Orquidea Romero Esquivel
Expediente 235/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Orquidea Romero Esquivel
- Carlos Dante Magaña Romero
- Juez Primero de lo Civil, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, mediante el cual solicita este órgano jurisdiccional expida las copias que hace alusión, sin embargo, dígasele que la suscrita se encuentra imposibilitada para proveer lo conducente debido a que dentro del presente asunto -I-235/2018-C- no se remitieron las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario número 483/2009 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, ni copia de las mismas, pues en el que se actúa únicamente se reclamaron actos derivados del juicio de ordinario civil número 9/2018, promovido sobre nulidad absoluta e inexistencia de contrato de compraventa de inmueble y otras prestaciones del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; por tanto, las únicas constancias que se remitieron en este asunto ya fueron devueltas a las autoridades responsables virtud a que ya causó ejecutoria la sentencia que se dictó y dentro del mismo ya no obra ningún tipo de tomo y/o documento que se haya remitido a fin de resorverlo, por estos motivos se le reitera que tiene que solicitar las copias que desea dentro del juicio de amparo correspondiente a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, mediante el cual solicita este órgano jurisdiccional expida copias certificadas a costa de la parte que hace alusión, del juicio sucesorio intestamentario número 483/2009 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; al respecto, dígasele que la suscrita se encuentra imposibilitada para proveer lo conducente, debido a que dentro del expediente en que se actúa no obra el comunicado 801/2018 a través del cual hizo dicha solicitud, además de que el juicio VI-114/2018-1 del índice de este juzgado, el cual originó el presente asunto gracias a la separación de autos q ahí se determinó, aún se encuentra pendiente de resolver y las constancias originales que pudieron remitir las autoridades responsables no han sido devueltas porque pueden ser útiles para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran la resolución emitida el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio constitucional, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que anexó a su informe justificado; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que las recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.
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