OSCAR ADAN MENDOZA ARROYO y Otros.
Expediente 1078/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- EMELIA DIANARET AGUILAR VELAZQUEZ y Otros.
- OSCAR ADAN MENDOZA ARROYO y Otros.
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto y además con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo aplicada, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a ********** y ********** o **********, por **********, respecto del acto y autoridades precisados en el resultado primero y considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal, con las copias del escrito de demanda y sus escritos aclaratorios se da trámite, por duplicado, al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, promovido por ********** y ********** o **********, por derecho propio y en representación de una menor, contra actos del Oficial Encargado del Registro Civil de Banderilla, Veracruz. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, por duplicado, el cual deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente, anexándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo y escritos aclaratorios. Se apercibe a la autoridad responsable en el sentido que la falta de informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, sino que además, origina la imposición de una multa, conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley aplicada. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre la medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Es aplicable, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo." HIPÓTESIS NORMATIVA Para determinar la procedencia de la suspensión solicitada se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo. Acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la Ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del interés social y del peligro en la demora. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado jurisprudencialmente que la apariencia del buen derecho consiste en establecer una credibilidad objetiva y seria sobre el fondo del asunto que descarte una pretensión manifiestamente infundada o temeraria, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio; es decir, consiste en realizar un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 165659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 204/2009 Página: 315 SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Por su parte, el peligro en la demora se sustenta en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, la cual puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, acorde con el cual para conceder la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación) o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, en virtud que en este asunto existe una menor quejosa, conviene destacar lo establecido en el artículo 4º, párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que el Estado Mexicano es parte, disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo. 4º. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]" CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada [.]" Los artículos transcritos de las diversas disposiciones legales invocadas, establecen lo que jurídicamente se conoce como interés superior del niño, el cual, entre otras cuestiones, implica que los tribunales atiendan primordialmente al interés superior de los menores en todas las medidas que tomen concernientes a éstos; concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos que deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, pues éstas cuentan con un grado de protección preponderante en relación a intereses de los adultos. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, lo que implica entre otras cosas considerar aspectos relativos a garantizar y proteger primordialmente su vida, salud, desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño. Además, en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, se encuentran por encima de cualquier Ley Federal o Estatal, de ahí que, atento lo pactado en la Convención sobre los Derechos del Niño, todo juzgador deberá velar por el interés del menor. Es por ello que el suscrito, como parte integrante del Estado Mexicano, debe velar por el interés de la menor que es parte quejosa en el presente asunto. HECHOS De la lectura integral al escrito de demanda, su escrito aclaratorio y el escrito en alcance que presentaron los quejosos, se determina que el acto reclamado consiste en: 1. El oficio sin número de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por el Oficial Encargado del Registro Civil del Municipio de Banderilla, Veracruz, con el que dio respuesta a la petición realizada por los quejosos el ocho de los citados mes y año y expresa su negativa a registrar a la menor hija de estos con el nombre que ellos proponen, bajo las iniciales **********. Al respecto los promoventes solicitan la suspensión con efectos anticipados para que se les permita registrar a su menor hija con el nombre que proponen. Además, del certificado de nacimiento que exhiben en copia certificada, se advierte que la menor que representan nació el veinticuatro de octubre del presente año. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se consideran reunidos los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida fue solicitada por la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que conforme al artículo 4 constitucional, párrafo séptimo, las personas gozan del derecho a la identidad y a ser registros de manera inmediata a su nacimiento. En ese sentido, procede conceder la suspensión provisional para el efecto que la autoridad responsable realice el registro de la menor con el nombre de **********. que proponen sus padres, esto es, el apellido materno del padre primero y el apellido paterno de la madre después. La anterior determinación se adopta ponderando la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasiona el acto reclamado, así como las medidas que debe tomar en consideración el suscrito Juzgador para no defraudar el derecho constitucional de la menor quejosa a tener una identidad y ser registrada inmediatamente, realizando además un análisis provisional del derecho cuestionado, con base en los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha determinado que los padres pueden pactar en común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos, al no existir razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido paterno, pues pensar así, ocasionaría reiterar estereotipos sobre el rol de la mujer en la familia. Tienen aplicación a lo anterior las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2015743 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCVII/2017 (10a.) Página: 433 "ORDEN DE LOS APELLIDOS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prohibición que establece el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal de anteponer el apellido de la mujer al del hombre durante el registro de un menor recién nacido es inconstitucional en virtud de que busca reiterar un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar. Lo anterior en virtud de que reitera la concepción de que la mujer tiene un papel secundario en la familia en relación con el hombre. Así, las actas de nacimiento de los menores deberán contener el orden de los apellidos elegido por los padres de común acuerdo". Época: Décima Época Registro: 2015744 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCVIII/2017 (10a.) Página: 433 "ORDEN DE LOS APELLIDOS. LOS PADRES PUEDEN ELEGIR DE COMÚN ACUERDO EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DE SUS HIJOS. El derecho a la vida privada y familiar protege, dentro de las relaciones familiares, las decisiones que sólo conciernen a la familia. En ese sentido, los padres pueden pactar de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. En efecto, no se encuentra razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. Esto último, en atención a que el sistema tradicional de nombres reitera estereotipos sobre el rol de la mujer en la familia". Época: Décima Época Registro: 2015745 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCIX/2017 (10a.) Página: 434 "ORDEN DE LOS APELLIDOS. PRIVILEGIAR EL APELLIDO PATERNO DEL HOMBRE SOBRE EL DE LA MUJER REFUERZA PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS CONTRA LA MUJER. El sistema de nombres es una institución mediante la cual se denomina y da identidad a los miembros de un grupo familiar. Éste, a su vez, cumple dos propósitos. Primero, sirve para dar seguridad jurídica a las relaciones familiares, fin que por sí solo podría considerarse constitucionalmente válido. No obstante, el sistema de nombres actualmente vigente también reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia. En razón de lo anterior, la imposibilidad de anteponer el apellido materno atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación de éstas debido a que implica reiterar la concepción de la mujer como miembro secundario de una familia encabezada por el hombre". Época: Décima Época Registro: 2017473 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 56, Julio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.12o.C.6 K (10a.) Página: 1623 "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fijarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posibilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que los derechos de ellos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del artículo 147 citado, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan graves pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión contra un acto omisivo y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces". En el entendido que la suspensión otorgada surte efectos hasta en tanto se resuelve lo conducente respecto de la suspensión definitiva y sin que sea necesario solicitar garantía a la parte quejosa, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y los efectos para los cuales se concede. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe previo comunique el cumplimiento que dé a la suspensión otorgada, en el entendido que de no hacerlo, podría actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autorizan con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, debido a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y con las restricciones que establece dicho artículo a **********, por no contar con ese requisito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente incidente, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y, en su caso, a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, incluyendo el incidente de suspensión. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia incidental, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del incidente, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles acuerdos como el diferimiento de la audiencia incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la audiencia incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, signifíquese a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. RESGUARDO DE DOCUMENTO De conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, en aras de proteger el interés superior del la menor quejosa y tomar aquellas medidas necesarias para mantener a salvo su identidad, este juzgado ordena guardar sigilo respecto de cualquier dato o documento relacionado con ella; por lo tanto, se ordena glosar a los autos el certificado y solicitud de nacimiento en sobre cerrado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada de este proveído, y entréguesele previa constancia y firma que por su recibo dejen en autos. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el primero de los escritos de cuenta, signado por los promoventes ********** y ********** o **********, mediante el cual cumplen con la prevención efectuada en autos y manifiestan bajo protesta de decir verdad, que comparecen en representación de su menor hija; además, exhiben copia certificada del certificado de nacimiento respectivo. Asimismo, con el segundo escrito el promovente **********, en alcance a su demanda, acompaña el original del oficio sin número de catorce de noviembre del año en curso, emitido por el Oficial Encargado del Registro Civil de Banderilla, Veracruz que contiene la negativa de registrar a la menor con el nombre de **********, negativa que constituye el acto reclamado en este juicio. ADMISIÓN Por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1º, fracción I; 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda origen de este juicio promovida por ********** y ********** o **********, por derecho propio y en representación de una menor que pretenden registrar con el nombre de **********. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como lo solicitan, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado dentro del plazo de quince días; y en el caso que el acto reclamado sea cierto, deberá remitir a este Juzgado de Distrito copias autorizadas completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo. Además, si advierte la actualización de alguna hipótesis de improcedencia del presente juicio o que ocurran causas notorias de sobreseimiento, deberá informarlo a este Juzgado, en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 117 y 260, fracción II del ordenamiento de referencia, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe justificado en los términos ya precisados, se le podrá sancionar con multa por el valor de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija atendiendo a la carga de trabajo de este Juzgado y disponibilidad en la agenda de audiencias. TERCEROS INTERESADOS Dada la naturaleza de los actos reclamados, se considera que no existe persona alguna a quien le asista ese carácter, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos por el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y, en su caso, a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia constitucional, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a la autoridad para comunicarle acuerdos como el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante oficio que al efecto se libre anexando copia autorizada de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo y désele la intervención que legalmente le corresponde. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indíquese a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de las notificaciones que se le realicen, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. RESGUARDO DE DOCUMENTO Finalmente, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, en aras de proteger el interés superior de la menor quejosa y tomar aquellas medidas necesarias para mantener a salvo su identidad, este juzgado ordena guardar sigilo respecto de cualquier dato o documento relacionado con ella; por lo tanto, se ordena glosar a los autos el certificado de nacimiento en sobre cerrado.
- Principal
Notifíquese personalmente...
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