Osbaldo Cruz Cuevas

Expediente 698/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
698/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Osbaldo Cruz Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad mediante el cual anexa copias certificadas del acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés dentro del expediente laboral 42/2011, donde se otorgó el nombramiento de ocho de mayo del presente año con función docente con plaza 072811E018100.0280480, el cual aceptó de conformidad la actora aquí quejosa. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo con el oficio de cuenta y su anexo dése vista a las partes por el término de tres días computado a partir de que le sea notificado el presente proveído para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese y personalmente a la quejosa

  2. Principal

    Juicio de amparo 698/2023Audiencia y sentencia constitucional. En Victoria, Tamaulipas, a las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en audiencia pública Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rocío López Castillo, Secretaria con quien actúa, que autoriza y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria da cuenta al Juez con las siguientes constancias: con la demanda de derechos fundamentales, con las constancias de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable y con el informe justificado rendido en esta fecha, registrado como 9495. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Por otra parte no ha lugar a diferir la presente audiencia constitucional aún y cuando no han transcurrido ocho días de la vista de la vista del informe justificado, toda vez que resultaría un perjuicio en contravención al principio de impartición de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea obstáculo lo ordenado en la jurisprudencia P./J. 54/2000 publicada en la página cinco, del tomo XI-abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Lo cierto es que esa circunstancia no causará perjuicio a alguna de las partes al tomarse en consideración para el dictado de la sentencia correspondiente, por las razones que se puntualizarán más adelante. Máxime si la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo asentado en el informe justificado; sin embargo, en el caso particular de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado éste se aprecia como aparece acreditado ante la responsable, por lo que resulta innecesario el diferimiento de la audiencia. Acto seguido, con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo se declara abierto el periodo probatorio en sus capítulos de ofrecimiento y de admisión y se hacen constar las documentales que la quejosa y la autoridad responsable anexaron; se cierra el citado periodo. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos la Secretaria hace constar con las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia téngase por hechas las manifestaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y al no haber más alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Visto el juicio de amparo 698/2023 promovido por Osbaldo Cruz Cuevas; y, RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, Osbaldo Cruz Cuevas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizará. Segundo. Trámite del juicio de amparo. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés se ordenó formar el expediente y registrarlo en el libro de gobierno como 698/2023, la demanda se admitió a trámite; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo conforme a los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y tocó conocer del asunto a prevención. Segundo. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son: La omisión de radicar la demanda laboral. Tercero. Existencia del acto reclamado. Los actos atribuidos al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad son ciertos, toda vez que así lo indicó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278 Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, página 231 que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de protección de derechos fundamentales, como lo establece el precepto 62 de la ley de la materia. En la especie se advierte que se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo toda vez que los efectos de los actos reclamados han cesado. Para demostrar la anterior afirmación es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El segmento normativo inserto prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Sobre el particular es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso, en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, página treinta y ocho, de rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional prevista por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución la inconforme en el pleno goce del derecho fundamental violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por lo tanto, acorde con la teleología que se desprende del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando debido a la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los cardinales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Ahora, en la especie el acto atribuido a la autoridad responsable consistente en la omisión de radicar la demanda laboral ha cesado en sus efectos. Así, del informe justificado se advierte que la autoridad responsable radicó la demanda laboral 940/E/2022 el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Ello revela que la conducta atribuida a la autoridad responsable ha cesado en sus efectos, lo cual es suficiente para considerar que el acto analizado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. De lo anterior se concluye que en la especie han cesado los efectos de los actos reclamados y que se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XXI del dispositivo 61 de la ley de la materia. Por las razones expuestas se patentiza la actualización de la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por razones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". También se invoca en respaldo de la determinación adoptada la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 187-192, primera parte, séptima época, materia común, página ochenta y ocho, que informa: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundamentado se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Osbaldo Cruz Cuevas por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Tribunal del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por Carlos Alberto Angelino Barrón, en contra de la sentencia dictada dentro del presente asunto, el que fue registrado como amparo en revisión 80/2023******************** Por otro lado, infórmese al Tribunal de conocimiento, que el presente expediente se encuentra disponible para su vinculación con el recurso de cuenta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, tal como se advierte de la siguiente captura de pantalla: NOTIFÍQUESE

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