Óscar Abkatun Vázquez Ruíz
Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Óscar Abkatun Vázquez Ruíz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada electrónicamente por **********, contra actos del Titular de la Tesorería Municipal de Boca del Río, Veracruz. Regístrese con el número 1126/2022-VI, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa basa su pretensión constitucional en la omisión de respuesta a su escrito de veinticuatro de octubre del año en curso, dirigido a la Tesorería del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz, con sello de recibido de la misma fecha según se desprende de la documental exhibida por el impetrante. En efecto, de la narrativa de antecedentes, así como de los conceptos de violación, se corrobora que el reclamo sustancialmente se centra en que la autoridad municipal de Boca del Río, Veracruz no ha dado respuesta a su petición, donde solicitó se le proporcionara el original o copia certificada del acta-boleta de infracción ********** emitida por el Oficial de la Policía Vial Oliver Flores Carrión, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz. Aunado a que refiere ha acudido a los oficinas de dicha dependencia y de manera verbal se le ha indicado que aún no existe respuesta por parte de la aludida autoridad responsable. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. El artículo 8º constitucional establece que el titular de ese derecho es el gobernado en general. Se concibe como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera. El Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve. Mismo que debe hacerse de su conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. La parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a su escrito recibido por la responsable el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Así planteada la demanda al día de su presentación, la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a la autoridad responsable no se ha materializado. A la fecha de la recepción de su petición sólo han pasado veintiséis días hábiles, a partir de la data en que realizó su solicitud. Por lo que, es inconcuso se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días para dar respuesta a la petición formulada. Lo relevante al caso es que en esta entidad federativa se ha definido constitucionalmente el breve término. Lo que no sucede en la Constitución nacional. Por ende, se estima dable partir del parámetro establecido en este Estado de la Federación, para estar en aptitud o no de analizar la denuncia de violación del derecho de petición. Ello en la inteligencia que los primeros veintiséis han transcurrido de la siguiente forma: Octubre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (la autoridad recibió la petición) 25 (1) 26 (2) 27 (3) 28 (4) 29 30 31 (inhábil) Noviembre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (inhábil) 2 (inhábil) 3 (5) 4 (6) 5 6 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 13 14 (12) 15 (13) 16 (14) 17 (15) 18 (16) 19 20 21 (inhábil) 22 (17) 23 (18) 24 (19) 25 (20) 26 27 28 (21) 29 (22) 30 (23) Diciembre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (24) 2 (25) 3 4 5 (26) Fecha en que presentó la de demanda de amparo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En virtud de lo anterior, en el presente asunto se actualiza de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 113 del citado ordenamiento legal, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Signifíquese al peticionario de derechos humanos que si en el plazo indicado (45 días) no recibiere respuesta, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "abkatun1". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha Ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precisen de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Se tiene por hecha la manifestación de la parte impetrante de amparo, en el sentido de que se opone a cualquier acto de publicación de sus datos personales. Al respecto, es pertinente señalar que en un ejercicio de ponderación entre el principio de legalidad -que impone como requisito en el artículo 29 de la Ley de Amparo que la lista de acuerdos contenga el nombre de los quejosos- y su derecho humano a la protección de datos personales que contempla el párrafo segundo del ordinal 16 constitucional, se otorga valor preponderante a esa protección. Por tanto, en términos del invocado numeral 16, los diversos 1, párrafo quinto, 2, fracción V, y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el dispositivo 113, fracción I, y el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda publicación que se realice en dichos medios -tanto impreso como electrónico- relativa al presente asunto deberá efectuarse con la supresión del nombre del solicitante de derechos humanos. Hágase lo anterior del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano, así como a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y debido cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), actuarios y electrónicamente a la parte quejosa.
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