Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza

Expediente 54/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 72 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
54/2019
Año
2019
Actuaciones
72
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza
  • Encargada de la Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de San Luis Potosí (Seguro Popular)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 72.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza, en contra de la porción normativa "todos los mexicanos" contenida en el párrafo primero del artículo 77 bis 1 y la fracción III del numeral 77 bis 7 de la Ley General de Salud, para el efecto de que: ".I. Se desincorporen de la esfera jurídica de Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza las porciones normativas declaradas inconstitucionales, para que en el futuro no le sean aplicadas, pues los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una norma general, no sólo son contra los actos de aplicación que también se impugnaron y respecto de los objetos materiales que se relacionen con él, sino que tiene consecuencias jurídicas respecto a los actos de aplicación futuros. II. Las autoridades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en San Luis Potosí, incorporen al quejoso a dicho sistema sin exigir los requisitos relativos a que sea mexicano ni que cuente con Clave Única de Registro de Población, siempre y cuando cumpla con los restantes requisitos para ello. En la inteligencia de que la vigencia de derechos será como si se hubiesen satisfecho los requisitos previstos en las porciones normativas declaradas inconstitucionales." Fallo del cual conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 81/2021 y, mediante sesión ordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil veintiuno, modificó la sentencia recurrida, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, reservó jurisdicción al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a fin de que resolviera lo conducente en cuanto a los efectos para los cuales se otorgó el amparo. Asimismo, mediante resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión administrativa 130/2022, vinculado al amparo en revisión administrativa 557/2019, el citado órgano colegiado resolvió que no existía materia qué dirimir en el citado asunto, haciendo suyas las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, mediante resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós el citado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión administrativa 557/2019, vinculado al diverso amparo en revisión administrativa 130/2020, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza; por tanto, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, éste juzgado requirió a las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la ejecutoria, para que informaran el cumplimiento que hayan dado a la misma. En virtud del requerimiento anterior, la apoderada legal de Servicios de Salud de San Luis Potosí, mediante oficio recibido en este órgano judicial el veintitrés de junio de dos mil veintidós y, en atención a los oficios girados a las autoridades responsables ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (SEGURO POPULAR); ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (SEGURO POPULAR); ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (SEGURO POPULAR) Y CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), informó lo siguiente: - Que mediante publicación de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, desapareció el Sistema de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí. - Que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar INSABI que comenzó sus funciones el primero de enero de dos mil veinte, como un Órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, el cual tiene como finalidad brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social. En atención a lo manifestado por la citada apoderada legal, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Instituto de Salud para el Bienestar INSABI; autoridad que, mediante oficio recibido en este juzgado el veintitrés de septiembre del mismo año, manifestó su imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la misma. En virtud de lo anterior, el veintiséis de septiembre del presente año, se requirió nuevamente a Servicios de Salud de San Luis Potosí, obligado al cumplimiento de la ejecutoria, en sustitución de las autoridades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en San Luis Potosí, informara a este juzgado el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en acatamiento a lo anterior, la apoderada legal de Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que el quejoso Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza, podrá acudir al Centro de Salud Juan H. Sánchez, localizado en Calzada de Guadalupe número 530, Barrio de San Miguelito, código postal 78339, de esta ciudad, a fin de recibir la atención médica integral y oportuna, así como los medicamentos que requiera; de igual manera, señaló que no le serán aplicadas las porciones normativas declaradas inconstitucionales en el presente juicio; resaltando que el veintinueve de noviembre de dos mi diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción III, del artículo 77 bis 7, de la Ley General de Salud, para los casos de personas que no cuenten con Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que se traduce en que el aquí quejoso se podrá presentar con su acta de nacimiento o certificado de nacimiento al momento de acudir al centro de salud. Asimismo, para tal efecto adjuntó copia certificada del memorándum número 21771/2022, de once de octubre del presente año, mediante el cual requirió a la Jefa de Jurisdicción Sanitaria número I, a fin de que ordene al Director del Centro de Salud Juan H. Sánchez, otorgue la atención medica integral y oportuna, así como los medicamentos que requiera el quejoso Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza, sin exigirle los requisitos relativos a que sea mexicano ni que cuente con su Clave Única de Registro de Población. Por su parte, respecto al efecto concedido en la ejecutoria de amparo consistente en desincorporar de la esfera jurídica del quejoso Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza las porciones normativas declaradas inconstitucionales, esto es, la porción normativa "todos los mexicanos" contenida en el párrafo primero del artículo 77 bis 1 y la fracción III del numeral 77 bis 7 de la Ley General de Salud, debe decirse que no existe materia para dicho cumplimiento, en virtud de que el citado artículo fue modificado mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. En efecto, dicho artículo -77 Bis 1 de la Ley General de Salud-, fue modificado mediante el citado Decreto para quedar de la siguiente manera: "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este Título." En dicha disposición general, en lo que al caso interesa, se eliminó la referencia "todos los mexicanos", ampliando el supuesto jurídico a "Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social", conforme a lo cual, ahora, todas las personas que se encuentren en el país, incluidos los extranjeros en situación irregular, tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados. En ese orden de ideas, si la apoderada legal de Servicios de Salud de San Luis Potosí, obligada al cumplimiento de la ejecutoria, en sustitución de las autoridades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en San Luis Potosí, informó que el quejoso Orlyn Ovidio Cantillano Cardoza, podrá acudir al Centro de Salud Juan H. Sánchez, localizado en Calzada de Guadalupe número 530, Barrio de San Miguelito, de esta ciudad para recibir la atención médica integral y oportuna, así como los medicamentos que requiera, sin exigirle los requisitos relativos a que sea mexicano ni que cuente con su Clave Única de Registro de Población; además, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, fue modificado el artículo -77 Bis 1 de la Ley General de Salud, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Asimismo, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 18 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser depurados junto con el expediente. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta remitidos la Apoderada Legal de Servicios de Salud de San Luis Potosí, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerla por dando cumplimiento, toda vez que de las constancias que acompaña, únicamente se advierten actuaciones llevadas a cabo con anterioridad al dictado de la ejecutoria en cuestión. Asimismo, señala que "anteriormente giró instrucciones a la jefa de la jurisdicción número I para que fueran atendidos todos los migrantes en cualquier unidad médica perteneciente a estos Servicios de Salud"; sin embargo, con dichas manifestaciones no acreditan el debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a Servicios de Salud de San Luis Potosí, obligado al cumplimiento de la ejecutoria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, con acciones concretas, de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias con las que acredite lo anterior. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, mediante el cual, desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós y, al efecto, manifiesta la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo; en consecuencia, en atención a su contenido se provee: Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en atención a lo manifestado por el oficiante, requiérase a Servicios de Salud de San Luis Potosí, obligado al cumplimiento de la ejecutoria, en sustitución de las autoridades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en San Luis Potosí, corriéndole traslado con copia autorizada del oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento que hayan dado a la sentencia, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 68 actuaciones en este expediente

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