Ormandy Fernández de la Cruz

Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
756/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Ormandy Fernández de la Cruz
  • Ormandy Fernández de la Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO

  2. Principal

    C O N S I D E R A N D O: .... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1. Subdirectora de Juicios de Amparo en ausencia del Sub Comisionado Jurídico y del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México; 2. y 3. General de Brigada D.E.M por ausencia del Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, firma el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Atención al Migrante, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tapachula; 4. Subdirectora de Área, Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villahermosa; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz; 6. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, Puebla; 7. Subdirector de Control y Verificación Migratoria en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo; 8. Sub representante Local y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo; 9. Sub Representante Federal en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, con sede en Toluca; 12. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; 13. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representantes del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí; 14. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Querétaro, Querétaro; 15. Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; 16. Titular de la Oficina de Representación en Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, con sede en León y 17. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Los quejosos no aportaron prueba alguna tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por..., contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor proveído el informe justificado rendido por la 15. Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, toda vez que el veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibido y se acordó lo conducente. Cúmplase

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por la Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, con un anexo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 297/2022 (orden 2557/2022), de la estadística de este juzgado; por tanto, se tiene a la autoridad responsable 15. Titular del Instituto Nacional de Migración (Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Nuevo León), con residencia en Monterrey, por notificada del oficio 19459/2022, por el que se le requirió copia debidamente certificada, ordenada, completa y legible, de las constancias relativas al acto reclamado consistente en la orden de detención.

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