Oscar Abraham Galindo Morales
Expediente 1500/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Oscar Abraham Galindo Morales
- Agente del Ministerio Público Adscrita Al Presente Órgano Jurisdiccional
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual anexa el despacho 87/2022, orden 208/2022, del índice de este juzgado debidamente diligenciado, a través del cual se realizó la notificación del auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, al quejoso ********************. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y dese de baja. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo como domicilio procesal del quejoso el que señaló en su escrito de demanda; sin embargo, no expresó que ahí se practicaran las notificaciones del presente asunto, por tal motivo, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de precisar que el domicilio que refiere se encuentra fuera de la residencia de éste juzgado federal, por lo que no es posible llevar a cabo las notificaciones de carácter personal ahí, en consecuencia, con apoyo en el numeral 26 fracción III, de la ley de la materia, se tiene como medio para recibir notificaciones las listas de este juzgado. Por otro lado, con el fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y dada la trascendencia del auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena su notificación personal por única ocasión, en el domicilio particular del impetrante de amparo. Se ordena girar despacho. En razón de lo anterior con, gírese atento despacho al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado sirva ordenar a quien corresponda, realice la notificación del auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, al quejoso ***********, el cual tiene su domicilio en calle **********, Cuautla, Morelos, corriéndole traslado con copia del auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós y del presente acuerdo, mismos que se le adjuntan al presente proveído. Razón actuarial. Por último, se agrega la razón actuarial signada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual informa la imposibilidad para notificar el auto de ocho de noviembre del presente año, dictado dentro del presente sumario, en virtud de que el domicilio del quejoso se encuentra fuera de la zona conurbana que integra la residencia de este órgano jurisdiccional. De lo anterior se toma conocimiento sin realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en los párrafos que preceden. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por *********, por propio derecho, contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1500/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no deben sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integro de la demanda se advierte que en esencia el quejoso reclama: Omisión de recibir al quejoso en sede judicial, al no acordar su escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ********, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. El apercibimiento de arresto emitido dentro del dentro del expediente ********, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Desechamiento. Por cuanto al primer acto reclamado por parte del quejoso consistente en la omisión de recibir al quejoso en sede judicial, al no acordar su escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ********, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese contexto, con relación a dicho artículo y fracción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) destacó que el amparo indirecto procede contra aquellos actos dentro de un procedimiento jurisdiccional cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose estos como actos que pueden producir una afectación material a derechos sustantivos; dicho de otra manera, que sus consecuencias impidan de forma actual el ejercicio de ese derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; así, por regla general resulta improcedente contra actos cometidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun en caso de que se reclamen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, ya que no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, habida cuenta que no se trata de una afectación autónoma, sino que se presenta dentro del procedimiento. Asimismo, para la procedencia del amparo, dicha jurisprudencia señaló dos excepciones, a saber: a) Que el juzgador advierta una abierta dilación en el procedimiento, y b) Que exista una paralización total. Así, en el caso de que una demanda de amparo encuadre en las excepciones anteriormente transcritas, el juicio de amparo será procedente. Ahora bien, tomando en consideración que del análisis integro de la demanda el quejoso se duele primeramente de la omisión de acordar su escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente *********. Y tomando en consideración que, en términos del artículo 98, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, la autoridad responsable cuenta con un plazo de tres días, una vez presentada la promoción por las partes, para emitir el auto correspondiente, resulta claro que no existe una abierta dilación o paralización del procedimiento por parte de la responsable. En efecto, si el artículo citado establece un plazo de tres días para que la responsable emita el auto una vez presentado el escrito por parte de algunas de las partes, y el escrito fue presentado en veintisiete de octubre, mientras que la demanda de amparo fue presentada el cuatro de noviembre ambos del presente año, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda la autoridad responsable se encontraba dentro del plazo que le otorga la ley para poder emitir el auto correspondiente. Lo anterior es así ya que si se tiene en cuenta que a la fecha de presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintidós), trascurrieron únicamente tres días hábiles- lo anterior sin tener en cuenta los días veintinueve, treinta, treinta y uno de octubre y uno y dos de noviembre del presente año, al ser inhábiles, tal como se desprende de la circular 19/2022 emitida por el Tribunal Superior del Estado de Morelos- la autoridad se encontraba dentro del plazo legal correspondiente para poder emitir el auto correspondiente en relación al escrito de veintisiete de octubre del presente año, presentado por el quejoso. De ahí que para quien ahora resuelve no exista una dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo, pues se reitera no se ha producido una afectación de imposible reparación, pues el retraso que puede existir únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por otro lado, respecto al segundo acto que se reclama en esta instancia constitucional consistente el apercibimiento de arresto emitido dentro del dentro del expediente ************, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que se estima que tal acto no causa un perjuicio directo e inmediato en la esfera jurídica del impetrante de garantías, puesto que para que un acto de autoridad pueda ser reclamado mediante el juicio de amparo, debe producirse una afectación real y actual a su esfera jurídica y, sólo es hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de iniciar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada mediante la instauración del juicio de garantías, pero de ninguna forma, como acontece en la especie, el juicio de amparo es procedente antes de que se presente dicha afectación. Por tanto, resulta inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda no ha surgido el derecho al ejercicio constitucional del amparo, puesto que como quedó establecido, se requiere de la certeza y afectación actual del acto en la esfera jurídica de los gobernados, lo que en la técnica del juicio de amparo se conoce como el principio de agravio personal y directo, que encuentra su fundamento en la parte inicial del precepto 6 de la Ley de Amparo, que como se evidencia en el caso, no se actualiza al no observarse ni acreditarse la existencia del supuesto apercibimiento de arresto y mucho menos alguna orden de arresto, por tanto no se advierte el menoscabo de manera real y actual derecho de los peticionarios; por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, en sentido contrario. Lo anterior es así, ya que en la Ley de Amparo, en sus artículos 6 y 61, fracción XII, se obtiene de una interpretación armónica y sistemática, que para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto indispensable, que los peticionarios de amparo acrediten el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, actual y real para que se encuentre debidamente facultado para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. De ahí que, el quejoso manifiesta como acto reclamado el apercibimiento de arresto emitido dentro del dentro del expediente *********, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Sin embargo, en el caso, se estima que no se demuestra a la luz de las manifestaciones de la demanda, que sea inminente que se vaya a realizar el respectivo arresto, sino solo la manifestación del quejoso, misma que, no convierte en inminente el apercibimiento o arresto que se combate. En efecto, se considere insuficiente dicha declaración o aclaración por parte del quejoso, para estimar que es inminente que se realizará el respectivo arresto máxime que como el mismo señala en el punto seis del apartado de hechos de su demanda, se le apercibió con el arresto en el caso de que no entregara a su menor hijo, por lo que el respectivo arresto está condicionado al actuar del ahora quejoso. Razón por la que, el acto que se combate en esta vía constitucional resulta ser futuro de realización incierta, toda vez que no existe la certeza de que sea inminente que se proceda a su arresto de ahí que se actualice la causal de improcedencia indicada, al no existir agravio personal y directo que se estime generado a la fecha de presentación de la demanda. En dicho sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia que señala que el agravio necesario para justificar la acción de amparo, debe ser actual, como se corrobora con la siguiente trascripción del referido criterio jurisprudencial con registro 232192, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199- 204, primera parte, página 135, que a la letra dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL." De lo anterior, es válido reiterar que, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. En efecto, los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Apoya lo anterior, la tesis con registro digital 248689, publicada en Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Sexta Parte, página 125 cuyo rubro y texto mencionan: "ORDEN DE ARRESTO CON LA QUE SE APERCIBA A UN CONTUMAZ. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO QUE NO TIENE EL CARACTER DE INMINENTE. La orden de arresto con la que se aperciba a un contumaz no puede considerarse como un acto inminente, pues para que así se estimara sería necesario que indefectiblemente el apercibido no cumpliera con lo que le ordenó el Juez responsable, y además, que dicho Juez considerando lo anterior siempre determinara hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer, pues su efectividad dependerá en todo caso del modo de actuar del apercibido y de la determinación que en definitiva emita el Juez, por lo que debe considerársele ese acto como futuro y de realización incierta." En consecuencia, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, respecto del acto que se ha precisado. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia explicada en los términos precisados, se desecha la demanda de amparo de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados amplios. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, no se tienen por autorizado con facultades amplias que dicho precepto normativo antes invocado únicamente al profesionista ********, en razón de que no acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados en términos restringidos. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para los efectos de oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos, a las diversas personas que menciona en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Medios especiales para establecer contacto. Por otra parte, indíquese al promovente que no ha lugar a tener como medios de notificación los números telefónicos y cuenta de correo electrónico que proporciona en su escrito, pues la Ley de Amparo, no contempla dichos medios para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados como formas especiales de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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