía de alegatos, mismos que se tuvieron por formulados en el diverso auto de ******************** de agosto de la anualidad actual. Previo a ello, en auto de nueve de agosto del presente año se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia constitucional y legal por razón de grado, materia y territorio para resolver el juicio, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, debido a que se trata de una demanda de amparo indirecto sustanciada en primera instancia, en la que se reclaman actos dictados por una autoridad jurisdiccional cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Al realizarse una lectura integral de la demanda y las constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: La determinación emitida en la audiencia de sobreseimiento desahogada el once de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en la que se negó al quejoso dictar el sobreseimiento de la causa en términos de la fracción I, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza de actos Es cierto el acto que se combate de la autoridad responsable, en atención a que así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación. Tiene aplicación la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de la resolución reclamada se corrobora con la constancia que remitió la autoridad judicial responsable en vía de justificación, consistente en el disco versátil digital (DVD), mismo que contiene la audiencia celebrada el once de julio de dos mil veintitrés, en la que se resolvió que no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para decretar el sobreseimiento de la causa penal 0********************, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que su contenido se equipara al de documento público expedido por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a. /J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, de rubro y textos siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Tomo VI, Común, Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, con el número de registro 394182, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto se impone analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso a estudio, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y la suscrita no advierte de oficio su actualización; por lo que se procede a abordar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio del acto reclamado. No es necesario transcribir los conceptos de violación, dado que ello no infringe los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, en términos de la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". I. Síntesis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 7, numerales 1, 2, 3 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque refiere que no se tomó en cuenta para sobreseer la causa por inexistencia del hecho, lo resuelto en la audiencia inicial desahogada el quince de mayo del año en curso por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en la causa penal ********************, relativa a los coindiciados adultos ******************** y ********************, toda vez que éstos fueron detenidos junto con el quejoso, y en dicha audiencia se calificó de ilegal dicha detención, la cual además, fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Noveno Circuito, en el toca penal ********************; ello, en virtud de no aplicar el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en la tesis cuyo rubro y texto señalan: "DETENCIÓN DEL INDICIADO. AL CONSTITUIR UN SOLO ACTO, CUANDO SE IMPUTA LA COMISIÓN DE DELITOS DE DIFERENTE FUERO -EJECUTADOS EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO, LUGAR Y OCASIÓN- Y UNO DE LOS JUECES DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO LA CALIFICA DE ARBITRARIA E ILEGAL, LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE ESTA DETERMINACIÓN IMPLICAN QUE EN EL DIVERSO PROCEDIMIENTO LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DE FORMA DIRECTA E INMEDIATA SE INVALIDEN, CON INDEPENDENCIA DEL FUERO DEL JUZGADOR QUE LA PRONUNCIE. Hechos: El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León por portar un arma de fuego de uso exclusivo de los institutos armados nacionales y poseer una sustancia narcótica distribuida en diversos envoltorios. El Ministerio Público del fuero común que tuvo conocimiento de la detención solicitó al Juez de Control del Estado la audiencia de formulación de la imputación únicamente por el hecho relacionado con la posesión de la sustancia narcótica, ya que respecto de la portación del arma de fuego decidió que correspondía conocer al Ministerio Público Federal. El Juez de Control del fuero común determinó calificar de ilegal la detención del imputado y ordenó su libertad en la audiencia relativa. Por su parte, el fiscal del fuero federal solicitó al Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio la audiencia de formulación de la imputación por la portación del arma de fuego, el cual resolvió vincular a proceso al imputado por ese hecho que estimó con apariencia de delito, previsto en el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no obstante que el defensor alegó que en diversa carpeta judicial la detención se había calificado de ilegal por un Juez de Control del fuero común y, por consecuencia, las pruebas obtenidas eran ilegales, lo cual se desestimó porque, arguyó el juzgador federal, no existió pronunciamiento sobre el hecho de la portación del artefacto bélico por la autoridad judicial local; determinación que se confirmó en grado de apelación cuya interlocutoria se reclamó en amparo indirecto, que concluyó con la negativa de la protección solicitada porque, en opinión del órgano de control constitucional, el Juez de Control federal no estaba vinculado a la determinación que calificó de ilegal la detención del impetrante, pues se emitió con vista a la sustancia prohibida localizada en su poder, sin hacer pronunciamiento respecto del arma de fuego que también portaba. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de procedimientos penales instruidos por Jueces de Control de diferente fuero, derivados de una misma secuela de hechos delictivos, la determinación que no ratifica la detención por considerarla ilegal, es un acto único con independencia del fuero del juzgador que la pronuncie, y sus efectos y consecuencias inciden en ambos procedimientos, por el principio de cosa juzgada. Justificación: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda persona, sin excepción, el derecho fundamental a la libertad personal, la cual sólo podrá restringirse en los casos en que el propio precepto menciona, esto es, cuando se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, así como en casos urgentes respecto de delitos graves así calificados por la ley y exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial. Bajo el mismo tenor, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7, numerales 1, 2, 3 y 6, reconoce el derecho a la libertad de toda persona, la que puede ser restringida únicamente bajo las condiciones fijadas por las Constituciones Políticas de los Estados Partes, y que un Juez o tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la detención. En los casos urgentes como en los de flagrancia delictiva, la propia Constitución General otorga la facultad al Juez que reciba la consignación del detenido, para que proceda inmediatamente a ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Es decir, sólo alude a que sea la autoridad judicial quien, de forma inmediata, califique de legal o no la detención cuando reciba la consignación del detenido, sin hacer distingo del fuero federal o local de dicha autoridad, ni tampoco distingue respecto al delito de que se trate -federal o local-, simplemente se tutela y preserva que la restricción al derecho fundamental a la libertad personal del detenido haya sido legalmente justificada; de lo contrario, se decretará su libertad con las reservas de ley. En ese orden, partiendo de la base de que la detención del quejoso es un solo acto, derivada por desplegar, aparentemente, dos conductas delictivas ejecutadas en las mismas circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, donde se le aseguraron tanto la droga como el arma de fuego, al ser calificada esa detención como arbitraria e ilegal por un Juez de Control del fuero común, las consecuencias y efectos de esa declaración invalidan tanto la detención del sujeto como los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata, acorde con los principios de debido proceso y exclusión de prueba ilícita." Sostiene la defensa que, en aplicación de dicho criterio, la juez responsable debió declarar la nulidad de los datos de prueba que tomó en consideración para calificar de legal la detención y determinar el sobreseimiento de la causa penal que se instruye al quejoso. Lo anterior lo estima así, pues refiere que si en la audiencia celebrada respecto de los coindiciados adultos se declaró de ilegal la detención, al haberse aportado datos de prueba con los que el juez de aquella causa tuvo por acreditado que los elementos captores se introdujeron al domicilio donde se encontraba el ahora quejoso y los diversos coindiciados, y ello desvirtuó la imputación de los aprehensores, entonces en el caso que nos ocupa también deben declararse nulos los datos de prueba con los que se calificó de legal la detención y sobreseerse la causa, pues si bien no se trata del mismo indiciado, sí se trata de una misma detención. Máxime que dicha resolución quedó firme, toda vez que el tribunal de alzada determinó que la misma era inapelable. Y que por tanto, si esa determinación que declaró la ilegalidad de la detención quedó firme, ello trae como consecuencia que todo lo actuado por los aprehensores, incluyendo la detención de los indiciados, el aseguramiento de los objetos, la inspección respectiva y la opinión pericial, sea nulo, por ser derivados de un acto ilegal, tal como se establece en la doctrina del "Fruto del Árbol Envenenado". De ahí que, según señala, no existiría dato de prueba alguno que demuestre que existieron los hechos que la ley señala como delitos, que se imputan al quejoso, mucho menos que hagan probable que los cometió o haya participado en su comisión. II. Calificación de los conceptos de violación. Al respecto, los conceptos de violación expuestos con antelación por la parte quejosa, resultan infundados, pues aún suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, resultan insuficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. III. Antecedentes. A efecto de abordar el estudio planteado, es menester citar los antecedentes relevantes del asunto que nos ocupa, para lo cual, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se toma como hecho notorio el juicio de amparo ******************** del índice de este propio órgano, promovido contra la calificación de la detención, el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de internamiento preventivo, de donde se obtiene que: En la audiencia inicial desahogada el catorce de mayo de dos mil veintitrés, el fiscal de la federación expuso: ".que siendo aproximadamente las horas con cincuenta y cinco minutos, esto del día doce de mayo de la anualidad que transcurre, elementos de la Guardia Civil Estatal, se encontraban realizando servicios de seguridad y vigilancia, esto lo realizaban a bordo de dos unidades, que estas unidades se encuentran identificadas con los números económicos *, al mando de estas unidades iba el oficial de nombre , también lo acompañaban otros once elementos; sobre la unidad identificada con el número económico *, esta era conducida por el oficial , como copiloto viajaba , en la batea viajaban cuatro elementos más, siendo éstos *, *, *y *; le seguía la diversa unidad, la cual mencioné identificada con el número económico *, el conductor de esta unidad era * , como copiloto viajaba y en la batea otros cuatro elementos, siendo ********************, ********************, ********************y ********************, estos oficiales refieren que al ir transitando sobre la calle conocida como Lirio de orientación de norte a sur, toman la calle conocida como ********************, esto en la colonia conocida como Colonia del Bosque en el municipio de ********************, refiere que al tomar la ********************, frente a ellos, observaron a una distancia aproximada de cuarenta metros, se percatan de la presencia de tres personas; estas tres personas son del sexo masculino y al lado de ellos, como a un metro de distancia, específicamente había dos motocicletas, una motocicleta era de color negro con rojo y la otra era de color gris con rojo; sobre esta última de las motocicletas mencionadas, es decir, la identificada con el color gris con rojo, encima del asiento se encontraba una maleta en color negro, refieren los uniformados que dichas personas portaban armas largas y usaban chalecos tácticos, quienes se percataron en ese momento de la presencia de las unidades policiales, refieren los uniformados que se pudieron percatar que estas personas, como ya mencionaron, empuñaban las armas largas hacia las unidades de los elementos de la Guardia Civil Estatal y al estar más cerca de ellos, como a unos diez metros de distancia, los uniformados detienen la marcha de sus unidades, por lo que de manera inmediata y con las medidas de seguridad, descienden y se van acercando hacia el imputado y a las otras dos personas para mediante comandos verbales, identificarse como elementos de la Guardia Civil Estatal, a la vez que les indicaban que soltaran sus armas y les mostraran en todo momento sus manos en alto; momento en el que intentaron emprender la huida pie a tierra, corriendo con dirección hacia uno de los domicilios que se encontraba en el lugar, específicamente al que está donde ellos se encontraban, no consiguen hacerlo en virtud por la cercanía que tenían con los uniformados, se les pudo dar alcance, esto, como ya se mencionó, enfrente de un domicilio. Al momento de darles alcance adoptaron una actitud de afrenta, gritándoles que no sabían con quién se metían, que no se la iban a acabar, que iba a llegar el apoyo, ya que ellos andaban jalando para el cártel Jalisco, negándose a entregar las armas que portaban, por lo que mediante comandos verbales se les indicó nuevamente que soltaran sus armas, continuando con su actitud negativa, por lo que fue necesario hacer el uso de la fuerza necesaria para desarmarlos. En principio, el oficial de nombre ********************, se dirigió con la persona que en ese momento vestía una playera en color gris, pantalón de mezclilla en color azul y tenis color blanco con negro y que incluso usaba un chaleco táctico en color verde, a quien se le indicó que entregara el arma que portaba, negándose y jaloneándose sin soltar el arma, motivo por el cual se le hizo uso de la fuerza necesaria para controlarlo físicamente, derribándolo al suelo, cayendo sobre su espalda, donde continuaba forcejeando, por lo que se le aplicó un candado al cuello y desarmándolo en ese momento, colocándole los candados de mano; y esta persona ahora se sabe que responde al nombre de ********************, procediendo al aseguramiento de esa arma de fuego y al momento que había sido controlado, que la había dejado caer; específicamente se trata de un arma larga que se encontraba abastecida y que llevaba su cargador de cartuchos, específicamente se encontraba abastecida con veintisiete cartuchos; de igual forma, a esa persona de nombre ********************, se le realizó una revisión en su persona y se le localizó fajada en la cintura del lado derecho, una diversa arma corta del calibre 9 mm, ante esta circunstancia se llevó a cabo la detención y aseguramiento de la persona de nombre de ********************, así como de las dos armas de fuego e incluso se le aseguró el chaleco táctico que usaba en ese momento. Refieren los uniformados que, de manera paralela, el oficial de nombre ********************, abordó a la persona que en ese momento vestía una playera negra y pantalón de mezclilla azul y tenis negros, e incluso también utilizaba un chaleco táctico en color verde, a quién se le indicó que soltara el arma, negándose a hacerlo embrazándola (sic) con fuerza, posteriormente a ello fue que se consiguió derribarlo, cayendo al suelo de frente y sobre su pecho, cayendo el arma al suelo de su lado derecho y se le aplicó un candado al brazo derecho para controlarlo y colocarle los candados de mano; persona que en este caso es identificado como el ahora imputado de esta sala aquí presente; procediendo al aseguramiento del arma, siendo ésta un arma de fuego larga del calibre 7.62 x 39 mm, la cual contaba con su cargador y se encontraba abastecida con treinta cartuchos útiles; de igual forma se procedió al aseguramiento del chaleco táctico que en ese momento vestía. De igual manera y de manera paralela, el oficial de nombre ********************, le dio alcance a la diversa persona que vestía playera color gris, pantalón de mezclilla color azul y tenis negros, además también utilizaba un chaleco táctico de color verde, alcanzando a agarrarlo de la espalda, específicamente de la playera, la cual salía por la parte baja, ya que también en ese momento utilizaba un chaleco táctico, la cual con la fuerza se jaló y se rompió su playera, solicitándole que soltara el arma larga que portaba en sus manos, accediendo, soltando el arma al suelo; se le indicó que colocara las manos a la espalda y accedió voluntariamente y procedió a colocarle los candados de seguridad, procediendo a llevar a cabo el aseguramiento del arma de fuego, siendo ésta un arma de fuego también del calibre 7.62 x 39 mm, arma de fuego que contaba con su cargador de cartuchos y se encontraba abastecida con veintinueve cartuchos del mismo calibre; motivo por el cual se aseguraron estos objetos bélicos y también el chaleco táctico que usaba la persona. De igual manera, el policía de nombre ********************, procedió a revisar la maleta que se encontraba sobre la motocicleta de color gris con rojo, siendo ésta una mochila tipo maleta deportiva con la leyenda Wilson, localizando en su interior una bolsa de nylon transparente y ésta en su interior contenía bolsitas transparentes tipo Ziploc pequeñas con etiqueta, cada una con la leyenda "CJN 130", cada una de esas bolsitas contiene en su interior una sustancia granulada en color azul con las características físicas de la droga sintética conocida como 'cristal', y en el interior de la misma maleta de manera suelta, había bolsitas de plástico transparente que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, cada una tenía etiquetas en color dorado, con lo que parecía ser una imagen de un pingüino, procediendo a su aseguramiento y procediendo a inspeccionar la motocicleta, siendo una motocicleta de la marca Itálika modelo 2020, color gris con rojo y procedieron a consultar en el sistema de información y se obtuvo como resultado que esta unidad no contaba con reporte de robo, esto fue manifestado por el operador identificado con el número 61. De manera paralela, el oficial ********************procedió a revisar la diversa motocicleta, ésta es una motocicleta de la marca Itálika modelo 2019, en color negro con rojo, sin placas de circulación, procediendo a hacer una consulta en el sistema de información y el operador identificado con el número 61 le informó que esta motocicleta sí cuenta con reporte de robo. Ante estas circunstancias es que, siendo las diecisiete horas, se les indicó a las tres personas que quedaban en calidad de detenidas y que serían puestas a disposición de la Fiscalía General de la República por hechos posiblemente constitutivos del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y por delitos Contra la Salud y los que les resultaran. De esta narrativa, como ya lo he anunciado, podemos advertir circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la detención del ahora imputado, quien se encontraba acompañado de otras dos personas, también del sexo masculino; podemos advertir que los uniformados vieron a las tres personas cuando se encontraban sobre una calle y a simple vista observaron que portaban objetos bélicos, es decir, se encontraban ante un hecho flagrante; motivo por el cual la Fiscalía advierte que sí se encuentra sustentada esta detención. ¿Por qué? Porque como aquí ya se ha mencionado, no existió necesidad de llevar a cabo un previo acercamiento, justificando controles provisionales preventivos en un grado menor y uno superior, en este caso estamos hablando que al notar a las personas armadas se configuraba en ese momento un hecho con apariencia de delito ante los ojos de los elementos uniformados; por eso es que la fiscalía, como lo anunció anteriormente, advierte que se configura el supuesto de flagrancia que establece el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales vinculado esto con lo que establece el artículo 129 de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. A su vez, por parte de esta Fiscalía le solicita Señoría, que se tenga por justificada la temporalidad entre la detención del imputado... y la puesta a disposición ante la Fiscalía; ya mencioné anteriormente que la detención formal se efectuó a las diecisiete horas del día doce de mayo de la anualidad que transcurre y las tres personas, incluyendo en este caso al imputado, fueron puestos de manera formal y jurídica a la Fiscalía el mismo doce de mayo en punto de las veintidós horas con treinta y un minutos; es decir, estamos hablando de un término aproximado de cinco horas con treinta minutos, el cual la Fiscalía estima ser un tiempo prudente, considera no existe una dilación injustificada; esto, tomando en consideración la información que vertieron los elementos aprehensores en el informe policial homologado, a través del cual dieron cuenta de las actividades que llevaron a cabo posterior a la detención; de la narrativa podemos advertir que posterior a la detención, abordaron a las personas detenidas e indicios, así como de los vehículos asegurados a sus unidades policiales, esto con la finalidad de manera inmediata trasladarlos a la Jefatura de área Valles de la Guardia Civil Estatal, ello como medida de seguridad en virtud a los incidentes por personas armadas que se han suscitado en la localidad y lo manifestado por las personas detenidas, es decir, el señalamiento de que pertenecían a un grupo delictivo, específicamente el Cártel Jalisco. De igual forma, se refiere que se sube a los detenidos a su unidad, los suben específicamente a la unidad identificada con número económico 2517, y refiere que la persona que en ese momento tiene el nombre de ********************, es decir, uno de los diversos imputados al momento de decirle que subiera a la batea de la unidad, y que fuera agachado, de manera accidental, se golpeó la frente con la banca que llevan en la batea de la unidad policial, lo cual le originó un poco de sangrado. Refiere que durante el trayecto se empezó a hacer las gestiones del Registro Nacional de Detenidos de las tres personas, estas circunstancias las fueron realizando, dando la información al departamento correspondiente, proporcionando datos generales y de manera telefónica; para tal efecto, dieron inicio a estas circunstancias a esta actividad del RND a las diecisiete horas con veintisiete minutos se les apoya en ello y concluye con el Registro Nacional de Detenidos a las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos. Así fue que se les proporcionó los números de folio correspondientes a cada una de las personas detenidas. Posteriormente, refieren los uniformados que arribaron a sus instalaciones, esto con la finalidad de llevar a cabo la certificación médica de las tres personas detenidas, una vez que se lleva a cabo la certificación médica y que se da cuenta por parte del médico sobre el estado de salud y el estado físico de cada una de las personas, es que proceden con posterioridad a solicitar una grúa, para llevar a cabo el traslado de los vehículos. Y trasladar en este vehículo a las dos motocicletas a una pensión de encierro. Posteriormente se abocaron a la elaboración del informe policial homologado, el llenado de los anexos correspondientes; también se hizo el conteo y el pesaje del narcótico, resultando ser un total de doscientas cuarenta y nueve bolsitas transparentes... ...son transparentes tipo Ziploc con etiqueta con la leyenda 'CJN 130', cada una de esas bolsitas contiene en su interior una sustancia granulada en color azul, con las características físicas de la droga sintética conocida como 'Cristal', con un peso aproximado de 123 gramos; sobre el conteo y pesaje del diverso narcótico, resultaron ser ******************** bolsitas de plástico transparente que en su interior contienen vegetal verde y seco, con las características de la marihuana; de su pesaje se obtuvo un peso aproximado de 219.2 gramos; refiere que este pesaje se hizo con una báscula gramera que pertenece a su corporación; asimismo, se procedió a hacer el embalado y etiquetado de todos los indicios y el llenado de los registros de cadena de custodia. Posteriormente se advierte que llevó el arribo de la grúa para el traslado de los vehículos, tal como se había hecho la solicitud previamente, y también se informó esta detención al C4, con la finalidad de que también se les proporcionara un número de folio e informando la detención de las personas y aseguramiento de todos los indicios. Posterior a ello es que refieren los uniformados que procedieron a llevar a cabo el fotocopiado de sus documentales para concluir con ello, siendo aproximadamente las veintidós horas y trasladarse posteriormente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, para poner a disposición los objetos asegurados y los imputados. Esta temporalidad que ya anuncié anteriormente, que son un aproximado de cinco horas con treinta minutos, como ya mencioné, la Fiscalía lo encuentra justificado, no existe una dilación en este término, tomando en consideración las actividades ya anunciadas, actividades que la Fiscalía advierte son propias del encargo de la función policial cuando llevan a cabo la detención de una persona; en este caso, podemos advertir que no hay actos de investigación realizados por los elementos aprehensores única y exclusivamente, como ya lo anuncié, son actos propios de su encargo. Ante esa circunstancia, estas cinco horas con treinta minutos, no pueden considerarse como injustificadas porque ello lo está plenamente justificado el actuar policial, bajo estas circunstancias solamente queda anunciar su Señoría tendría que el análisis que se debe hacer también, para calificar de legal la detención del ahora imputado, es tomar en consideración el tiempo en el que estuvo retenido por parte de la Fiscalía General, anuncié previamente que fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal a las veintidós horas con treinta y un minutos del día doce... ...de mayo y fue puesto a disposición de este Centro de Justicia el día de hoy, en punto de las nueve horas con treinta y ocho minutos, que fue la hora de su internamiento en el centro de internamiento respectivo, de esa forma es como podemos advertir... ...Y se envió la solicitud, siendo aproximadamente las diez horas con veinticinco minutos... ...Ante estas circunstancias Señoría, por parte de la Fiscalía advierto sí hay elementos para sustentar que la detención del imputado fue llevada a cabo de manera legal, que hay fundamento constitucional para ello. Y que existe este fundamento de una flagrancia, motivo por el cual la Fiscalía le reitera la solicitud de que se ratifique de ilegal la detención del ahora imputado..." Por su parte, el defensor expuso el caso de la siguiente forma: "...él (el indiciado ********************) refiere que se encontraba en un domicilio en la ciudad de ********************, en compañía de dos imputados adultos, que son ********************, con domicilio en ******************** y de ********************, con domicilio en diverso domicilio (sic), refiere que estando ahí el día trece de mayo aproximadamente, perdón, el día doce de mayo del año en curso, aproximadamente a las cero cuatro cincuenta horas, llegó la policía, la Guardia Civil, dos patrullas y trataron de abrir la puerta mediante golpes, no lo lograron y se introdujeron por la ventana que era de palos y fueron detenidos y egresados de ese lugar..." Asimismo, la defensa aportó los siguientes datos de prueba: - El informe de investigación criminal, realizado por el Policía Federal Ministerial, ingeniero ********************, oficial investigador B, en el cual refiere que se constituyó en el domicilio del diverso imputado de nombre ********************, ubicado en ********************; y que cuando realizaba la inspección, se acercó una persona de nombre ********************, misma que ofreció entrevista, en la que refirió que vive en unión libre con dicho imputado ********************; que igualmente se entrevistó con una familia que vive en contra esquina de la casa o lugar donde sucedieron los hechos, donde los familiares le dijeron que quien vio fue una menor de edad de nombre ********************, recabando la entrevista de ésta, en presencia de su padre, de nombre ********************, anexando la referida entrevista, así como, - Inspección del domicilio del diverso imputado ********************, anexando fotografías en las que refiere se observa una construcción de un solo piso en obra negra, con block sin revocar. - Entrevista de la testigo de nombre ********************, de ********************años de edad, con fecha de nacimiento ******************** (sic), la cual vive en la ********************, sin referir en qué lugar se encuentra, pero que del oficio se desprende que es en ********************. - Entrevista de fecha trece de mayo de dos mil veintitrés, practicada a ********************, de ******************** años, quien vive en la ******************** sin número, colonia Del Bosque; entrevista que refiere es rendida en presencia de su papá ******************** Ramírez. - Entrevista del señor ******************** Ramírez. - Escrito signado por la licenciada ********************, Defensora Pública Federal habilitada para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, de trece de mayo de dos mil veintitrés, al que se anexa: 1) Formato de entrevista realizada a ********************, a las doce cincuenta y cinco horas del trece de mayo de dos mil veintitrés; 2) Entrevista a ******************** Ramírez, de trece de mayo a las doce cincuenta y dos horas; 3) Entrevista a la menor ********************; 4) Inspección signada por ********************, llevada a cabo en el domicilio del diverso imputado ********************, ubicado en ******************** sin número, de la Colonia Del Bosque, en ********************, iniciada a las catorce horas del día trece de mayo de dos mil veintitrés y concluida a las catorce quince horas, a la cual se agregaron catorce fotografías. Derivado de lo anterior, la defensa solicitó que se calificara de ilegal la detención de su patrocinado, dado que -dijo- que de los datos de prueba existía evidencia de que los aprehensores se introdujeron al domicilio en el que se encontraba el ahora quejoso en compañía de los diversos imputados adultos. Exposición de la juez responsable. Luego de llevado a cabo el debate horizontal entre las partes, la juez incorporó el mismo, precisó que la hora de la detención no había sido controvertida y que por lo tanto ésta se tenía realizada a las diecisiete horas, y expuso que estaba ante la presencia de dos teorías, con circunstancias de modo diferentes, no así de tiempo ni lugar; pues destacó que, de acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, del informe policial homologado y actos de investigación, los agentes aprehensores iban transitando por la calle Lirios y al ingresar a la ********************, vieron tres sujetos y dos motos, una con una maleta y los sujetos con armas largas y chalecos tácticos; en tanto que, por parte de la defensa, se argumentaba que los detenidos se encontraban dentro de un domicilio, del cual fueron sacados y golpeados por parte de los aprehensores. Sin embargo, dijo que en dicha etapa, no hay pruebas, sino datos de prueba; y que las entrevistas aportadas como datos de prueba no generaban certeza alguna, ante la deficiencia en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; ello, pues dijo que de la entrevista llevada a cabo a la persona de nombre ********************, ésta no mencionaba a qué distancia se encontraba, ni en qué calle ni a qué hora; que en la entrevista de la persona de identidad reservada tampoco se mencionaba la ubicación de su domicilio, de donde dijo que había visto los hechos, que no dijo por qué conoce a ********************, ya que así lo nombra, siendo que se habla de que el diverso imputado se llama ********************y que sus manifestaciones resultan ser muy vagas. Enseguida, sobre la dilación en la puesta a disposición de aproximadamente cinco horas con treinta y un minutos, dijo que ese tiempo estaba justificado con las actividades señaladas por el fiscal y que se desprendían del informe policial homologado e informe de investigación criminal, sin que alguna de las mismas hubiese sido controvertida por la defensa. Decisión de la responsable. Con base en lo anterior, concluyó la juez que de lo expuesto por el fiscal y de los informes referidos, se desprendían datos o circunstancias de tiempo, modo y lugar que justificaban que la detención se había llevado a cabo bajo flagrancia, como lo había expuesto la fiscalía, y que no tenía datos que generaran diversa información, dado que las entrevistas aportadas por la defensa, carecían de circunstancias de tiempo, modo y lugar precisas y contrario a ello, sí existían datos que acreditaran el hecho delictivo, que no se controvirtió quién, ni cómo detuvo al adolescente imputado ni lo que se le encontró y que por tanto, se tenía acreditado el supuesto normativo de flagrancia, así como la causa generadora de la detención que lo fue, porque los agentes aprehensores vieron al imputado con otras dos personas, portando las armas afectas, así como que pretendieron huir del lugar, mientras que los datos de la defensa resultaban insuficientes, máxime que se había cumplido con el plazo señalado en los numerales 129 y 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de treinta y seis horas. Derivado de lo anterior, calificó de legal la detención del aquí adolescente quejoso. III.1. Respuesta a los conceptos de violación. Como se adelantó, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa a través de su defensor, pues esta juzgadora encuentra ajustada a derecho la determinación de la juez responsable de no tomar en consideración lo resuelto en la diversa audiencia inicial llevada a cabo en la causa penal ******************** por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en la que se resolvió sobre la calificación de la detención de los diversos coindiciados por ser adultos, lo que se expone: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).", aludiendo al principio de limitación probatoria contenido en el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, dijo que, en tratándose de asuntos en materia penal existía un impedimento, relativo a que el ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior porque, dijo, ello implicaría indefectiblemente que dichas pruebas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación) y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio. En las razones expuestas por dicha Primera Sala en la contradicción que dio origen a la citada tesis, estableció que el sistema acusatorio adversarial fue introducido por reforma constitucional de dos mil ocho al ordenamiento jurídico mexicano. Que el artículo 20 constitucional estableció los principios del procedimiento penal acusatorio-adversarial, donde se definió que tal proceso será acusatorio y oral y que los principios regentes de éste serán la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Destacó que esa Primera Sala ya ha sostenido que la oralidad obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos ofrecidos y cuyo desahogo sea aceptado. Es decir, dijo, el Juez tendrá conocimiento simultáneamente y con igual fuerza, de teorías de un caso, que podrán ser completamente contradictorias, cuyo debate permitirá el acceso directo a los medios de convicción. Precisó que la oralidad no se limita únicamente a la argumentación y contra-argumentación que se realiza en torno a los datos en que aquéllos se sustenten, pues de igual forma se celebran en audiencia pública diversas diligencias y actuaciones procesales, en las que las partes tienen la misma oportunidad de intervención. También refirió que la oralidad tenía una relación específica en cuanto a la prueba de los hechos, que la expresión oral permite una mayor claridad y riqueza pues se acompaña de una serie de elementos que habilitan para transmitir y recibir de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el tono de voz, la fuerza expresiva, la prontitud de la respuesta. Sobre tal aspecto, señaló que un sector de la doctrina proclama que todos estos datos pueden ser de gran utilidad a la hora de valorar la información y llevar a cabo una reconstrucción más cercana de los hechos analizados, pues proporciona las condiciones óptimas para apreciar la sinceridad o credibilidad del dicho de un declarante. Por su parte, acerca del principio de publicidad adujo que éste se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal. Y que, de acuerdo a lo establecido en la fracción V del apartado B del citado precepto constitucional, éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Añadió que ha sostenido que el principio de contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta o legajo de investigación y los que sean ofrecidos en su contra, principio que indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Dijo se ha sostenido por esa Primera Sala que, el principio de contradicción funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas y, por otra, permite al juzgador apreciar de forma clara los elementos de prueba y los argumentos que, de forma oral, exponen las partes. También destacó que el principio de concentración implica finalísticamente el centrar el debate procesal en pocas audiencias a efecto de que en ellas se lleve a cabo la ventilación del mayor número de cuestiones en el menor número posible de actuaciones. Respecto al principio de continuidad afirmó que ello implica limitar las interrupciones al proceso. Por otro lado, también refirió que la inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Desde este enfoque, también estableció, que la inmediación concede a las partes la ocasión de comunicar oralmente al tribunal sus puntos de vista, en una audiencia determinada o en la misma en que se ventila toda la causa, con el propósito de que el Juez o tribunal se compenetre más acabadamente del sentido y alcance de los argumentos y pretensiones; que así las partes pueden en su presencia, confrontar sus razones y a veces ajustarlas; dijo se obtiene mayor celeridad por medio de indicaciones o preguntas y que, en ciertos casos, puede formularse señalando a las partes las oscuridades, vacíos o contradicciones de sus planteamientos o explicaciones; permite que se supriman o abrevien algunos puntos controvertidos por tener un alcance distinto del que suponían las partes en su enfoque unilateral. Todo ello, señaló, es posible esperar de este contacto entre partes y Juez o tribunal en comunicación oral e inmediata. Aunado a lo anterior, en la contradicción de tesis 225/2017 sostuvo que resultaba violatorio del principio de inmediación que el Juez de Amparo resolviera valorando elementos que no tuvo a la vista el Juez de Control. Por tanto, en la contradicción a que se ha venido haciendo referencia, la misma violación al principio de inmediación ocurrirá si el Juez de Amparo admite el desahogo de pruebas destinadas a modificar las circunstancias que valoró el Juez de Control para dictar la orden de aprehensión y que, por tanto, no tuvo a la vista éste al momento de emitir el mandato de captura. También refirió (párrafo 78 de la contradicción citada) que el recabar y tomar en consideración para dictar sentencias de amparo pruebas que no se rindieron ante la responsable, sería contrario al artículo 20 constitucional, esto es, inter alia, al principio de inmediación. Añadió que, en efecto, para el librado de una orden de aprehensión no se realiza el desahogo de pruebas formalizadas. Que la propia Constitución establece en el artículo 16, que para su dictado se requiere que obren "datos" que establezcan que se ha cometido un hecho sancionado como delito con pena privativa de libertad y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió. Que por su parte, el propio artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el dictado de la orden de aprehensión requiere, en el mismo tenor, la existencia de "datos" que obren en la carpeta de investigación respecto a los requisitos analizados. Ante ello, dijo, debe recordarse que un dato de prueba es una referencia de "que existe determinado medio de convicción, esto es, una evidencia o indicio", es decir, "el dato de prueba será aquel que constará en la carpeta de investigación y que será referenciado por el sujeto procesal ante el Juez de Control, al exponerlo de forma oral." Es claro entonces, precisó, que el dato de prueba es ajeno al perfeccionamiento que implica su desahogo posterior en juicio oral ante el Juez respectivo. Y que, por tanto, como lo ha sostenido anteriormente, mientras que la prueba se integra por una tarea investigadora reforzada, los datos de prueba tienen un estándar menor. También debe recordarse, agregó, que a la luz del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que se libre una orden de aprehensión el Ministerio Público debe justificar 1) que se ha presentado denuncia o querella respecto a un hecho que la ley señala como delito; 2) integrar una carpeta de investigación en la que obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho y que existe probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión y 3) debe justificar la necesidad de cautela (o bien, se resista o evada la comparecencia en un delito que amerite pena de prisión), a la luz de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dijo que esto es especialmente significativo porque, como consagra el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de su comparecencia procesal podrá optar por hacer uso de su derecho de ofrecer datos de prueba a que alude el artículo 314 del propio código, lo que implica que podrá hacer uso del derecho de ofrecimiento de datos en la propia audiencia inicial, a que alude el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al efecto, en la diversa tesis CLXXVI/2016, la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, de conformidad con la nueva metodología del proceso penal acusatorio y oral, la lógica de las pruebas cambió respecto del sistema tradicional o mixto, pues para el proceso penal acusatorio y oral sólo pueden reputarse como tales las desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes -salvo la denominada prueba anticipada-, lo que implica que el dictado de las sentencias debe sustentarse en elementos de convicción recibidos directamente por el tribunal de juicio oral, bajo un control horizontal, con plena satisfacción de los principios citados. Por lo que, por identidad de razón, resulta lógico y adecuado lo resuelto por la responsable, sin que escape a la óptica de quien aquí resuelve que, en el caso se solicita el sobreseimiento de la causa, con fundamento en la fracción I, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió." Como puede observarse, la defensa basó su petición en la fracción I del numeral transcrito, es decir, bajo el supuesto de que el hecho no se cometió y para plantear su petición, únicamente expuso en la audiencia respectiva el sentido de lo resuelto por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en la causa penal ********************, relativa a los coindiciados adultos ******************** y ********************, donde se calificó de ilegal su detención, aduciendo además que la misma había sido confirmada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Noveno Circuito, en el toca penal ********************. Sin embargo, en principio, es evidente que la pretensión de la defensa transgrede los principios del sistema penal acusatorio anteriormente destacados, como lo son, el de oralidad y el de inmediación, dado que pretendió que se tomara en cuenta una resolución en la que se aportaron diversos datos de prueba por parte de la defensa de aquellos indiciados, las cuales no fueron aportadas en el asunto que nos ocupa y que correctamente la juez responsable solicitó al defensor que no las diera a conocer en ese momento, pues ya existía pronunciamiento sobre la legalidad de la detención; aunado a ello, es también evidente que, aún tomando en consideración la resolución del diverso aquel Juez de Control, con ello no se demostraba la inexistencia del hecho con apariencia de delito, supuesto que era necesario demostrar para que se actualizara lo dispuesto en la fracción I, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que resultara trascendente el hecho de que dicha resolución en la que se calificó de ilegal la detención de los otros indiciados, hubiese sido confirmada en la Alzada, pues como la propia defensa lo destacó, ello fue en virtud de que se declaró sin materia el recurso de apelación. Por ello, es que fue correcta la decisión de la juez, en el sentido de que la calificación de la detención, no actualizaba que no se hubiese cometido el hecho. Tampoco pasa inadvertido lo señalado por el defensor, quien insistió que si se habían declarado nulos los datos en el diverso proceso, entonces también debían declararse nulos en el que nos ocupa; en principio, porque no existe evidencia alguna de que los datos de prueba aportados en la diversa audiencia hubiesen sido declarado nulos, sino que, derivado de la valoración que llevó a cabo el Juez Federal, es que no se demostró que la detención hubiese ocurrido en los términos en que los planteó la fiscalía; es decir, no hubo una declaratoria de nulidad de datos de prueba, lo que sí hay es una valoración diversa, derivada precisamente del debate llevado a cabo entre las partes en aquel asunto, así como de los datos de prueba que fueron aportados en el mismo, lo que muy probablemente aconteció de forma distinta a como se vertió en la causa que se instruye al aquí quejoso. Por tanto, como lo anterior no resulta, aún en esta instancia, suficiente para demostrar que el hecho no aconteció, resulta correcta la determinación de la juez responsable; para mayor claridad, se transcribe a continuación lo manifestado por ésta en dicha audiencia: ".del propio argumento del Defensor, se advierte que el juez calificador en el fuero federal, obtuvo o tuvo a la vista para valorar y calificar diversos datos de prueba con los que la de la voz no contó en el momento, inclusive se advierte del propio argumento que la resolución de esta jueza de control, tanto en el control de detención como en la vinculación a proceso, recuerdo fue el mismo día, el día quince, no perdón, catorce de mayo del presente año sí es anterior a la emisión del control que realizó el juez Federal, esto en virtud de que la propia Ley Especializada en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, pues advierte que el término para el control de la detención, se reduce en horas para las cuestiones de adolescentes; entonces la de la voz emití primero que el juez del fuero federal, la resolución donde se calificó de legal la detención; entonces, el Defensor argumenta que la resolución del juez federal, que fue posterior a la de la voz, recae en este supuesto que ya he mencionado. De igual manera, se advierte del argumento, como ya lo señalé, que existieron diversos datos de prueba que la de la voz no advertí o no pude valorar porque no fueron argumentados por ninguna de las partes en la etapa de vinculación a proceso y en la etapa de control de detención. De igual manera, más bien en sentido contrario, la Fiscalía solicita se declare infundada la petición del abogado defensor, del órgano defensivo, en virtud de que a su consideración no se actualiza el supuesto invocado por parte de la defensa, de que el hecho no se cometió; que efectivamente, el juez federal obtuvo o tuvo a la vista y valoró diversos datos de prueba que la de la voz no tuve oportunidad de valorar y hace mención que el criterio que invoca el Defensor, es un criterio orientador y no me es obligatorio; bien, en ese sentido, voy a hacer primero la motivación de mi resolución y posterior daré a conocer los puntos resolutivos a los que he llegado. En primer momento, la de la voz, incluso en los requerimientos que le realicé al órgano defensivo, porque en un primer momento ni siquiera había mencionado la fracción en la cual basaba su pretensión; hice constar que advertía que, incluso pudiera haber un riesgo de escuchar información que no fue en su momento invocada por ninguna de las partes e incluso se advirtió desde un primer momento que igual que la pretensión del órgano defensor, pudiera ser que yo volviera a calificar o me pronunciara o me retrotrayera (sic) en cuanto a la determinación que la de la voz ya emití. En ese sentido, considero primero, que la tesis aislada a que hace mención la defensa en cuanto al registro 2025755, donde indica en el propio rubro 'DETENCIÓN DEL INDICIADO. AL CONSTITUIR UN SOLO ACTO, CUANDO SE IMPUTA LA COMISIÓN DE DELITOS DE DIFERENTE FUERO -EJECUTADOS EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO, LUGAR Y OCASIÓN- Y UNO DE LOS JUECES DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO LA CALIFICA DE ARBITRARIA E ILEGAL, LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE ESTA DETERMINACIÓN IMPLICAN QUE EN EL DIVERSO PROCEDIMIENTO LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DE FORMA DIRECTA E INMEDIATA SE INVALIDEN, CON INDEPENDENCIA DEL FUERO DEL JUZGADOR QUE LA PRONUNCIE.'; en este sentido, he de manifestar que si bien la propia ley advierte que el Juez de control debe actuar de oficio en muchas de las circunstancias, en virtud de la tutela de derechos del propio adolescente; en este sentido considero que la petición que ha realizado el fiscal (sic) no es la idónea en el momento procesal en que nos encontramos; y voy a decir por qué, en primera, el supuesto que invoca el abogado Defensor implica la comisión o la probable, la imputabilidad de varios delitos de diverso fuero a un imputado, en este caso, esta situación pudiera verse en actualizada, en virtud de que, efectivamente, hay la imputación que se realizó por la de la voz, fue por diversos delitos, a un mismo imputado, en de diferente fuero; sin embargo, la que resuelve, la que tiene la dualidad, por así llamarlo, de esa jurisdicción, es la misma juez de control, que es la de la voz. ¿Por qué? Porque tengo tanto jurisdicción federal en cuanto a delitos cometidos por adolescentes, conductas típicas de delitos federales cometidos por adolescentes, como en el fuero común, yo soy la que conoce de ambos fueros. Aquí no hay una situación de un juez diverso que conozca del mismo imputado, el Defensor hace ver, que fueron efectivamente los mismos hechos, o sea, que la detención fue realizada en los mismos tiempos, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar; sin embargo, son diversos autores o coautores, en este caso un adolescente y dos adultos; los adultos se van al fuero federal y es lo que conoce el Juez Federal y el adolescente bajo las atribuciones que me otorga la propia ley nacional, es decir, que al no haber jueces especializados en materia federal, debo de conocer yo ambos fueros, pues esa función recae en la de la voz; entonces yo califiqué y valoré en su momento, tanto el control de la detención del imputado, o sea, es una esfera diferente, no es que haya diversos fueros, es una esfera diferente, porque recordemos que nos encontramos en un sistema de adolescentes; entonces, no creo o no considero, a criterio de la de la voz, que se actualice el supuesto que está marcando la propia tesis aislada, que repito, no me es obligatoria, pero puede ser orientadora. Sin embargo, también advierto de la propia tesis que se habla de esa situación, que es un mismo imputado; por lo tanto, esas disposiciones, como en el caso ocurrió, pudieran ser contrarias y generarían en una misma persona una vulneración a su derecho a la libertad, pero en este caso no considera la de la voz que se actualice, en virtud de que ambos fueros son conocidos por la propia Juzgadora, que es la que les está hablando. Esos datos de prueba que también hago patente para el registro de audio y video, se advierte, que no fueron todos los que calificó el juez federal, yo califiqué unos y a voz del debate se advierte, que hubo otros que se incorporaron con posterioridad. Entonces la de la voz no puedo pronunciarme sobre información que no tuve a la vista, partiendo del principio de que esa ya fue una etapa superada, la vinculación a proceso ya fue una determinación realizada por la de la voz, que no me puedo retrotraer, yo no tengo esa facultad de retrotraer mis propias decisiones, tiene que ser un órgano superior y tan es así, que de la propia carpeta administrativa se advierte que existe un recurso promovido por la defensa, que es un amparo que todavía no se ha resuelto; ya será el juez federal, pero en funciones de juzgador, revisor de mi determinación, quien diga si estuvo bien o estuvo mal; pero yo no puedo pronunciarme a retrotraer esa situación y a volver a calificar si fue legal o no la detención e incluso se advierte de la propia tesis aislada, que en el supuesto que se maneja en esta tesis, ni siquiera puede ser a manera de semejanza con este caso; primero, se trata de diversos coautores la causa presente, los que se fueron a conocer diverso fuero fueron los adultos, no el adolescente; los dos fueros recaen en una misma persona, ahí ya no se cumple esa situación de que sean dos jueces que están calificando; sí hubo dos jueces que califican una misma detención, pero es en cuanto a diversos imputados. Ahora también, habla aquí de que, en su momento, el juez común deja en libertad al imputado y después el Juez Federal, el MP lo cita o solicita audiencia inicial y el Juez federal lleva a cabo la audiencia inicial y lo vincula y en los argumentos, o sea, eso es de lo que se adolece en este criterio, de que en los argumentos sí se hizo valer que aquel juez, previo a la resolución -aquí ya no estamos en esa etapa- previo a la resolución se le hizo saber al juez federal, que diverso juez había decretado la ilegalidad y que, por lo tanto, las pruebas que hubieran emanado de ese acto, debían de ser con consideradas, y aquí también es otro punto que voy a hacer valer, esta tesis está hablando de una nulidad, no de un sobreseimiento y no hay que confundir que son cosas que una lleva a la otra; entonces, está hablando de que el único efecto de esto sería la nulidad y el juez, como no había calificado, sí podía declarar nulos esos actos conforme a la resolución del diverso juez y entonces pronunciar un diverso pronunciamiento(sic), valga la redundancia, en cuanto a su vinculación a proceso; pero yo ya la pronuncié, inclusive fue anterior, o sea, ni siquiera en los momentos en los que pasó el supuesto de la tesis aislada es diverso, aquí pasó al contrario, fue al contrario; primero resuelvo yo y después resuelve quien califica de ilegal. Entonces yo ya no puedo de manera automática decir: ¡ah, ya calificó, entonces este se actualiza! porque ni siquiera está y eso también quiero poner hincapié, hay que ser jurídicamente correctos en lo que se está solicitando, no hay ningún supuesto que evoque esta situación de que por nulidad de pruebas se decrete el sobreseimiento, hay pasos a seguir y en este caso, el supuesto que está invocando el Defensor en cuanto a los hechos, pues a mí, del argumento de la defensa no me dio materia, para saber si los hechos se cometieron o no, porque tampoco hubo una relación de los datos de prueba que la de la voz calificó, no el diverso juez, sino la que la de la voz calificó, para en su momento saber si lo que se pretendía hacer, era valer la teoría del árbol envenenado, cuáles pudieran ser, en su momento, motivo de nulidad, si se actualiza y cuáles no y hasta qué alcances, si con ello es suficiente para tumbar, en palabras coloquiales, una vinculación a proceso. Porque hay diversos datos de prueba, porque no todos los datos de prueba, según lo que recuerdo, porque tampoco me lo hicieron valer las partes, según los datos de prueba, sí hubo diversos datos de prueba que se conocieron en el control y después que se dieron a conocer para el auto de vinculación, porque tiene diversos fines. Entonces, no sé, la de la voz no estuvo en posibilidades de saber, porque no fue peticionado de esa manera, qué actos fueron evaluados por la de la voz en el control de la detención, para ver lo de la nulidad y recordemos, no estamos en una audiencia de solicitud de nulidad, estamos en una audiencia de sobreseimiento y no, la de la voz no encuentra un fundamento, más bien en el fundamento invocado por el Defensor, para la de la voz no se actualiza, porque no se hizo cargo de circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, no de la detención, del hecho. Eso, aunado a que la resolución todavía ni siquiera está firme, mi resolución no está firme, está siendo revisada por un órgano superior jerárquico que ya dirá si estuvo evaluada y calificada debidamente, si estuvo correcta o no esa resolución, no hay que adelantarnos a los plazos, inclusive está vigente el plazo de cierre de investigación que fue otorgado o autorizado por la de la voz en la audiencia pasada anterior (sic), que según mal recuerdo, vence el día quince de julio; entonces ni siquiera es el motivo, no advierto del argumento defensivo, que no se atendió a que existiera un dato de prueba indudable, porque hay que tener la diferencia de que el sobreseimiento no debe de haber un desahogo de prueba, el sobreseimiento va en base a los argumentos jurídicos, y no hubo un dato de prueba que se hiciera referencia que hubiere sido o que pudiera ser anexado en esta etapa procesal, para que de manera indubitable se actualizara un supuesto que marca el (artículo) 327. No hay ningún dato de prueba que se haya hecho mención por parte del órgano defensivo, más que la resolución del juez Federal, pero eso no habla del hecho, habla de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención; los efectos de esa determinación deben de hacerse valer de manera oportuna por parte del órgano defensivo y debe de saber jurídicamente qué figura evocar para esa situación y no es el sobreseimiento, el sobreseimiento no es. En ese sentido, voy a dictar los siguientes puntos resolutivos: Primero: Con fundamento en el artículo 327, en relación con el artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se aplica de manera supletoria a la ley especializada en la materia, conforme a su numeral 10º, se rechaza el sobreseimiento peticionado por parte del órgano defensivo a favor del imputado ********************, en virtud de no actualizarse el supuesto invocado y fundamentado en el en la primera fracción del artículo 327 del propio código nacional." Esto es, de lo transcrito se advierte que la juez rechazó la petición de la defensa de decretar el sobreseimiento de la causa, en esencia, por no actualizarse el supuesto de inexistencia del hecho delictivo, en principio, al no actualizarse el supuesto contemplado en la tesis aislada en la que basó su pretensión el órgano defensivo, máxime que dicho criterio si bien dijo puede ser orientador, no es obligatorio, aunado a que no se trataba del mismo caso a estudio y por otra, si bien tampoco lo destacó expresamente, sí dijo que no se encontraba en aptitud de renovar un estudio llevado a cabo en una etapa previa, como lo fue la de control de la detención y de vinculación a proceso llevado en una misma audiencia, misma que inclusive, dijo, se encontraba aún en análisis por parte de un juzgado federal por vía de amparo, órgano constitucional que en todo caso sería el facultado para revocar dicha determinación. Por tanto, como se destacó con antelación, en el caso que nos ocupa es correcto que, primero, la tesis invocada no es vinculante ni para la juez de control y tampoco para que sea aplicada en esta instancia, además, de que efectivamente no se trata del mismo supuesto, tal como lo explicó la juez responsable, pues en aquel asunto contemplado en dicho criterio, se trató del control de la detención de un mismo imputado pero por dos jueces de diversos fueros (común y federal), al tratarse de la comisión de delitos del fuero común y federal, es decir, en dicha hipótesis se evaluó una misma detención respecto de un mismo imputado; pero en el caso, no obstante que se trata de una detención derivada de los mismos hechos imputados, no se actualiza el supuesto aludido en el criterio orientador, dado que se trata de diversos imputados, además de que la juez responsable fue quien primero resolvió, con los datos de prueba que le fueron aportados en la audiencia respectiva y con base en el debate formulado por las partes intervinientes; en cambio, destacó la juez responsable que no podía, con base en lo resuelto por un diverso juez, en una audiencia de control de detención desahogada en fecha posterior a la del aquí quejoso, que los datos aportados por la fiscalía sean nulos y por ende decretar el sobreseimiento de la causa, aunado a ello, es correcto lo resuelto por la juez, en el sentido de que, aún de considerar aquello resuelto por diverso juez, no conlleva a que se actualice el supuesto de la fracción I, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a que se sobreseerá la causa cuando no exista el hecho y para que ello suceda así, dijo, debe existir prueba indubitable de que efectivamente el hecho no ocurrió. III.2. Conclusión. Con base en lo anterior, es que esta juzgadora considera que se encuentra debidamente justificada la resolución reclamada, sin que en el caso pueda destacarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del quejoso. Por ello es que, en el caso a estudio, resultan infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, en cuanto a que en el caso se actualiza el supuesto de sobreseimiento de la causa por inexistencia del hecho que la ley señala como delito, a que se refiere el artículo 327, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a , contra el acto reclamado de la Jueza de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Especializada en Justicia y Ejecución de Medidas para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto del presente fallo.
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