Orlette Arvizu Manzo
Expediente 1065/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/12/2021
Partes del expediente
- Orlette Arvizu Manzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por **************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario José Manuel Miguel Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1065/2021 promovido por **************, contra actos del Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O . Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de José Manuel Miguel Santiago, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista dada a las partes con el informe justificado rendido por el Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y del apoderado legal del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo, transcurre del quince al veintiséis de los actuales. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del tres de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario José Manuel Miguel Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, se reservó proveer respecto de la prueba pericial en materia de ingeniería civil ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto obrara la totalidad de los informes justificados de las autoridades responsables. Ahora bien, toda vez que ya se encuentran rendidos los mismos, se procede a acordar lo conducente. De la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados: "1) Del Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, se reclama: La omisión de coordinar con las dependencias y organismos de la Administración Pública las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y del medio ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga, en la relación con los riesgos que se describen más adelante. (.) 2) Del Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo, se reclama: La omisión de probar los programas y presupuestos del metro suficientes para erradicar los riesgos que se describen más adelante- (.) 3) De la Titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo, se reclama: a. La omisión de establecer y ejecutar sistemas eficientes para la administración de los recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios del Metro en condiciones de seguridad. b. La omisión de definir e implantar las medidas necesarias para el mejoramiento del Metro, en relación con la eliminación de los riesgos que se describirán más adelante. (.) 4) Del Titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, se reclama: a. La omisión de establecer y ejecutar sistemas eficientes para la administración de los recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios del Metro en condiciones de seguridad. b. La omisión de definir e implementar las medidas necesarias para el mejoramiento del Metro, en relación con los sistemas de planeación, programación, presupuestación, evaluación y administración de riesgos, en relación con los riesgos que se describirán más adelante. (.) 5) Del Titular de la Subdirección General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, se reclama: a. La omisión de organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las innovaciones tecnológicas apropiadas, que permita contar con las mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad, en relación con los riesgos que se describirán más adelante. (.) b. La omisión de definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vía de la red de servicio en operación, en relación con los riesgos que se describirán más adelante. (.) 6) De todas las autoridades señaladas como responsables, se reclama: a. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas, las cuales se encuentran reguladas en los preceptos antes citados anteriormente." Por lo anterior, la litis en la presente instancia versa sobre las omisiones relacionadas con los sistemas de planeación, programación, presupuestación, evaluación y administración de riesgos del funcionamiento del servicio de transporte Metro, cuestión que, en su oportunidad, será analizada a la luz de los conceptos de violación formulados al respecto. Luego, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el impetrante de amparo ofreció la prueba pericial en materia de ingeniería civil con la finalidad de: "Ahora bien, mediante la presente prueba se busca acreditar que las condiciones en que se encuentran diversas estaciones de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México ponen en riesgo la vida, salud e integridad personal de la parte quejosa, por lo que violan esos derechos, así como su derecho a la movilidad y a la buena administración pública. También se busca obtener una opinión técnica acerca de las reparaciones que deben realizarse para erradicar dichos riesgos." Lo expuesto da noticia de que la probanza que pretende ofrecer la parte quejosa es para demostrar las condiciones en que se encuentran diversas estaciones de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, lo que refleja que no es idónea para demostrarse que las autoridades responsables han llevado a cabo las omisiones que constituyen los actos reclamados, mismas que se encuentran estrechamente relacionadas con los programas y presupuestos de administración de recursos financieros, acciones de modernización o rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de servicio, pues lo que en este asunto se tiene que dilucidar es una cuestión de administración y no de una cuestión que requiera conocimientos técnicos o profesionales en esa materia. En efecto, en el juicio de amparo, la prueba pericial tiene por objeto auxiliar al juzgador, ilustrándolo en temas y conocimientos técnicos, científicos o tecnológicos, necesarios y relevantes para resolver en su contexto la cuestión efectivamente planteada, mas no sobre aspectos jurídicos. Bajo esa tesitura, si para resolver la controversia suscitada se requieren conocimientos que generalmente escapan a la cultura común del juzgador, ya sea por referirse a cuestiones en las que es necesaria la aplicación de conocimientos técnicos o científicos propios de un especialista, debe auxiliarse de éste para que lo ilustre en el tema materia de la controversia, lo anterior para que esté en aptitud de apreciarla adecuadamente. Al tenor de esas ideas, la prueba pericial en el juicio de amparo solo es idónea si tiene por objeto demostrar un hecho para el que se requieren conocimientos técnicos o científicos específicos que escapan a la comprensión común de las personas, entre las que se encuentra el propio juzgador; sin embargo, esa prueba no es idónea para dilucidar un punto jurídico, pues en esta materia el Juez es perito. Así, determinar si las autoridades responsables incurrieron o no en las omisiones reclamadas por la parte quejosa, es una cuestión que solo es analizable desde el punto de vista jurídico, es decir, con argumentos que demuestren que no se siguieron los parámetros establecidos normativamente; sin embargo, una prueba pericial en materia de ingeniería civil no es idónea para ese fin. Entonces, para resolver la presente controversia no se requiere de conocimientos técnicos, artísticos o de alguna ciencia ajena a las que cuenta este órgano jurisdiccional, como lo es el derecho que incluso se encuentra al alcance de la cultura general, por ser accesible a través de bibliografía y literatura que se encuentra al alcance de la población en general. Así, se tiene que es a partir de los conceptos de violación y del contenido del oficio reclamado, que se procederá al análisis de éste a fin de verificar si cumplió o no con las resoluciones citadas con anterioridad. Por lo que, como ya se dijo, dilucidar si se cumplió o no con lo determinado en las diversas resoluciones, será analizado en el fondo del asunto, a la luz de la normatividad que resulte aplicable. En las relatadas circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que no resulta procedente admitir la prueba pericial que nos ocupa, en virtud de que atendiendo el objeto y fin de su ofrecimiento, la misma no resulta idónea dentro de la secuela procesal en que se actúa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Determinación que además, se toma con la finalidad de evitar diligencias innecesarias y carentes de objeto, en aras de los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, que este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a observar en estricto apego a lo establecido en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, por el criterio que sustenta, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, visible en la página 1888, cuyo rubro establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS." De igual modo, resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 41/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página ciento cincuenta y siete, que señala: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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