Osburg Bijan Darius
Expediente 205/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Osburg Bijan Darius
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 205/2022, promovido por Osburg Bijan Darius contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el veintiuno de febrero siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Osburg Bijan Darius solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".hasta la fecha no se ha pronunciado con respecto del escrito presentado el 16 de julio de 2021." SEGUNDO. El veintidós de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 205/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/144/17 y notificar el mismo a la parte quejosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama; por tal motivo, se tiene como cierto, lo que se corrobora con las documentales que al efecto exhibió y que, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o. Es aplicable la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referente al año 2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la propia normatividad, conforme a la cual el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese tenor, se advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/144/17, y notificar el mismo a la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia en comento. Ello, pues de la interpretación de la referida norma se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir, que ha quedado insubsistente, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso específico, es que la autoridad responsable respete el derecho fundamental violado. De esta forma, se destaca que la parte quejosa reclamó la violación al artículo 17 Constitucional, en virtud de la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/144/17, ante dicha Junta. Así, en el caso a estudio, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual acordó el escrito de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/144/17, el cual fue notificado a la parte quejosa el nueve de marzo siguiente, sin que dicha aseveración fuera desvirtuada por la parte quejosa (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo); por tanto, es de concluirse que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Bajo estas condiciones, se concluye que la autoridad responsable acordó el escrito presentado y lo dio a conocer a las partes dentro del juicio de origen. Así, resulta inconcuso que el acto reclamado aunque resultó cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la citada autoridad quedó insubsistente, ya que realizó la acción que se le reclamaba, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa. Es aplicable al particular la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Félix Guevara Ruiz, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Actora.- Por lo que hace a la pericial ofrecida por la actora, deberá de girar el oficio respectivo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que designe perito correspondiente y notifique a las partes que deban intervenir en dicha diligencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. En caso de diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, deberá notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia señalada para las diez horas del veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Deberá girar los oficios respectivos para llevar a cabo el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores haciendo en su caso efectivo los apercibimientos para el debido desahogo de la misma, debiendo tener por desahogada dicha prueba. Demandada.- Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, deberá señalar fecha para su desahogo respetando los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, deberá señalar fecha para su desahogo respetando los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y atendiendo que el domicilio de los citados atestes se encuentra fuera de la residencia de la responsable, deberá girar atento exhorto a su homóloga de la Ciudad de México, para que por su conducto notifique a los atestes la fecha para el desahogo de la diligencia testimonial a su cargo, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, esto es, desahogue la totalidad de las pruebas admitidas en el sumario laboral, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba pericial ofrecida por la actora, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, el trece de septiembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza, y el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quince de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado y rendido el informe de dichas autoridades. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la testimonial cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se desahogó dicha probanza a cargo de dichos atestes, la cual fue desahogada ante la Junta número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Finalmente, por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos a proyecto de resolución del laudo, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/994/2017; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de llevar a cabo las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a la prueba pericial ofrecida por la actora, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, el trece de septiembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza, y el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quince de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado y rendido el informe de dichas autoridades. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la testimonial a cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se desahogó dicha probanza a cargo de dichos atestes, la cual fue desahogada ante la Junta número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Finalmente, por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos a proyecto de resolución del laudo, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/994/2017; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Agustín Villalobos Salgado, Delegado de la autoridad responsable, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado, mediante el cual remite diversas constancias en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de las cuales hace mención en su oficio de cuenta de los desgloses correspondientes de la quejosa. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Rubén Jasso Díaz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y presidente de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado, para que en el término de tres días de cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la respuesta dada a la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que lo que precisa en su oficio de cuenta no se advierte si corresponde a la respuesta que se emite a lo solicitado por la parte quejosa, así como su correspondiente notificación. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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