Ornan Sánchez Pérez

Expediente 1349/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1349/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Ornan Sánchez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda copia certificada por ***, Notario Público número 77 setenta y siete, del Estado de Chiapas, de diversas documentales; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21, del acuerdo general en comento, infórmesele que quedan a su disposición en este Juzgado, por lo que se le concede un término de noventa días contado a partir de que se le notifique el presente proveído, para que acuda a recogerlo; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, se le hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", que entró en vigor el tres de agosto de la anualidad en curso, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente o recoger documentos, durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrá que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad electrónica que maneje el sistema nacional de agendas de citas de los órganos jurisdiccionales. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener la devolución del documento solicitado. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda copia certificada por ***, Notario Público número 77 setenta y siete, del Estado de Chiapas, de diversas documentales; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21, del acuerdo general en comento, infórmesele que quedan a su disposición en este Juzgado, por lo que se le concede un término de noventa días contado a partir de que se le notifique el presente proveído, para que acuda a recogerlo; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, se le hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", que entró en vigor el tres de agosto de la anualidad en curso, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente o recoger documentos, durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrá que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad electrónica que maneje el sistema nacional de agendas de citas de los órganos jurisdiccionales. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener la devolución del documento solicitado. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la 1. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, residente en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1349/2022-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la 1. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, residente en esta ciudad, el acto que a continuación se especifica: La convocatoria para ocupar el cargo de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas, emitida el ocho de septiembre de dos mil veintidós. En esa tesitura, se estima que respecto del acto anteriormente citado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 5. Son partes del juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del primero de los preceptos transcritos se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución; no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el propio artículo 61; por tanto, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Así también la referida fracción puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Plenos de Circuito o de los Tribunales Colegiados, porque ésta conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo es obligatoria. Es decir, en este supuesto, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se aplica porque se relaciona con el diverso artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 175/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1344, del Tomo II, correspondiente al mes enero de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2005313, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013". En este orden de ideas, de la lectura sistemática de los referidos artículos se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley. Así, el artículo 5 de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se impone destacar que tal dispositivo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así como la diversa tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De los criterios referidos se advierten las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las cuales son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que la convocatoria reclamada, así como sus requisitos y lo que deriva de ella, no constituyen un acto de autoridad susceptible de ser combatido en la vía constitucional, al tratarse de un llamado o invitación a la Comunidad Universitaria a participar en el proceso de selección para el cargo de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas. En efecto, el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, lo cual implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno para lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que tienen atribuido, fundado en la libertad de enseñanza. A título de abundamiento es importante destacar que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, disponen lo siguiente: "Artículo 3. La Universidad Autónoma de Chiapas, es un organismo autónomo descentralizado, reconocido constitucionalmente, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación, del Estado y de la comunidad universitaria. La autonomía universitaria es al mismo tiempo la facultad constitucional y la responsabilidad de autogobernarse; por lo tanto es competencia exclusiva de la Universidad determinar los planes y programas de estudio y los requisitos para la admisión de los estudiantes; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal acade´mico; y, administrar su patrimonio. La Universidad es un ámbito donde prevalece la libre discusión de las ideas en un marco de respeto, tolerancia y de inclusión de todas las formas del pensamiento, libre de cualquier manifestación de violencia, con responsabilidad social y comprometida con el cuidado del medio ambiente. La Universidad tiene su sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin embargo, podrá establecer las subsedes que se requieran para el cumplimiento de su objeto. Artículo 5. Para cumplir con su objeto, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: I. Organizarse y administrar su patrimonio de acuerdo a su situación económica y al amparo de su autonomía, definiendo su estructura, fijando los términos de ingreso, promoción y permanencia de su comunidad universitaria. II. Elaborar su normatividad secundaria que regulen su funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables. III. Realizar sus planes y programas de desarrollo institucional y educativos, de docencia, investigación científica, tecnológica y humanística, así como de difusión del deporte y la cultura, los cuales deberán ser elaborados con un enfoque transversal y observando los principios rectores previstos en el artículo 2 de esta Ley. IV. Promover planes y programas educativos con perspectiva de género y, en general, de derechos humanos, para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad tales como: migrantes, indígenas, afrodescendientes, discapacitados y personas en condiciones de pobreza; a fin de extender la cultura y garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y de acceso al servicio educativo. V. Promover estrategias encaminadas al fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana mediante el fomento de la identidad universitaria, la libertad, la cultura de paz, el respeto por la naturaleza, la conciencia de la solidaridad y la internacionalización. VI. Impulsar planes y programas de educación a distancia, fortaleciendo la innovación tecnológica y la extensión de la Universidad, incorporando el uso de las tecnologías de la información y comunicación. VII. Expedir certificados de estudios y otorgar títulos de técnico superior universitario, pregrado y posgrado, así como diplomas y grados honoríficos, en medios físicos como electrónicos, cuando se haya cumplido lo establecido en esta Ley y en la normatividad reglamentaria. VIII. Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo de conocimientos, realizados en otras instituciones. IX. Vincularse con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales para ofrecer programas de doble titulación y expedir certificación de competencias profesionales, de conformidad con lo que establezca la ley aplicable. X. Otorgar reconocimiento oficial de validez, a los estudios realizados en planteles particulares previamente autorizados por la Universidad. Los planes y programas de estos planteles deberán ser compatibles o semejantes a los de la Universidad y cumplir las condiciones apropiadas para la enseñanza. XI. Promover la colaboración e intercambio en los integrantes de la comunidad universitaria en los ámbitos técnico, científico y cultural con instituciones afines del país y del extranjero. XII. Crear personas jurídicas colectivas, entre otras de carácter civil, mercantil o de otra naturaleza para incrementar sus recursos, así´ como ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento. XIII. Celebrar convenios, contratos y demás vínculos que sean necesarios con organismos públicos y dependencias de carácter particular. XIV. Acrecentar su patrimonio por medio de donaciones o enajenaciones, para lo cual se deberá atender a las disposiciones de la legislación aplicable. XV. Crear carreras técnicas que permitan el desarrollo de los sectores productivos del estado y de la región. XVI. Las demás que esta Ley y las disposiciones legales aplicables, le confieran." De la lectura de los dispositivos legales transcritos se aprecia que la Universidad Autónoma de Chiapas, está dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior, con derecho para organizarse como lo estime mejor, así como otorgar y expedir las normas y disposiciones generales para su mejor organización y funcionamiento. Además, reconocen el derecho de dicha institución para organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la propia ley, así como para emitir disposiciones de observancia general que regulen los términos y condiciones en que prestarán sus servicios educativos, los requisitos de ingreso de sus alumnos y la forma en que administraran su patrimonio. En este contexto, la autonomía de la que legalmente pueden ser dotadas las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autogobierno acotada constitucionalmente, cuyo ejercicio está condicionado a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que les permita cumplir con los fines que tienen encomendados, determinar sus planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 18/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 919, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 164875, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO." Debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Autónoma de Chiapas logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autoridad universitaria, se le ha habilitado para que emita disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables, los términos y condiciones en que presta los servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio. Es aplicable la tesis 2a. XXXVII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 587, del Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 187183 de rubro: "LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL." En este orden de ideas, resulta importante precisar que los artículos 13, fracción II y 31, fracción I, en relación con el numeral 17, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, y diversos arábigos 551, 552 y 553, del Estatuto Integral de la Universidad Autónoma de Chiapas, disponen lo que a la letra se inserta: "Artículo 13. El Gobierno de la Universidad se ejerce por: (.) III. La Junta de Gobierno. (.) Artículo 31. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son: I. Designar a la persona que sea titular de la Rectoría, en un proceso de selección en donde se tomará en consideración la opinión de la comunidad universitaria; resolver acerca de su renuncia y removerlo por causa justificada, dándole oportunidad para exponer su defensa. (.) Artículo 17. Para ser titular de la Rectoría se requiere: I. Ser de nacionalidad mexicana y tener residencia en el Estado de por lo menos cinco años ininterrumpidos previos a la propuesta de la designación. II. Ser mayor de treinta y cinco años. III. Poseer título y cédula profesional a nivel de licenciatura, con una antigüedad no menor a cinco años. Artículo 551. La Junta de Gobierno tiene las atribuciones establecidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica, así como la facultad para hacer comparecer a sus sesiones a los funcionarios y funcionarias cuya designación la realiza este órgano colegiado. La Junta de Gobierno al designar y remover a la persona que sea titular de la Rectoría, a las personas titulares de direcciones de Facultades, Escuelas e Institutos u otras autoridades de su competencia, deberá informar de tal acto a las demás autoridades y a la Comunidad Universitaria en un plazo máximo de tres días. Artículo 552. La Junta de Gobierno para dar cumplimiento a lo que establece la fracción I del artículo 31 de la Ley Orgánica, en lo referente a que en el proceso de selección de la persona titular de Rectoría debe tomarse en consideración la opinión de la Comunidad Universitaria, la Junta dará a conocer previamente a la Comunidad Universitaria dentro de un plazo de 30 días a la designación los requisitos y el procedimiento que para el efecto se establezca. Artículo 553. La Junta de Gobierno se obliga a publicar sus actividades en los espacios establecidos en la Universidad, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y promoverá que las autoridades designadas por ella igualmente cumplan con esta obligación." En términos de los preceptos transcritos, el Gobierno de la casa universitaria de mérito se ejerce, entre otros, por la Junta de Gobierno, quien a su vez está facultada para designar a la persona que será titular de la Rectoría, es decir, la máxima autoridad de la Universidad; por lo que, en ejercicio de su autonomía esta en aptitud de expedir el instructivo o convocatoria condigna, en que se establecerán los requisitos y procedimiento que al efecto se deberán cumplir. En ese sentido, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado la convocatoria para ocupar el cargo de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas, emitida el ocho de septiembre de dos mil veintidós, es dable acotar que al respecto el Diccionario en línea de la Real Academia Española, define "convocatoria" como el "anuncio con que se convoca"; a su vez convocar significa: "citar, llamar a varias personas para que concurran a un lugar o acto determinado". Asimismo, el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, define "convocatoria" como "acto en virtud del cual se cita o llama, por escrito, personal o público, a una o varias personas, para que concurran a determinado lugar, en día y hora fijados de antemano". De ahí que, con dicha convocatoria, únicamente se hace un llamado a todos los miembros de la Comunidad Universitaria que cumplan con los requisitos ahí establecidos, para que en los términos precisados en la misma y de sus bases correspondientes, participen en el proceso de selección para el cargo de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas; por lo que a través de esta no se crea, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, ni modifica o afecta alguna situación en concreto. Máxime que aquélla no está dirigida a una persona en particular, sino por el contrario se dirige a la colectividad interesada en ocupar el cargo de Rector o Rectora de dicha institución. Lo expuesto en el párrafo anterior se robustece en la medida en que los interesados en participar en el proceso de selección únicamente tienen que cumplir con los requisitos del instructivo que contiene el llamamiento de referencia, sin que ello implique que tengan el derecho adquirido de obtener el cargo de que se trata, ya que tal derecho se actualiza cuando los aspirantes han cumplido con los requisitos exigidos y la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas realice la designación correspondiente. Por tanto, mediante la convocatoria reclamada dirigida a la Comunidad Universitaria para ocupar el cargo de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas, no se modifica o extingue algún derecho de los gobernados, pues éstos, antes y después de la convocatoria, no han incorporado a su esfera jurídica el derecho de obtener el cargo, sino que tal circunstancia acontece cuando han cumplido los requisitos correspondientes, pues los aspirantes no son forzados a cumplir con la convocatoria de que se trata. En ese sentido, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de acto de autoridad. Encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 918, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, con registro digital 164876, del tenor siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ornan Sánchez Pérez, por los motivos expuestos con anterioridad. Cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones del quejoso el ubicado en la 12 Poniente Norte número 968 de la Colonia "el Mirador", de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12, párrafo segundo en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que cita, por así haberlo solicitado expresamente. V. QUEJOSO SOLICITA USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la 1. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, residente en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1349/2022-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la 1. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, residente en esta ciudad, el acto que a continuación se especifica: La convocatoria para ocupar el cargo de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas, emitida el ocho de septiembre de dos mil veintidós. En esa tesitura, se estima que respecto del acto anteriormente citado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 5. Son partes del juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del primero de los preceptos transcritos se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución; no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el propio artículo 61; por tanto, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Así también la referida fracción puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Plenos de Circuito o de los Tribunales Colegiados, porque ésta conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo es obligatoria. Es decir, en este supuesto, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se aplica porque se relaciona con el diverso artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 175/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1344, del Tomo II, correspondiente al mes enero de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2005313, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013". En este orden de ideas, de la lectura sistemática de los referidos artículos se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley. Así, el artículo 5 de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se impone destacar que tal dispositivo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así como la diversa tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De los criterios referidos se advierten las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las cuales son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que la convocatoria reclamada, así como sus requisitos y lo que deriva de ella, no constituyen un acto de autoridad susceptible de ser combatido en la vía constitucional, al tratarse de un llamado o invitación a la Comunidad Universitaria a participar en el proceso de selección para el cargo de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas. En efecto, el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, lo cual implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno para lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que tienen atribuido, fundado en la libertad de enseñanza. A título de abundamiento es importante destacar que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, disponen lo siguiente: "Artículo 3. La Universidad Autónoma de Chiapas, es un organismo autónomo descentralizado, reconocido constitucionalmente, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación, del Estado y de la comunidad universitaria. La autonomía universitaria es al mismo tiempo la facultad constitucional y la responsabilidad de autogobernarse; por lo tanto es competencia exclusiva de la Universidad determinar los planes y programas de estudio y los requisitos para la admisión de los estudiantes; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal acade´mico; y, administrar su patrimonio. La Universidad es un ámbito donde prevalece la libre discusión de las ideas en un marco de respeto, tolerancia y de inclusión de todas las formas del pensamiento, libre de cualquier manifestación de violencia, con responsabilidad social y comprometida con el cuidado del medio ambiente. La Universidad tiene su sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin embargo, podrá establecer las subsedes que se requieran para el cumplimiento de su objeto. Artículo 5. Para cumplir con su objeto, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: I. Organizarse y administrar su patrimonio de acuerdo a su situación económica y al amparo de su autonomía, definiendo su estructura, fijando los términos de ingreso, promoción y permanencia de su comunidad universitaria. II. Elaborar su normatividad secundaria que regulen su funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables. III. Realizar sus planes y programas de desarrollo institucional y educativos, de docencia, investigación científica, tecnológica y humanística, así como de difusión del deporte y la cultura, los cuales deberán ser elaborados con un enfoque transversal y observando los principios rectores previstos en el artículo 2 de esta Ley. IV. Promover planes y programas educativos con perspectiva de género y, en general, de derechos humanos, para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad tales como: migrantes, indígenas, afrodescendientes, discapacitados y personas en condiciones de pobreza; a fin de extender la cultura y garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y de acceso al servicio educativo. V. Promover estrategias encaminadas al fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana mediante el fomento de la identidad universitaria, la libertad, la cultura de paz, el respeto por la naturaleza, la conciencia de la solidaridad y la internacionalización. VI. Impulsar planes y programas de educación a distancia, fortaleciendo la innovación tecnológica y la extensión de la Universidad, incorporando el uso de las tecnologías de la información y comunicación. VII. Expedir certificados de estudios y otorgar títulos de técnico superior universitario, pregrado y posgrado, así como diplomas y grados honoríficos, en medios físicos como electrónicos, cuando se haya cumplido lo establecido en esta Ley y en la normatividad reglamentaria. VIII. Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo de conocimientos, realizados en otras instituciones. IX. Vincularse con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales para ofrecer programas de doble titulación y expedir certificación de competencias profesionales, de conformidad con lo que establezca la ley aplicable. X. Otorgar reconocimiento oficial de validez, a los estudios realizados en planteles particulares previamente autorizados por la Universidad. Los planes y programas de estos planteles deberán ser compatibles o semejantes a los de la Universidad y cumplir las condiciones apropiadas para la enseñanza. XI. Promover la colaboración e intercambio en los integrantes de la comunidad universitaria en los ámbitos técnico, científico y cultural con instituciones afines del país y del extranjero. XII. Crear personas jurídicas colectivas, entre otras de carácter civil, mercantil o de otra naturaleza para incrementar sus recursos, así´ como ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento. XIII. Celebrar convenios, contratos y demás vínculos que sean necesarios con organismos públicos y dependencias de carácter particular. XIV. Acrecentar su patrimonio por medio de donaciones o enajenaciones, para lo cual se deberá atender a las disposiciones de la legislación aplicable. XV. Crear carreras técnicas que permitan el desarrollo de los sectores productivos del estado y de la región. XVI. Las demás que esta Ley y las disposiciones legales aplicables, le confieran." De la lectura de los dispositivos legales transcritos se aprecia que la Universidad Autónoma de Chiapas, está dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior, con derecho para organizarse como lo estime mejor, así como otorgar y expedir las normas y disposiciones generales para su mejor organización y funcionamiento. Además, reconocen el derecho de dicha institución para organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la propia ley, así como para emitir disposiciones de observancia general que regulen los términos y condiciones en que prestarán sus servicios educativos, los requisitos de ingreso de sus alumnos y la forma en que administraran su patrimonio. En este contexto, la autonomía de la que legalmente pueden ser dotadas las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autogobierno acotada constitucionalmente, cuyo ejercicio está condicionado a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que les permita cumplir con los fines que tienen encomendados, determinar sus planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 18/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 919, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 164875, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO." Debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Autónoma de Chiapas logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autoridad universitaria, se le ha habilitado para que emita disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables, los términos y condiciones en que presta los servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio. Es aplicable la tesis 2a. XXXVII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 587, del Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 187183 de rubro: "LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL." En este orden de ideas, resulta importante precisar que los artículos 13, fracción II y 31, fracción I, en relación con el numeral 17, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, y diversos arábigos 551, 552 y 553, del Estatuto Integral de la Universidad Autónoma de Chiapas, disponen lo que a la letra se inserta: "Artículo 13. El Gobierno de la Universidad se ejerce por: (.) III. La Junta de Gobierno. (.) Artículo 31. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son: I. Designar a la persona que sea titular de la Rectoría, en un proceso de selección en donde se tomará en consideración la opinión de la comunidad universitaria; resolver acerca de su renuncia y removerlo por causa justificada, dándole oportunidad para exponer su defensa. (.) Artículo 17. Para ser titular de la Rectoría se requiere: I. Ser de nacionalidad mexicana y tener residencia en el Estado de por lo menos cinco años ininterrumpidos previos a la propuesta de la designación. II. Ser mayor de treinta y cinco años. III. Poseer título y cédula profesional a nivel de licenciatura, con una antigüedad no menor a cinco años. Artículo 551. La Junta de Gobierno tiene las atribuciones establecidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica, así como la facultad para hacer comparecer a sus sesiones a los funcionarios y funcionarias cuya designación la realiza este órgano colegiado. La Junta de Gobierno al designar y remover a la persona que sea titular de la Rectoría, a las personas titulares de direcciones de Facultades, Escuelas e Institutos u otras autoridades de su competencia, deberá informar de tal acto a las demás autoridades y a la Comunidad Universitaria en un plazo máximo de tres días. Artículo 552. La Junta de Gobierno para dar cumplimiento a lo que establece la fracción I del artículo 31 de la Ley Orgánica, en lo referente a que en el proceso de selección de la persona titular de Rectoría debe tomarse en consideración la opinión de la Comunidad Universitaria, la Junta dará a conocer previamente a la Comunidad Universitaria dentro de un plazo de 30 días a la designación los requisitos y el procedimiento que para el efecto se establezca. Artículo 553. La Junta de Gobierno se obliga a publicar sus actividades en los espacios establecidos en la Universidad, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y promoverá que las autoridades designadas por ella igualmente cumplan con esta obligación." En términos de los preceptos transcritos, el Gobierno de la casa universitaria de mérito se ejerce, entre otros, por la Junta de Gobierno, quien a su vez está facultada para designar a la persona que será titular de la Rectoría, es decir, la máxima autoridad de la Universidad; por lo que, en ejercicio de su autonomía esta en aptitud de expedir el instructivo o convocatoria condigna, en que se establecerán los requisitos y procedimiento que al efecto se deberán cumplir. En ese sentido, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado la convocatoria para ocupar el cargo de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas, emitida el ocho de septiembre de dos mil veintidós, es dable acotar que al respecto el Diccionario en línea de la Real Academia Española, define "convocatoria" como el "anuncio con que se convoca"; a su vez convocar significa: "citar, llamar a varias personas para que concurran a un lugar o acto determinado". Asimismo, el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, define "convocatoria" como "acto en virtud del cual se cita o llama, por escrito, personal o público, a una o varias personas, para que concurran a determinado lugar, en día y hora fijados de antemano". De ahí que, con dicha convocatoria, únicamente se hace un llamado a todos los miembros de la Comunidad Universitaria que cumplan con los requisitos ahí establecidos, para que en los términos precisados en la misma y de sus bases correspondientes, participen en el proceso de selección para el cargo de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas; por lo que a través de esta no se crea, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, ni modifica o afecta alguna situación en concreto. Máxime que aquélla no está dirigida a una persona en particular, sino por el contrario se dirige a la colectividad interesada en ocupar el cargo de Rector o Rectora de dicha institución. Lo expuesto en el párrafo anterior se robustece en la medida en que los interesados en participar en el proceso de selección únicamente tienen que cumplir con los requisitos del instructivo que contiene el llamamiento de referencia, sin que ello implique que tengan el derecho adquirido de obtener el cargo de que se trata, ya que tal derecho se actualiza cuando los aspirantes han cumplido con los requisitos exigidos y la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas realice la designación correspondiente. Por tanto, mediante la convocatoria reclamada dirigida a la Comunidad Universitaria para ocupar el cargo de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Chiapas, no se modifica o extingue algún derecho de los gobernados, pues éstos, antes y después de la convocatoria, no han incorporado a su esfera jurídica el derecho de obtener el cargo, sino que tal circunstancia acontece cuando han cumplido los requisitos correspondientes, pues los aspirantes no son forzados a cumplir con la convocatoria de que se trata. En ese sentido, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de acto de autoridad. Encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 918, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, con registro digital 164876, del tenor siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ornan Sánchez Pérez, por los motivos expuestos con anterioridad. Cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones del quejoso el ubicado en la 12 Poniente Norte número 968 de la Colonia "el Mirador", de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12, párrafo segundo en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que cita, por así haberlo solicitado expresamente. V. QUEJOSO SOLICITA USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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