Osbaldo Ezequiel Colio Perez
Expediente 693/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Osbaldo Ezequiel Colio Perez
- Yolanda Sosa Chavez
- Maria del Refugio Isabel Castaños Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a sus autos el escrito del defensor particular de los quejosos, mediante el cual desahoga la vista que le fuera dada mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis y al efecto refiere que se encuentra conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, de lo que toma conocimiento la suscrita jueza para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 177 a 203), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Evelin García Sosa y José Irán Luna Rodríguez, para que el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Evelin García Sosa y José Irán Luna Rodríguez; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 35/2016; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta sentencia, deberá, concretamente: 2.1. Al pronunciarse respecto al requisito de procedibilidad de la querella, deberá verificar si Yolanda Sosa Chávez cuenta con legitimación para ello, debiendo valorar la declaración de los testigos de descargo Gabriela García Galicia, Cecilia Irene Orduña Guevara y Hugo Manuel Martínez Galicia, en especial lo declarado por este último, en cuanto a que es el propietario del inmueble allanado y en el que se ocasionaron los daños, y que no ratifica la querella por daños presentada por aquella; de igual forma deberá ponderar para ello el alcance probatorio de la documental pública consistente en la copia certificada del instrumento número veintitrés mil trescientos diecisiete. 2.2. De estimar que sí está acreditado el aludido presupuesto procesal, deberá precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de ambos delitos que se imputan a los sujetos activos -aquí quejosos-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.3. Mencionar con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos de los delitos de allanamiento de morada y daño en propiedad ajena doloso que se atribuyen a los peticionarios de amparo. 2.4 Subsane la incongruencia en que incurrió al valorar la declaración preparatoria de los inculpados y la de los testigos de descargo Gabriela García Galicia, Cecilia Irene Orduña Guevara y Hugo Manuel Martínez Galicia, así como la documental pública consistente en la copia certificada del instrumento número veintitrés mil trescientos diecisiete, exhibida por el defensor particular de los inculpados; debiendo ponderar de manera fundada y motivada su alcance probatorio atendiendo a la finalidad para la cual fueron ofrecidas, lo cual podría incidir en el acreditamiento del cuerpo de los delitos. 2.4. En el apartado relativo al cuerpo del delito de daño en propiedad ajena, precise de manera fundada y motivada si los daños ocasionados al inmueble fueron realizados de manera conjunta o de común acuerdo por ambos inculpados y si por ello debe reprochárseles a ambos la totalidad de los daños. De concluir lo contrario, deberá analizar si el ministerio público acreditó el monto, por separado, de cada uno de los objetos que fueron dañados, a efecto de precisar, de manera individual, en qué fracción del artículo 414 del Código de Defensa Social encuadra cada una de las conductas." (fojas 201 y 202). Por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 291 a 295). En tal sentido el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizó lo siguiente: Mediante resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis pronunciada en el proceso 35/2016 de su índice decretó AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS DE LEY en favor de EVELIN García Sosa y José Irán Luna Rodríguez como probables responsables de la comisión de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, previstos y sancionados por los artículos 293 y 414, fracción II en relación con lo dispuesto por los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código de Defesa Social para el Estado de Puebla cometido en agravio de Yolanda Sosa Chávez (fojas 313 a 328). Por oficio 6734 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión de cuatro de abril de dos mil dieciséis dictado dentro de la causa penal 35/2016 (foja 334). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva"
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA YOLANDA SOSA CHÁVEZ LA RESOLUCION DE UNO DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito del defensor particular de los quejosos, mediante el cual desahoga la vista que le fuera dada mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis y al efecto refiere que se encuentra conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, de lo que toma conocimiento la suscrita jueza para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 177 a 203), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Evelin García Sosa y José Irán Luna Rodríguez, para que el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Evelin García Sosa y José Irán Luna Rodríguez; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 35/2016; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta sentencia, deberá, concretamente: 2.1. Al pronunciarse respecto al requisito de procedibilidad de la querella, deberá verificar si Yolanda Sosa Chávez cuenta con legitimación para ello, debiendo valorar la declaración de los testigos de descargo Gabriela García Galicia, Cecilia Irene Orduña Guevara y Hugo Manuel Martínez Galicia, en especial lo declarado por este último, en cuanto a que es el propietario del inmueble allanado y en el que se ocasionaron los daños, y que no ratifica la querella por daños presentada por aquella; de igual forma deberá ponderar para ello el alcance probatorio de la documental pública consistente en la copia certificada del instrumento número veintitrés mil trescientos diecisiete. 2.2. De estimar que sí está acreditado el aludido presupuesto procesal, deberá precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de ambos delitos que se imputan a los sujetos activos -aquí quejosos-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.3. Mencionar con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos de los delitos de allanamiento de morada y daño en propiedad ajena doloso que se atribuyen a los peticionarios de amparo. 2.4 Subsane la incongruencia en que incurrió al valorar la declaración preparatoria de los inculpados y la de los testigos de descargo Gabriela García Galicia, Cecilia Irene Orduña Guevara y Hugo Manuel Martínez Galicia, así como la documental pública consistente en la copia certificada del instrumento número veintitrés mil trescientos diecisiete, exhibida por el defensor particular de los inculpados; debiendo ponderar de manera fundada y motivada su alcance probatorio atendiendo a la finalidad para la cual fueron ofrecidas, lo cual podría incidir en el acreditamiento del cuerpo de los delitos. 2.4. En el apartado relativo al cuerpo del delito de daño en propiedad ajena, precise de manera fundada y motivada si los daños ocasionados al inmueble fueron realizados de manera conjunta o de común acuerdo por ambos inculpados y si por ello debe reprochárseles a ambos la totalidad de los daños. De concluir lo contrario, deberá analizar si el ministerio público acreditó el monto, por separado, de cada uno de los objetos que fueron dañados, a efecto de precisar, de manera individual, en qué fracción del artículo 414 del Código de Defensa Social encuadra cada una de las conductas." (fojas 201 y 202). Por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 291 a 295). En tal sentido el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizó lo siguiente: Mediante resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis pronunciada en el proceso 35/2016 de su índice decretó AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS DE LEY en favor de EVELIN García Sosa y José Irán Luna Rodríguez como probables responsables de la comisión de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, previstos y sancionados por los artículos 293 y 414, fracción II en relación con lo dispuesto por los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código de Defesa Social para el Estado de Puebla cometido en agravio de Yolanda Sosa Chávez (fojas 313 a 328). Por oficio 6734 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión de cuatro de abril de dos mil dieciséis dictado dentro de la causa penal 35/2016 (foja 334). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y con el oficio 666 recibido el quince de agosto de dos mil dieciséis (foja 311) dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, y visto que fue su contenido téngasele pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora. Sin embargo, de las constancias que remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que fue omiso en dejar insubsistente el auto de formal prisión de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 35/2016 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase requiérase a dicho juez responsable, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, deje insubsistente el auto de formal prisión de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 35/2016 de su índice. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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