Oscar Aceno García

Expediente 2668/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2668/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Oscar Aceno García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido el acuerdo dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el proveído de mérito HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme a los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del acuerdo en comento, tanto el original como el duplicado son destruibles, el primero una vez que trascurran 3 años y el duplicado transcurridos seis meses, en virtud de que en el mismo se negó la suspensión de los actos reclamados, ambos términos, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Devolución cuadernos de pruebas.??????????????? Por último, toda vez que mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte, se ordenaron formar dos cuadernos de pruebas, sin embargo resulta innecesaria la retención de dichas constancias, por lo que se ordena devolverlas a la autoridad que las remitió, a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario, se aprecia que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado***, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en veintiséis de abril pasado, por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, atento a los siguientes razonamientos: En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE1 .- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 1 Integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.??????????????? plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento es la figura jurídica procesal en la que el juez de distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación constitucional imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por el peticionario de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 8I, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juez de distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos ni paga su publicación ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los??????????????? edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que si como en el caso sucede, la parte quejosa, fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor2 : EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y 2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.". Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con cuarenta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, al diverso tercero interesado ***, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE, SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA QUE EN SÍNTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario, se aprecia que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado***, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en veintiséis de abril pasado, por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, atento a los siguientes razonamientos: En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE1 .- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 1 Integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.??????????????? plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento es la figura jurídica procesal en la que el juez de distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación constitucional imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por el peticionario de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 8I, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juez de distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos ni paga su publicación ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los??????????????? edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que si como en el caso sucede, la parte quejosa, fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor2 : EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y 2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.". Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con cuarenta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, al diverso tercero interesado ***, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Efectivo apercibimiento. Del análisis integral de los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, proporcionara domicilio donde pueda ser emplazado el tercero interesado ***, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, dicho emplazamiento se realizaría por medio de edictos a su costa, sin embargo, fue omisa en proporcionarlo, no obstante que se le requirió oportunamente para ello, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y se ordena su llamamiento a este juicio por medio de edictos. Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y su diverso 22 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, legalmente computados, realice lo siguiente: (i) Comparezca ante este juzgado de Distrito a recoger los edictos referentes al llamamiento a juicio del tercero interesado ***; (ii) Haga entrega de los mismos para su publicación; y, (iii) Acredite ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos). (iv) Una vez que se realicen las publicaciones, deberá exhibir un tanto de éstas a este órgano jurisdiccional, a fin de realizar el conteo del término respectivo. Para lo cual deberá exhibir a este juzgado los comprobantes correspondientes, o bien, acreditar la imposibilidad económica que tenga para realizar el pago de tales publicaciones; la anterior prevención es con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se procederá a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo que nos ocupa, de conformidad con el citado canon 27, fracción III, inciso b), toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, apercibimiento que subsiste para el caso de no agotar las demás obligaciones impuestas. En razón de lo anterior, dígasele que conforme lo estatuye el artículo 3 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para ingresar a las instalaciones de este juzgado, debe obtener previamente un código QR en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que pueda realizar las actividades antes descritas, por tanto, queda expedito su derecho para solicitar las citas correspondientes. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, fracción VII, y 3, segundo párrafo del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición en el Portal de Servicios en Línea, cuyo contenido está disponible en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/, un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano de control constitucional. Para el caso de que la parte quejosa no cuente con los medios suficientes para llevar a cabo los emplazamientos del tercero interesado por medio de edictos, deberá acreditar dicha circunstancia. Es aplicable el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 : "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si 1 Época: Décima Época, Registro: 2008746, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común, Tesis: 1a. CXXIII/2015 (10a.), Página: 1110. el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. Sustentan la anterior determinación los criterios jurisprudenciales de contenido literal siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN.2 Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no 2 Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 22, Septiembre de 2015; Tomo I ; Pág. 27. P./J. 27/2015 (10a.). procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". 3 Localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Julio de 2002; Pág. 211. 2a./J. 64/2002 . En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, misma que se establece en esa data, en virtud de que, además de que la agenda para tales efectos se encuentra saturada, por las excesivas cargas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado labora bajo el esquema de "Presencia Controlada", lo cual implica trabajar, de forma presencial, con una plantilla sumamente reducida, por un lapso de seis horas diarias, lo que impide que se fije una fecha anterior a la precisada previamente. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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