Oscar Abel Juárez Paredes

Expediente 1295/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1295/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Oscar Abel Juárez Paredes
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente del amparo Oscar Abel Juárez Paredes, hubiese recurrido el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo (foja 24); en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, el presente expediente archívese al no existir más por cumplimentar. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) En términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones pertinentes, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 260/2016, promovido por Víctor Guillermo Servín Morales, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, por estimarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, recibido el propio día por este juzgado de Distrito, Víctor Guillermo Servín Morales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguientes: [.] III.- Autoridades Responsables.- El Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. [.] IV.- Actos Reclamados.- La omisión de dar contestación a la solicitud del ahora quejoso de devolver los siguientes documentos (aquí el quejoso de que se trata cita y transcribe los documentos solicitados). [.] SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este juzgado de Distrito, el que por auto de veintinueve de febrero del año en curso, ordenó formar y registrar el expediente 260/2016, que le correspondió en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; se admitió la demanda; se requirió su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se tramitó incidente de suspensión por haberse solicitado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo ordenado por los artículos 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, 35, y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; publicado el quince de febrero de dos mil trece; y, de inicio de funcionamiento de este Juzgado, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos; además que el acto reclamado emana de una autoridad con residencia en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado Federal. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis de la demanda en su integridad, a efecto de atender lo que materialmente se pretende. Tiene aplicación en este sentido, la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable por las razones que lo contienen, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis P.VI/2004, consultable en la foja 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, para realizar lo anterior, debe acudirse a una lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, concatenado con las constancias de autos, se advierte que el acto reclamado consiste en la falta de contestación a la petición que el quejoso realizó por escrito el siete de diciembre de dos mil quince, en el sentido de que se le devuelvan diversos documentos de su interés. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, pues, al rendir su informe justificado aceptó su existencia, además de que dicha autoridad señaló haber recibido los documentos solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, con registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Precisada la certeza del citado acto reclamado, debe mencionarse que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que rige: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Apéndice 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, materia común, con el registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano de control constitucional no advierte alguna causa de improcedencia o un motivo que origine sobreseer en este juicio, por lo que se procede a continuación el estudio de fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por el solicitante de amparo. QUINTO. Transcripción de conceptos de violación. No es necesaria la cita de los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, máxime que en la Ley de Amparo no existe ningún fundamento que así lo ordene; además, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, Novena Época, materia común, bajo el registro 164618, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, con el objeto de que esta sentencia se encuentre debidamente informada, es importante precisar, de manera sucinta y vinculada, los motivos de disenso que formuló el peticionaria de amparo, en los siguientes términos: La parte quejosa manifiesta -en esencia- que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 Constitucionales, debido a que la autoridad responsable no ha dado contestación a su escrito presentado el siete de diciembre de dos mil quince y por el cual solicitó la devolución de unos documentos de su interés. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento del asunto, se precisa que de las constancias de autos, se advierten que mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil quince, la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable diversos documentos de su interés, sin que a la fecha se haya emitido respuesta alguna, constituyéndose de esta manera el acto que reclama el peticionario de amparo. SÉPTIMO. Problemática jurídica a resolver. La parte quejosa manifestó esencialmente que la autoridad responsable violó en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no ha dado respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil quince. Al respecto, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, el concepto de violación antes referido, por las siguientes razones: El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Del precepto transcrito, se colige que toda autoridad ante la petición que algún gobernado le realice por escrito, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del interesado, también por escrito, el resultado de su solicitud; entendiendo por "congruente" que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí y por "breve término", el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En efecto, el derecho de petición contiene dos obligaciones por parte de las autoridades, a saber, dar respuesta a la petición de los particulares y hacerla de su conocimiento en breve término, tal y como se desprende de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 62 Tercera Parte, página 37, cuyo rubro es: PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE LOS ACUERDOS QUE RECAEN A LAS SOLICITUDES. SU PRUEBA. De igual forma resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 205-216, tercera parte, página 127, cuyo rubro es: PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. También robustece la consideración anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 86, tomo III, Sexta Época del Apéndice de 1995, Parte SCJN, cuyo rubro es: PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIÓ A CONOCER AL PETICIONARIO. Luego, si de las constancias que obran en el expediente en que se actúa se observa el original del acuse presentado ante la autoridad responsable el siete de diciembre de dos mil quince, por el que la parte quejosa elevó una solicitud a su potestad, cuya lectura permite afirmar que se trata de una petición realizada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en los términos narrados con anterioridad, y al mismo tiempo, no se advierte que la autoridad responsable haya dado contestación al escrito de mérito, entonces resulta evidente que dicha omisión viola en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el artículo 8 del Pacto Federal, no obstante haber tenido la responsable el tiempo suficiente para hacerlo. En consecuencia, procede conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables, en ejercicio de sus facultades legales y conforme a su estructura orgánica, dentro del plazo de tres días, siguientes al en que se le notifique la firmeza de la presente resolución, de no haberlo hecho, emita la respuesta a la petición que se les formuló el siete de diciembre de dos mil quince por parte del quejoso, haciéndola del conocimiento de la parte impetrante de amparo, de no haberlo hecho ya; debiendo acompañar las constancias con las que demuestre lo anterior. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Víctor Guillermo Servín Morales, respecto de la autoridad y acto precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido ante el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe.

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