Orquídea Trejo Buendía

Expediente 1653/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1653/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Orquídea Trejo Buendía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que las parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el oficio SSP/DJ/37919/2022, de ocho de septiembre del año en curso, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Orquídea Trejo Buendía. Asimismo, por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la responsable para que dé cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Orquídea Trejo Buendía, para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, deje insubsistente la resolución de tres de julio de dos mil veintidós, en la que decretó un arresto de veinticuatro horas contra la quejosa. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones, pueda llevar a cabo un arresto por hecho diverso, pues se trata de una facultad potestativa de ésta, la cual podrá ejercer, siempre y cuando respete la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del referido arresto administrativo correspondiente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada.". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió el oficio número SSP/DJ/37919/2022, de fecha ocho de septiembre de esta anualidad, del que se advierte que mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de tres de julio del año que transcurre, en el que se decretó un arresto de veinticuatro horas a la aquí quejosa Orquídea Trejo Buendía. Asimismo, para acreditar su dicho, anexó la copia debidamente certificada del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, lo que se corrobora con la constancia que anexó a su oficio SSP/DJ/37919/2022. De lo expuesto en líneas precedentes, se tiene que la responsable ha restituido en pleno goce de los derechos violados a la aquí parte quejosa, al haber quedado sin efectos la orden de arresto emitida en su contra; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/37919/2022, de ocho de los corrientes, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ el presente juicio, y en su segundo punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ a la parte quejosa ORQUÍDEA TREJO BUENDíA, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte impetrante en el pleno goce de sus derechos violados; apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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